Sentencia SL770-2015/42393 de febrero 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL770-2015

Rad.: 42393

Acta 2

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte actora, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VIII. Consideraciones

En síntesis, la censura realizó la demostración de los supuestos yerros fácticos en torno a seis temas, los cuales la Sala estudiara en el orden de aparición en la sustentación.

El tribunal arribó a la conclusión de que i) el actor no cumplió con la carga de demostrar la fecha de ingreso de la relación laboral, 1º de octubre de 1983, una de las premisa sobre la cual edificó la parte actora sus pretensiones de reliquidación, data que era diferente a la aceptada por la demandada, puesto que esta, a folio 58, había precisado que el accionante había comenzado a laborar desde 1990 y que con anterioridad a esta fecha la empresa había requerido sus servicios de manera ocasional y esporádica.

El ad quem dio por corroboradas las afirmaciones de la demandada con base en las pruebas testimoniales y por no haber encontrado prueba documental, “siquiera sumaria” del vínculo contractual desde la fecha precisada por el accionante.

En uso de la sana crítica, el ad quem descalificó expresamente la certificación laboral de folio 149 donde el empleador había manifestado, como fecha de ingreso, el 1º de octubre de 1983, porque le dio más credibilidad al dicho del representante legal de la empresa y hermano del ex trabajador, dado en la diligencia de interrogatorio de parte, de que esta certificación correspondió a un favor que se le hizo al actor; sobre todo por estimar [el tribunal] que dentro del mismo expediente no obraba “prueba fehaciente que acredite de manera certera el inició (sic) a partir de la fecha precisada en el libelo demandatorio”; es decir, ante la explicación del representante de la empresa dada en el interrogatorio de parte sobre el punto y a falta de otra prueba documental que indicara que el contrato había iniciado el 1º de octubre de 1983, junto con las deducciones derivadas de la prueba testimonial, el juez de alzada no le dio crédito a la afirmación de la parte actora de cara al inicio de la relación laboral, ni al contenido de la certificación del folio 149.

A las razones atrás expuestas, el ad quem sumó que, en el hecho 4º de la demanda, el actor había sostenido que él tuvo autorizada la firma en Bancolombia, en la cuenta de la empresa, desde 1987, pero el juzgador estableció que esto era falso, porque el citado banco había respondido dentro del plenario, folios 368 y 369, que no aparecía autorizada la firma del demandante, durante los años de 1987 hasta enero de 1990.

Para refutar todo lo anterior, la censura se remite al contenido textual de la certificación de folio 149, la cual no fue pasada por alto por el juzgador, según lo atrás visto; donde, en efecto, constata la Sala que el representante de la empresa y hermano del ex trabajador manifestó que este había iniciado labores desde el 1º de octubre de 1983; sin embargo, el recurrente omite negar y controvertir la veracidad de lo acogido por el ad quem en relación con lo agregado por el absolvente del interrogatorio de parte a nombre de la empresa, en cuanto este dijo que tal constancia se la había expedido a su hermano, como un favor para la consecución de un préstamo de vivienda, el que justamente había conseguido; afirmación que aceptó el ad quem.

La censura se duele de que el ad quem le hubiese restado valor probatorio a la precitada certificación, puesto que, en su criterio, si el ad quem hubiese analizado adecuadamente la prueba de confesión contenida en el interrogatorio de parte, donde, según su dicho, el representante legal lo único que hizo fue negar la fecha de ingreso preguntada, y dar unas aclaraciones sin fundamento probatorio, dice, pero que no negó que esa fuera su firma, si no que se había limitado a decir que la había dado por una gracia.

Sobre el particular, se tiene que, al folio 248, el representante legal de la demandada y a su vez también convocado al proceso como persona natural negó que el ingreso del actor a la empresa hubiese ocurrido el 1º de octubre de 1983, tal como se hizo constar en la certificación de fecha 31 de octubre de 1988 suscrita por él mismo y que le fue puesta de presente. Si bien no negó ser el autor de dicho documento, como lo alega la censura a título de confesión, lo cierto es que enseguida él aclaró “...esta certificación se elaboró únicamente para ayudar a mi hermano en la consecución de un préstamo ante una entidad bancaria para la consecución de un apartamento, como efectivamente lo consiguió. Es más, la certificación la entidad bancaria la exigía autenticada como en realidad se hizo. Mi hermano elaboró esta certificación y él a su libre disposición colocó la fecha de ingreso, al fin y al cabo se trataba de hacerle un favor a mi hermano de sangre”.

