Sentencia SL720-2018/54941 de marzo 14 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 4

SL720-2018

Rad.: 54941

Magistrado Ponente:

Dr. Omar de Jesús Restrepo Ochoa

Acta 006

Bogotá, D. C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

VIII. Consideraciones

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el tribunal planteó, como problema jurídico a resolver, determinar cuáles eran los factores a tener en cuenta para calcular el IBL para la liquidación de la pensión que le concediera la caja al recurrente, optando entre los que sirvieron de base para realizar los aportes o para realizar las cotizaciones al sistema o todos los devengados.

La decisión del ad quem estuvo soportada, en los siguientes pilares fácticos y jurídicos: (i) que el señor Carvajal, era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, se le debían respetar, en aplicación del inciso segundo, la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión; (ii) que la prestación por vejez concedida, se generó el 27 de octubre de 2003, cuando él cumplió 55 años de edad y completó el tiempo de servicios requerido como servidor público del orden nacional; (iii) que la norma aplicable entonces lo era la Ley 33 de 1985 que consagraba la edad de 55 años y un monto de la prestación, del 75%; (iv) que las demás condiciones, como el IBL eran las contempladas en el sistema general de pensiones; (v) que la prestación debía liquidarse con base en el promedio de los aportes realizados entre el 1º de abril de 1994 y la fecha en que se causó el derecho; (vi) Que Cajanal le reconoció al recurrente la pensión de vejez con base en el promedio de los salarios devengados entre ese 1º de abril de 1994 y el 10 de agosto de 2001, fecha en que realizó los últimos aportes; y, (vii) que la pensión del casacionista tenía que ser reconocida y liquidada con base en los factores tenidos en cuenta para realizar las cotizaciones o los aportes, para lo cual, acudió al artículo 3º de la Ley 33 de 1985, con la modificación que le imprimió la Ley 62 del mismo año.

Aunque se presenta un error de técnica en la demanda de casación, este es superable. En el primer cargo, propuesto por la vía directa, por interpretación errónea de las normas enlistadas, se argumentó el desconocimiento de ellas por parte del tribunal lo cual encierra un contrasentido lógico pues, si las interpretó erróneamente, no podía desconocerlas.

En realidad, lo que interpreta la Sala del contenido del recurso es que, por aplicar unas normas, el ad quem dejó de aplicar otras, todo en relación con la liquidación de la pensión de vejez que Cajanal le concedió al recurrente, en síntesis, que no podía hacer uso del Decreto 1158 de 1994 por ser una norma que surgió en desarrollo de la Ley 100 de 1993 sino del Decreto 1045 de 1978 que era el régimen aplicable antes de esa ley.

De entrada, la Sala observa que no le asiste la razón al recurrente cuando indica que el ad quem cometió errores ostensibles, que lo llevaron a aplicar indebidamente el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las que tuvo en cuenta, para la determinación de la base salarial de la liquidación pensional.

Resulta indiscutible que la pensión reconocida por Cajanal al recurrente Carlos Alcides Carvajal, mediante Resolución 07473 de 8 de febrero de 2005 (fls. 9 a 12), lo fue por haberle prestado sus servicios al ICA por más de 20 años –del 4 de mayo de 1972 al 10 de agosto de 2011–, es decir, como servidor público para aquella época, al amparo de las leyes 33 y 62 de 1985, aplicando el 75% del promedio de lo devengado entre abril de 1994 y agosto de 2001, por estar cobijado por el régimen de transición allí señalado pues cumplió los 55 años de edad el 27 de octubre de 2003.

Para desvirtuar de una vez la existencia de los errores enlistados como 1, 3 y 4 como cometidos por el tribunal, la Sala encuentra que, lo cierto es que, como lo dijo el juzgador plural, sin que constituya un error como lo pretende el recurrente, en el caso que ocupa la atención de la Sala, no solo no existía un derecho adquirido de parte de él porque su derecho pensional no había nacido cuando entró en vigencia el sistema actual, sino que se dio aplicación, acertadamente, al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que remite a la norma anterior aplicable al señor Carvajal, únicamente en cuanto a la edad, al tiempo de servicios o a las semanas de cotización y al monto de la pensión.

En lo demás, por haberse generado el derecho pensional en vigencia del Sistema General de Pensiones, la norma aplicable es la misma Ley 100 de 1993. Entre estos elementos que son propios del sistema, se encuentra el IBL, que está constituido por el promedio de los factores salariales de la remuneración, sobre los cuales se efectuaron los aportes a la caja de previsión, Para desvirtuar la existencia de los demás errores enlistados en el recurso basta indicar que la Sala, de manera reiterada y pacífica se ha pronunciado sobre este aspecto, para puntualizar que para conformar el IBL de las pensiones provenientes del régimen de transición, debe hacerse remisión, para el caso que se estudia, a lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ya mencionado, en razón a faltarle a la actora menos de 10 años para adquirir el derecho a dicha prestación desde la entrada en vigencia de la L. 100/93.

En general, sobre la temática que hoy ocupa la atención, se pronunció recientemente la Sala en la Sentencia CSJ SL153-2018 que, aunque contenía un fallo de instancia, recordó otras en decisiones extraordinarias sobre el mismo tema, como la SL21507-2017, Rad. 47952, puntualizando:

En reiteradas oportunidades, esta Sala ha adoctrinado que el régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 artículo 36, garantiza a sus beneficiarios la aplicación de la normatividad anterior que venía empleándose en cada caso, pero únicamente en lo concerniente a la edad, el tiempo o número de semanas cotizadas, y el monto de la prestación, el cual debe ser entendido como porcentaje o tasa de reemplazo, mas no el referido al lapso temporal que se debe tomar para establecer el promedio de los ingresos salariales o base de cotización para liquidar la pensión, el cual constituye el IBL, pues éste se encuentra regulado en el inciso 3º del citado artículo.

Así, por ejemplo, en Sentencia CSJ SL, 17 de 2008, Rad. 33.343, reiterada en varias ocasiones, señaló:

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.

Lo anterior significa que fue el propio legislador quien, al diseñar la forma como estarían estructurados los beneficios del régimen de transición que creó para quienes al momento en que entró a regir el sistema de pensiones les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho prestacional, que es el caso de la actora, dispuso que ese régimen estaría gobernado en parte por la normatividad que, antes de entrar en vigor ese sistema, se aplicaba al beneficiario y, en otra parte, por el propio artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero en uno solo de los elementos que conforman el derecho pensional: el ingreso base de liquidación.

De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.

Y es claro, además, que al ingreso base de liquidación de la pensión se le quiso continuar otorgando una naturaleza jurídica propia, no vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es otro elemento de ésta, pero diferente e independiente; pues al paso que el ingreso base corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión debe entenderse como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada. Por manera que no existe ninguna contradicción en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 cuando señaló que el monto o porcentaje de la pensión de los beneficiarios sería el establecido en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados y el ingreso base de liquidación de la prestación, para casos como el de la demandante, el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo, si este promedio fuese superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor.

De acuerdo con lo anterior, en el caso de la demandante, dado que es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y le faltaban menos de diez años para estructurar el derecho, le resulta aplicable el inciso 3º del mencionado artículo.

En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto el artículo 1º del D. 1158/94, estos factores son: “a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario. e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados”.

Resultan suficientes las razones expuestas para determinar que los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3.750.000), que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de septiembre de 2011, en el proceso promovido por Carlos Alcides Carvajal, en el proceso que instauró contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».