Sentencia SL7513-2016/45997 de junio 8 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7513-2016

Rad.: 45997

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 20

Bogotá, D. C., ocho de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte actora, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Con la presente demanda de casación se pretende que esta Sala de la Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se sirva revocar la sentencia de segunda instancia de marzo 2 de 2010, dictada por la Sala Primera de Decisión Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que, en su numeral primero, confirmó los puntos cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia, y, en su lugar, revocar los numerales cuarto, quinto y sexto de la sentencia de primer grado, emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, de febrero 6 de 2009, en cuanto absolvió a las demandadas en solidaridad del pago de perjuicios, y la condena en costas de la actora, desde luego, para ordenar que a la demandante se le reconozcan y paguen los perjuicios materiales y morales causados por la enfermedad profesional adquirida en la empresa Molinos Roa S.A.

Con tal propósito formula un solo cargo que no fue objeto de réplica.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial al haberse infringido directamente los artículos 200 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 5º del Decreto 3170 de 1964; artículos 80, 81, 90 y 97 de la Ley 9ª de 1979; Decreto 614 de 1984; Decreto 778 de 1987; resoluciones 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989; artículos 4º, 21 y 56 del Decreto-Ley 1295 de 1994 y 1º del Decreto 1832 de 1994; artículo 1604 del Código Civil; artículos 174, 175, 177, 187, 194, 195, 200, 201, 226, modificado por el numeral 104, artículo 10 del Decreto Extraordinario 2282 de 1989; 248, 249, 250, 251, 252, modificado por el numeral 115, artículo 10 del Decreto Extraordinario 2282 de 1989, modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003; 253, modificado por el numeral 116, artículo 10 del Decreto Extraordinario 2282 de 1989; 258, 262, 264, 268, modificado numeral 120, artículo 10 del Decreto Extraordinario 2282 de 1989 y 279 del Código de Procedimiento Civil.

Demostración del cargo:

Según la censura, el fallo proferido por la Sala Primera de Decisión Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva de marzo 2 de 2010, adolece de lo siguiente:

… incurrió en violación de la ley sustancial de alcance nacional, por haber infringido directamente el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone como consecuencia de la culpa probada del empleador originada por la existencia de enfermedad profesional, la de estar “... obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios...”, y también admite esta regla que “... del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”. El primer aspecto de esta norma, la infringe por vía directa el fallo recurrido porque únicamente admite en el capítulo correspondiente a “... 2.1 La indemnización por perjuicios” (Fls. 31, 40 y 41 C. 2), su estructura inicial, con la cita completa de la disposición mencionada, lo que pretende de entrada, atenderla en su integridad y correctamente en sí misma, pero en su análisis de la culpa del empleador se revela de identificar y especificar la obligación, la indemnización determinada y su monto, desoyendo que la preventiva salud ocupacional, se garantiza también con el cumplimiento de los artículos 56, 57, 348 y 349 del Código Sustantivo del Trabajo, de igual forma con los artículos 80, 81, 90 y 97 de la Ley 9ª de 1979, el Decreto 614 de 1984, las resoluciones 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989 y los artículos 4º, 21 y 56 del Decreto-Ley 1295 de 1994, disposiciones y regulaciones que desestimó acatar y cumplir la empresa Molinos Roa S.A., en solidaria responsabilidad, con la Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida S.A., A.R.P. Suratep, por virtud de las continuas actividades de asesoría, promoción y prevención de enfermedades ocupacionales (profesionales), y de accidentes de trabajo que admite la consecuencia necesaria de la disposición violada. No basta mencionar aisladamente la disposición que encuentra eco en el fundamento fáctico y probatorio de encontrar con nitidez la “culpa suficientemente comprobada del patrono”, y a pesar de este alcance normativo íntegro, abandonar la dignidad de la persona afectada con la existencia de la enfermedad profesional, cuando con igual rigor no se despeja la suficiencia y consecuente “indemnización total y ordinaria por perjuicios”, como también reclama el alcance legal de las obligaciones en general previstas por el artículo 1604 del Código Civil y la especial del contrato laboral, con el fin de lograr la justicia en las relaciones que consagra como principio general el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo.

