Sentencia SL7888-2015/46459 de junio 3 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7888-2015

Rad.: 46459

Acta Nº 17

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá D.C., tres de junio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la interviniente ad excludendum Josefina de la Ossa de Villanueva, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la accionada que la Corte case la sentencia recurrida, para que en sede de instancia revoque la del ad quo y, en su lugar, se le reconozca la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante y, en consecuencia, le sea cancelado el retroactivo pensional desde el 20 de abril de 2001, los reajustes legales, lo que resulte extra o ultra petita y las costas del proceso.

Con tal objeto, por la causal primera de casación, formuló un cargo que dentro de la oportunidad legal fue replicado.

VI. Único cargo

Acusa la sentencia del tribunal de infringir “la ley sustancial, concretamente por la violación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 49 del Decreto 1295 de 1994, y el num. primero, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, por interpretación errónea indirecta de las pruebas”.

En el desarrollo del cargo, afirma el censor que la sentencia impugnada quebranta “en forma indirecta” la ley Sustancial, “por error de hecho”, por cuanto el ad quem, no apreció las solicitudes de prejudicialidad penal —que elevó el apoderado de la recurrente con ocasión de la denuncia penal instaurada por ésta contra la demandante—, una de las cuales, señala, la efectuó en el memorial de alegatos de conclusión presentado ante el a quo, en tanto “no es una simple contradicción de documento como lo pretende hacer ver el tribunal, sino que existen delitos que deben ser investigados, como se está haciendo por la fiscalía de delitos contra el patrimonio económico, la fe pública y otros, fiscalía 37 delegada ante los jueces penales del circuito de barranquilla”.

A continuación transcribe el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y refiere que las normas que señaló como violadas establecen que quienes pretendan acceder a la pensión de sobrevivientes, deben llenar ciertos requisitos “que se exigen y deben presentarse con la solicitud o demanda ordinaria laboral, acerbo (sic) probatorio que debe constar en documentos y testimonios que acrediten que tiene los requisitos de ley, y este acerbo (sic) probatorio deber ser recepcionado y presentado EN FORMA LEGAL, sin ninguna irregularidad, para tener derecho a la sustitución sobreviviente” y que la accionante Etelvina Leiva Pallares, no aportó tales probanzas en la forma ordenada por la ley y, por tal razón, “está cuestionado ante la fiscalía 37 delegada ante los jueces penales del circuito, adscrita a la unidad seccional de delitos contra el patrimonio económico, la fé (sic) pública y otros ”.

Finalmente, reproduce el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y refiere textualmente:

Teniendo en cuenta el artículo precitado, y como sabemos no se pudo tachar de falsos el acerbo (sic) probatorio en el Proceso de Primera Instancia, como lo expliqué, por fuerza mayor o caso fortuito, el tercero ad excludendum Josefina De la Ossa de Villanueva procedió a denunciar penalmente los hechos que son materia de investigación por los delitos de falsedad, fraude procesal, y otras infracciones, a la actora Etelvina Esther Leiva Pallares.

Se debe tener en cuenta que Caprecom, es una entidad estatal, que se nutre con los dineros del erario público, lo cuales son sagrados, y las dos sentencias anteriores, favorecen a la incriminada Etelvina Esther Leiva Pallares, que una vez reciba la pensión de sobreviviente, Caprecom, no podrá recuperar sus dineros, aún (sic) cuando el fallo condene por los delitos en comento a Etelvina Esther Leiva Pallares.

Por estas razones, al no acoger la solicitud de prejudicialidad penal, la sala primera de descongestión laboral del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con el lleno de los requisitos legales, viola flagrantemente las normas sustanciales supracitadas.

VII. Réplica de la demandante

En sustento de su oposición refiere que el cargo carece de la técnica exigida para su sustentación pues es totalmente contradictorio acudir a la vía indirecta e invocar una modalidad propia del sendero de puro derecho como lo es la interpretación errónea. Agrega, que aunque la censura se dirigió por la vía indirecta, el mismo no es desarrollado y se trae como argumentos jurídicos los atinentes a los requisitos legales para acceder a la sustitución pensional, a la luz del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuestiones que no pueden ser discutidas por el sendero escogido. Además, manifiesta que el censor no controvirtió las razones del tribunal para reconocer la pensión de sobrevivientes a Etelvina Leiva Pallares, pues el recurrente se limitó a transcribir la supuesta violación de las normas.

Señala que la señora Josefina de la Ossa no tiene derecho a la pensión deprecada dado que quedó demostrado que ésta se encontraba divorciada, separada de bienes y de cuerpos del causante y, además, lo demandó por alimentos, lo que ratifica que no existía convivencia posterior a esa separación.

