Sentencia SL7807-2016 de junio 1º de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7807-2016

Radicación: 43628

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., primero de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho es necesario que el cargo exponga las razones que lo demuestren, y a más de esto, como lo ha expresado la Corte, que la existencia del yerro aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o la errada valoración de pruebas calificadas, como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial.

El recurrente le enrostra a la sentencia impugnada seis (6) errores de hecho, dirigidos a demostrar: a) Que la convención colectiva de trabajo establece la prohibición de disminuir la carga académica del docente de tiempo parcial, y no contiene una permisividad en favor del empleador para reducirla teniendo en cuenta solo su voluntad; b) Que la demandada le disminuyó al actor la carga académica, sin justa causa o justificación alguna, en forma unilateral e ilegal y sin el lleno de los requisitos exigidos por la convención colectiva; c) Que ese acto del empleador es violatorio del acuerdo colectivo de trabajo e inaplicable por contrariar derechos y principios legales como constitucionales; y d) Que la norma convencional consagra la acción para el reintegro de la carga académica que se disminuyó, junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Adicionalmente, la censura trae a colación el tema de la carga de la prueba; la interpretación de la norma convencional para que sea más favorable para el trabajador que denominó «favorabilidad probatoria»; y por último enfatizó en la nulidad del acto de disminución o supresión de la carga académica por ser unilateral, ilegal e injusto. En este orden la Sala abordará el estudio de la acusación:

1. Texto convencional.

La estipulación convencional cuestionada que se encuentra ubicada en el título II del personal docente, capítulo I, artículo 5º (fl. 33), es del siguiente tenor literal:

ART. 5º—La carga académica de un profesor de tiempo parcial solo podrá ser disminuida por las siguientes causas:

a) Supresión de cursos o asignaturas.

b) Suspensión de asignaturas por reformas del pensum dentro del respectivo semestre académico.

c) Cuando un profesor de tiempo parcial, transitoriamente se le aumente su carga académica para reemplazar algún docente por causa justificada y solo durante su ausencia.

PAR. 1º—Las causas de que tratan los literales a) y b) del presente artículo no se toman como justificación de terminación del contrato de trabajo, excepto cuando la carga académica es cero (0); y no sea posible ubicar al profesor en cátedra de su misma área.

PAR. 2º—En todo caso, a los docentes que se les hubiere disminuido la carga académica por los hechos de que trata el presente artículo en sus literales a) y b), tendrán derecho a que se les asigne la misma carga a la reapertura de cursos o de las asignaturas».

(…).

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el Tribunal al apreciar dicha cláusula, infirió: (i) que la misma no establecía una prohibición de disminución de carga académica para los docentes de tiempo parcial, sino que por el contrario allí se consagra es una permisión, señalando los eventos que pueden provocar dicha disminución; (ii) que al indicar el parágrafo segundo de tal disposición, como restablecimiento de esa situación la asignación de la intensidad académica anterior, siempre que «se reabran los cursos o las asignaturas suspendidas», corresponde al trabajador afectado demostrar las mencionadas circunstancias, o que «en casos como en el presente en que no aparecen probadas la supresión de cursos o asignaturas» acreditar que dichos eventos en la realidad no se dieron; que la conducta del empleador fue injusta y arbitraria, exigencias que aquí no se cumplieron, ello por virtud de las reglas de la carga probatoria del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil; y (iii) que dicha norma de índole convencional por ningún lado dispone el pago de salarios dejados de percibir por razón de la disminución de la carga académica, sino que simplemente trae la restauración de la carga anotada, siempre que se dé el supuesto normativo, sin descartar que eventualmente puede haber lugar a la cancelación de perjuicios que tienen que solicitarse y demostrarse en el plenario, lo que acá no se hizo, «como tampoco se acreditó la existencia de los supuestos para ordenar el restablecimiento de la carga académica».

Conforme el texto convencional que acaba de reproducirse y tal como lo puso de presente el Tribunal, allí no se establece una prohibición de disminuir la carga académica de los docentes en la forma que lo sugiere la censura, sino más bien faculta al empleador para efectuar tal disminución, en el evento que se configuren las causales señaladas en dicha estipulación, esto es, cuando se presente supresión de cursos o asignaturas, se suspendan las asignaturas por reformas del pensum dentro del respectivo semestre académico, y cuando a un profesor de tiempo parcial transitoriamente se le aumente su carga académica para reemplazar algún docente por causa justificada y solo durante su ausencia.