El fallo recurrido es claro en precisar y sustentar que “... no hay discusión sobre el padecimiento de la actora...” (Fl. 31 C. 2), pero esta realidad procesal (Fls. 31 al 40 C. 2) sin acatar el complemento normativo ya explicado, y con la mayor severidad cuando resuelve “... declarar que la enfermedad profesional que sufrió la señora… Rojas se originó por culpa de Molino Roa S.A. ...” (Fl. 42 C. 2). En este aspecto, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha sido específica en señalar que:

“... EI artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo establece que si existe culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia de la enfermedad profesional, queda este obligado a la indemnización total ordinaria de perjuicios; sin que sea necesario por ello acudir a otros códigos puesto que el de la materia en este punto no adolece de vacío...” (Sentencia de agosto 3 de 1992, Radicado 4709), o de manera más exacta, que:

“... de la Copia de los manuales, políticas y procedimientos de salud ocupacional de la demandada...” se descarte, “… la culpa empresarial...”. (Sentencia de marzo 16 de 2010, Acta Número 08, Expediente 35261…, y, por tanto, se queda sin sustento legal la afirmación conclusiva del ad quem, consistente en que “... Al no haberse probado perjuicio alguno, resulta inútil que la Sala se ocupe de este aspecto, por lo que no se impondrá condena alguna en contra de la empresa por no haberse acreditado ninguno de los que se reclama, confirmándose en este sentido la sentencia objeto de recurso, así como la decisión de absolver a la administradora de riesgos profesionales demandada, puesto que al no existir obligación alguna no hay lugar a la consecuente solidaridad reclamada...”, como el argumento “... que en la medida en que el daño sea cierto o se logre siquiera presumir tal certeza, debe resarcirse y en el caso estudiado, la actora no señala los aspectos concretos en que se materializó el perjuicio causado como consecuencia de su enfermedad profesional, toda vez que solo indica que este se causó, reclamando como consecuencia la indemnización por los montos que estima por daños morales, lucro cesante consolidado y futuro, pero no indica con fundamento en qué los reclama...”. (Negrilla fuera de texto) (Fl. 41 C. 2), porque como se ha insistido, probada la culpa suficiente del empleador en la ocurrencia de la enfermedad profesional, queda obligado por ministerio de la ley a indemnizar los perjuicios causados a la actora y su padecimiento en su extensión total y ordinaria, que corresponden a los reclamados (Fl. 2 C. 1), con fundamento en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo necesario suplir la integración de la proposición jurídica completa del cargo formulado, con la aplicación del artículo 162 de la Ley 446 de 1998, que adoptó, como legislación permanente, las exigencias del numeral 10 del artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991.

En consecuencia, por las razones y fundamentos expuestos, teniendo en cuenta la evolución que consagra la presunción legal o iuris tantum de la enfermedad profesional, prevista en los artículos 11 del Decreto 1295 de 1994 y 1º del Decreto 1832 de 1994 y la culpa plena y suficientemente comprobada al empleador, siendo por estas indudables precisiones así sustentadas, suficientemente demostrado el requisito esencial para acceder al derecho de la indemnización total y ordinariamente de los perjuicios irrogados, y con ello resulta próspero el cargo formulado y deviene con igual alcance, de esta manera fundado, como se solicita que en esta demanda se declare.

VII. Réplica

No hubo réplica.