Como se puede ver de lo atrás dicho, el demandado negó expresamente la fecha de ingreso que el actor pretendía, lo que excluye la confesión sobre tal punto; si, en gracia de discusión, se aceptara que el ex empleador confesó la autoría de la susodicha certificación, al no haberla desconocido en tanto que dio aclaración sobre la razón de su existencia, como lo invoca el impugnante, estima esta Corte que, en ese caso, también se debía tomar en cuenta lo agregado por él absolvente respecto del motivo de la citada documental, como lo hizo el ad quem, en razón a la indivisibilidad de la confesión contenida en el artículo 200(1) del Código de Procedimiento Civil, así el juez de alzada no haya invocado en forma expresa dicha disposición, pero que entiende la Sala que esta fue la razón que lo llevó a aceptar la aclaración referente al propósito de la mencionada certificación, como quiera que el tribunal enseguida verificó que tal afirmación no estaba desvirtuada dentro del plenario, cuando advirtió que no había otra prueba que acreditara el 1º de octubre de 1983, como fecha de ingreso, como también que la certificación de Bancolombia había desmentido la manifestación del ex trabajador de que tenía su firma autorizada en la cuenta de la empresa desde 1987. Sin dejar de lado la prueba testimonial, puesto que el tribunal también hizo alusión a tales medios para corroborar su conclusión de la falta de comprobación del extremo inicial de la relación invocado por el demandante.

Sirve de mucho rememorar lo que tiene asentado esta Sala sobre la indivisibilidad de la confesión:

La confesión está imbuida de ciertos principios probatorios, entre ellos —que es el que interesa al caso— el de indivisibilidad, consistente, en términos del legislador, en que la confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe; pero cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente (CPC, art. 200).

De lo antes anotado es dado sostener que la confesión judicial, que es de la que se habla en este caso, debe verse como una unidad inescindible; por tanto, cuando el reconocimiento en ella contenido es categórico y asertivo del hecho confesado, o sea, sin adición alguna, estamos frente a lo que ha dado en llamarse confesión “pura y simple”; cuando además del reconocimiento del hecho se agregan por el confesante expresiones que modifican, aclaran o explican el hecho, se tiene una confesión calificada, no susceptible de ser dividida, pues el legislador entiende que aquí se conserva la unidad de la confesión, en tanto que el hecho confesado se debe tomar en los términos precisados por el confesante por vía de explicación, modificación, corrección o aclaración, situación que conlleva, necesariamente, a que si se acepta tal confesión, se acepten sin necesidad de prueba las adiciones que modifican, aclaran o explican el hecho confesado, salvo, obviamente, cuando exista prueba que desvirtúe tales agregados.

Pero también es posible inferir de la norma antedicha que, aparte del hecho confesado, el declarante puede adicionar a su dicho hechos distintos al confesado, en tal caso, tales hechos, para que hagan parte de la unidad de la confesión, esto es, para que de aceptarse lo confesado se acepte lo adicionado, pues de lo contrario podrán separarse y de ellos esperarse su respectiva prueba para tenerlos por acreditados, deberán tener íntima conexidad con el hecho confesado, es decir, deberán mantener con el hecho confesado una ligazón necesaria, de tal naturaleza que, de abstraerse el hecho confesado desaparecerá el hecho adicionado y viceversa. En otros términos, la existencia de uno de los hechos expresados por el confesante dependerá de la del otro, por manera que, a pesar de la diferencia entre hecho confesado y hecho adicionado, el uno no podrá entenderse sin que se considere al otro. Entre ambos deberá, entonces, evidenciarse una unidad lógica y natural, pues de no aparecer ella podemos distinguir en el dicho del confesante, por una parte, una confesión y, por otra, una alegación, por tanto, susceptibles de separar o dividir.

Pero si los hechos agregados son susceptibles de separar del hecho confesado, por contar con identidad y autonomía propias, como cuando también se adicionan por el confesante otros totalmente diversos y heterogéneos al confesado, la división de tal dicho resulta absoluta y físicamente visible, en tal caso, a dicha confesión se ha dado en llamar en la doctrina confesión ‘compuesta’, en otras palabras, una confesión pura y simple más una alegación que debe ser probada. CSJ, SL Sentencia del 31 de mayo de 2011, Nº 36317.

