Sentencia SL7392-2014 de junio 11 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7392-2014

Radicación 46284

Acta 20

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

La discrepancia de la demandante con las resoluciones colegiadas la conduce a impetrar recurso extraordinario con la finalidad de que esta Sala de la Corte case totalmente la sentencia del ad quem y, en sede de instancia, revoque la del a quo que absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y, en su lugar condene, por las reclamaciones formuladas.

Con la anunciada intención estructura la acusación en dos cargos de diferente vía, que suscitan la respuesta del demandado, los cuales recibirán pronunciamiento conjunto debido a comportar una misma finalidad y denunciar el quebrantamiento del artículo 19 del Decreto 254 de 2004, así:

VI. Cargo primero

La sentencia viola de manera directa y en la modalidad de interpretación errónea el artículo 19 del Decreto 254 de 2004, en relación con el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo; “en cuanto a que incluyó un supuesto de hecho que la norma no consagra”.

Reproduce a continuación la norma de la que predica su transgresión:

“Levantamiento de fuero sindical. Para efecto de la desvinculación de los servidores públicos que gozan de la garantía de fuero sindical, el gerente liquidador adelantará el proceso de levantamiento de dicho fuero, de conformidad con las normas vigentes. Una vez culminen los procesos de levantamiento del fuero sindical o se venza el período de dicha garantía constitucional, se entenderán automáticamente suprimidos los cargos de quienes gozaban de la misma. Una vez culminado el proceso de levantamiento de fuero sindical se dará por terminada la vinculación laboral de los titulares de dicho fuero”.

Confronta la norma con las consideraciones del tribunal, que transcribe, conforme a las cuales “ya no era posible, jurídica ni materialmente, seguir conservando el cargo de la actora, por inexistencia de la empresa y, por supuesto, por inexistencia de su cargo”; para señalar que del simple cotejo entre la disposición copiada y “lo que le hizo decir el ad quem” se establece que “la inexistencia del cargo no es, requisito consagrado en la norma, para poder dar por terminado el contrato de trabajo sin autorización judicial”.

Recuerda el aforismo según el cual “Las razones de conveniencia jamás pueden ir en contra del principio de legalidad”, para decir que fue este el proceder del superior al considerar que no era posible material y jurídicamente se conservara el cargo de la demandante sin tener este en cuenta que “no se trataba de un reintegro sino del simple pago de salarios y prestaciones legales y extralegales sin prestación del servicio”.

Y, fue esta última consideración la que corresponde al sentido del señalado artículo 19, arguye el censor, cuando dispone: “Una vez culminado el proceso de levantamiento de fuero sindical se dará por terminada la vinculación laboral de los titulares de dicho fuero”; se creó entonces, dice el recurrente, “la ficción legal de que los beneficiarios del fuero sindical solo se suprimirían los (sic) cargos, de forma individual, cada vez que quedara ejecutoriada la sentencia que autorizaba la terminación del contrato de trabajo”.

De igual forma se interpretó erróneamente la norma aludida, finaliza el impugnante, al atribuirle efectos de sentencia de levantamiento de fuero sindical a la sola presentación de la demanda.

VII. Réplica

No puede pretender el casacionista, dice la replicante, que la norma sea interpretada según su propia conveniencia desconociendo a la vez disposiciones como las del Decreto 254 de 2000, “autoriza la culminación de la relación laboral cuando se presentan circunstancias particulares para ellos, tal es el caso, que a pesar de haberse presentado la demanda de levantamiento de fuero sindical, en caso de presentarse la liquidación definitiva de la entidad, la misma está autorizada para suprimir automáticamente los contratos vigentes a la fecha de la liquidación”.

VIII. Cargo segundo

De manera indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, la sentencia quebranta el artículo 19 del Decreto 254 de 2004; en relación con el artículo 405 del CSTSS, los artículos 2º, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61 y 151 del Código Procesal del Trabajo, como medio; artículos 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 251, 252, 253, 254, 258, 268 y 345 del Código de Procedimiento Civil, como medio, por manifiestos errores de hecho.