VIII. Consideraciones

A pesar de que la censura denuncia la violación del artículo 216 del CST, sin precisar el concepto de violación, del desarrollo del cargo se puede entender que se duele de su aplicación indebida, en el entendido de que si bien es la norma que regula el caso, el juzgador le cercenó los efectos al susodicho precepto al no ordenar el pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios, no obstante que el fallo fue claro en precisar que no cabía discusión sobre el padecimiento de la actora y en declarar que la enfermedad sufrida por esta se originó por culpa del empleador, y, para corroborar su tesis, la censura invoca las sentencias CSJ SL 3 de agosto de 1992, no. 4709, que, en el pasaje citado por el recurrente, enseña que, en arreglo al artículo 216 del CST, si existe culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia de la enfermedad profesional, este queda obligado a la indemnización plena de perjuicios, sin que, para ello, sea necesario acudir a otros códigos, como quiera que el de la materia, en este punto, no adolece de vacíos; junto con la del 16 de marzo de 2010, No. 35261, que refiere a la forma de cómo se liquida el lucro cesante.

Con base en los citados precedentes, la parte recurrente estima, contrario a lo resuelto por el juez de alzada, que probada la culpa suficiente del empleador en la ocurrencia de la enfermedad profesional, el empleador está obligado, por ministerio de la ley a indemnizar los perjuicios causados a la actora y su padecimiento en la extensión total y ordinaria que corresponden a los reclamados.

Por tratarse de un cargo por la vía directa el que ocupa la atención de la Sala, mediante él no se refutan las premisas fácticas establecidas en las instancias, cuales son i) que la actora estuvo vinculada con la empresa Molino Roa S.A., mediante contrato de trabajo escrito a término fijo que rigió del 27 de julio de 1996 al 26 de julio de 2006, cuando finalizó por vencimiento del plazo; ii) que la actora, cuando estaba al servicio del empleador mencionado, comenzó a sufrir una enfermedad profesional denominada síndrome del tunel del carpo bilateral, epicondilitis bilateral tenosinovitis de extensores bilateral, que le produjo una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 14.25%, con fecha de estructuración 24 de mayo de 2007, según la calificación de Suratep S.A.; iii) que la enfermedad profesional en cuestión se produjo por culpa del empleador; iv) que si bien la fecha de estructuración de la enfermedad, según la calificación que hizo la ARL codemandada, fue el 24 de mayo de 2007, para el ad quem, fue evidente que la extrabajadora padecía la enfermedad desde marzo de 2005 conforme a la fecha de estructuración contenida en el diagnóstico emitido por la EPS Saludcoop el 18 de agosto de 2005; y v) la falta de determinación, en la demanda, de los perjuicios supuestamente sufridos por la actora, pues, según el tribunal, ella no señaló los aspectos concretos en que se materializó el perjuicio causado como consecuencia de su enfermedad profesional, toda vez que solo había indicado que este se causó, y, consecuencialmente, reclamó los montos indicados por concepto de daños morales, lucro cesante consolidado y futuro, pero sin indicar con fundamento en qué los estaba reclamando.

De tal manera, no cabe duda que la inconformidad del recurrente de cara a la sentencia impugnada es de orden jurídico, por aplicación indebida del artículo 216 del CST, al estimar que esta le cercenó sus efectos jurídicos, no obstante que, en su criterio, estaban acreditados los supuestos de hecho de la norma, debiéndose, por tanto, resolver por la Sala si se ha de acceder a las condenas por lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, y de los daños morales solicitadas en la demanda y objeto de apelación, una vez se ha encontrado acreditada la enfermedad profesional que le produjo a la extrabajadora la pérdida de la capacidad laboral en el 14.24% y la culpa del empleador demandado en la ocurrencia del siniestro laboral protegido en el artículo 216 del CST.

Con relación a la decisión de absolver de la condena por la indemnización plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del CST, no obstante que está probado el hecho dañino y la culpa del empleador en su ocurrencia, por no encontrar el juzgador la prueba de los perjuicios sufridos, esta Sala, en sentencia CSJ SL 887 de 2013, tiene asentado lo siguiente:

Adujo el juez de segunda de instancia que “una vez comprobada la culpa del patrón en el accidente de trabajo, se tiene que no existe en el expediente prueba que acredite los perjuicios ocasionados a los demandantes por la muerte del señor… PEREZ (sic) ROA, como es el daño emergente, esto es, la perdida (sic) de algún bien, o la perdida (sic) de cualquier otro factor económico debidamente acreditado que se halla (sic) producido con ocasión a la muerte del trabajador fallecido, por lo que esta pretensión no prospera”(resaltado fuera de texto).

