Sentencia SL777-2015/47878 de febrero 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 47878

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones.

El cargo adolece de varias falencias técnicas que le restan prosperidad.

Así, por ejemplo, el alcance de la impugnación se encuentra inadecuadamente planteado, pues se le pide a la Corte a un mismo tiempo la casación y la revocatoria de la decisión del tribunal, lo que, como se ha adoctrinado en repetidas oportunidades, constituye un imposible lógico e impide determinar con precisión el querer del recurrente en casación.

De igual forma, como se pone de presente en la oposición, la mayoría de los razonamientos que componen el cargo ostentan una estirpe netamente jurídica y resultan extraños a la vía por la cual se encamina la acusación. Esa situación puede predicarse respecto de las discusiones relacionadas con la norma que debe ser aplicada a las condiciones pensionales del actor; la inaplicabilidad del requisito de fidelidad al sistema de pensiones; y los alcances de los principios de favorabilidad y de la condición más beneficiosa.

El cargo también es insuficiente en sus planteamientos, pues no ataca las premisas centrales de la decisión del tribunal, que se pueden resumir en que: i) la norma que regula el reconocimiento de la pensión de invalidez es la vigente para el momento en el que se estructura el estado de invalidez; ii) y que, con apego a dicha disposición, aun teniendo en cuenta la densidad de semanas cotizadas que reclama el actor (777), no se logran reunir las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

Tampoco controvierte la censura la conclusión del tribunal de que el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, no resulta aplicable a las condiciones del actor, debido a su calidad de trabajador oficial y a su afiliación a Caprecom, inferencia esta que por sí sola mantiene las presunciones de acierto y legalidad de la sentencia gravada.

Ahora bien, en aras de darle una respuesta completa a las reflexiones del cargo, cabe decir que, de cualquier manera, el tribunal no incurrió en alguna de las irregularidades que describe la censura, por las siguientes razones:

1. Esta Sala de la Corte ha sostenido con insistencia, como lo advirtió el tribunal, que la norma llamada a regular el reconocimiento de una pensión de invalidez es la que se encuentra vigente en el momento en el que se estructura técnicamente el estado de invalidez y no la vigente en el momento en el que inicia o se agrava alguna patología. En este caso, de acuerdo con el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez del Tolima (fls. 190 a 193), cuya errónea apreciación reclama la censura, la invalidez del actor se estructuró el 6 de diciembre de 2006, por lo que la norma vigente y aplicable era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

2. A pesar de que la Corte ha justificado mayoritariamente la inaplicación del requisito de fidelidad al sistema de pensiones (CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 35319), como lo pregona la censura, lo cierto es que el actor tampoco reunía el requisito de 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, que también establece el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Ello en la medida en que, de acuerdo con la Resolución 2153 de 2009 (fls. 247 y 248), cuya falta de valoración reclama el censor, el actor dejó de cotizar el 12 de febrero de 2002 y la fecha de estructuración de la invalidez corresponde al 6 de diciembre de 2006.

3. La Corte también ha justificado mayoritariamente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, para hacer uso de la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento de estructuración de la invalidez (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674), que en este caso sería el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, pero el actor tampoco reunía los requisitos establecidos en esta disposición, pues no contaba con 26 semanas cotizadas dentro del último año anterior a la estructuración de la invalidez.

4. De acuerdo con las anteriores precisiones, aún si se aceptara que dicha norma podía extenderse a los afiliados de Caprecom, bajo ninguna hipótesis podría darse lugar a la aplicación del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, pues, como también lo ha precisado esta Sala de la Corte, el principio de la condición más beneficiosa no permite la ejecución de una búsqueda histórica de normas hasta llegar a la que resulte más conveniente a las condiciones de cada afiliado. (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674).

5. Finalmente, vale la pena aclarar que el actor tampoco tenía las semanas necesarias para financiar una pensión de vejez, de manera que no era dable aplicar la regla jurisprudencial por virtud de la cual quien ha cumplido los requisitos en materia de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media, tiene derecho a la pensión de invalidez, así no haya cotizado en los últimos 3 años anteriores a la estructuración del estado de invalidez como lo exige la Ley 860 de 2003 (CSJ SL3087-2014). En este punto, es importante precisar también que el actor no tenía 40 años o más de edad, ni más de 15 años de servicios, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no era beneficiario del régimen de transición en pensiones y no se podía, en esa misma medida, verificar el cumplimiento de las semanas necesarias para la pensión de vejez con apego al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Así las cosas, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte. ($ 3.250.000).

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, No Casa la sentencia dictada el 9 de junio de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral seguido por William Celeita Romero contra la Administración Postal Nacional —Adpostal en liquidación— y la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones —Caprecom—.

Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte. ($ 3.250.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».