Los referidos como manifiestos errores de hecho son:

Dar por probado, sin estarlo, que el fuero sindical fue levantado con anterioridad al 30 de abril del 2007.

No haber dado por probado, estándolo, que el fuero sindical fue levantado con anterioridad al 30 de abril de 2007. Como prueba mal apreciada indica la “providencia del 28 de febrero del 2008 (fls. 94 a 96, cdno. del juzgado).

Transcribe las reflexiones del tribunal de acuerdo a las cuales se subraya en el cumplimento por parte del gerente liquidador con respecto a la exigencia de levantar, previamente al despido del trabajador, el fuero sindical remitiendo al “auto del 28 de febrero de 2008 por el cual el Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de conocer la consulta de la sentencia de primera instancia proferida el 17 de septiembre de 2007... sentencia mediante la cual se concedió permiso para despedir a la actora aforada. De manera que dicha sentencia se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada, por lo que el fundamento de hecho de la presente acción, y del recurso de apelación que aquí se resuelve, por haberse ya superado, quedó sin respaldo jurídico”.

Del fragmento reproducido señala que él comporta un ostensible error de hecho.

“Porque no vio en la providencia del 28 de febrero de 2008 del h. tribunal ... que fue ese día cuando quedó ejecutoriada la sentencia del Juzgado Séptimo Laboral ... el 17 de septiembre de 2007 y por consiguiente hizo tránsito a cosa juzgada formal y material”.

“Así las cosas, la parte demandada probó que solo hasta el 28 de febrero de 2008 quedó suprimido el cargo que ostentaba la demandante y en ese momento finalizó el contrato de trabajo por sustracción de materia”.

IX. Réplica

En relación a este cargo la oponente subraya que el tribunal no está dando por probado el levantamiento del fuero sindical con anterioridad al 30 de abril de 2007, fecha en la que la demandada termina la relación laboral, solo que el contrato terminó en razón a la liquidación definitiva de la empresa, como lo autoriza el Decreto 254 de 2000.

X. Consideraciones

Para empezar debe señalarse que, como lo dijera la opositora, el ad quem no arriba a la conclusión atribuida por la censura según la cual el fuero sindical que amparaba a la actora fue levantado con anterioridad al 30 de abril de 2007, día en el que la demandada extingue su contrato de trabajo.

Las consideraciones del ad quem en relación a la providencia del 28 de febrero de 2008, en las que el Tribunal Superior de Bogotá se abstiene de conocer en consulta la sentencia del Juzgado Séptimo que concede el permiso para levantar el fuero no dicen nada distinto a resaltar que dicha decisión “se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada, por lo que el fundamento de hecho de la presente acción, y del recurso de apelación que aquí se resuelve, por haberse ya superado, quedó sin respaldo jurídico”.

Así mismo, por supuesto, de lo anterior no se siguen los yerros fácticos propuestos de dar por establecido “que el fuero sindical fue levantado con anterioridad al 30 de abril del 2007”; o, no dar por probado que el fuero sindical fue levantado con anterioridad al 30 de abril de 2007”.

Sin embargo, de la demostración del cargo se concluye que su verdadero sustento no es otro que el no haber derivado, el colegiado, de la providencia del tribunal del 28 de febrero de 2008, que solo hasta ese día “quedó suprimido el cargo que ostentaba la demandante y en ese momento finalizó el contrato de trabajo por sustracción de materia”; y no el 30 de abril de 2007, como lo entendiera el superior.

Esta consideración por su clara condición de estricto derecho, en cuanto supone atribuirle un efecto jurídico determinado a la providencia en comento, esto es, el de la supresión del cargo y la disolución del nexo contractual, es ajena a la vía fáctica escogida por lo que no resulta eficaz para demostrar la hipótesis formulada.

