Sentencia SL7576-2016 de junio 8 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7576-2016

Radicación 38745

Acta 20

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

El fundamento fáctico de la sentencia impugnada estribó en que: i) los testimonios de Simeón Quevedo Trujillo, Pablo Emilio Parra Díaz y Teodoro Ospina Cadena eran claros y precisos en señalar que pese a que el trabajador debió tener en cuenta unas medidas de seguridad, existió un error en la operación por parte de quienes tenían a su cargo la Subestación de Garzón, pues desde allí se comunicó que las líneas estaban abiertas para que los operarios iniciaran la labor de arreglo y ello no había acontecido; ii) que el ingeniero Cáceres, encargado de la misión, reconfirmó con la subestación de que las líneas estuvieran abiertas y la respuesta fue positiva; iii) que, asimismo, el citado ingeniero no había facilitado al trabajador, ni a su compañero, el transporte de los elementos de protección necesarios para efectuar la labor, los cuales se hallaban en la camioneta en la que aquél se movilizaba, y que los operarios se transportaron al sitio de la operación en motocicleta; iii) que estas circunstancias concordaban con lo acreditado en el informe de accidente de trabajo y sus causas, luego de la evaluación realizada por el COPASO; iv) que, en consecuencia, la Electrificadora del Huila no tuvo la diligencia y el cuidado necesarios para que sus empleados realizaran las labores de manera segura; v) que, pese a que la demandada aducía que para el momento del accidente, la Subestación de Garzón era operada por la contratista SIMEC LTDA., ello no había sido probado dentro del proceso, pues desde la contestación de la demanda se alegó que la culpa era de la víctima, además de que este hecho no se había advertido en el análisis del COPASO, que realizó la investigación del accidente; y vi) que, analizando el texto de las pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual 120781 y 3703790 suscritas, se encontraba que había sido excluida expresamente la cobertura de la responsabilidad civil contractual y que, además, no cubrían el accidente del trabajador, en razón de que éste se derivaba de una relación contractual con la empresa demandada, por lo que no podía impartirse condena en contra de la aseguradora.

Contrario a lo sostenido por la censura en el ataque, todos los medios de convicción que denuncia, no hacen más que ratificar la conclusión del Tribunal de que el accidente de trabajo sufrido por el señor Humberto Vargas Santos el día 30 de enero de 2001 fue provocado por una falla en la operación, al haberse informado y confirmado de manera errónea por el señor Omar González, operador de la Subestación de Garzón, al ingeniero Gerardo Cáceres, que la línea del circuito 13.8 kV se encontraba desenergizada cuando, en realidad, no lo estaba, y por cuanto, además, el trabajador no contaba para ese momento con los elementos indispensables para efectuar su labor, como lo eran el detector de ausencia de tensión y el polo a tierra, toda vez que no fueron facilitados por el ingeniero Gerardo Cáceres, jefe de las labores de restablecimiento de las líneas dañadas, pues éste mantuvo dichos elementos en la camioneta en la que se transportaba, mientras que los trabajadores habían sido enviados al sitio de la operación en motocicleta.

En efecto, el informe de investigación y análisis del accidente de trabajo, efectuado por la empresa demanda, obrante a folio 22, lo que da cuenta es que “el accidente de origen eléctrico resulta al cerrar unos puentes del nivel de tensión estipulado, pero el circuito a 13.8, por error en la operación, se encontraba energizado y al realizar el trabajo no se probó tensión y mucho menos se aterrizó. Hubo confianza en la operación de la subestación” y que, además, para el momento del accidente el trabajador exclusivamente contaba con el cinturón, los pretales y el casco de seguridad, razón por la cual el ad quem no pudo haber cometido ningún error de hecho sobre este informe, pues lo que confirma es que hubo una equivocación en la operación, al encontrarse energizado el circuito y que, además, no se probó por parte de los trabajadores la tensión, ni se aterrizó la misma.

