Sentencia SL7789-2016/49730 de junio 1 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7789-2016

Radicación 49730

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

Bogotá, D.C., primero de junio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Bancolombia S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 28 de julio de 2010, en el proceso que en contra de la recurrente y de “Gallo Zuluaga Rosario Beatriz” instauró María Consuelo de Jesús Bermúdez de León.

I. Antecedentes

En calidad de esposa del difunto Jorge Omairo León Ramírez, la actora demandó en forma principal a la firma “Gallo Zuluaga Rosario Beatriz” representada legalmente por Rosario Beatriz Gallo Zuluaga, y solidariamente a Bancolombia, para que una vez se declarara que entre su cónyuge y la primera de las referidas existió un contrato de trabajo que culminó con la muerte de este, se les condene solidariamente a cancelarle: prima de servicios de diciembre de 2001, auxilio de cesantía y sus intereses junto con la sanción por el no pago oportuno, sanción por no consignación de cesantías a un fondo de pensiones hasta el 17 de marzo de 2002, indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales al momento de la finalización del vínculo laboral, compensación de vacaciones proporcionales al tiempo laborado, pensión de sobrevivientes por no haber afiliado al trabajador al sistema de riesgos profesionales y, las costas procesales.

En sustento de las anteriores súplicas manifestó que su esposo pactó con la firma “Gallo Zuluaga Rosario Beatriz” un contrato verbal de trabajo a partir del 1º de julio de 2001, por el que recibiría como salario la suma fija de $ 600.000 si la labor se contraía a hacer reparaciones locativas, o una mayor si se trataba de participar en una construcción nueva; que la empleadora no lo afilió a seguridad social a pesar de la labor de alto riesgo que desarrollaba, que fue enviado al Bancolombia S.A. en el municipio de Tuluá, para hacer algunas reparaciones, sin que la entidad financiera constatara el cumplimiento de las obligaciones de la demandada; agrega que no se le proporcionó elementos de seguridad; sufrió un accidente de trabajo el 16 de marzo de 2002 a raíz del cual falleció al día siguiente. Destaca que la patronal le adeuda los derechos aquí reclamados aunque advierte que la señora Rosario Beatriz Gallo le entregó $ 8.000.000 por concepto de servicios exequiales y la obligó a suscribir un documento en el que consignó que renunciaba al cobro de otra suma de dinero; y que Bancolombia, quien considera solidario en el pago de las acreencias impetradas, no ha dado respuesta a la información que le solicitó respecto a la póliza de cumplimiento que debió aportar la señora Rosario Beatriz Gallo.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali admitió y notificó la demanda a Rosario Beatriz Gallo como persona natural, quien al contestarla negó todos los hechos, adujo que el occiso había sido un subcontratista independiente sin subordinación ni dependencia respecto de ella; propuso las excepciones de carencia de acción o derecho para demandar, inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, prescripción y pago (fls. 37 a 41).

Bancolombia desconoció todos los fundamentos fácticos del libelo bajo el argumento de que el señor León jamás fue su empleado y por tanto no le constan; llamó en garantía a Seguros del Estado y planteó como excepciones la prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y falta de causa en las pretensiones de la demanda, inexistencia de solidaridad entre las demandadas, buena fe y la genérica (fls. 50 a 55).

La llamada en garantía a su vez dijo no constarle ninguno de los hechos relatados en el libelo, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de ausencia de cobertura y responsabilidad de Seguros del Estado S.A., inexistencia de la solidaridad, carencia de legitimación pasiva en la causa, prescripción y la genérica (fls. 94-97).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali mediante fallo del 2 de junio de 2009 absolvió a los demandados (fls. 174-181).

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, luego de decretar y recepcionar la prueba testimonial, el 28 de julio de 2010 al desatar el grado jurisdiccional de la consulta, revocó la sentencia del a quo.

En su lugar declaró la existencia de un contrato de trabajo entre Jorge Omairo León Ramírez y Rosario Beatriz Gallo Zuluaga del 1º de julio de 2001 al 17 de marzo de 2002 y no probadas las excepciones por ella formuladas; la condenó a pagar $ 300.000 por prima de diciembre de 2001, $ 426.667 por cesantías, $ 36.409 por intereses a la cesantía, una cifra igual por sanción debido a su impago, $ 213.333 por compensación de vacaciones y la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante en cuantía de $ 450.000 mensuales a partir del 18 de marzo de 2002 junto con las mesadas adicionales e incrementos anuales y, la absolvió de las restantes pretensiones; a Bancolombia y a Seguros del Estado los declaró solidariamente responsables de las condenas impuestas a la persona natural, pero excluyó a la última citada del pago por la pensión de sobrevivientes. Impuso las costas de primera instancia a los demandados y se abstuvo de imponerlas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario el ad quem encontró que con la documental de folio 11 y 42, que corresponde a la constancia de entrega de $ 8.000.000 por parte de la demandada a la viuda del señor León, se evidenciaba la existencia del contrato laboral alegado, pues con ello Gallo Zuluaga asumía la responsabilidad por no haberlo afiliado al sistema de seguridad social integral, en particular a riesgos profesionales.

Agregó que el formulario de autoliquidación de aportes en riesgos profesionales en el que tanto el causante como Gallo Zuluaga Rosario Beatriz figuran como afiliados de la empresa Intecmabe, era “indiciario de la falta a la verdad... lo que lleva a concluir que esta hacía las afiliaciones a través de esa institución sin ser su real empleadora, pero con ello no se destruyen los testimonios e indicios que el obito (sic) era trabajador de Gallo Zuluaga Rosario Beatriz”.

Señaló que con las versiones juramentadas de Liliana Mejía, Danilo Rojas, José William León Ramírez, Hernán Mezú Lucumi y Carlos Arnobio Solarte Ortega establecía la prestación personal de servicios subordinados por parte de Jorge Omairo León a favor de Rosario Beatriz Gallo; con las declaraciones de José William León y Carlos Arnobio Solarte infería que la remuneración mensual pactada fue de $ 600.000; que del contrato de mantenimiento celebrado entre Beatriz Gallo y Bancolombia y de la versión de José William León extraía la fecha en que inició la vinculación laboral con el esposo de la demandante como también la “vocación de permanencia y durabilidad de las obras y los servicios por doce meses, tanto por parte de esta con el banco, como del trabajador con la contratista, con cobertura de servicio, en ambos casos o contrataciones, en Cali, Palmira, Popayán, Buga, Tuluá y precisamente en esta ciudad fue donde en el lugar y horas de trabajo perdió la vida el operario León Ramírez, en cumplimiento de uno de los objetivos c) mantenimiento de sucursales en los ítems de... cubiertas, cielos rasos, pintura”.