Juzga conveniente la Corte reiterar, en línea de doctrina, lo expuesto en decisión reciente del pasado 6 de septiembre, Radicación 37.804, en cuanto a que los jueces deben procurar desentrañar de los medios probatorios o de la actuación surtida, los elementos indispensables para poder calcular los derechos laborales o sociales que le correspondan al accionante.

Aun cuando tiene enseñado esta Sala, que quien pretenda o demande un derecho, está obligado a probar los hechos que lo gestan o en los que se funda, también se ha de considerar, que el Juez está en el deber de estimar la plataforma probatorio, buscando siempre no quedarse en la sola determinación del derecho, sino hacerlo efectivo con la correspondiente liquidación de las acreencias a que haya lugar, observando celosamente los presupuestos y parámetros legales o convencionales para llevar a cabo las respectivas operaciones matemáticas y fijar cuantías, a efectos de evitar una decisión sin la concreción de condenas.

De ahí que, en los eventos donde esté evidenciado el derecho, como en el asunto bajo escrutinio, el sentenciador debe siempre procurar establecer su quantum.

Es más, al estar probado en el presente proceso que se encuentran conculcados los derechos de los actores, el juez del trabajo indudablemente debe propender por la materialización de éstos, haciendo uso inclusive de sus facultades oficiosas, empleando todos los medios legales que estén a su alcance, para proteger el derecho a favor de quien realmente se le debió otorgar.

Lo anterior busca, a no dudarlo, evitar sacrificar un derecho material, que como en este preciso asunto está más que acreditado, pues, memórese que está plenamente probada la culpa del empleador en la ocurrencia del siniestro que le ocasionó la muerte al señor … Pérez Roa.

Aquí y ahora, resulta de mucha utilidad traer a colación apartes de lo sostenido por la Sala Civil de esta Corte, en sentencia del 13 de mayo del 2008, Radicación 11001-3103-006-1997-09327-01:

“En materia como la que es objeto de esta providencia, la corporación se ve precisada a exhortar a los jueces de instancia para que, en aras de obtener una auténtica reparación integral de los perjuicios, que no un remedo de ella, empleen con firmeza y sin vacilación todas las herramientas legales de que disponen para establecer, cuando sea necesario, la existencia del daño a la vida de relación y su ulterior cuantificación, en orden a lo cual debe recordarse, como otrora lo pregonara la Corte (cfr. G.J. t. CXLVIII, pág. 7, y sentencia de 26 de julio de 2004, exp. 7273, no publicada aún oficialmente), la enorme importancia de los poderes y deberes que en el campo probatorio contempla el ordenamiento jurídico, particularmente, en lo que atañe al decreto oficioso de medios de convicción, tal y como lo consagran expresamente los artículos 179, 180 y 307 del Código de Procedimiento Civil, pues, al proceder con estricto apego a estos mandatos y lineamientos, el administrador de justicia allanará el camino que le permita aproximarse en forma fiel a los hechos sometidos a su estudio, a la vez que avanzará en la cabal realización del derecho material, e impedirá que se vean frustradas las legítimas aspiraciones de quienes acuden ante las autoridades jurisdiccionales. Desde luego, al asumir la compleja tarea de identificar esta especie de daño resarcible, los sentenciadores habrán de observar una especial prudencia y sensatez, principalmente para evitar a toda costa que dicho perjuicio sea confundido con otro de diverso linaje o que un determinado agravio pueda llegar erradamente a ser indemnizado varias veces.