Asimismo, en el informe de accidente del COPASO, de folios 20- 21 del cuaderno principal, se señaló que el trabajo a ejecutar el día 30 de enero de 2001, consistente en el cierre de los bucles en los circuitos “GIGANTE” a 34.5 kV y “RÍO LORO” a 13.8 kV, requería como condición necesaria que las líneas estuvieran frías, es decir, sin tensión alguna y según las consignas e instrucciones operativas y, además, se resaltó que:

“De acuerdo a (sic) las versiones recogidas se tiene: el día lunes 29 de enero de 2001 se produjo una falla en los circuitos referenciados ocasionada por la caída de un árbol sobre una estructura de paso en el sector de la Hacienda Palacio. Durante el día señalado, cuando se presentó la falla se hizo la reposición de la estructura y se remendaron unas líneas sin conseguirse culminar el trabajo, por consiguiente quedó pendiente la terminación de los trabajos para el día siguiente. El martes 30 de enero una vez concluidas todas las labores correspondientes a la reposición de las estructuras y líneas, el Ingeniero GERARDO CÁCERES (RJ2) ordenó vía radio al señor OMAR GONZÁLEZ operador de turno en la subestación “GARZÓN” la apertura de los circuitos “GIGANTE” a 34.5 kV y “RÍO LORO” a 13.8 kV, pasados algunos minutos el operador confirmó al Ingeniero CÁCERES (RJ2) la apertura de dichos circuitos. Acto seguido, el ingeniero CÁCERES (RJ2) ordenó la ejecución del cierre de los bucles a los señores HUMBERTO VARGAS SANTOS y SIMEON QUEVEDO, advirtiéndoles tomar las medidas de seguridad del caso.

De acuerdo a (sic) lo anterior, los señores HUMBERTO VARGAS SANTOS y SIMEÓN QUEVEDO procedieron a subirse a la estructura (H en torrecillas metálicas) para realizar el cierre de los bucles del circuito a 34.5 kV “GIGANTE” y 13.8 kV RIO LORO, iniciando con el cierre de los bucles de 34.5 kV, pero se tuvo la intención de cerrar primero los bucles del circuito a 13.8 Kv.

El señor HUMBERTO VARGAS SANTOS asciende por la torrecilla derecho y el señor SIMEON QUEVEDO por la torrecilla de la izquierda (Referencia: De la subestación GARZÓN hacia el norte), ambos en un inicio tuvieron la intención de cerrar primero los bucles del circuito a 13.8 kV; sin embargo, optaron por ascender más e iniciar con el cierre de los bucles del circuito a 34.5 kV. Por consiguiente el señor VARGAS procedió a cerrar el bucle que le correspondía a la fase de la orilla derecha. Terminada esta primera labor el señor VARGAS gira hacia el centro de la estructura (H) para cerrar el bucle correspondiente a la fase del centro; con ese movimiento su cuerpo a la altura de los glúteos choca con una fase de la derivación del circuito 13.8 k V, la cual va para el transformador de Patio Bonito. Al producirse el contacto con ese ramal, el señor VARGAS recibe choque eléctrico sostenido generándose en el circuito a 13.8 k V una falla de cortocircuito a tierra, condición que ocasionó por actuaciones de las protecciones en la subestación “GARZÓN” la apertura del interruptor del módulo a 34.5 k V del transformador de potencia, quedando de esta manera aislada la falla y por consiguiente sin tensión el circuito a 13.8 kV comprometido”.

De esta manera, para la Corte, tampoco el ad quem incurrió en un error de apreciación sobre el informe del COPASO, toda vez que lo que acredita es que el señor Humberto Vargas Santos, junto con su compañero Simeón Quevedo, procedió a cerrar los bucles en virtud de la orden emitida por el ingeniero Gerardo Cáceres, quien, previamente, había solicitado al operador de la subestación Omar González la apertura de los circuitos y éste le confirmó que se encontraban abiertos, cuando en realidad el circuito 13.8 kV estaba energizado.