Adujo que en el referido contrato el banco impuso la obligación a la contratista, de tener personal vinculado bajo contrato de trabajo y garantizarles los mínimos derechos laborales y de seguridad social, “esta cláusula no la podía violar la contratista. Es un indicio, y fundamenta a su vez el por qué entre Gallo Zuluaga y León Ramírez Jorge Omairo no existía contrato escrito de la relación no dependiente aducido por la pasiva, por tanto, fortalece la presunción que entre Gallo y León existía una relación laboral, simple y llanamente”. Añadió que en el citado contrato se previó que el objeto del mismo se cumpliría a través de empleados y que la contratista respondería por cualquier daño que estos causaran.

Consideró que las anteriores conclusiones estaban confirmadas con la póliza de seguros que aportó Bancolombia a folio 56 y que dados los anteriores elementos probatorios, se configuraba la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, que la demandada no desvirtuó.

Una vez dio por demostrado el contrato laboral, transcribió el artículo 34 del CST y señaló que como lo había precisado la Corte en sentencia del 8 de mayo de 1961, de la que copió un fragmento, de dicha disposición se derivan dos relaciones jurídicas: la laboral entre el contratista independiente y el trabajador, y otra entre el contratista independiente y el usuario de la obra, vinculaciones cuya prueba debía ser arrimada por el trabajador, y que tanto una como la otra, estaban demostradas.

Afirmó que aunque la disposición legal para imponer solidaridad exigía que “no se trate de labores extrañas a las actividades normales” del contratante, en el sub lite se podía pregonar dicha figura “puesto que los establecimientos de los bancos constantemente están cambiando su apariencia, decoración y presentación; aunque no es su objeto social básico o principal sí existe conexidad con las actividades que como entidad que presta un servicio al público, debe realizar para adecuar sus lugares de trabajo a un ambiente agradable y propicio para la prestación del servicio —es la misma conexidad respecto del servicio de aseo, no es su objeto principal pero requiere que las oficinas estén limpias y presentables en lo higiénico— y es tan evidente la necesidad del ente bancario de contar con servicios permanentes de mantenimiento, reparación, construcción y cuidado de la planta física de sus establecimientos, que tenían a una persona de planta Liliana Mejía Ospina, jefe de adecuaciones y mantenimiento (fl. 131) y otra externa encargada para que supliera dichos requerimientos por el término de un año inicialmente (la señora Rosario Beatriz Gallo), en el menor tiempo posible y cada vez que así lo requiriera el banco en sus sucursales ubicadas en la región sur del país contrato de mantenimiento, (fls. 64 a 77), luego el servicio contratado por Bancolombia con la señora Rosario Beatriz Gallo, es una actividad afín e indispensable con los objetivos del banco, por lo que en términos del artículo 34 del CST, le corresponde a este asumir la solidaridad reclamada por la actora”.

Insistió en que existía relación de causalidad entre el contrato suscrito por la señora Gallo con el banco y el pactado con el señor León, al punto que “el mantenimiento de los locales donde operan oficinas del banco, en la región sur del país, que Bancolombia, para blindarse laboralmente, exige a la contratista la constitución de una póliza de seguro de cumplimiento expedida por Seguros del Estado S.A., en la cual figura como tomador la señora Rosario Gallo Zuluaga y como beneficiario Bancolombia S.A., con vigencia desde el 12 de julio de 2001 hasta el 30 de junio de 2004, por salarios y prestaciones sociales del personal que la contratista debe emplear (fl. 56)”.

Añadió que desde el punto de vista de esta Sala de la Corte, el trabajador frente al empleador y al beneficiario del servicio de vigilancia, puede accionar en tres sentidos, para lo que transcribió un aparte de la sentencia de radicación 6494 del 10 de agosto de 1994, en la que se precisó que el trabajador bien podía demandar solamente al contratista independiente por ser su verdadero patrono sin buscar la solidaridad de nadie, o accionar contra el contratista empleador y contra el beneficiario o dueño de la obra, caso en el que operaba un litisconsorcio legal, o vincular judicialmente solo al beneficiario de la obra como deudor solidario; añadió que en el presente caso la esposa del trabajador difunto había elegido el camino de la solidaridad, que reiteró, se hallaba probada “por la afinidad en el objetivo del beneficiario final, Bancolombia”.

Procedió a realizar la liquidación de las acreencias laborales reclamadas; aseguró que en relación con la indemnización moratoria, no se había demostrado la mala fe de la demandada al celebrar el contrato de obra y por ello la exoneró.

En cuanto al accidente de trabajo adujo que estaba probado con las versiones recepcionadas y que ante la falta de afiliación del trabajador al sistema de seguridad social, según lo disponía el Decreto 1295 de 1994 especialmente su artículo 91 y el 11 de la Ley 776 de 2002, le correspondía a la demandada Rosario Beatriz Gallo asumir el pago de la pensión de sobrevivientes en cuantía del 75% del salario cancelado al señor León Ramírez.

Finalmente indicó que conforme a la póliza de seguros 014508169 que obra a folio 56, Seguros del Estado S.A., está llamada a responder por los derechos laborales e indemnizaciones a que sea condenado Bancolombia, con exclusión de la pensión de sobrevivientes, porque esta no es salario ni prestación social derivada directamente de la relación laboral.

En lo que hace a las excepciones formuladas por la demandada Gallo Zuluaga, analizó la documental de folio 11 y concluyó que la cancelación allí reportada corresponde a gastos médicos, clínicos y exequiales, que no pueden imputarse a las obligaciones laborales incoadas y en consecuencia declaró no probado el pago alegado como tampoco los restantes medios exceptivos propuestos.

IV. Recurso de casación

Interpuesto inicialmente por Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Bancolombia, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver respecto del último de los citados, ya que la persona natural recurrente desistió del recurso y así se aceptó.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el censor que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida “en cuanto al revocar la de primera instancia, condenó a las demandadas al pago de prima de servicios, cesantías, intereses a la cesantía, sanción por no cancelar los intereses cesantías, vacaciones y pensión de sobreviviente; para que en su lugar y sede de instancia confirme la sentencia del juzgado y provea sobre costas como en derecho corresponda”.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, que no merecieron réplica y que se resolverán conjuntamente los dos últimos en razón a que se ocupan de la misma materia, denuncian similar elenco normativo y persiguen el mismo fin.