De otra parte, debe decirse que el tribunal no se ocupa de buscar el sentido del artículo 19 del Decreto 254 de 2004, ni su disertación la tejen razonamientos de orden exegético conforme a los cuales supongan un supuesto de hecho —inexistencia del cargo— que la norma no consagra; su argumentación parte de la realidad que comporta la desaparición jurídica, con la liquidación definitiva en virtud de la suscripción del acta correspondiente 27 de abril de 2007, de la empresa empleadora y que determina, a su vez, la “imposibilidad material y jurídica” de la subsistencia del contrato de trabajo, con independencia de si al trabajador lo arropaba la señalada garantía sindical y si, a efecto de su reintegro o, como en este caso, de su levantamiento, se tramitaba el correspondiente proceso especial.

De acuerdo a lo anterior no fueron razones de conveniencia ni de utilidad práctica las que informaron la decisión del superior, solo la constatación de la inexistencia jurídica de una de las partes del contrato bilateral cuya condición de trabajador aforado no lo protegía de las consecuencias de la real desaparición de la empleadora prevista además en el decreto aludido.

Así mismo, nada autoriza a entender, ante la ausencia de una previsión en tal sentido, que se hubiese creado una ficción legal que permita entender que (a) los beneficiarios del fuero sindical solo se suprimirían los (sic) cargos, de forma individual, cada vez que quedara ejecutoriada la sentencia que autorizaba la terminación del contrato de trabajo”.

En el mismo sentido ya expuesto se ha pronunciado la Corte en varias oportunidades, en el supuesto de la imposibilidad material y jurídica que resulta de la liquidación definitiva de la empresa para conservar la vigencia de la relación laboral así fuere con trabajador amparado con el fuero sindical, como lo hiciera en sentencia reciente CSJ SL, 1247, de 29 de enero de 2014 rad. 47751:

Al margen de lo anterior, lo cierto es que el tribunal no pudo haber incurrido en infracción jurídica alguna al concluir que resultaba imposible impartir una orden de reintegro, ante la extinción y liquidación definitiva de la entidad empleadora. Y aunque, en estricto sentido, como lo reclama la censura, en la demanda no fue suplicado un reintegro, para los efectos que aquí interesan, esa misma premisa de extinción y liquidación definitiva de la entidad resultaba válida para sostener que no era posible mantener vigente alguna relación laboral o, como corolario, ordenar el pago de salarios y prestaciones sociales, como se pidió en la demanda.

Y ello es así porque, una vez que ha operado la desaparición total de una persona jurídica y se han suprimido sus cargos, cualquier elemento propio de las relaciones laborales, como el pago de salarios y prestaciones sociales, no encuentran soporte jurídico alguno.

Por otra parte, ante la imposibilidad jurídica de cumplir con una orden de reintegro, o de asumir el pago de salarios y prestaciones sociales, por una relación laboral insostenible, esta Sala de la Corte ha establecido que, como contraprestación a los perjuicios ocasionados, procede el pago de la indemnización por despido injusto que corresponde al trabajador oficial, sin que sea dable acumularla con alguna otra acreencia o indemnización derivada del mismo supuesto, de terminación del contrato de trabajo. En la Sentencia CSJ SL, 7 jul. 2010, rad. 36819, la Sala explicó al respecto:

El tribunal, como soporte para negar el resarcimiento de los perjuicios que reclaman los demandantes, a raíz de los despidos que se produjeron cuando gozaban de fuero sindical y ante la imposibilidad de ordenar el reintegro por la liquidación definitiva de la empresa, consideró que con la cancelación de la indemnización por la terminación de los contratos, señalada en el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003, quedaban cubiertos los perjuicios que tal hecho produjo, sin que fuese necesario el pago de una suma adicional, porque de lo contrario se estaría patrocinando un doble pago por un mismo concepto.