Ahora bien, las documentales de folios 116-126 y 250-260 del cuaderno principal, demuestran que la empresa le entregó al trabajador elementos de trabajo como el detector de tensión, el radio teléfono portátil, el casco dieléctrico, las botas pantaneras, las gafas de seguridad, el cinturón, los guantes dieléctricos y de carnaza, la antena de radiotelecomunicación, las pértigas, pero lo hizo para datas muy anteriores a la época de ocurrencia del accidente, como por ejemplo, en febrero de 1999, diciembre y junio de 1997, octubre y diciembre de 1996 y junio y agosto de 1995, motivo por el cual no acreditan que el trabajador hubiese contado con ellos para el 30 de enero de 2001. Igual se puede predicar de las documentales de folios 97-98 del cuaderno principal, en donde aparece que el señor Humberto Vargas Santos devolvió a la empresa algunos de los elementos mencionados, que estaban en su poder, para el mes de diciembre de 1998. De esta manera, la falta de apreciación de estas documentales por parte del ad quem, no afecta de ninguna manera sus conclusiones fácticas.

De otra parte, en cuanto al manual ilustrado de prescripciones al personal, “Seguridad ante todo” (fls. 143-181), contentivo de medidas de prevención, denominadas “REGLAS DE ORO”, para el desarrollo de las labores del personal de la empresa, dentro de las cuales estaba la “verificación de la ausencia de tensión” y la “puesta a tierra y en corto circuito”, aunque demuestra que el trabajador recibió de la empresa la capacitación e instrucción para el conocimiento y la puesta en práctica de dichas reglas, ello no resulta relevante para la decisión final, pues el fundamento del Tribunal estribó en que no podía exigírsele al trabajador el haber verificado la ausencia de tensión cuando solo portaba consigo el cinturón, los pretales y el casco de seguridad, pero no los elementos indispensables como el detector de tensión y el polo a tierra, lo cual era responsabilidad del ingeniero que estaba a cargo de la misión.

Es más, para la Corte no se equivoca el Tribunal cuando estima que el ingeniero Gerardo Cáceres, como Jefe de la Operación, tenía la obligación de haber facilitado el transporte de los elementos de protección necesarios para efectuar las labores, al encontrarse en la camioneta de su transporte, pues él mismo fue quien emitió la orden a los trabajadores, para que se dirigieran a efectuar el cierre de los bucles de los circuitos, de donde se sigue que, al tratarse de la orden de un superior jerárquico no resulta razonable, tal como lo pretende hacer ver la censura, exigirle a los trabajadores que hubiesen llamado para que les llevaran las herramientas en la camioneta. Lo cierto es que el ingeniero, jefe de la operación y al mando de la cuadrilla, debía tener un mínimo de cuidado y prevención para no enviar a sus subalternos a realizar una operación riesgosa, sin las herramientas indispensables para ello, y como representante del empleador era quien debía exigir el cumplimiento de esas medidas de seguridad.

En lo que atañe a la falta de valoración de los contratos de suministro de servicios suscritos por la entidad demandada y la empresa Servicios de Ingeniería para Montajes y Mantenimientos Electromecánicos —SIMEC LTDA.—, obrantes a folios 261 a 266 del cuaderno principal, la Sala debe resaltar que si bien el fallador no se refirió a ellos, las circunstancias contenidas allí no tienen la virtualidad de modificar la conclusión de que en el caso existió culpa patronal en cabeza de la Electrificadora del Huila S.A. ESP, en calidad de empleadora del señor Humberto Vargas Santos.

En efecto, en dichos documentos aparece que la empresa demandada celebró el 29 de febrero de 2000 con SIMEC LTDA. el contrato 022 de 2000 de suministro de servicios, con el objeto de que ésta, en su calidad de contratista, suministrara los servicios para la operación de las subestaciones y pequeñas centrales hidroeléctricas de la Electrificadora del Huila S.A. ESP, por el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2000 y el 31 de diciembre del mismo año. El término de este contrato fue ampliado del 1º al 31 de enero de 2001, mediante el contrato adicional 022 A de 2000.