VI. Primer cargo

Acusa la sentencia de violar indirectamente por aplicación indebida los artículos 22, 23, 24, 32, 34, 35, 36, 38, 55, 186, 216, 249 y 307 del CST; 1º de la Ley 52 de 1975; 99 de la Ley 50 de 1990; 60 y 61 del CPL; 174, 175, 176, 177, 187, 248 y 250 del CPC; 3º, 4º, 5º, 7º y 91 del Decreto 1295 de 1994; 46, 47 y 279 de la Ley 100 de 1993; 11 y 12 de la Ley 776 de 2002; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; 1604, 1613, 1614, 2341, 2344 y 2347 del C.C., a consecuencia de la errónea apreciación de unas pruebas y la falta de valoración de otras, que condujo a los siguientes errores:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor Jorge Omario (sic) León Ramírez, comenzó a prestar servicios a la señora Rosario Beatriz Gallo Zuluaga el 1º de julio de 2001.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que Jorge Omario (sic) León Ramírez, tenía “disponibilidad” al servicio con la “demandada Gallo Zuluaga” de “24 horas y exclusiva subordinación total”.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que al entregar la señora Rosario Beatriz Gallo Zuluaga a la demandante, “una suma de dinero para cubrir “servicios exequibles (sic), gastos clínicos y médicos... generados por la muerte accidental del señor Jorge Omario (sic) León R. quedaba demostrado que la “señora Gallo estaba asumiendo su responsabilidad por no tener afiliado al señor Jorge Omario (sic) León Ramírez al sistema de seguridad social integral y en particular a riesgos profesionales”.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Rosario Beatriz Gallo Zuluaga al entregar a la viuda del señor León Ramírez, “una suma de dinero para cubrir servicios exequibles (sic), gastos clínicos y médicos” estaba aceptando que tenía una relación laboral con Jorge Omario (sic) León Ramírez.

5. No dar por demostrado, estándolo, que Jorge Omario (sic) León Ramírez, estaba afiliado como cotizante dependiente del Instituto Técnico Manuela Beltrán, Intecmabe, en el mes de febrero de 2002.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que Rosario Beatriz Gallo Zuluaga como empleadora hacia “afiliaciones” al sistema de seguridad social “a través” del Instituto Técnico Manuela Beltrán, Intecmabe.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que en la relación que existió entre Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Jorge Omario (sic) León Ramírez se presentaba “la continuidad subordinación o dependencia”.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que del contrato de mantenimiento celebrado entre la firma Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Bancolombia, el “banco exige a la contratista Gallo Zuluaga que su personal debe tener vínculo de contrato de trabajo... no teniendo libertar (sic) de contratación al respecto”.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que del contrato de mantenimiento celebrado entre la firma Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Bancolombia, el “banco exige a la contratista Gallo Zuluaga desarrollara el (los) objetos (s) por medio de empleados...” con contrato de trabajo.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que con la póliza de seguros 014508169, está reforzada la existencia de una relación laboral entre Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Jorge Omairo (sic) León Ramírez con fecha de inicio el 1º de julio de 2001.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que del contrato de mantenimiento celebrado entre la firma Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Bancolombia, se infiere que existía “vocación de permanencia y durabilidad de las obras y los servicios”, prestados por el señor Jorge Omario (sic) León Ramírez a Rosario Beatriz Gallo Zuluaga.

12. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Jorge Omario (sic) León Ramírez, existió un contrato de trabajo.

13. No dar por demostrado, estándolo, que la parte pasiva probó “sus afirmaciones”, respecto de la inexistencia del contrato de trabajo entre Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Jorge Omario (sic) León Ramírez.

14. No dar por demostrado, estándolo que el señor Jorge Omario (sic) León Ramírez fue subcontratista independiente de la señora Rosario Beatriz Gallo Zuluaga.

15. No dar por demostrado, estándolo, que el señor realizaba obras civiles de construcción, reparaciones y/o pintura de manera independiente.

Indica la censura que los desaciertos del tribunal se produjeron por la apreciación equivocada de la demanda (fls. 2 a 7), su respuesta (fls. 37 a 41), el documento suscrito entre María Consuelo Bermúdez León y Rosario Beatriz Gallo Zuluaga el 17 de marzo de 2002 (fls. 11 y 42), el formulario de autoliquidación de aportes al sistema general de riesgos profesionales obrante a folio 43, el contrato de mantenimiento celebrado entre la firma Rosario Beatriz Gallo y Bancolombia S.A. de folios 64 a 77 y la póliza 014508169 de folios 56 a 58; y por no apreciar el certificado de la Cámara de Comercio de Cali sobre la existencia de la firma Gallo Zuluaga Rosario Beatriz de folio 8 y el Certificado de la Cámara de Comercio de Medellín referente a la existencia de Bancolombia, de folio 17 a 25, el de la sucursal Cali de folio 26 a 28 y la póliza 01451516 de folio 59 a 62; así mismo por la valoración errónea de los testimonios de José William León, Liliana Mejía, Danilo Rojas de folios 127 a 129, 131 a 135 y 138 a 143 del cuaderno principal y las de Hernán Mezú y Carlos Solarte de folios 15 a 21 y 22 a 29 del cuaderno del tribunal.

Comenta el recurrente que el tribunal estructuró la existencia de la relación laboral con base en las documentales de folios 11, 43, 64 a 77, 56 a 63 y los testimonios ya indicados; que el sentenciador infirió tal afirmación porque según este, la señora Gallo era la persona que le indicaba al occiso en qué sucursal de Bancolombia debía prestar los servicios; que de la constancia de entrega de $ 8.000.000 por parte de la demandada a la esposa del trabajador, dedujo que la primera asumía la responsabilidad por no tenerlo afiliado al sistema de seguridad social integral, cuando en realidad lo que dice el instrumento es que se trata de un aporte y que la demandante desistiría de toda acción civil, penal, pero jamás, que la accionada asumía responsabilidad o que existía un contrato de trabajo con el causante.

Destaca que la falta de afiliación al sistema de seguridad social lejos de acreditar el contrato laboral, lo que prueba es que no medió vínculo de ese tipo.

Que la inferencia del ad quem acerca de que la empleadora faltaba a la verdad, porque tanto ella como el difunto, José William León, Myriam León y otras siete personas más figuraran como dependientes del Instituto Técnico Manuela Beltrán como cotizantes al sistema general de riesgos profesionales, no cuenta con ningún respaldo probatorio; que dicho documento de folio 43 no puede ser la prueba de un contrato de trabajo entre Rosario Gallo y Jorge Omario (sic) León, porque como se dijo en la demanda, este prestó servicios para la firma Rosario Beatriz Zuluaga, lo que no impedía que el trabajador realizara labores en el referido Instituto en el que también como persona natural estaba vinculada la demandada Gallo.

