Sentencia SL7687-2014 de junio 11 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40271

Magistrada Ponente

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Acta Nº 20

Bogotá, D. C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de Casación

Interpuesto por el demandante concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la Impugnación

Aspira a “que la sentencia proferida por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de septiembre de 2008, sea casada parcialmente, únicamente en cuanto condenó al demandado al pago de $ 28.067.739 por concepto de indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., de tal forma que una vez que la H. Sala se constituya en tribunal de instancia, proceda a condenar al demandado al pago de la suma diaria de $ 66.072.83 desde el día 1º de febrero de 2002 hasta la fecha en que se produzca el pago total de las prestaciones sociales al demandante (…) en cuanto a las costas de las instancias se provea como es de rigor”.

Con tal propósito formula un cargo que tuvo réplica.

VI. Cargo Único

Lo presenta así: “acuso a la sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de violar indirectamente la ley al aplicar indebidamente los artículos 65, 249 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo, 98 de la Ley 50 de 1990, todo dentro de los parámetros contemplados en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 y 162 de la Ley 446 de 1998”.

Endilga al ad quem la comisión de los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada pagó la totalidad de las prestaciones sociales el día 22 de mayo de 2003.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no ha pagado la totalidad de la cesantía al demandante.

3. No dar por demostrado, estándolo, que los abonos hechos por la demandada por concepto de auxilio de cesantías no cubren la totalidad del derecho causado.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la indemnización moratoria debe reconocerse al demandante desde la fecha de retiro de la entidad demandada hasta la fecha en que la demandada pague la totalidad de las prestaciones sociales.

Como pruebas equivocadamente apreciadas refiere la liquidación de prestaciones sociales (folios 294 y 295), certificaciones de folios 292 y 293 y el depósito judicial (folios 233 y 234); como no valoradas: la demanda (folios 2 y ss), su contestación (folios 34 y ss), liquidación y pago de los intereses a la cesantía (folio 59) y el interrogatorio de parte al representante legal de la demandada (folios 237 a 240, 366 y 367).

Indica que el error mayúsculo del sentenciador de segundo grado fue desconocer que la empresa no pagó completamente la cesantía y que incluso por ello es que impuso tal condena; que la contestación a la demanda, específicamente en cuanto a los hechos 15 y 16 era inequívoca frente a la demora en su cancelación y que ello lo corroboró el representante legal al absolver el interrogatorio de parte, pues de manera clara advirtió sobre la demora en el pago de dicho rubro, lo cual era suficiente para imponer la sanción de manera indefinida y no como se concluyó en la decisión, que pide infirmar.

VII. Réplica

El opositor reprocha el alcance de la impugnación, en la medida en que no explica por qué aspira al quiebre de la decisión; en todo caso, estima que no se incurrió en alguno de los yerros que expone la censura y que, además, la cuantía del salario que encontró el Tribunal fue equivocada, máxime cuando no tuvo en cuenta el certificado de salarios del año 2002, al que aludió el demandante en la apelación mas no en el recurso extraordinario; que desde la contestación de la demanda reconoció las prestaciones del actor y su imposibilidad de cancelarlas, y procuró su solución a través de abonos, siendo el último el 30 de mayo de 2003, por lo que, en todo caso, tuvo razón el ad quem al determinar que la sanción se contabilizara hasta esa fecha, pues su actuación fue de buena fe.

VIII. Consideraciones

No son pertinentes los reproches que el opositor hace al juzgador de segundo grado, específicamente en la cuantía salarial que se encontró acreditada, pues es evidente que ese tipo de argumentos no son atendibles en esta sede, en tanto lo que estudia la Corte es lo controvertido en la acusación por el recurrente. Por lo demás, tampoco, tiene asidero el reparo que hace al alcance de la impugnación pues es patente la aspiración del recurrente, según la transgresión que se hizo en los antecedentes de esta providencia.

Es indiscutido que el actor laboró para Laboratorios Remo Ltda. del 1º de marzo de 1990 al 31 de enero de 2002 y que se cancelaron deficitariamente las cesantías y sus intereses.

El debate se centra exclusivamente en determinar si la sanción moratoria que señaló el Tribunal se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como lo afirma el censor, se limitó de manera equivocada, dado que las pruebas que denuncia son inequívocas de que no solo existió ausencia de buena fe en la actuación de la empresa, sino que, en todo caso no canceló lo debido a la terminación de la relación laboral, ni menos tiempo después, y que por tales rubros fue que se le impuso condena.