Igualmente, cabe anotar, que la citada estipulación convencional no consagra ningún procedimiento específico a seguir, para efectos de que el empleador lleve a cabo la mencionada disminución de la carga académica, entre ello que se notifique al docente demostrando la causal y justificación de esa decisión, y por consiguiente no existe la omisión que el recurrente en este sentido le enrostra a la entidad demandada.

De otro lado, en ninguno de los apartes de este precepto convencional se desprende el pago de salarios por virtud de la disminución de la carga académica, pues de acuerdo con su parágrafo 2º, lo que consagra es la reasignación o restauración de dicha carga, cuando se de apertura nuevamente a los cursos o asignaturas que fueron objeto de supresión o suspensión; lo cual corresponde exactamente a lo inferido por el ad quem.

En este orden de ideas, la asignación de la carga académica, que como se dijo, es dable disminuir cuando se está en presencia de cualquiera de las causales antedichas, contempladas en la convención colectiva de trabajo, en definitiva no configura un derecho adquirido como lo quiere hacer ver el recurrente, además que el precepto convencional refiere a la duración pero de la jornada por estar dirigido a los profesores «de tiempo parcial» y, no a la duración del contrato de trabajo, no siendo para el presente caso de recibo lo argumentado por el censor de que a mayor carga académica mejores condiciones de trabajo y estabilidad.

En consecuencia, la Sala precisa que la valoración probatoria que antecede, es el único entendimiento que admite la cláusula extralegal aludida, que surge de su texto, sin que sea posible colegir otra interpretación favorable, la cual está en armonía con la comprensión que de la misma estipulación convencional llevó a cabo la Corporación en un proceso seguido contra la Fundación demandada, en sentencia de la CSJ, SL, 25 marzo 2015, radicación 45481, oportunidad en la cual se dijo:

La lectura y revisión del citado precepto convencional indica, tal como sin error lo entendió el Tribunal, que el ente universitario encartado sí tiene la potestad de disminuir la carga académica cuando quieran que se configuren las causales señaladas, luego resulta razonable, como se dijo en la sentencia y lo acepta el recurrente, que la carga académica no constituye un derecho adquirido.

Adicionalmente, es evidente que esa cláusula convencional no consagra procedimiento alguno a cargo de la universidad, y en tal sentido mal podría el ad quem incurrir en su errónea intelección.

Por lo dicho, en este asunto no hay violación de la ley ni de principios constitucionales en los términos sugeridos por el recurrente, y por ende, el Tribunal no pudo cometer ninguno de los yerros fácticos endilgados.

2. Carga probatoria.

En cuanto a la inferencia del Juez Colegiado que gira en torno a la carga probatoria que le corresponde al docente demandante, ello de conformidad con las reglas de la carga de la prueba según lo dispuesto en el artículo 177 del CPC (hoy CGP, art. 167), y que la censura controvierte al sostener de un lado que el Tribunal se equivoca al exigir al actor que pruebe los supuestos de hecho de la estipulación convencional, y por otra parte que para el trabajador es un imposible jurídico por ser en esta oportunidad la prueba de resorte exclusivo del empleador; se ha de tener en cuenta, que esta clase de acusación sobre la crítica de la carga de la prueba, debe orientarse por la vía directa y no por la senda de los hechos, ya que no se trata de determinar yerros de valoración probatoria sino la violación de la norma que regula esa obligación de índole probatorio. Al respecto en sentencia de la SL, 20 marzo 2013, radicación 38546, se puntualizó:

En este punto, conviene traer a colación lo dicho por esta Corporación, en el sentido de que cuando se está debatiendo lo concerniente a la crítica sobre quien tiene la “carga de la prueba” de un determinado hecho, la vía adecuada para orientar el ataque es la directa, porque en estos eventos no se trata de establecer errores de valoración probatoria sino la violación de los preceptos legales que gobiernan esa obligación probatoria, tal como se dejó sentado entre otros pronunciamientos, en sentencias de la CSJ Laboral, 29 de noviembre de 2001 radicación 16616, 26 de septiembre de 2006 radicación 28299, 12 de marzo de 2007 radicación 29717, y 21 de agosto de 2008 radicación 33828 (…).