En ese orden, el argumento del recurrente referente a que el ad quem no analizó adecuadamente la prueba de confesión del demandado respecto de su autoría de la certificación expedida sobre la fecha de ingreso contenida en la certificación laboral de fl.149, queda sin sustento, cuando lo que el juzgador hizo fue precisamente aceptarla en su integridad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, como lo acaba de apreciar la Sala.

La censura no señala elemento probatorio calificado para desvirtuar la aclaración que hizo el hermano del actor y representante legal de la demandada de cara a la certificación expedida de la fecha de ingreso 1º de octubre de 1983, con relación al objeto de esta, cual fue la consecución de un préstamo de vivienda.

Por demás, para derribar las premisas del juzgador con relación al extremo inicial del vínculo, objeto de examen por la Sala, el impugnante invoca unas supuestas confesiones de la parte actora que no son tal; si la parte demandada, en la contestación y al excepcionar, refirió, en varias oportunidades, que el actor realizó trabajos para la demandada durante los años 1983 a 1989, también dejó en claro esa vez que lo fue en forma esporádica, en tanto siempre sostuvo que el vínculo laboral había iniciado el 1º de enero de 1990 y que esta fecha fue la tomada en la liquidación de prestaciones; por tanto, de la respuesta de la demanda, ni en la proposición de excepciones, no se puede deducir confesión de que el contrato de trabajo del accionante comenzó desde el 1º de octubre de 1983.

Adicionalmente, observa la Sala que la censura, al dar por hecho de que los yerros fácticos respecto de la prueba calificada cobrarían éxito, se remite a varios de los testimonios recogidos en el proceso, pero, en unos casos, lo hace de manera parcial y deja de lado la parte que favorece al dicho de la parte demandada, como es el del declarante Hernández Holguín, folios 256 y ss., quien era el contador de la empresa y, si bien aceptó que cuando llegó a la empresa Celta, más o menos a finales de 1984, encontró ahí al actor, no dijo que lo fuera como trabajador, pues también relató que no se acordaba haber contabilizado como sueldos o algún pago laboral a nombre del demandante, que él no sabía hasta donde podían ser ciertos los datos que él [el accionante] le daba para que le hiciera la declaración de renta, de que había recibido cierta cantidad como emolumentos laborales, que, incluso, pasándose las órdenes del representante legal de la empresa, le había llegado a firmar una o dos certificaciones de retenciones de ingresos laborales, lo cual estaba prohibido por el gerente.

Más aun, la propia censura cita apartes de otras versiones que también favorecen a lo dicho por la parte demandada, como es el caso de las provenientes de los señores Eugenio Ramírez Trillos y José Vicente Erazo; no lo refirió expresamente el recurrente, pero como estas versiones fueron señaladas por la censura como mal apreciadas, la Sala, para ahondar en razones, pudo ver que este último testigo es primo de los litigantes e informó que el accionante laboró para la demandada desde 1990 hasta 1999; de la certificación de folio 149 del plenario, el mismo declarante dijo que esta la hizo el hermano del accionante con el fin de respaldar una solicitud de crédito de vivienda, “con la circunstancia de que para ese entonces… estaba siendo objeto de una reacción patológica por consecuencia de la dependencia de la droga alucinógena”; el referido absolvente dijo que tuvo conocimiento de esto, en razón a los lazos de consanguinidad que lo une con las partes, y que “Germán me consultó sobre este hecho, y sobre las circunstancias por las que atravesaba Guido en ese entonces como lo dije en respuesta anterior, sobre si estaba bien expedir esa certificación, yo le manifesté que era lógico respaldar al muchacho, por las razones ya expuestas, como así lo hizo Germán”, folio 289.

Lo anterior, a la vista, no concuerda con el argumento de la censura de que los testimonios fueron erróneamente apreciados por el tribunal, por estimarlos [el recurrente] responsivos, exactos y completos y que le brindaban al juzgador la certeza de que el actor le prestaba servicios a los demandados antes del 1º de enero de 1990, puesto que, evidentemente, esto no significa que, en consecuencia, tales versiones indiquen, inequívocamente, que el contrato de trabajo del actor inició desde el 1º de octubre de 1983.

Tampoco desvirtúa la conclusión del ad quem, de forma evidente y contundente, en cuanto este no aceptó la fecha de ingreso invocada por el ex trabajador, la documental de folios 186 y 187 correspondiente a un certificado de ingresos y retención en la fuente a nombre de actor que relaciona el pago de salarios en 1987 por la empresa demandada, puesto que solo corresponde a un año, y ya se vio lo que dijo el contador de la empresa sobre la forma de cómo él expedía tales certificados.