Es de resaltar que si bien del contenido de los contratos se entiende que para la data de la ocurrencia del accidente de trabajo del señor Humberto Vargas Santos, esto es, el 31 de enero de 2001, la Subestación de Garzón estaba siendo operada y administrada por la empresa de Servicios de Ingeniería para Montajes y Mantenimientos Electromecánicos —SIMEC LTDA.—, como tercero especializado, esta circunstancia no desvirtúa de ninguna manera la culpa patronal de la Electrificadora del Huila S.A. ESP, por cuanto, tal como lo asentó el Tribunal, ésta se encuentra fundada esencialmente en el hecho de que el ingeniero Gerardo Cáceres, como representante del empleador, no tuvo la prudencia y diligencia necesarias en la operación de restablecimiento de las líneas dañadas, siendo que envió a los trabajadores a cerrar los bucles, sin brindarles las herramientas necesarias que hubiesen podido prevenir el infortunio, pues éstas permanecieron en la camioneta en la que se transportaba el citado, mientras que los empleados lo hacían en motocicleta, de modo tal que era al ingeniero, como Jefe de la Cuadrilla, a quien correspondía velar para que sus subordinados dieran cumplimiento a todas las medidas de seguridad que son necesarias para este tipo de operaciones.

De lo analizado hasta el momento, debe resaltarse que, al no prosperar ninguno de los reproches sobre los medios calificados en cuanto a la existencia de la culpa patronal de la Electrificadora del Huila S.A. ESP, no puede la Corte entrar a examinar los testimonios señalados por la censura, pues éstos no constituyen medio calificado y tan solo pueden ser examinados de haber prosperado un yerro sobre los que sí ostentan tal carácter, lo cual, como se vio, no aconteció en el presente asunto.

Ahora bien, para la Corte tampoco hay un error de hecho manifiesto en la decisión del Tribunal cuando mantuvo en cabeza de la Electrificadora del Huila el pago total de la indemnización derivada del accidente de trabajo, pues claramente la Aseguradora Colseguros S.A. no está llamada a responder por este beneficio, por cuanto la póliza de seguro 3703790, obrante a folios 274 y 275 del cuaderno principal fue constituida por SIMEC LTDA. a favor de la primera en mención, en desarrollo de la cláusula décimo primera del contrato de suministro 022 de 2000 y 022 A de 2000, para garantizar, en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 2 de marzo de 2001, entre otros aspectos, la responsabilidad civil derivada de dichos contratos.

Al respecto, es claro que la responsabilidad civil extracontractual, que fue la que expresamente se dispuso en la póliza atrás referida, a favor de la Electrificadora del Huila S.A. ESP por parte de SIMEC en desarrollo del suministro de servicios, es claramente diferenciable de la responsabilidad laboral por culpa patronal en la generación de accidentes de trabajo, pues ésta se deriva del contrato laboral con el asalariado, es decir, de la relación subordinada que tenía Humberto Vargas Santos con la primera entidad mencionada, de modo tal que no puede entenderse incluida como un riesgo asegurado a favor de la empresa demandada como para ordenar la asunción de la condena en determinado porcentaje por la entidad aseguradora.

En lo que concierne a la presunta falta de apreciación del documento de folio 333 del cuaderno principal, en donde consta que la menor Diana María González no era hija del señor Humberto Vargas Santos, la Corte encuentra que, en efecto, no fue apreciado por el Tribunal y en él consta que la citada es descendiente biológica de la señora María Ibeth León Parra y de Héctor Iván González Hernández. Sin embargo, este error no tiene la virtualidad para infirmar la decisión, por cuanto, en sede de instancia se llegaría a la misma conclusión del ad quem, pues lo cierto es que los testimonios de María de la Paz Garzón, Irma Vargas Santos y Teodoro Ospina Cadena, son unánimes en afirmar que, a pesar de que la menor no era hija del citado, éste sí desempeñaba el rol de padre frente a ella, hasta el punto de que era considerada afectiva y emocionalmente como hija dentro del núcleo familiar compuesto por el trabajador y por su compañera permanente.

