Sentencia SL7885-2015 de mayo 28 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL7885-2015

Rad.: 45985

Acta 16

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy «COLPENSIONES», contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 25 de febrero de 2010, en el proceso que ARISTIDES GONZÁLEZ IRAGORRI le sigue al recurrente.

I. ANTECEDENTES

Con la demanda que dio origen al presente asunto, el actor pretendió el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 31 de agosto de 1998, fecha en que arribó a los 60 años de edad; el pago del retroactivo pensional; las mesadas adicionales; reajustes de ley; los intereses moratorios y las costas del proceso.

En lo que al recurso de casación interesa, el demandante fundamentó sus peticiones en que mediante sentencia del 12 de julio de 2002, el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada declaró en su favor la existencia de un contrato de trabajo con el ISS, desde el 23 de marzo de 1993 hasta el 30 de mayo de 2000, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Popayán.

Adujo que esa decisión judicial conlleva que el ISS -empleador- de conformidad con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 debió realizar los aportes al sistema general de pensiones con los cuales tiene derecho a la prestación de vejez a la luz del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, pues con tales semanas supera las 500 exigidas al efecto.

Manifestó que cumplió 60 años de edad el 31 de agosto de 1998; que agotó la reclamación administrativa el 14 de marzo de 2007, que fue resuelta negativamente el 28 del mismo mes y año (fls. 77 a 83).

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada aceptó la existencia del proceso ordinario laboral en el cual se declaró la existencia de un contrato de trabajo desde el 23 de marzo de 1993 al 30 de mayo de 2000.

Negó que tuviera la obligación de efectuar aportes al sistema de seguridad social durante la vigencia del contrato realidad, en razón a que durante tal periodo el demandante realizó aportes como trabajador independiente, y la sentencia no condenó a su pago.

Señaló que el reconocimiento y pago de la pensión de vejez ya fue decida negativamente en un primer proceso que surtió todas las instancias judiciales, incluyendo el trámite del recurso de casación, y que por ello, en razón a que en el presente litigio no hay hechos nuevos, la decisión no puede ser diferente a lo ya resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral.

Afirmó que González Iragorri no reúne las semanas mínimas para acceder a la pensión aquí demandada; formuló la excepción previa de inepta demanda y, como excepciones de fondo, propuso las de cosa juzgada, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, «AUSENCIA DE LA DEMOSTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS FÁCTICOS QUE SUSTENTAN LA APLICACIÓN DE UNA NORMA DENTRO DEL TRÁMITE JUDICIAL» y prescripción (fls. 95 a 103).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada, mediante fallo del 26 de noviembre de 2008, condenó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy «COLPENSIONES», a pagar a ARISTIDES GONZÁLEZ IRAGORRI la pensión de vejez causada a partir del 31 de agosto de 1998, junto con los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, tanto las mesadas pensionales como los intereses moratorios causados con anterioridad al 19 de mayo de 2003. Impuso las costas de la instancia a cargo de la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de ambas partes, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante fallo del 25 de febrero de 2010, confirmó la decisión de primer grado y le impuso a las dos partes las costas de la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal, en esencia, consideró:

Al respecto, siendo fieles a las piezas probatorias que obran en el plenario, concretamente las que reposan a folios 233 a 245, encuentra la Sala que ante la sumatoria de la densidad de semanas cotizadas en todo el tiempo de vida laboral del demandante, se evidencian que no se superan las 1000 semanas de cotización; por el contrario se observa que cumple con las 500 semanas que se requieren para el mismo efecto, tal como se deduce del reporte de semanas cotizadas visibles a folios 233, 234 y 240, de cuyo análisis se encuentra que sin lugar a dudas, cotizó 521 semanas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 60 años, esto es, entre el 31 de agosto de 1978 y el 31 de agosto de 1998.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, lo absuelva de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra.

Con tal propósito formula un cargo, oportunamente replicado, que la Sala procede a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año; 36 y 141 de la Ley 100 de 1993.

Expresa que a tal violación arribó el tribunal, por haber incurrido en los siguientes errores:

1. Dar por demostrado, contra la evidencia, que el demandante cotizó al ISS 521 semanas entre el 31 de agosto de 1978 y el 31 de agosto de 1998. 