Para la Corte, la inferencia que obtuvo el tribunal en la sentencia impugnada, no genera la violación de ninguna de las normas legales que se denuncian en los cargos, pues sí es un hecho indiscutido que los demandantes recibieron la indemnización por despido injusto prevista en el artículo 24 del Decreto 1615 de 2003, normativa que remite a la tabla consagrada en la convención colectiva de trabajo, surge como conclusión inevitable, que no les asiste derecho a pretender un nuevo resarcimiento de perjuicios como consecuencia del despido sin autorización judicial por la garantía foral que ostentaban.

Lo anterior, por cuanto el artículo 25 del citado decreto, claramente dispone la incompatibilidad de la indemnización por despido injusto a que alude el artículo 24 ibídem, la cual le fue efectivamente cancelada a los demandantes, con cualquier otra prevista para la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo.

Adicionalmente a lo advertido, aun cuando la Corte ya ha precisado con insistencia, que ante la imposibilidad jurídica de acceder al reintegro por el cierre o liquidación de la empresa, no obstante aparecer consagrado en la ley, el contrato o la convención colectiva, el trabajador perjudicado solo tiene la opción de pretender una suma indemnizatoria, que en el caso de los trabajadores oficiales puede ser plena, como lo señala el artículo 11 de la Ley 6ª de 1945, en el presente caso, no hay lugar a derivar resarcimiento de perjuicios por el despido de que fueron objeto los demandantes, en tanto las demandadas ya les pagó a aquellos la indemnización establecida convencionalmente.

En consecuencia, la conclusión del tribunal en la sentencia atacada, es la que legalmente correspondía para efectos indemnizatorios, pues no puede pretender la parte demandante, que además de la indemnización que ya recibió por concepto de despido injusto, se le otorgue otra adicional por esa misma causa, porque, sin duda alguna, tal situación conduciría a efectuar un doble pago con idéntica finalidad.

En sentencia CSJ SL, de 29 de mayo de 2012, rad. 42493, también se diría:

Empero, cuando se trata de entidades, públicas o privadas, suprimidas o liquidadas, la orden de instalar nuevamente a un trabajador despedido injustamente, se torna imposible material y jurídicamente de cumplir, así se trate de empleados que se encuentren protegidos por la estabilidad que emana del fuero sindical, en uno u otro evento, la imposibilidad de que retornen a ocupar su puesto de trabajo, es la misma.

Si bien el método adoptado por el ad quem para resolver la controversia es válido, la pregunta de la cual partió no resultó del todo acertada, porque lo que finalmente importaba indagar, era sobre la viabilidad de decretar el reintegro de un trabajador en las circunstancias fácticas ampliamente descritas, cuestionamiento que no se hizo el mismo juzgador cuando actuó como fallador en el proceso de fuero sindical, ya sea por simple omisión, o porque no fue ventilado en el interior de ese litigio, pero que, de todas maneras, no impide que en esta oportunidad se hubiera tratado el punto, no en cuanto a la fuerza enervante que pueda atribuirse a una resolución administrativa para neutralizar los efectos de una decisión judicial, sino por la imposibilidad misma que suscita de la inexistencia de la entidad que fungió como empleadora del trabajador despedido (resaltados fuera del texto).

Como se dijo, ante la inexistencia de la empleadora, los razonamientos anteriores cumplen, bien en los casos en los que el trabajador persiga el reintegro o bien, en aquellos en los que, como en el sub lite, el patrono demande el levantamiento de la protección sindical aludida.

Finalmente, no fue materia de discusión en el proceso la propia consideración del ad quem que encuentra acreditado el pago de la indemnización correspondiente a la actora por de $ 80.944.644 (fl. 200).

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante; se fijan agencias en derecho en la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3.150.000).

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de febrero de 2010, en el proceso que instauró Claudia Saturia Guerrero Pinzón, contra el Ministerio de Minas y Energía.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante; se fijan agencias en derecho en la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3.150.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».