Ciertamente, ante la pregunta de cómo era la relación entre el señor Humberto Vargas Santos y Diana María González León, la señora María de la Paz Garzón contestó que “Pues la relación de él, con ella es normal como de un padre para una hija, y la niña también lo quiere y lo respeta, inclusive le dice papá”. Por su parte, la señora Irma Vargas Santos, sostuvo que “De padre e hija, siempre ha sido, yo siempre voy a la casa y él trató de ella, es de papá e hija, con mucha (sic) respeto y cariño”. Y el señor Teodoro Ospina Cadena, señaló que “Pues yo en el tiempo que los conocí era una relación normal”.

Lo anterior, también se encuentra en consonancia con el concepto material de familia que esta Corporación ha defendido en múltiples ocasiones, a la luz de la Carta Política de 1991, en el sentido de que, más allá de los lazos formales que se tengan, lo primordial es el ánimo y la intencionalidad de ayuda, socorro, solidaridad y afecto mutuo y la finalidad de mantener unos lazos permanentes como familia. Tal como lo demuestran los testimonios, la menor Diana María González era considerada y tratada como hija por el señor Humberto Vargas Santos, por lo que claramente tiene una afectación por la ocurrencia del accidente de trabajo de aquél.

En cuanto a la alegación de la empresa recurrente de que el lucro cesante no puede comprenderse desde la fecha del accidente del trabajador, bajo la consideración de que éste continuó devengando su salario hasta el 30 de octubre de 2002, tal como lo demuestra la Resolución de la empresa, emitida el 30 de octubre de 2002 y obrante a folios 204 y 247, debe resaltarse que el Tribunal no efectuó análisis alguno sobre los perjuicios materiales, entre ellos, el lucro cesante, que fueron determinados por el juez de primera instancia, toda vez que la empresa recurrente no mostró reparo alguno frente al tema en su recurso de apelación de folios 770-775 del cuaderno principal, pues se limitó a indicar que el accidente ocurrió por culpa de la víctima, que hubo capacitación y entrega de los elementos necesarios para las labores y que debía rebajarse la condena por perjuicios morales, de modo tal que, entrar a pronunciarse sobre la fecha de causación del lucro cesante, en sede del recurso extraordinario, implicaría desconocer el principio de consonancia del artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S., de conformidad con el cual el sentenciador de segundo grado exclusivamente puede pronunciarse de cara a las temáticas que fueron objeto de reproche por el apelante.

Finalmente, es de resaltar que los demás errores de hecho y restantes pruebas denunciadas por la censura en el cargo, no presentan una sustentación mínima como para que esta Corporación proceda a estudiarlos, siendo que, como de vieja data ha sostenido la jurisprudencia de la casación del trabajo, es deber de la censura argumentar y demostrar suficientemente los presuntos yerros cometidos por el fallador de segundo grado, sin que puedan éstos suponerse.

Por las razones anteriores, el cargo no prospera.

IX. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual, dice, condujo a la aplicación indebida de los artículos 19, 57 y 59 de la misma codificación, 2341 y 2356 del Código Civil y a la infracción directa de los artículos 230 de la Constitución Política, 8º de la Ley 153 de 1887 y 1524, 2342, 2343, 2344, 2347 y 2357 del Código Civil.

En la fundamentación del cargo, sostiene la censura que la sentencia atacada dedujo la culpa de la entidad empleadora de que la actividad con energía eléctrica era peligrosa; que la equivocada interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se presentaba, por cuanto sostuvo que la entidad demandada tenía que demostrar la ausencia de culpa en el accidente de trabajo, dado que éste había ocurrido en una actividad peligrosa como lo era la relacionada con la energía eléctrica, cuando el artículo 216 dispone que para la indemnización plena de perjuicios debe estar plenamente acreditada la culpa del empleador; que, además, el equivocado entendimiento surge, al deducir que, pese a que el trabajador no había perdido la vida en el accidente de trabajo, estaban legitimados para demandar el resarcimiento de los perjuicios no solo la víctima, sino también sus herederos María Isabel Vargas León y Carlos Fernando Vargas Orrego, la compañera permanente, María Ibeth León Parra y la hija de ésta Diana María González León; que lo anterior se opone claramente a la exégesis del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, de donde emerge que la única facultada para demandar el resarcimiento allí previsto es la víctima del infortunio laboral y, en caso de pérdida de la vida de ésta, los herederos.