Afirma que demostrados los yerros con las pruebas calificadas y al proceder al análisis de la prueba testimonial, se desvirtúa la existencia del contrato, pues José William León hermano del causante, asegura que la demandada no los tenía afiliados a ninguna clase de seguros, a pesar de figurar él mismo en el formulario de autoliquidación para riesgos profesionales obrante a folio 43, con lo que se demuestra “la protuberancia del yerro fáctico inexcusable”; que Liliana Mejía reconoció que el señor León se retiraba de las obras para otras actividades.

Regresa al estudio del contrato de mantenimiento para decir que de su contenido literal, no se colige exigencia del banco a la firma Gallo para vincular exclusivamente a través de contratos de trabajo al personal que se encargara de ejecutar las obras; lo que dice es que aquellos serían empleados exclusivamente de la contratista y no tendrían carácter laboral con el banco, y que si se daban subcontrataciones, ello no implicaría incumplimiento por parte de Rosario Beatriz Gallo al referido contrato de mantenimiento.

Aduce que tampoco era viable reforzar la existencia del contrato de trabajo con las pólizas que exigió Bancolombia a la contratista, porque de ese documento lo que se obtiene es el compromiso de cumplir las obras, pagar salarios y garantizar la calidad del servicio, pero no que se limitara o impidiera la subcontratación.

Precisa que al evidenciarse con la prueba calificada los errores garrafales del tribunal, es pertinente examinar la prueba testimonial en cuyo análisis también se equivocó el sentenciador pues la declaración de William León es parcializada debido al cercano parentesco con la demandante y el causante, además porque su relato es “impreciso, contradictorio y subjetivo”; que no se dio credibilidad a la versión de Liliana Mejía empleada de Bancolombia quien en razón del cargo que desempeñaba advirtió que Jorge León era un subcontratista de Rosario Gallo, trabajaba con su familia, los coordinaba, les pagaba y contaba con herramientas e implementos propios; que el ad quem indicó que a Danilo Rojas no le constaba la contratación, lo cual no es cierto, pues de su relato se infiere todo lo contrario, ya que comenta que conoció al señor Jorge León y observó que tenía personal bajo su mando, lo cual coincide con la exposición de Liliana Mejía.

Agrega que Hernán Mezú, testimonio decretado de oficio, también relató que el causante utilizaba herramientas de su propiedad y que era él quien cancelaba a los trabajadores que llevaba para ejecutar la parte civil; Carlos Arnobio Solarte, por su parte fue contradictorio y confuso además relató los hechos de oídas; y advierte que “Resulta insensato, en consecuencia que el tribunal respecto de unos testigos exija correspondencia milimétrica en sus deposiciones al punto de desestimarlos por no tener conocimiento permanente de los hechos y por referirse a circunstancias personales, mientras que otros fueron considerados superficialmente sin interesar que su conocimiento de los hechos también era producto de sus experiencias personales, que no siempre fueron testigos permanentes de las circunstancias de tiempo modo y lugar, sin advertir que suministraron información contradictoria y lo más importante que ninguno de los testigos desmiente a Rosario Beatriz Gallo”.

VII. Consideraciones

Como lo destaca la censura, la demanda se instauró en contra de la firma “Gallo Zuluaga Rosario Beatriz” (fl. 2), no obstante ello, mediante providencia del 2 de octubre de 2002 se admitió en contra de Rosario Beatriz Gallo Zuluaga sin aludir a que era la persona natural que la representaba (fl. 29); a ella, en esa calidad, se citó mediante aviso de folio 30 y se le notificó el libelo según da cuenta la documental de folio 34, sin hacer mención a su calidad de representante legal de alguna entidad.

Trabada la litis con la persona natural, además de Bancolombia como demandado solidario y Seguros del Estado como llamado en garantía, el proceso siguió su curso y los funcionarios judiciales a quienes por competencia les correspondió el conocimiento del asunto, procedieron a resolver el conflicto frente a dicha persona natural, sin que ninguna de las partes manifestara inconformidad alguna con tal circunstancia; por la anterior razón resulta impertinente y extemporáneo cualquier reproche sobre el particular, en la medida que se garantizó el debido proceso a la persona natural demandada y cualquier irregularidad ha quedado subsanada según las voces del artículo 144 del CPC; en consecuencia carece de respaldo la crítica que formula el recurrente respecto a la interpretación errónea de la demanda por este puntual aspecto.

Ahora, como el sentenciador para arribar a la conclusión de que entre el esposo de la demandante y Rosario Gallo operó un contrato de trabajo, se fundó en el análisis de algunos documentos, entre ellos los denunciados por la censura como erróneamente apreciados, se procederá al estudio de estos a efecto de establecer si el sentenciador incurrió en un desatino con carácter de evidente.

Lo anterior sin dejar de advertir, que como de tiempo atrás lo ha admitido la Sala, el beneficiario de la obra está legitimado para atacar la existencia del vínculo contractual entre el contratista independiente y el trabajador, en esencia porque es de allí de donde emana la responsabilidad solidaria impuesta. Así en sentencia de febrero 26 de 1997 se dijo:

Si la obligación solidaria, que establece el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, con la modificación introducida por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, a cargo del beneficiario o dueño de la obra, tiene su fundamento principal en la existencia de un contrato de trabajo entre el contratista y el trabajador, no es posible desconocer al obligado solidario interés suficiente para discutir el vínculo contractual de esa naturaleza, o algunos de sus elementos esenciales. Y ese interés no se merma ni desaparece por el hecho de que el contratista haya aceptado el tal contrato, pues el beneficiario o dueño, si logra demostrar lo contrario, aun en contra de la voluntad del presunto patrono, queda exonerado de la obligación. La solidaridad no surge únicamente del contrato de obra y de la calidad de dueño o beneficiario de esta, sino que tiene su fuente principal en el contrato de trabajo. Si este no existió, aun cuando concurran los restante presupuestos, tampoco habrá lugar a declarar la solidaridad”.

Debe precisarse igualmente, que cuando el recurrente ataca la sentencia, que viene adosada de presunción de legalidad y acierto, por la vía de los hechos, el error debe ser manifiesto u ostensible.

Verificado el análisis de los medios probatorios señalados por el censor como equivocadamente apreciados se tiene que del documento de folios 64 a 77 que corresponde al contrato de mantenimiento celebrado entre Rosario Beatriz Gallo como persona natural y Bancolombia S.A., no era viable pregonar el contrato de trabajo de la primera con el señor León, pues en ninguna de sus cláusulas se establece este particular acuerdo; el hecho de que de manera generalizada se calificara de “empleados” a las personas con quienes el contratista debería cumplir el acuerdo, no prueba por sí solo, que el difunto y la demandada hubieran sostenido ese tipo de vinculación contractual.