Tampoco lo hace la documental de folio 159, consistente en la declaración del presidente y vicepresidente de la junta de acción comunal de la Vereda el Juncal, Aguachica, Cesar, sobre el trabajo y habitación del actor en la empresa Celta y en esa jurisdicción, por cuanto, por ser un documento de contenido declarativo, no es prueba calificada; adicionalmente que se desconoce el cómo se tiene conocimiento de lo declarado por los autores del escrito, puesto que esta fue expedida el 3 de agosto de 1999, respecto de hechos ocurridos “…desde hace más de quince años…” a la fecha de su elaboración.

Por todo lo antes anotado, la premisa del ad quem de que el actor no demostró un extremo inicial de la relación distinto al reconocido por la empresa, 1º de enero de 1990, conserva intacta su presunción de legalidad.

En cuanto al yerro referente ii) al último monto mensual del salario del demandante, cuyo valor, según la censura fue de $4.000.000, contrario a lo establecido por el ad quem, concluye esta Sala que tampoco esta vez la razón está de lado de la censura.

Pese a que, en la demanda, según el historial del proceso, no se había reclamado el reconocimiento del último salario equivalente a $4.000.000, el ad quem, sin tener en cuenta esto, resolvió la inconformidad y no accedió a reconocer el salario aducido por el demandante en la apelación (fl. 524), y, en su lugar, dijo confirmar la decisión del a quo al respecto (no obstante que este no se había pronunciado sobre tal punto), por considerar que no había prueba exacta y contundente de dicho salario, máxime que, asentó, la única prueba en ese sentido fue un peritazgo que lo descartó por estimar que carecía de exactitud, ya que en el mismo se había dicho que, revisados los libros aportados por el demandante, no se encontraba que estos documentos contuvieran un registro o sello de la Cámara de Comercio, para poderse afirmar que tales libros eran oficiales registrados legalmente, lo que lo llevó a concluir que así, ningún soporte legal tenía el peritazgo rendido, y, por ende, carecía de valor probatorio tendiente a la prosperidad de las pretensiones.

Para esta Sala, dado que, en la demanda, no se había solicitado el reconocimiento del último salario devengado por el ex trabajador en la suma de $4.000.000, pues, en dicha oportunidad, lo implorado fue la declaración de que “…durante la vigencia de la relación laboral, el demandante recibió un salario en especie, el cual no fue incluido dentro de la base para liquidar las prestaciones sociales”, la negativa del ad quem a tal solicitud, aunque fue por otras razones, de todos modos resulta conforme al principio de la congruencia de la sentencia, máxime que es bien sabido que, en principio, no hay facultades extra o ultra petita en la segunda instancia, salvo cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales que, según los antecedentes, no sería el caso.

Así pues, no incurrió el ad quem en trasgresión de norma sustantiva alguna, si el supuesto yerro fáctico que se le achaca en torno al último salario devengado por el ex trabajador tiene que ver con una pretensión que no fue solicitada oportunamente.

Sobre el yerro de cara iii) al salario en especie supuestamente devengado por el actor que el ad quem no declaró (inconformidad diferente a la anterior en tanto que ahora se reclama el carácter salarial de lo recibido por el ex trabajador de carácter no monetario), encuentra la Sala que no hubo tal desatino de parte del juzgador, puesto que, si bien es cierto que la parte demandada aceptó que el actor, en algunas oportunidades, residió en viviendas que le fue suministrada por el representante legal de la empresa, al igual que reconoció que la infraestructura de la empresa contaba con casino, hangares, talleres y demás instalaciones apropiadas para cumplir con el objeto social, lo hizo negando expresamente que lo recibido por el actor distinto a dinero fue para retribuir el servicio del ex trabajador; de tal suerte que lo aceptado por la parte demandada no contradice abiertamente las deducciones del tribunal soporte de la decisión al respecto, cuales son que no había prueba que estableciera con veracidad el valor de dicho salario y que no había encontrado acreditado que entre las partes se hubiese pactado salario en especie.

La consideración del juez sobre la falta de prueba del valor de dicho salario y del pacto del salario en especie en el contrato de trabajo del sublite, no resulta refutada por la censura, por la vía indirecta, por tanto conserva intacta su presunción de legalidad.