Para estos efectos, con sujeción al marco fáctico sustancial descrito en la causa petendi que sirva como soporte de las pretensiones y al resultado que arrojen los medios probatorios recaudados en el proceso, los juzgadores han de emprender decididamente el análisis encaminado a desentrañar el alcance real de los obstáculos, privaciones, limitaciones o alteraciones que, como consecuencia de la lesión, deba afrontar la víctima con respecto a las actividades ordinarias, usuales o habituales, no patrimoniales, que constituyen generalmente la vida de relación de la mayoría de las personas, en desarrollo del cual podrán acudir a presunciones judiciales o de hombre, en la medida en que las circunstancias y antecedentes específicos del litigio les permitan, con fundamento en las reglas o máximas de la experiencia, construir una inferencia o razonamiento intelectual de este tipo.

Lo propio habrá de ser realizado en aquellas ocasiones en que, dentro del asunto concreto, les competa determinar si se ha presentado algún daño a la vida de relación que trascienda las condiciones en que normalmente se desenvuelve la existencia, por adquirir matices especiales, extraordinarios, singulares o personalísimos, predicables de una persona con aptitudes, destrezas, hábitos, inclinaciones o talentos particulares, casos en los cuales, valga la pena precisarlo, amén de la invocación fáctica que corresponda, la prueba que debe ofrecer el demandante adquirirá una connotación especial, la cual, de llegar a ser cumplida dentro de un esquema enmarcado por la libertad demostrativa y la sana crítica, permitirá que el sentenciador aprecie y pondere los aspectos que resulten acreditados, en orden a entender la forma y dimensión puntual en que se ha podido ver afectada la vida asociada de la víctima, garantizando, de ese mismo modo, la reparación completa del perjuicio padecido.

Otro tanto deberá hacerse en el momento en que los juzgadores, en forma mesurada y cuidadosa, asuman la labor de fijar el quantum de esta clase de perjuicio, bajo el entendido de que ella no puede responder solamente a su capricho, veleidad o antojo, sino que debe guardar ponderado equilibrio con las circunstancias alegadas y demostradas dentro de la controversia, velando así porque no sea desbordada la teleología que anima la institución de la responsabilidad civil, tema en el que, a buen seguro, la jurisprudencia trazará un útil marco de referencia, en forma similar a lo que ocurre en tratándose del daño moral.

Por supuesto, todo lo dicho ha de entenderse sin perjuicio de la independencia que a los jueces de la República les confieren los artículos 228 y 230 de la Constitución Política”.

En resolución, la sala sentenciadora, de un lado reconoció el derecho, y de otro y a continuación lo arrebató, porque no contaba con el medio probatorio para establecer su cuantía, no obstante que en el expediente efectivamente obra prueba necesaria para hallar los perjuicios, tal como se determinará adelante en sede de instancia.

Así, el tribunal se equivocó.

Del citado precedente, se desprende que, una vez se logran establecer los supuestos de hecho que hacen merecedor al empleador de la condena por indemnización plena de perjuicios regulada en el artículo 216 del CST, en aras de garantizar de forma efectiva la protección plena de la seguridad en la salud y vida del trabajador en el desarrollo de su actividad laboral para la cual fue contratado, objeto de tutela en el referido precepto, el juzgador debe evaluar juiciosamente la plataforma probatoria obrante en el expediente, inclusive, ejercer las facultades de oficio, con el fin de extraer los elementos necesarios para establecer los perjuicios sufridos por la víctima, así como su monto.

En la jurisprudencia acabada de citar, también se anotó sobre la cuantificación de los perjuicios morales lo siguiente:

Memórese que el tribunal asentó que “una vez comprobada la culpa del patrón en el accidente de trabajo, se tiene que no existe en el expediente prueba que acredite los perjuicios ocasionados a los demandantes por la muerte del señor… Pérez Roa”.