De igual manera la póliza 014508169 que aparece de folios 56 a 58 tan solo denota que una de las accionadas satisfizo las exigencias de la otra, pero no que el cónyuge de la actora hubiera sido subalterno de Gallo Zuluaga.

Del formulario de autoliquidación de aportes al sistema general de riesgos profesionales que obra a folio 43, tampoco se podía deducir la subordinación y dependencia que caracterizan los contratos laborales, ya que allí por el contrario se reporta a la demandada Gallo como una empleada de la empresa Intecmabe, condición en la que igualmente figura el señor León, y aunque el sentenciador sí encontró probada la afiliación de este como cotizante dependiente de la firma referida, consideró que ello no respondía a la realidad, pues las restantes pruebas en su criterio, daban señal del trabajo subordinado de este para con la demandada Gallo. No obstante lo anterior ha de señalarse que la afirmación del ad quem acerca de que dicha prueba era “indiciario de la falta a la verdad”, carece de respaldo probatorio ya que no hay documento que así lo indique; de otra parte perfectamente uno y otro podían haber sido contratados por el tercero ya mencionado; lo que debió precisar el sentenciador fue que, de dicho folio, no se podía concluir la realización de un contrato de trabajo entre las partes ya señaladas.

De las pruebas calificadas que la censura adujo como no apreciadas, el juez plural tampoco podría haber inferido la demostración del contrato de trabajo, ni la prueba de que había mediado la subcontratación de que habló la persona natural demandada, pues la certificación de la Cámara de Comercio de Cali y Medellín que aparecen de folios 17 a 25 y 26 a 28 lo que reportan es la existencia del Bancolombia S.A. y su objeto social, hecho que por sí solo no prueba ni desacredita la relación obrero-patronal pregonada en la demanda; la instrumental de folios 8 y 8 vuelto refiere la existencia de la firma “Gallo Zuluaga Rosario Beatriz” que como ya se dijo, a pesar de haber sido demandada inicialmente, no fue contra quien se admitió la demanda ni a quien se vinculó judicialmente, por lo que tampoco podría haber variado la conclusión del sentenciador respecto a que Rosario Beatriz Gallo, como persona natural, había contratado los servicios personales del señor León; y finalmente en lo que hace a la póliza que reposa de folios 59 a 62 evidencia que Rosario Gallo como persona natural contrató con Seguros del Estado el seguro para responder civil y extracontractualmente en el desarrollo del contrato de “mantenimiento locativo y eléctrico para las sucursales y cajeros de la región sur” del Bancolombia S.A., con lo que ni se desdibuja el contrato realidad que estableció el sentenciador, ni se prueba que entre el señor León y la señora Gallo hubiera operado un subcontrato para ejecutar las labores acordadas por esta última con Bancolombia.

No obstante lo anterior, con la documental que reposa a folio 11 y 42 que corresponde a la certificación de “aporte al pago” de “servicios exequiales, gastos clínicos y médicos... generados por la muerte accidental del señor Jorge Omairo León R. acaecido el 17 de marzo de 2002”, en cuantía de $ 8.000.000 a favor de la actora, el ad quem sí podía arribar a la conclusión de que tal erogación se hacía en razón al vínculo laboral que había unido a la accionada con el esposo de la actora; pues si bien es cierto que en el referido escrito no se consagró de manera expresa que el difunto era el trabajador de quien suministraba el dinero, también lo es que la inferencia del tribunal, acerca de que por razón de ese tipo de relación se generaba el “aporte”, no resulta descabellada, en la medida que nadie que se considere exento de responsabilidad asume el pago de gastos clínicos y médicos y mucho menos auxilios funerarios de quien no lo ligó ni con quien no tuvo ninguna obligación; aunado a que no se desconoce que entre el occiso y quien cancela el “aporte” operó alguna clase de servicios, que perfectamente podían ser laborales ya que el primero había sido una de las personas con quienes cumplió el objeto del contrato suscrito con el banco.

El documento antes referido por lo menos constituye un principio de prueba de la existencia de la relación laboral que se adujo en la demanda y que el juez colegiado corroboró con otros medios probatorios como la documental de folio 64 y especialmente declarativos, por lo que la conclusión relativa a la existencia de un contrato de trabajo entre quien asumió el pago de gastos clínicos y exequiales y el fallecido, no resulta evidentemente equivocada.

De otra parte ha de recordarse que el juez de apelaciones fijó como uno de sus argumentos básicos, que la persona natural accionada no había probado que Jorge Omario León era un subcontratista independiente ya que no aparecía documento que así lo demostrara, pilar sobre el cual en el desarrollo del cargo no se hace énfasis ni se derruye con las pruebas calificadas.

Ahora, sobre los extremos de la vinculación laboral especialmente el inicial, ha de decirse que el tribunal infirió que había sido el 1º de julio de 2001 fecha que correspondía al contrato de mantenimiento sostenido entre Beatriz Gallo y Bancolombia y al mes referido por los testigos en especial José William León, hermano del causante, quien le brindó total credibilidad, conclusión que no es errada en la medida que está probada la prestación del servicio por parte del trabajador y el inicio del contrato de mantenimiento, por lo que la inferencia de que estas coincidían no es abiertamente ilógica.

En lo que hace al extremo final no hay ninguna discusión en razón a que lo fue la fecha de fallecimiento del cónyuge de la demandante, dato sobre el cual no operó controversia.

De otra parte como el ad quem, con base en la prueba testimonial, encontró acreditada la subordinación y dependencia de los servicios prestados por el señor León, medio probatorio no calificado en casación a menos que se hubiere quebrado el fallo con las pruebas sí aptas para ello, cosa que no ocurrió en el sub lite, no puede pregonarse error relativo a la configuración del elemento esencial del contrato de trabajo.

Finalmente ha de insistirse en que la censura no atacó el argumento del juez de segundo grado relativo a que no obstante haberse tipificado la presunción de que la prestación de los servicios de León para Gallo tenían el carácter laboral, la calidad de subcontratista que pregonó esta respecto de León, no tiene respaldo probatorio en el plenario en tanto no hay documento que así lo confirme. Vale decir que dicho fundamento de la sentencia al quedar incólume la mantiene en firme.

En estas condiciones el cargo no prospera.