Los accionados siempre sostuvieron que el salario solo fue en dinero y que los conceptos recibidos por el ex trabajador no monetarios de ninguna manera fueron para retribuir el servicio, sino para que se pudiera llevar a cabo el objeto social de la empresa. Así pues, dada la vía de los hechos escogida por el impugnante para controvertir la sentencia, no es posible examinar la naturaleza jurídica de dichos ítems.

Adicionalmente, el juzgador de segundo grado estableció la calidad de arrendatario del actor del apartamento de la empresa donde él habitó, de donde dedujo que la citada vivienda no era salario.

La censura aludió, como mal apreciado, el contrato de arrendamiento de folio 57, pero se olvidó de hacer la exposición en qué consistió la flagrante contradicción entre las deducciones del juzgador y el contenido de la susodicha documental.

En consecuencia, tampoco acierta en esta oportunidad el impugnante.

Considera igualmente el recurrente que el juez colegiado iv) se equivocó al estimar que “…por sustracción de materia las restantes pretensiones que resultan ser accesorias de aquella se hace innecesario su estudio…”; según la demostración del cargo, la presente disconformidad tiene que ver con la negativa de la indemnización por despido indirecto, o por causas atribuibles al empleado.

El supuesto yerro lo sustenta la censura en que la parte demandada había confesado que el suministro del salario en especie consistente en vivienda familiar había sido suspendido unilateralmente por parte de la empresa; tal demostración parte del supuesto equivocado de que los accionados había aceptado el suministro de salario en especie mencionado, cuando lo cierto es que ellos en momento alguno le atribuyeron tal connotación a la vivienda que, en algún tiempo, le fue suministrada al actor, menos fue reconocida como tal por el ad quem.

La censura guarda silencio respecto de la deducción del tribunal en cuanto a que el actor, en calidad de arrendatario, le fue ordenado desocupar el inmueble el 31 de diciembre de 1998, y que solo hasta el 1º de junio de 1999, él presentó renuncia a la empresa; es decir que, para el tribunal, no había inmediatez entre el supuesto motivo de la renuncia y la terminación unilateral del vínculo por parte del ex trabajador, aspectos estos no refutados por el recurrente.

Las demás afirmaciones de la censura para poner en tela de juicio la negativa de la indemnización por despido por parte del tribunal no configuran yerro fáctico alguno, puesto que no indica cómo la no compensación de las vacaciones de los años 1995 a 1998 constituye, a su juicio, justa causa de despido indirecto.

Señala como no apreciada la carta de renuncia del trabajador, pero no indica de qué forma la falta de valoración de este medio llevó a error al ad quem en sus deducciones fácticas.

La censura se duele de que v) a pesar de la condena impuesta a la demandada de pagar la suma de $15.000.000 que le fue descontada de su liquidación al ex trabajador sin su autorización, no hubiese ordenado la indemnización moratoria.

El ad quem negó la condena por la susodicha indemnización, por estimar, con base en lo establecido en el expediente, que no percibió en forma alguna mala fe de la demandada ya que encontró que esta le había cancelado al actor todas las obligaciones laborales.

De manera contradictoria a lo sostenido en la demostración de los anteriores yerros, cuando alegó supuesta confesión de los demandados a favor de sus pretensiones, esta vez la censura sustenta la mala fe de la demandada en la negación que esta hizo respecto del inicio de la relación laboral desde el 1º de octubre de 1983 y del reconocimiento del salario en especie durante la vigencia de la relación laboral.

La sola negación de los accionados de los hechos en los que fundaba el actor sus pretensiones no puede asumirse como indicadores de la mala fe de la demandada, puesto que ella tiene derecho a defenderse y a controvertir tales aseveraciones, justamente en eso consiste el debate probatorio.

Distinto habría sido, pero no fue así, que el actor hubiese logrado demostrar tales supuestos de hecho para dar lugar a sus reclamaciones, en cuyo evento, para efectos de determinar la mala o buena fe de la parte accionada, era indispensable constatar por el juzgador el grado de convencimiento que tenía la obligada de que su proceder estaba ceñido a la ley.

Por otra parte, la demandada, en la contestación, se opuso a la procedibilidad del rembolso de los $15.000.000 que le fueron descontados al trabajador, con el argumento de que esta suma había sido previamente reconocida al actor mediante la entrega por un tercero de dos cheques.

El tribunal, al no obtener claridad de los términos de dicho descuento, luego de valorar el testimonio del señor Peña, quien supuestamente había endosado los referidos cheques, concluyó que tenía motivos suficientes para determinar que al actor le habían descontado el valor en mención sin su autorización expresa.