Refiere que una vez se conoció el fallo de primera instancia, Josefina de la Ossa denunció penalmente a la demandante, dado que “supuestamente existía una fecha distinta en el carne (sic) de salud que le expidió Caprecom, hecho que no es cierto, ya que fue debidamente atendida en los servicios de salud”, y que la entidad de salud nunca objetó ni tachó ningún documento presentado en el plenario. Agrega, que las pruebas incorporadas al proceso se dieron dentro de los términos y oportunidades señaladas en la ley y gozaron de publicidad, en tanto las mismas fueron controvertidas sin ser tachada de falsas ni fueran objetadas.

VIII. Réplica de la demandada Caprecom

Refiere que la demanda de casación carece de la técnica exigida para ser estudiada por cuanto no se concreta la norma sustancial violada y solo se basa en la negativa que el juzgado y el tribunal tuvieron respecto de la solicitud de suspensión del proceso por una eventual prejudicialidad penal, lo que a todas luces no es fundamento legal alguno en casación.

Indica que la entidad debe atenerse a lo decido por la justicia ordinaria dado que, como quedó probado en el proceso, existieron dos reclamaciones administrativas frente al mismo derecho.

IX. Consideraciones

Tal como lo enrostra la demandante y la entidad opositora, el cargo adolece de serios defectos en la técnica propia del recurso extraordinario de casación, pues al formularse la demanda que sustenta la impugnación es imperioso que ésta se adecúe a las exigencias formales indicadas en el artículo 90 del CPT y de la SS, en concordancia con lo previsto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por la disposición 162 de la Ley 446 de 1998.

Una de tales exigencias, tal y como lo ha indicado en abundante jurisprudencia esta Sala, consiste en que en la demostración de un cargo encaminado por la vía indirecta, esto es, cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la equivocada estimación de las pruebas o de su no valoración, le es imperativo al impugnante exponer de manera clara qué es lo que ellas acreditan en contra de lo inferido por el tribunal y cómo incidieron tales falencias en el yerro evidente denunciado, demostración que ha de estructurarse mediante un análisis razonado y crítico de los medios de convicción, confrontando la conclusión con las deducciones acogidas en la resolución judicial.

No obstante, el censor no cumple con esa carga procesal pese a que en el fallo se lee de manera individualizada qué es lo que acreditan los medios de convicción arrimados al plenario y cuál fue el juicio de valor que a cada una le imprimió el juzgador. Lo anterior, en la medida que la recurrente, únicamente y de manera tangencial, critica que el juez de alzada no tuvo en cuenta la solicitudes de “PREJUDICIALIDAD PENAL”, que elevó en las instancias con ocasión de la denuncia penal interpuesta contra la demandante Etelvina Esther Leiva Pallares, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad y fraude procesal.

Así entonces, se echa de menos la obligada labor de confrontación entre el contenido material de las pruebas y la apreciación conjunta e individual que de ellas hizo el juzgador, para indicarle a la Corte cuál o cuáles fueron los yerros fácticos de la sentencia acusada, individualización que también obligaba a la impugnante y que igualmente, omitió en el ataque.

Es decir, para que el cargo pudiera estudiarse en sede de casación, se hacía indispensable la identificación en forma singularizada de los errores de hecho atribuidos, así como la de cada uno de los medios probatorios dejados de estimar o erróneamente valorados, con el fin de demostrar qué es lo que cada una de ellas en verdad acredita y su incidencia en la equivocada resolución judicial.

Ahora bien, vista la motivación de la sentencia impugnada se advierte que el cargo exhibe un divorcio con las verdaderas conclusiones del tribunal.

En efecto, tal como quedó reseñado en el itinerario procesal, el juez de segunda instancia al adentrarse al estudio de los medios de convicción arrimados al proceso, concluyó que no se encontraba acreditado que la recurrente Josefina de la Ossa, conviviera con el causante desde el fallecimiento de Marina Gómez Gómez —ocurrido en 1996—, hasta el momento del fallecimiento de aquél. Empero, encontró suficientemente demostrado que la demandante Etelvina Leiva Pallares, convivió con el de cujus por más de 14 años hasta el momento del fallecimiento de éste y, en tal virtud, consideró que conforme a la norma que regula el asunto, era la beneficiaria de las sustitución pensional implorada.

Además, concluyó el juzgador que la discusión acerca de la vinculación o no de la señora Etelvina Esther Leiva Pallares, al sistema de salud de la Caja de Previsión de Comunicación Caprecom, era irrelevante, por no constituir un presupuesto para acceder a la pensión de sobreviviente, en tanto el elemento esencial que determina el acceso a tal derecho, conforme la ley, es la “convivencia efectiva, con el fallecido no menos dos años continuos con anterioridad a su muerte” requisito que adujo, superó la actora.

Por su parte, el cargo discrepa de la sentencia básicamente porque: (i) no se tuvieron en cuenta las solicitudes de prejudicialidad elevadas en las instancias; (ii) el acervo probatorio allegado por la actora “está cuestionado ante la fiscalía 37 (…)” y (iii) Caprecom es una entidad que se nutre con dineros pertenecientes al Erario y que si se verifica el pago de la pensión de sobrevivientes a la demandante, no será posible obtener la devolución de los dineros cancelados en tal virtud, aun cuando ésta sea condenada penalmente.