VIII. Segundo cargo

Acusa la sentencia de violar indirectamente por aplicación indebida los artículos 22, 23, 24, 32, 34, 35, 36, 38, 55, 186, 216, 249 y 307 del CST; 1º de la Ley 52 de 1975; 99 de la Ley 50 de 1990; 60 y 61 del CPL; 174, 175, 176, 177, 187, 248 y 250 del CPC; 3º, 4º, 5º, 7º y 91 del Decreto 1295 de 1994; 46, 47 y 279 de la Ley 100 de 1993; 11 y 12 de la Ley 776 de 2002; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; 1604, 1613, 1614, 2341, 2344 y 2347 del C.C, a consecuencia de la errónea apreciación de unas pruebas y a la falta de valoración de otras, que condujo a los siguientes errores:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que “los establecimientos del banco constantemente están cambiando su apariencia, decoración y presentación”.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que Bancolombia debía “contar con servicios permanentes de mantenimiento, reparación, construcción y cuidado de la planta física de sus establecimientos”.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que existe conexidad entre el contrato de mantenimiento celebrado entre Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Bancolombia, con “objeto social básico o principal” de Bancolombia actividad “afín e indispensable con los objetivos del banco”.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que al ostentar Liliana Mejía Ospina el cargo de jefe de adecuaciones y mantenimiento para Bancolombia se infería que el banco requería “servicios permanentes de mantenimiento, reparaciones, construcción y cuidado de la planta física de sus establecimientos”.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que Bancolombia al exigirle a la contratista Rosario Beatriz Gallo Zuluaga la constitución de pólizas de seguro de cumplimiento para el pago de salarios (expedidas por Seguros del Estado), se establece una conexidad entre el objeto social que desarrolla el banco y las labores de mantenimiento desarrolladas en el contrato suscrito con Rosario Gallo.

Asegura que los desaciertos antes referidos se produjeron por la apreciación errónea de la demanda, su respuesta, el contrato de mantenimiento celebrado entre la firma Rosario Beatriz Gallo Zuluaga y Bancolombia (fls. 64 a 77) y la póliza 014508169 de folios 56 a 58; por no apreciar y por la falta de valoración de las mismas documentales y pruebas no calificadas referidas en el primer cargo.

Precisa que el certificado de la Cámara de Comercio de Cali que obra a folio 8 da cuenta de la actividad comercial de la firma Gallo Zuluaga y que al cotejarlas con las que según la documental de folio 19 realiza el Bancolombia, se infiere que no podía operar la solidaridad, porque las ejecuciones de una y otra entidad son “completamente diferentes y sin ningún tipo de conexión directa con las actividades normales de Bancolombia”; que la constitución de las pólizas fue el cumplimiento de la cláusula décima tercera del contrato de mantenimiento suscrito entre la firma Rosario Gallo y la entidad financiera ya señalada, y que se exigieron para garantizar: i) el cumplimiento de la obra, ii) la calidad del servicio y iii) el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones en caso de que el personal subcontratado por Gallo Zuluaga estuviera vinculado mediante contrato de trabajo.

Destaca la imposibilidad de “desfigurar el objeto social y las actividades del banco, con fundamento en la póliza”, además que las pruebas acreditan que las actividades de Gallo Zuluaga no son de las normales de la banca; que el mantenimiento de las instalaciones no se requiere de forma permanente como lo dijo el tribunal, y que tampoco se puede comparar dicha actividad con la de aseo que sí es indispensable diariamente.

Así las cosas entiende que no hay prueba que acredite la conexidad a que aludió el fallo, pues esta no puede surgir del hecho de contar en la planta de personal con un jefe de adecuaciones y mantenimiento, porque como lo dijo la persona que desempeñaba dicha función, se limitaba a la “supervisión de las obras de remodelación que se practicaban en sucursales”; que los testigos corroboran la afirmación de la demanda relativa a que Jorge León se desempeñó “como constructor y hacer reparaciones locativas”; que la contratista independiente se ocupó de “un negocio diverso del propio de la actividad normal de Bancolombia”; por lo anterior solicita se declare próspero el cargo.

IX. Tercer cargo

Acusa la sentencia de violar directamente, por interpretación errónea el artículo 34 del CST en relación con los artículos 22, 23, 24, 32, 35, 36, 38, 55, 186, 216, 249 y 307 del CST; 1º de la Ley 52 de 1975; 99 de la Ley 50 de 1990; 60 y 61 del CPL, 174, 175, 176, 177, 187, 248 y 250 del CPC; 3º, 4º, 5º, 7º y 91 del Decreto 1295 de 1994; 46 y 47 y 279 de la Ley 100 de 1993; 11 y 12 de la Ley 776 de 2002; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; 1604, 1613, 1614, 2341, 2344 y 2347 del C.C.

Precisa que el juez colegiado erró al interpretar el artículo 34 del CST, por cuanto lo que consagra dicha disposición es que la solidaridad entre el beneficiario del trabajo o dueño de la obra y el contratista independiente no se configura cuando se trata de labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio; que como la disposición es clara, “no es razonable desbordar su alcance y extenderlo a actividades diferentes”.

Destaca que si las actividades que cumple el contratista son ajenas a las que desarrolla el beneficiario de la obra, no se da la solidaridad predicada por el tribunal, pues según lo indica la sentencia del 10 de septiembre de 1997, radicación 9881, lo que se pretende es proteger a los asalariados de la “posibilidad de que el empresario quiera desarrollar su explotación económica por conducto de contratistas con el propósito fraudulento de evadir su responsabilidad labora”.

Insiste en que el artículo 34 del CST, no concibe como generadoras de solidaridad aquellas labores conexas, porque en ese sentido la excepción cobijaría todas las actividades desarrolladas por la empresa; reitera que la norma hace alusión a las actividades “normales” o sea aquellas encaminadas a realizar su explotación económica.

Así las cosas para que la labor ejecutada por el contratista independiente dé pie a la solidaridad no solo debe cubrir una necesidad propia del beneficiario de la obra, sino constituir “una función normalmente desarrollada por el contratante y (iii) directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico”; en su apoyo trae a colación la sentencia de 21 de septiembre de 2010 radicación 34893 de la que copia unos apartes; y por lo anterior considera que el cargo debe prosperar.

X. Consideraciones

El sentenciador a efecto de establecer la condena frente a todos los demandados admitió expresamente que el objeto social de Bancolombia y la señora Beatriz Gallo no eran coincidentes, no obstante consideró que eran solidarios en tanto resultaba necesaria la adecuación y embellecimiento físico de las sedes de la entidad financiera pues “aunque no es su objeto social básico o principal sí existe conexidad con las actividades que como entidad que presta un servicio al público, debe realizar para adecuar sus lugares de trabajo a un ambiente agradable y propicio para la prestación del servicio —es la misma conexidad respecto del servicio de aseo, no es su objeto principal pero requiere que las oficinas estén limpias y presentables en lo higiénico—”; así entendió que a la luz del artículo 34 del CST, tenían actividades conexas; agregó que por la necesidad de tener instalaciones bien arregladas, en la planta de personal de Bancolombia se preveía el cargo de jefe de adecuaciones y mantenimiento, adicional a la persona externa encargada de la reparación, construcción y cuidado de la planta física.