La prosperidad de la condena por el pago de los $15.000.000 a favor del ex trabajador, cuya descuento, a juicio del ad quem, no fue autorizado por aquel, no conlleva de forma automática la indemnización moratoria, pues es bien sabido que, en estos casos, la jurisprudencia tiene como presupuesto adicional al incumplimiento que la demandada hubiese actuado de mala fe, condición que el tribunal dio por no dada, en vista de que, en el expediente, sí quedó acreditado que este le había pagado todos los derechos al trabajador, salvo la suma objeto de condena que la parte demandada no logró demostrar la autorización para descontarla.

La Sala comparte el razonamiento del ad quem, puesto que el ex empleador admitió que le debía pagar una suma mayor a título de liquidación de prestaciones, pero a la final pagó menos, porque, según ella, dijo haberle pagado previamente, por cuenta de esta deuda, la suma de $15.000.000, y se la descontó; y la condena se dio porque el juez no halló la autorización expresa para realizar dicha retención, de todo lo cual no se puede predicar una mala intención de la empresa en su proceder.

El recurrente no refuta en sí este argumento, sino que invoca otros motivos de la supuesta mala fe que, como quedó atrás dicho, son infundados y no logran poner en evidencia dicha conducta de parte de la empresa, para configurar así el yerro fáctico del ad quem por no haberla constatado.

En consecuencia, tampoco se dio tal yerro en la decisión objeto del recurso extraordinario.

El opositor de la sentencia vi) también cuestiona la negativa del reconocimiento de los gastos médicos realizados por el actor de su propio peculio.

El ad quem admitió que obraban en el expediente facturas de pagos de servicios médicos prestados, es decir que sí apreció tales documentales, contrario a lo denunciado por el recurrente, pero sucedió que el ad quem, al valorarlas, estimó que no había prueba que indicara que fue el propio accionante quien hubiese cancelado dichos valores, y que, en cambio, sí había prueba dentro del expediente que el actor estuvo asegurado bajo una póliza de vida, fl.238.

El supuesto yerro fáctico cometido por el ad quem, consistente en no dar por demostrado el pago por el actor de dichas sumas, lo edifica el recurrente sobre la relación que hace de todas las facturas expedidas por concepto de servicios médicos a nombre del actor, con la afirmación de su parte de que, en ellas, sí aparece que este las sufragó. Además, omite referirse a la deducción del ad quem de que el actor estuvo asegurado a través de la póliza de vida.

Es decir, para el recurrente, de la lectura de las citadas facturas, no cabe duda de que los valores en ellas consignados fueron sufragados por el actor, en razón de que estas fueron expedidas a su nombre, solo por esto; sin embargo, esto es apenas una inferencia probable, no contundente e inequívoca de que el actor en realidad canceló dichos conceptos, sin que pueda llegar a constituir un yerro fáctico, sobre todo cuando el impugnante, en su ataque, dejó de lado la segunda razón que tuvo el ad quem para negar la condena, cual fue la de que el ex trabajador estuvo protegido por un seguro, al cual dicho sea de paso el mismo accionante refirió en su demanda.

Adicionalmente, al margen de lo anterior, de hacer una revisión en sede de instancia, para la prosperidad de la condena por reembolso al actor de las sumas contenidas en las pluricitadas facturas, no era suficiente que estas se hubiesen expedido a su nombre; según los hechos de la demanda, atrás vistos, el accidente de trabajo ocurrió en 1990, en tanto que las fechas de tales recibos son de los años 1998 y 1999, por tanto ellas solas de por sí no eran suficientes para ordenar el reembolso, por cuanto era necesario que el actor hubiese suministrado más elementos de juicio para efectos de establecer que el ex empleador estaba obligado al reconocimiento de dichos valores.

Es inviable el estudio de las pruebas no calificadas que fue solicitado, en razón a que no se configuró yerro alguno respecto de las pruebas calificadas.

Conforme a todo lo hasta aquí dicho, no prospera el cargo. Costas a cargo de la parte recurrente dado que hubo réplica. Deberá pagar la suma de $3’250.000 por concepto de agencias en derecho.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de abril de 2009, en el proceso que instauró Guido Alfredo Erazo Belalcazar, contra la Compañía Especializada en Trabajos Aeroagrícolas Ltda. “Celta Ltda.” y el señor Germán Erazo Belalcazar, demandados solidariamente.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Artículo 200 del CPC. La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones

que no guarden intima conexión con el confesado, y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe.

Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos aquéllos se apreciarán separadamente.