Entonces, se observa que el ataque en verdad no controvierte los verdaderos pilares de la decisión del juez, y en ese contexto al acometer razones distintas de las expresadas por el tribunal como soporte de la decisión impugnada, las conclusiones del fallador se mantienen incólumes.

En esa línea, se impone reiterar que la claridad y precisión del cargo también exige una relación entre la providencia y el ataque que se le formula, armonía que implica que la demanda de casación ha de recriminar a plenitud la sentencia, de manera que se combatan todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la decisión del colegiado.

De manera que, en el sub lite, al centrarse los cargos en una serie de consideraciones que pudieron resultar susceptibles de estudio en instancia pero que no son de recibo en la sede de casación, porque no se dirigen a atacar las conclusiones fundamentales del tribunal sino a someter al estudio de la Corte otros aspectos ajenos, no queda otro camino que desestimarlos.

Al margen de lo anterior y en lo que tiene que ver con la alegada falta de apreciación de las “varias solicitudes (…) de prejudicialidad penal”, que propendían por la suspensión del proceso, con fundamento en la denuncia penal instaurada por Josefina de la Ossa contra la demandante Etelvina Esther Leiva Pallares por los delitos contra la eficaz impartición de justicia, dentro de la cual, la Fiscalía Seccional 37 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación, considera la Sala pertinente señalar que de conformidad con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, al que se acude por remisión expresa del artículo 145 del CPT y SS, la suspensión del proceso por prejudicialidad, se dictará “a juicio del juez que conoce de éste” (resaltado por la Sala).

Es así como como se advierte que, previamente a exponer las consideraciones de la decisión de segunda instancia, en la sentencia confutada, el tribunal dio respuesta a la petición del apoderado de Josefina de la Ossa Villanueva, en los siguientes términos:

Sea lo primero advertir, que lo que motivó la denuncia penal, es un documento obrante en el proceso que contradice a otro; sin embargo, no se entiende por que (sic) solo al conocerse la sentencia de primera instancia es que se procede a realizar la mencionada denuncia.

La etapa probatoria debe responder a unos principios, en los que se encuentran el de eventualidad o preclusión, publicidad o contradicción, lealtad o moralidad. Estos se desarrollan a través de unas reglas técnicas, que son las normas que rigen los comportamientos de los sujetos procesales, dentro del proceso.

Revisado que fue el informativo, se observa que las pruebas incorporadas por las partes se dieron dentro de los términos y oportunidades señaladas por la ley; las cuales gozaron del principio de publicidad y pudieron ser controvertidas. No se observó, ni antes, ni durante la etapa probatoria, por parte del tercero ad excludendum, se haya objetado o tachado en su debida oportunidad procesal.

Der suerte que, al margen de la investigación penal que subsiste, considera esta colegiatura improcedente la declaratoria de las suspensión del proceso, no solo por lo expuesto en precedencia, sino igualmente, que esta Sala fue creada para descongestionar al Tribunal Superior de Barranquilla, Sala laboral.

De lo anterior, se tiene que el tribunal no solo tuvo en cuenta la petición que en tal sentido fue puesta a su consideración, sino también que, en virtud de la facultad que le otorga la normativa a que se hizo alusión, le dio respuesta negativa a la misma, luego de una análisis del devenir procesal de donde determinó que las pruebas obrantes en el plenario fueron legal y oportunamente allegadas y gozaron del principio de publicidad.

Así las cosas, el juez de segunda instancia no solo no omitió efectuar un pronunciamiento al respecto, si no que su decisión fue debidamente sustentada y, en todo caso, la negativa expuesta se encuentra acorde por lo que en tal materia ha señalado esta Sala, entre otras en la sentencia CSJ SL 6 mar. 2012, rad. 42167, donde adoctrinó:

En lo que tiene que ver con la negativa del a quo a decretar la prejudicialidad penal, además de que no se acreditó en el proceso laboral lo resuelto dentro de la denuncia penal que se instauró contra el actor, es menester reiterar que en materia laboral se tiene adoctrinado que el juez de trabajo no debe esperar el resultado del juicio penal, ni supeditar su decisión a que esa actuación exista o no.

Determinación que aun cuando fue adoptada en un asunto donde la discusión de fondo que se ventilaba en esa ocasión —terminación del contrato de trabajo por un hecho delictuoso cometido por el trabajador contra el empleador— difiere de la del sub examine, resulta aplicable, en tanto el fin que se persigue con la petición de prejudicialidad, es la misma, esto es, la suspensión del proceso hasta tanto se resuelva el juicio penal.

Por todo lo anterior, el cargo se desestima.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la interviniente ad excludendum y favor de la demandante y la entidad accionada en proporción del 50% para cada una. Se fija como agencias en derecho, la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala laboral de descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 15 de diciembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Etelvina Esther Leiva Palacios contra Caprecom, proceso al cual fue vinculada como interviniente ad excludendum Josefina De la Ossa de Villanueva.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».