Expone que:

“La interpretación dada por el Tribunal al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, tanto en cuanto a extender sus alcances a los perjuicios sufridos por personas diferentes de la víctima del accidente, como al aplicar la teoría del riesgo invirtiendo la carga de la prueba, contradice lo concerniente a la responsabilidad contractual prevista en la disposición en referencia porque le amalgama efectos de la responsabilidad civil extracontractual que es de naturaleza diferente”.

X. Cargo tercero

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, 19, 57 y 59 de la misma codificación, 2341 y 2356 del Código Civil y a la infracción directa de los artículos 230 de la Constitución Política, 8º de la Ley 153 de 1887 y 1524, 2342, 2343, 2344, 2347 y 2357 del Código Civil.

En el desarrollo del cargo, aduce la censura que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo solo contempla la posibilidad de que la víctima del infortunio laboral reclame la indemnización plena de perjuicios, al tratarse de una responsabilidad contractual, lo cual, no obsta para que, en el evento de fallecimiento de aquélla, puedan suceder en ese beneficio los herederos del causante; y que la aplicación indebida de la norma en comento contradice lo concerniente a la responsabilidad contractual prevista en la disposición en referencia, porque le amalgama efectos de la de carácter civil extracontractual, que es de naturaleza diferente.

XI. Consideraciones

Claramente el Tribunal no incurrió en yerro jurídico alguno, al estimar que los perjuicios morales ocasionados por un accidente de trabajo se pueden reconocer tanto a la víctima como a las personas más cercanas a la misma, que sufren igualmente con los padecimientos que aquejan a aquélla, por cuanto, según el actual criterio de esta Sala de la Corte, cualquier persona, diferente del trabajador, puede demandar la indemnización plena de perjuicios contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando, teniendo una relación jurídica con aquél, demuestre haber padecido una lesión o un menoscabo en sus condiciones materiales o morales con ocasión de la muerte, la discapacidad o la invalidez generadas por el infortunio laboral derivado de una culpa patronal, pues lo cierto es que el accidente de trabajo puede tener consecuencias indirectas frente a terceros que resultan afectados en su situación concreta.

En efecto, en la Sentencia CSJ SL, marzo 6 de 2012, radicación 31948, reiterada más recientemente en la Sentencia CSJ SL, agosto 27 de 2014, radicación 36306, sobre este punto, esta Sala asentó:

“Al respecto debe destacar la Corte que le asiste razón al impugnante, que atribuye al Tribunal el equivocado ejercicio hermenéutico de las normas que se enlistan en la proposición jurídica, pues si bien es cierto que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no dispone quiénes están legitimados para demandar el reconocimiento y pago de la indemnización plena y total de perjuicios derivada de la culpa comprobada del empleador en el accidente de trabajo, la ausencia de regulación en ese sentido no puede conllevar a que se restrinja única y exclusivamente respecto de aquellos beneficiaros a que alude el artículo 49 del Decreto 1295 de 1994, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Así se afirma, por cuanto la Corte en sentencia del 15 de octubre de 2008, radicación 29970, precisó que en materia de daños o perjuicios materiales ocasionados a terceros por la muerte accidental de una persona, están legitimados para demandar el resarcimiento correspondiente, quienes por tener una relación jurídica con la víctima, sufren una lesión en el derecho que nació de ese vínculo, lo cual quiere decir que para reclamar en dicho caso la respectiva indemnización se requiere probar la lesión del derecho surgido de la relación de interés con la víctima, vale decir, es menester demostrar la dependencia efectiva de su subsistencia, total o parcial, con respecto del causante, excepto que se trate de obligaciones que emanan de la propia ley, como por ejemplo las alimentarias de los padres para con sus hijos menores, caso en el cual no se requiere de prueba.