2. No dar por demostrado, estándolo, que de acuerdo con las documentales que citó el ad quem (fls. 233, 234 y 240) el accionante cotizó 342 .27 semanas. 

Yerros fácticos que, según la censura, se cometieron por no haber valorado correctamente las documentales de folios 233, 234 y 240.

En la demostración del cargo, explica que el tribunal se equivocó al concluir que el actor contaba con 521 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad, cuando la verdad es que sólo acredita 342 semanas, tal como se evidencia en las documentales soporte de la decisión acusada.

Precisa que la documental de folio 233, únicamente refleja 73 días cotizados correspondientes a 10.42 semanas; que la del folio 234 registra 720 días que corresponden a 102.85 semanas, y que el folio 240 informa que el actor cotizó 1.607 días que equivalen a 229 semanas. Afirma que la sumatoria de esas semanas arrojan un total de 342.27, que no alcanzan las 521 que encontró acreditadas el colegiado.

VII. RÉPLICA

La parte demandante expresa que el tribunal no cometió desatino alguno; que la censura «de mala fe» se limitó a realizar un análisis probatorio de lo ocurrido en el primer proceso; que éste es uno nuevo en el que a las cotizaciones indicadas por la recurrente, deben sumarse las 373 semanas que son producto de la sentencia judicial que declaró la existencia de un contrato de trabajo entre el 23 de marzo de 1993 y el 30 de mayo de 2000.

VIII. CONSIDERACIONES

La Sala comienza por recordar que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como también lo ha expresado la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de pruebas calificadas como el documento, la confesión judicial o la inspección judicial según el artículo 52 de la Ley 712 de 2001.

Le corresponde dilucidar a la Corporación, si erró o no el tribunal al estimar que el actor acreditó 521 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de 60 años de edad, hecho que ocurrió el 31 de agosto de 1998 y que no es materia de discusión.

En efecto, tal y como lo pone de presente la parte recurrente, la documental cuya errónea valoración acusa, indica lo siguiente:

Período de cotizaciónDíasSemanasFolios
Hasta 31/12/942.168309.71240 a 241
01 a 03/957310.42233
03 a 11/96
01 a 12/97
01 a 08/98 —data en la que cumplió 60 años de edad—
870124.28234 a 236
Total 2.211444.41 

En tal orden de ideas, incurrió el ad quem en los protuberantes errores de hecho que le endilga la censura, pues durante los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad, el accionante no alcanzó a cotizar 521 semanas como erróneamente lo concluyó.

Por lo visto, el cargo prospera. Sin costas en sede de casación.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA

Para resolver la alzada de la demandada (fls. 320 y 321), pertinente es recordar que Iragorri González soportó su pedimento pensional en la declaración judicial de la existencia del contrato de trabajo que lo ligó con el ISS desde el 23 de marzo de 1993 hasta el 30 de mayo de 2000, tal como lo aceptó la convocada a juicio y consta en las copias de los fallos que obran de folios 3 a 33.

Siendo ello así, resulta evidente la intrínseca obligación que tenía el Instituto de pagar los aportes a la seguridad social en pensiones, que en calidad de empleador cumplió parcialmente (fl. 241) durante los ciclos comprendidos entre el 23 de marzo de 1993 a diciembre de 1994, mas la omitió entre el 1º de enero de 1995 y el 30 de mayo de 2000 —extremo final de la relación laboral subordinada declarada vía judicial— esto es durante 1.950 días laborados que equivalen a 278.57 semanas.

Ahora bien, entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de agosto de 1998 —fecha en la que el demandante arribó a 60 años de edad— trascurrieron 1.320 días que equivalen a 188.57 semanas

En este orden de ideas, al sumar las semanas con las cuales cuenta el demandante en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad, se tiene que, entre el 31 de agosto de 1978 y el 31 de agosto de 1998, alcanza las siguientes:

Periodo de cotizaciónDíasFolios
19/11/81 a 21/03/83123241
21/11/83 a 12/06/84205241
06/07/89 a 01/03/90239241
02/03/90 a 31/03/92761241
15/07/92 a 13/01/93183241
15/03/93 a 27/05/9374241
23/03/93 a 31/12/94583 241
01/01/95 a 31/08/9813203 a 33 y 233
Total 3488 equivalentes a 498.28 semanas

Así las cosas, el accionante no acredita 500 semanas durante los últimos 20 años anteriores a la data en la que arribó a 60 años de edad y, en consecuencia, no cumple con la exigencia prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad.