En conclusión, la discusión que subyace en el planteamiento del recurrente es que la demandada tenía la carga procesal de probar la justificación del rompimiento unilateral del contrato de trabajo, aspecto que involucra un debate alrededor del tema de la carga de la prueba, que, como ya se dijo, dada su naturaleza eminentemente jurídica, no es factible analizar por la vía de los hechos”.

3. Principio de favorabilidad.

El censor refiriéndose a la «Convención Colectiva de Trabajo, en su artículo 5º», aseveró que la «interpretación» de esta «norma» que hizo el Tribunal «fue la más desfavorable para el trabajador, inaplicando entonces las Normas que ordenan que la interpretación de la ley se debe hacer teniendo en cuenta que ellas favorezcan al trabajador», que se ignoraron los artículos 21 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Nacional, lo que lleva a que sea nugatoria la aplicación de tal principio del in dubio pro operario o favorabilidad probatoria, así como el artículo 1620 del Código Civil que enseña que «el sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto, deberá preferirse a aquel, deberá preferirse a aquel que no sea capaz de producir efecto alguno».

Por tratarse la estipulación convencional de una prueba, respecto a su comprensión no opera el principio de favorabilidad o in dubio pro operario que tiene aplicabilidad es frente a dos normas legales de alcance nacional, además que en el sub litem el Tribunal no halló dos posibles interpretación del precepto convencional en cuestión, sino que como atrás quedó visto llevó a cabo una apreciación razonada de este medio de convicción. En sentencia de la CSJ SL, 23 noviembre 2010, radicación 41122, se precisó:

En relación con el argumento expuesto por el recurrente, importa anotar que esta Sala de la Corte, por mayoría, ha considerado que el principio de favorabilidad en materia de interpretación de las normas jurídicas que se consagra en el artículo 53 de la Constitución Política, que recoge la regla universal del in dubio pro operario, no opera en relación con preceptos contenidos en convenciones colectivas de trabajo, que, desde luego, no son normas de alcance nacional y deben considerarse, para esos efectos, como pruebas del proceso.

Aparte de lo anterior, tal principio carece del alcance que le atribuye el impugnante, por cuanto dicha regla interpretativa consiste en que cuando existan dudas fundadas en el entendimiento de una norma, esto es, cuando el operador jurídico encuentre lógicamente posibles y razonablemente aplicables al asunto debatido dos o más intelecciones del precepto, debe acoger aquella que más beneficie al trabajador.

4. Nulidad del acto del empleador sobre disminución de la carga académica del docente demandante.

La censura indicó que «el acto producido por el empleador al disminuir la carga académica del trabajador, es ilegal, por tanto es evidentemente nulo, como lo indica el Código Civil en su artículo 1740, 1741 y 1742, que subrogó el artículo 2º de la Ley 50 de 1936», con el efecto de reinstituir las cosas al estado en que se encontraban como lo tipifica el artículo 1746 del Código Civil y entonces «cuando el trabajador, sufre la disminución de su carga académica sin que medie justa causa para ello, su acción le confiere el derecho de ser restituido al momento y situación en que se encontraba cuando fue desmejorado», por estar prohibido al empleador accionado, quien en el caso del demandante no tenía una justificación a la luz de la convención colectiva de trabajo que el demandado incumplió, generándose el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir a título de reparación del daño causado.

Como quiera que desde el punto de vista fáctico no se logró demostrar el incumplimiento de la convención colectiva de trabajo por parte del empleador convocado al proceso, ni deficiencia probatoria alguna del Tribunal al interpretar la estipulación convencional que consagra la disminución de la carga académica de un profesor de tiempo parcial, que como se dijo está permitida de concurrir cualquiera de las causales allí previstas, no es dable hablar de ilegalidad y nulidad del acto del empleador, y menos del pago de salarios y prestaciones que no contempla la norma convencional.

Así las cosas, la disminución de la carga académica del actor en los términos pactados convencionalmente, no tiene la virtualidad de configurar un yerro fáctico con el carácter de evidente, de la manera sugerida por la recurrente, por lo que no puede prosperar ningún error de hecho de los atribuidos por la censura a la sentencia impugnada.

Por todo lo expresado, no puede tener éxito el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.250.000, que se incluirán en la liquidación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2008, en el proceso ordinario que instauró URÍAS OYAGA SÁNCHEZ contra la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE COLOMBIA.

Costas como se indicó en la parte motiva de este proveído.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»