También se indicó en la memorada providencia que el resarcimiento no es solamente para quien dependiera absolutamente del causante, sino además, para quien tuviera una ayuda, sin cuyo concurso se vea perjudicada; la afectación puede ser total, si el causante proporcionaba un valor que cubría íntegramente los gastos de los beneficiarios, pero también puede ser parcial, si el auxilio o contribución se destinaba a algunos gastos, con una suma fija, o para unas determinadas necesidades, sin dejar de advertirse que en el caso de algunos perjuicios materiales no es necesario ningún tipo de dependencia económica entre el reclamante y la víctima, como cuando se reclama el llamado daño emergente; pero si se trata de lucro cesante, es apenas natural que debe existir algún vínculo económico entre dichas partes, que implique que el reclamante se vea afectado en la forma dicha.

En las condiciones que anteceden, la simple mayoría de edad de los hijos del causante, no es una razón válida y suficiente por sí sola para deslegitimar el reclamo de la eventual indemnización plena y total de los perjuicios ocasionados por el fallecimiento de su progenitor por culpa imputable al empleador, pues la legitimación para esos efectos, está dada para todo aquel que sufra y demuestre el daño que le produjo aquel infortunio laboral en el que perdió la vida el trabajador.

De conformidad con el anterior criterio jurisprudencial, el Tribunal no incurrió en yerro jurídico alguno, al estimar procedente que las personas más cercanas al trabajador que sufrieron de igual forma las consecuencias del infortunio laboral derivado de la culpa patronal podían legítimamente reclamar los perjuicios morales derivados de éste, pues lo cierto es que, contrario a lo sostenido por la censura, la legitimación para reclamar la indemnización plena del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no está reducida solamente al trabajador, por lo que, como se vio, los hijos menores pueden pretenderla, así como la compañera permanente o a la cónyuge, si se verifica en el juicio que son víctimas indirectas del daño ocasionado.

En cuanto al segundo cuestionamiento que hace la censura, concerniente a que el Tribunal exigió que la entidad demandada tenía que demostrar la ausencia de culpa, al haber ocurrido el accidente en una actividad peligrosa, relativa a la energía eléctrica, lo cierto es que, si bien el Tribunal hizo referencia a las doctrinas civiles sobre la responsabilidad objetiva por el ejercicio de actividades peligrosas, su decisión estuvo basada finalmente en la culpa demostrada del empleador en la ocurrencia del accidente sufrido por el trabajador, al estimar que había existido una falencia en la operación por parte de quienes tenían a cargo de la Subestación de Garzón y que, además, el ingeniero Gerardo Cáceres, encargado de la misión de restablecimiento de las líneas dañadas, no actuó con prudencia y diligencia, al no haberles facilitado al señor Humberto Vargas Santos y a su compañero los elementos de protección necesarios para efectuar el trabajo, los cuales se hallaban en la camioneta en que él se movilizaba, de donde se concluye que la referencia a las doctrinas civiles solo fue una simple mención sin ninguna trascendencia y relevancia en la decisión tomada.

En consecuencia, los cargos resultan infundados.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor de la Aseguradora Colseguros S.A. y de María Ibeth León Parra en 50% para cada una. Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000).

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 27 de octubre de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA IBETH LEÓN PARRA, en representación de HUMBERTO VARGAS SANTOS y de la menor MARÍA ISABEL VARGAS LEÓN contra la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. ESP —ELECTROHUILA S.A. ESP—, al cual fueron vinculadas como intervinientes ad excludendum BLANCA CECILIA ORREGO POLANÍA, en representación de su hijo menor CARLOS FERNANDO VARGAS ORREGO y MARÍA IBETH LEÓN PARRA, en nombre propio y en representación de la menor DIANA MARÍA GONZÁLEZ LEÓN y al cual fue llamada en garantía la COMPAÑÍA ASEGURADORA - COLSEGUROS S.A.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor de la Aseguradora Colseguros S.A. y de María Ibeth León Parra en 50% para cada una. Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»