Ahora bien, si a las 498.28 semanas cotizadas se le sumaran las 90 restantes a cargo del ISS empleador, que corresponden al período comprendido entre el 1º de septiembre de 1998 y el 30 de mayo de 2000 —del que no está exento—, alcanzaría un total de 588.28 en toda la vida laboral, inferior a las 1000 semanas que en cualquier época también exige la misma normativa.

En este contexto, importante es recordar que de conformidad con los artículos 18 de la Ley 100 de 1993, 20 del Decreto 692 de 1994 y posteriormente con el artículo 30 del Decreto 1406 de 1999, no es posible sumar semanas de cotización que se hubiesen hecho de manera simultánea en la doble calidad de afiliado dependiente e independiente, toda vez que dichas disposiciones consagran, la sumatoria de salarios para efectos de incrementar el monto de la pensión, no para acumular semanas.

Se hace énfasis en lo anterior en razón a que el demandante, como se vio en precedencia, durante los ciclos correspondientes a los meses de marzo a noviembre de 1996 (fl. 234), enero a diciembre de 1997; enero a diciembre de 1998; enero a diciembre de 1999; y febrero a mayo de 2000 (fls. 234 a 236), cotizó como trabajador independiente, razón por la que no es posible sumarlas a las que ya se calcularon teniendo en cuenta su condición de servidor del ISS, pues, se itera, lo que se puede sumar son los ingresos bases de cotización para efectos de incrementar el monto de la pensión, no para completar el número de semanas exigidas.

En esas condiciones, le asiste razón al recurrente en apelación, al afirmar que Aristides González Iragorri no completa las 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad —60 años—; tampoco las 1000 semanas en cualquier época, supuestos facticos contemplados en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad, razones que imponen revocar la decisión de primer grado y, en su lugar, absolver a la demandada de todas y cada una de las pretensiones contenidas en la demanda que dio inicio al presente asunto.

Finalmente, estima pertinente la Sala recordar, que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, durante la vigencia de la relación laboral, es obligación del empleador afiliar a su trabajador y efectuar las cotizaciones al sistema general de pensiones, y es también el único responsable de realizar el pago de tales aportes —incluido el porcentaje que le corresponde al trabajador—, tal como lo prevé el artículo 22 de la Ley 100 de 1993.

Ello significa que si el empleador incumple las obligaciones que el Sistema de Seguridad Social le impone, debe soportar no sólo el pago de tales aportes, también las demás sanciones a que haya lugar, tal como lo precisa el artículo 23 ibídem.

Lo anterior, también aplica a los eventos en los cuales el Juez declara la existencia de un contrato de trabajo, pues esa decisión judicial —salvo que el trabajador hubiese demandado algo diferente, por ejemplo, pago de una pensión sanción, indemnización de perjuicios por omitir la afiliación, etc.— indefectiblemente conlleva la obligación de realizar aportes al régimen pensional al cual pertenecía o estaba afiliado el demandante —en el sub examine el de prima media con prestación definida administrado por el ISS hoy «COLPENSIONES»—, sin que sea dable pensar siquiera, que el trabajador se vea obligado a iniciar un nuevo proceso persiguiendo el pago de tales aportes, pues tal objetivo se cumple cuando la jurisdicción declara la existencia del contrato realidad.

Costas de la primera instancia a cargo de la parte demandante. Sin cotas en la alzada.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la sentencia proferida el veinticinco (25) de febrero de dos mil diez (2010), por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el proceso que ARISTIDES GONZÁLEZ IRAGORRI le sigue al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy «COLPENSIONES».

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de noviembre de dos mil ocho (2008), por el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada – Cauca.

2. ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy «COLPENSIONES» de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor ARISTIDES GONZÁLEZ IRAGORRI.

2.(sic) Costas del proceso, conforme a la parte considerativa.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Presidenta de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.