Las pruebas que se denuncian como equivocadamente apreciadas, entre ellas la certificación de folio 292 repetidas en el 293, discrimina los pagos por un total de $ 10.502.733, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales que se efectuó al trabajador luego de terminada su vinculación, así: $ 681.066, el 4 de febrero de 2002 con el cheque 606988 de Bancolombia, 18 de febrero de 2002, con el cheque 606995 de Bancolombia $ 2.000.000, el 31 de mayo de 2002 cheque 3514201 del Banco de Bogotá por $ 2.000.000, 11 de junio de 2002 cheque 3514221 del Banco de Bogotá por $ 1.000.000, 17 de junio de 2002, cheque 3514242 del Banco de Bogotá por $ 1.000.000, 2 de julio de 2002 cheque 3969905 del Banco de Bogotá por $ 1.000.000, 22 de julio de 2002 cheque 4139673 del Banco de Bogotá por $ 500.000 y un depósito judicial el 22 de mayo de 2003, por la suma de $ 2.321.667,00, esto último se corrobora a folios 233 y 234 que corresponden al título, recibido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; en los folios 294 y 295 obra un documento denominado “finiquito laboral” en el que se discriminan varios conceptos y aparece la suma a pagar, ya reseñada, de $ 10.317.480, que difirió la empresa en los anteriores títulos valores; ellas dan cuenta de que en verdad al trabajador, la empresa no le pagó sus prestaciones debidamente a la terminación de la relación.

En lo referente a la demanda y su respuesta, en punto a la satisfacción de esas deudas que se afirmaron impagadas, la empresa contestó “es cierto en cuanto las cesantías, pero no es cierto que se le adeuden los intereses a la misma, ya que según comprobantes de pago 43306, al señor Anzola se le canceló con el cheque Nº 1124726 del Banco de Bogotá el valor de los intereses a las cesantías consolidado a 31 de enero de 2002”, y se adjuntó copia de dicho vale (folio 59).

Asimismo, en el interrogatorio de parte, el representante legal de la empresa, al ser cuestionado sobre la reseñada tardanza en la cancelación de la cesantía, respondió “si es cierto que el saldo de las cesantías del demandante para el 31 de diciembre de 2001 era de nueve millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve se han hecho abonos a las cesantías”.

Vistas en contexto las citadas pruebas no emerge duda de que la empresa no cumplió con la obligación derivada del contrato de trabajo, esto es la satisfacción de las acreencias del actor; el cuestionamiento restante para determinar si efectivamente es viable la imposición plena de la sanción moratoria es determinar si la conducta de la empleada estuvo desprovista de malicia o si, por el contrario, tenía pleno convencimiento de dicha deuda y no hizo nada en punto a satisfacerla como debía.

El tribunal, huelga aclarar, no encontró causal que excluyera a la empresa de la responsabilidad, o de la que se desprendiera un actuar recto; no obstante, pese a lo señalado en las anteriores pruebas, estimó que la indemnización moratoria únicamente operaba hasta el momento en el que se pagó el título de depósito judicial, solo que, y allí radicó el yerro, la empresa no cuantificó debidamente dicho rubro, que canceló tardíamente, pues tal como fue expuesto en la sentencia, el salario base de liquidación fue equivocado, lo que aparejó un dislate en la cuantificación de la cesantía y sus intereses, por los cuales a la postre condenó.

La sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo proscribe una imposición automática o carente de motivación, en atención a que es imperativo examinar las circunstancias subjetivas que permitan establecer si existió o no buena fe; su establecimiento en el ordenamiento jurídico tiene como finalidad, entre otras, desincentivar el incumplimiento arbitrario del empleador de a sus obligaciones, y la evasión de sus responsabilidades, que entrañan gran impacto en la vida del trabajador, pero ello no lo hizo plenamente el juzgador de instancia, quien no explicó los motivos para limitar su pago, pese a que encontró, se insiste, deficiencias en la cancelación de la cesantía y sus intereses, como atrás se discriminó al estudiar las pruebas, aunado a que halló incompleto el valor de esos mismos conceptos; sin que encuentre esta Sala un actuar justificativo, no solo por haber fragmentado el pago de sus acreencias, hasta un año después de haberle finiquitado el contrato, sino porque ello lo hizo de manera deficitaria, con un salario que no correspondía a la realidad, tal como lo destacó el propio ad quem; de allí que procedía la imposición plena de la indemnización, como lo señala el censor.

Por lo visto el cargo prospera y por ello no hay costas en casación.

IX. Sentencia de Instancia

Por ser suficientes las consideraciones incorporadas en sede de casación y en tanto que el alcance de la impugnación se restringió únicamente a la sanción moratoria, y estando indiscutido que el salario promedio del último año fue $ 1.982.185, corresponde modificar la decisión del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá de 17 de mayo de 2006, y en su lugar imponer a la empresa el pago de $ 66.072,83 diarios a partir de la terminación del contrato de trabajo y hasta que cancela la obligación.

IX.(Sic) Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Eduardo Simeón Anzola Ramírez contra Laboratorios Remo Ltda, en cuanto al revocar la decisión absolutoria del a quo respecto a la indemnización por mora, la impuso hasta el 22 de mayo de 2003.

En sede de instancia, se mantiene la infirmación (Sic) reseñada del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá de 17 de mayo de 2006, se impone la sanción moratoria a la empresa, por valor de $ 66.072,83 diarios a partir de la terminación del contrato de trabajo y hasta que cancele la obligación.

Sin costas en el recurso, en las instancias a cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.