Por su parte la censura alega que la solidaridad bajo la cual se le impuso la obligación de asumir el pago de las condenas, no es viable en la medida que el giro de sus negocios es totalmente diferente al de los de la señora Gallo.

Dado el sendero elegido por el recurrente en el último cargo para derruir el fallo del sentenciador plural, esto es la vía directa, los fundamentos fácticos de la providencia tales como que: i) la demandada Gallo tenía dentro de su actividad normal la adecuación y mantenimiento de instalaciones, ii) que para ello fue contratada por Bancolombia y que iii) dicha entidad tiene un propósito financiero, el tema por dilucidar se contrae a establecer si la reparación de locaciones calificada por el tribunal de “conexas”, también pueden dar lugar a la solidaridad en el pago de acreencias laborales respecto de contratistas independientes que las realizan.

Como lo destaca el recurrente, la disposición legal que concibe la solidaridad entre el contratista independiente y el beneficiario de la obra por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores del primero, exige que las actividades que desplieguen uno y otro tengan el mismo giro ordinario o normal, vale decir tengan correspondencia en su objeto social.

No se trata en absoluto de que el verdadero empleador (contratista independiente) cumpla idénticas labores a las que desarrolla quien recibe el beneficio de la obra, pero tampoco que cualquier labor desarrollada por este pueda generar el pago solidario de las obligaciones laborales. En los términos del artículo 34 del CST es preciso que las tareas coincidan en el fin o propósito que buscan empresario y contratista; en otras palabras, que sean afines.

En sentencia del 5 de febrero de 2014 radicación 38651, se dijo sobre el particular:

En las anteriores circunstancias, si el objeto social del edificio Terminal de Transportes de Ibagué, no está relacionado con el giro o la actividad del contratista que ya se dejó descrita con precedencia, y tampoco emerge alguna afinidad entre ellas, la solidaridad que contempla el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo no puede deducirse en el sub judice, pues el hecho de que la propiedad horizontal deba hacer reparaciones y mantenimiento al edificio, así como cuidar la conservación del mismo, esa sola circunstancia no puede conducir a que se derive la supuesta afinidad que dedujo en forma equivocada el sentenciador de alzada entre las labores que desarrolla el contratante y las que ejecuta el contratista, pues para que esa solidaridad se configure, no basta simplemente que con la actividad desarrollada por el contratista independiente se cubra una necesidad propia del beneficiario, como aquí sucede, sino que se requiere que ella constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico.

Ahora, la conexidad que predicó el tribunal entre el embellecimiento de las sedes físicas del banco y su actividad financiera, en manera alguna puede tener cabida para extender la responsabilidad en el pago de las obligaciones laborales, por cuanto salta de bulto que las dos no son de la misma esencia ni envergadura; es obvio que cualquier entidad privada o pública quiera desarrollar su propósito de la mejor manera, en espacios limpios, amplios y bellos, pero eso jamás podrá significar que dichas labores sean del giro ordinario de sus negocios, a menos que se trate de una empresa de aseo, por ejemplo.

De otra parte, en estricto sentido toda labor ejecutada en una empresa guardará cierta relación con su objeto social, pues se realiza en virtud de él, por y para ese fin, es decir, será conexa, ligada, así sea de forma indirecta.

Lo que buscó el sentenciador cuando consagró la solidaridad del beneficiario de la obra fue amparar a los trabajadores que podían ver burlados sus derechos por la contratación, independiente y fraudulenta, con quien en realidad tiene dentro de su fin la realización de las labores contratadas y que coinciden con quien recibe el trabajo, pero las disimula frente a este para evadir su responsabilidad.

Acerca del puntual aspecto que hoy ocupa la atención de la Sala, ya en sentencia de 26 de marzo de 2014 radicación 39000 la Corte se pronunció en los siguientes términos:

“4. En lo concerniente con la solidaridad del Banco de la República, con respecto a la condena impuesta a la sociedad Constructores y Consultores de Ingeniería Limitada —Costco Ltda.—.

En decisión del pasado 20 de marzo de 2013, radicación 40.541, esta Sala recordó la doctrina en torno a que la solidaridad se presenta cuando la actividad ejecutada por el contratista independiente cubre una necesidad propia del beneficiario y, además, cuando constituye una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social, que por lo mismo desarrolla este.

En esa ocasión, también se memoró que para su determinación puede tenerse en cuenta no solo el objeto social del contratista y del beneficiario de la obra, sino también las características de la actividad específica desarrollada por el trabajador.

El recurrente afirma que el tribunal se equivocó, habida cuenta que el “mantener, establecer o suprimir sucursales o agencias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos y que ciertamente el banco desarrolla cotidianamente y que no se pueden considerar como “labores extrañas” (evento que excluye la solidaridad), pues evidentemente se trata de labores institucionales, que debe realizar el ente y que contribuyen al desarrollo de su objeto principal”.

La Sala no comparte los argumentos expuestos por el recurrente, ya que de esa sola circunstancia planteada no puede concluirse forzosamente, como lo sugiere, que cualquier actividad de mantenimiento de las sucursales del Banco de la República, tenga vinculación con el objeto social de esta entidad.

Esa correlación indirecta, que pretende el recurrente adecuar, no es suficiente para considerar que la labor ejecutada por el demandante sea inherente al negocio del Banco de la República, constituya una actividad normal o permanente suya que habitualmente desarrolle, para de allí concluir la existencia de los supuestos exigidos por el artículo 34 del CST y así inferir la solidaridad entre el contratista independiente y el beneficiario o dueño de la obra. Vale decir, la solidaridad ante acreencias laborales, entre Constructores y Consultores de Ingeniería Limitada —Costco Ltda.— y el Banco de la República.

Se impone traer a colación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia, en torno a que no basta simplemente, para que opere la solidaridad, que con la actividad desarrollada por el contratista independiente se cubra una necesidad propia del beneficiario, como aquí puede suceder, sino que se requiere que la labor constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico.

Dijo la Corte en la sentencia CSJ SL 10 oct. 1997, rad. 9881:

Es protuberante entonces el error del tribunal cuando concluyó luego de un análisis teórico muy superficial del tema que “... la responsabilidad solidaria de contratista y beneficiario se debe a que la obra contratada es inherente con la actividad ordinaria de Palmeras de Puerto Wilches S.A., la construcción de un tanque para almacenamiento de aceite se considera una actividad normal de la empresa Palmeras de Puerto Wilches S.A. y no una labor extraña a las actividades normales de esta...