De lo anterior, deduce la Corte Suprema de Justicia que el Tribunal también se equivocó al exigir prueba de los daños morales, pues desde hace muchas décadas ha sido constante la jurisprudencia de la corporación acerca de que los perjuicios morales derivados de un accidente de trabajo en el que se produce la muerte del colaborador, en principio no hay necesidad de probarlos, pues incuestionablemente la pérdida de un ser querido ocasiona naturalmente en sus deudos un dolor y una aflicción que están dentro de sus esferas íntimas. De ahí que igualmente se ha sostenido invariablemente que su tasación queda al prudente arbitrio del juzgador, ya que se trata de un daño que no puede ser evaluado monetariamente, por ser imposible determinar cuál es el precio del dolor, lo que no obsta, sin embargo, para que el juez pueda valorarlos pecuniariamente según su criterio, partiendo precisamente de la existencia del dolor.

Sobre este preciso tema, puede consultarse, entre otras, las sentencias de esta corporación del 14 de marzo de 1991, Radicación 3985; 10 de mayo de 1991, Radicación 3735; 9 de marzo de 1993, Radicación 5247; 15 de febrero de 1995, Radicación 6803; 6 de marzo de 2001, Radicación 14750 y 19 de julio de 2005, Radicación 24221. En atención a las razones antedichas aflora indubitable que el cargo está fundado, pues al exigir el sentenciador de la alzada la prueba de los perjuicios morales irrogados a los actores, resultó aplicando de manera impertinente el artículo 216 del C.S. del T., por lo que habrá de casarse la sentencia en lo tocante a la absolución de los perjuicios morales.

No obstante lo anterior, la razón no está de lado del recurrente, en tanto que el ad quem, en este caso, sí tuvo justificación para no aplicar los efectos del artículo 216 del CST, puesto que los elementos fácticos que fueron extraídos por el juzgador del acervo probatorio para efectos de establecer la enfermedad profesional sufrida por la actora y la culpa del empleador en su ocurrencia no son suficientes para calcular el lucro cesante, toda vez que, sin perjuicio de que el juez colegiado hubiese tomado como fecha de estructuración de la enfermedad profesional la establecida por la EPS Saludcoop, 7 de marzo de 2005, en el concepto emitido el 18 de agosto de 2005(1), lo cierto es que, en dicha oportunidad, esa entidad no cuantificó la pérdida de capacidad de trabajo, pues, como lo dijo el mismo juzgador de segundo grado, esta solo fue determinada por la ARP Suratep, en un 14.24%, pero con fecha de estructuración 24 de mayo de 2007(2).

Así las cosas, no se tiene la certeza de cuánta capacidad laboral había perdido la actora para laborar, al momento de la terminación del contrato de trabajo, lo que sucedió el 26 de julio de 2006, comoquiera que tal información solo fue concretada posteriormente, y no se sabe la magnitud del daño a reparar al momento de la terminación de la relación laboral que vinculó a las partes, sin que pueda tomarse el 14.21% establecido por la ARP, dado que, entre la fecha de retiro de la actora y la fecha de estructuración de este porcentaje, transcurrió aproximadamente un año, tiempo en que se desconocen las actividades que esta desarrolló, de tal suerte que no se puede establecer el nexo causal entre esta pérdida de capacidad laboral y la culpa del empleador a la terminación del contrato, necesario para calcular hasta qué debe responder la empresa por su culpa.

Igual razonamiento cabe para liquidar los perjuicios morales, dado que estos, en todo caso, han de ser proporcionales al daño sufrido por la extrabajadora, cuya delimitación debe hacerse con base en el monto de la pérdida de la capacidad laboral, en vigencia del contrato de trabajo, lo cual no se dio en el sublite, según quedó atrás expuesto.

Sin que, en un cargo formulado por la vía directa, se tenga competencia por la Sala para determinar hechos no contenidos en la decisión objeto del recurso extraordinario.

En consecuencia, no se casará la sentencia impugnada.

Sin costas en el presente trámite, dado que no hubo réplica.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 2 de marzo de 2010, en el proceso que instauró Martha Cecilia Rojas contra Molinos Roa S.A. y, solidariamente, contra Suratep.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

1 Folios 42 a 45.

2 Folio 338.