En efecto, se desprende claramente de las pruebas reseñadas que el contratista independiente del caso se dedica a un negocio diverso del que ocupa al contratante y si bien con la obra contratada este buscaba cubrir una necesidad propia, ello no implica una actividad permanente de aquel como para que deviniera en algo inherente a la empresa del beneficiario, pues tan solo se prolongaría hasta que se culminara la construcción del tanque metálico.

No escapa a la Sala la posibilidad de que el tribunal haya partido de una errónea interpretación del artículo 34 CST, a propósito de la hipótesis de exclusión de solidaridad del beneficiario de la obra con el contratista independiente en el evento de que la obra contratada comporte labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de aquel, pero ello no es dable dilucidarlo dada la precaria motivación del fallo.

Con todo interesa aclarar que la solidaridad en cuestión se excluye cuando el contratista cumple actividades ajenas de las que explota el dueño de la obra, porque lo que persigue la ley con el mecanismo de solidaridad es proteger a los trabajadores frente a la posibilidad de que el empresario quiera desarrollar su explotación económica por conducto de contratistas con el propósito fraudulento de evadir su responsabilidad laboral. Esta situación por tanto no se presenta en el caso de que el dueño de la obra requiera de un contratista independiente para satisfacer una necesidad propia pero extraordinaria de la empresa, conforme acontece en el asunto de los autos.

Entonces, la rigurosa correspondencia entre las actividades ejecutadas por el demandante y las del Banco de la República no logró acreditarse, ya que la labor de dirección como residente de la interventoría en la obra de ampliación y remodelación del Banco de la República, sucursal Cartagena, si bien puede servir de apoyo al negocio del beneficiario de la obra, en estricto rigor no constituye su esencia, en la medida en que es un soporte no inherente a su cabal desarrollo.

Es que no puede pasarse por alto que para la realización de una obra normalmente se requiere del concurso y colaboración de una serie de personas que permiten cumplir con el objeto o finalidad de la misma, así como también se necesita la prestación de servicios públicos tales como agua, alcantarillado, aseo, luz eléctrica, teléfonos, etc. Pero ello no significa que las faenas tendientes al mantenimiento de los inmuebles en donde se presta el servicio se entienda, por esa sola circunstancia, inherente o propia de la actividad o labor que desarrolla a quien se le está prestando la asistencia.

En sentencia del 17 de junio de 2008, radicación 30.997, la Sala sostuvo:

Tampoco cabe argumentar que la labor de transporte del personal sea conexa con las cumplidas por la empresa, porque es necesaria para cumplir las actividades desarrolladas por esa, porque, en tal medida, todas las actividades entrarían en lo que constituye la excepción, como lo serían, todas aquellas tendientes a la adecuación o sostenimiento de la planta, relacionadas con el aseo, pintura, construcción, etc., que igualmente son indispensables para desarrollar el objeto social.

De suerte que no está acreditado que las labores ejecutadas por el actor correspondieran a aquellas propias y esenciales del Banco de la República, esto es, ejercer las funciones de banca central y aunque se reitera, no se desconoce que esta entidad buscaba cubrir una necesidad propia, ello, per se, no significa que la actividad desarrollada por el promotor del proceso sea permanente, o se entienda como inherente a dicha institución. No puede olvidarse que tal actividad solo se requería hasta tanto se finalizara la “ampliación y remodelación del Banco de la República, sucursal Cartagena”; esto es, para una obra concreta y puntual.

Y el hecho de que el beneficiario del servicio tuviese un “departamento denominado de edificios”, tampoco es suficiente para hacerlo solidario, por cuanto dicha dependencia cumple un rol diferente al de la esencia de la institución, que, a la luz del artículo 1º de la Ley 31/1992, es la de ejercer “las funciones de banca central de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Política y en la presente ley”.

Claro que para cumplir con su objeto se requiere que las diferentes instalaciones físicas sean funcionales al servicio que la entidad presta, pero la construcción de ellas, así como su mantenimiento, reparación o adecuación, como ya se dijo, no hacen que esa entidad usuaria de dichos servicios se convierte en solidaria por las acreencias laborales del contratista que las ejecuta, porque ellas tan solo son un apoyo para el cabal cumplimiento de su labor.

Para ilustrar todo lo asentado, viene como anillo al dedo lo razonado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL del 30 ago. 2005, rad. 25.505:

Ha sostenido la Sala cuando ha considerado que son extrañas al giro ordinario de los negocios, las actividades de mantenimiento de la infraestructura física del establecimiento productivo, —de ella hace la requerida para servicios públicos—, o a empresas del sector servicios en las que su equipamiento son de apoyo a la labor, y no como aquí, maquinarias imprescindibles y específicas para la obtención del producto industrial (resaltado fuera de texto).

A la mano de las anteriores reflexiones la acusación en torno a la solidaridad, no se abre paso”.

Toda vez que los términos y circunstancias dilucidadas en el caso referido guardan total proporcionalidad con el aquí analizado, es preciso señalar que el tribunal erró al considerar que las labores de reparación y mantenimiento ejecutadas por la contratista independiente correspondían a las del giro ordinario de Bancolombia.

No sobra indicar que las afirmaciones del ad quem respecto a que “los establecimientos del banco constantemente están cambiando su apariencia, decoración y presentación”, que dicha entidad requería los “servicios permanentes de mantenimiento, reparaciones, construcción y cuidado de la planta física de sus establecimientos”, y que la constitución de pólizas de seguro de cumplimiento, demostraban la conexidad entre el objeto social de Bancolombia y las labores de mantenimiento que desarrolló la señora Rosario Beatriz Gallo, corresponden a apreciaciones subjetivas del sentenciador que carecen de respaldo probatorio, por lo que los errores referidos a esos puntos, son evidentes ya que fueron parte del fundamento de la solidaridad que erradamente se declaró.

Así las cosas el cargo prospera y se casará parcialmente la sentencia del ad quem en cuanto declaró solidario al Banco Bancolombia de las obligaciones impuestas a la demandada Rosario Gallo; en instancia basten los anteriores argumentos para confirmar la absolución que frente al Banco Bancolombia impartió el Juez 2º Laboral del Circuito de Cali, el 2 de junio de 2009.

Como no hubo oposición, no se impondrán costas en el recurso extra ordinario ni en la alzada; las de primer grado correrán a cargo de la demandada persona natural.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por María Consuelo Bermúdez de León contra Gallo Zuluaga Rosario Beatriz solidariamente contra Bancolombia S.A. y en el que se llamó en garantía a Seguros del Estado S.A, en cuanto condenó a Bancolombia S.A. de manera solidaria y la mantiene en lo demás.

En sede de instancia se CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali proferida el 2 de junio de 2009, respecto a la absolución que impartió a favor de Bancolombia S.A.

Costas como quedó dicho.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.