Sentencia SL7895-2015/42131 de junio 10 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7895-2015

Rad. 42131

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 18

Bogotá, D.C., diez de junio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

El problema jurídico que le corresponde dilucidar a la Sala, consiste en establecer si el ad quem incurrió en la errónea interpretación de los art. 77 y 108 de la L. 100/1993, y 3º y 5º del D. 876/1994, que la condujo a absolver a la compañía de Seguros Bolívar S.A. de la responsabilidad pensional correspondiente.

Pues bien, sea lo primero señalar que el num. 1º del art. 77 de la L. 100/1993, relativo a la pensión de sobrevivientes de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, establece que cuando dicha prestación se origina en la muerte de un afiliado, contribuirán a la financiación de la misma “los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional si a ello hubiere lugar, y con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. Dicha suma adicional estará a cargo de la aseguradora” (resaltado fuera del texto original).

Ahora bien, el art. 108 ibídem, preceptúa que las AFP deberán contratar seguros previsionales “colectivos y de participación” para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar el capital necesario en la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado y, en especial, frente a la eventualidad de que lo que esté en ella acumulado, resulte insuficiente para completar el monto de la pensión respectiva, caso en el cual le corresponderá acudir a la aseguradora en “la suma adicional que se necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión”, tal como lo consagra el art. 77 citado.

Y es que resulta obligatoria la contratación de ese tipo de seguros en el sistema de ahorro individual, porque a diferencia de lo que sucede en el régimen de prima media con prestación definida —donde los recursos ingresan a un fondo común—, la cuenta de cada afiliado está conformada por los aportes efectuados por éste y sus rendimientos, de ahí que cuando éstos resultan insuficientes para financiar la prestación, el faltante será provisto por la compañía aseguradora con la que se haya contratado el seguro.

Así las cosas, resulta claro que tal cobertura es automática, pues si se condena a la AFP al pago de la prestación periódica, a la Aseguradora, por ministerio de la Ley, se le extienden sus efectos en calidad de garante y, por tanto, tendrá la obligación de cubrir la suma adicional necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión de sobrevivientes.

Esta Sala de la Corte, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el tema que ahora se debate, en sentencia CSJ, 2 oct. 2007, rad. 30252 —reiterada en las recientes sentencias SL5429-2014 y SL6094-2015—, en la que se adoctrinó:

“En el sub lite la Administradora de pensiones a quien se le demanda el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al contestar la demanda llamó en garantía a su entidad aseguradora, y ésta al comparecer al proceso aceptó tal condición, admitió la existencia del vínculo de aseguramiento, en los términos de la “Póliza de Seguros Previsionales de Invalidez y Sobrevivencia” (sic), aportado por la Administradora de pensiones en su contestación de la demanda.

El Ad quem absuelve a Colseguros por entender que “se desconoce el alcance de la obligación a la cual se ha comprometido” la entidad Aseguradora.

Tal desconocimiento es un yerro del Tribunal. Es la Ley de Seguridad Social Integral la que concibió el Ahorro Individual como un régimen con carácter de aseguramiento para los infortunios de la invalidez y de la muerte; y sin duda se trata de una obligación insoslayable pues es inherente a la naturaleza del régimen de ahorro individual tomar un seguro a través de la administradora de pensiones, con un objeto definido legalmente de garantizarle al afiliado las sumas adicionales necesarias para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes, como lo manda el artículo 108 de la Ley 100 de 1993”.

En ese orden, se tiene que el Tribunal al absolver a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., bajo el argumento de que su responsabilidad no es automática y que no resulta viable ordenar un pago “que no se sabe si va a producirse o no”, incurrió en la interpretación errónea del contenido de las normas relacionadas en la formulación del cargo y, en consecuencia, se casará la sentencia, en lo relacionado con la obligación de la Aseguradora en la financiación de la pensión de sobrevivientes ordenada a cargo del Fondo de Pensiones y Cesantías Santander S.A.

En sede de instancia, además de lo expuesto en la esfera casacional, resulta pertinente rememorar lo que la Sala expuso en la sentencia de casación, antes identificada:

“Como consideraciones de instancia, se ha de señalar que el seguro previsional de invalidez y sobrevivientes es para el colectivo de afiliados a una Administradora de Pensiones, la que actúa como tomadora por cuenta de éstos; el amparo de la póliza se extiende de manera automática al afiliado con la afiliación a la administradora de pensiones.

El objeto del aseguramiento es definido por la ley, y como imperativo que es, se reproduce en las pólizas de seguros con las que se formaliza el vínculo de aseguramiento previsional, y consiste en garantizar la existencia de capital suficiente para financiar la pensión de invalidez o de sobrevivientes que se causa a favor del afiliado o de sus beneficiarios, esto es del valor actual de la pensión de referencia respectiva, integrándolo con la suma adicional que le falta al acumulado por aportes obligatorios y bono pensional si lo hubiere, en la cuenta de ahorro individual.

La pensión de invalidez o de sobrevivientes que se causa es la que genera el derecho al amparo del seguro.

En este marco basta con la regulación legal —artículo 108 de la Ley 100 de 1993— y la reglamentaria —artículos 15 y 18 del Decreto 1161 de 1994—, para definir el contenido de la obligación de aseguramiento respecto al afiliado; con esto se advierte además que la relación de aseguramiento previsional es de carácter reglamentario, como corresponde a las relaciones de la seguridad social.

De esta manera el objeto del aseguramiento es el definido en el artículo 77 de la Ley 100 de 1993, en los términos de garantizar la suma adicional que sea necesaria completar el capital que financie el monto de la pensión de sobrevivientes, al mismo que remite la póliza visible a folio 57.

Lo anterior sin perjuicio de entender que algunos aspectos de la relación de aseguramiento quedan definidos en la Póliza de Aseguramiento de la pensión de Invalidez y Sobrevivientes, como el de la existencia, o la vigencia de la misma, la que en el sub lite, estaba por fuera del debate probatorio, por haber sido admitidas por la entidad aseguradora llamada en garantía”.

Como resultado de lo expuesto, se revocará la sentencia del a quo, en cuanto liberó de responsabilidad a la llamada en garantía y, en su lugar, se condenará a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. a cubrir la suma adicional, si la hubiere, que agregada a la acumulada en la cuenta de ahorro individual por aportes obligatorios, más los bonos pensionales que llegaren a existir, completen el capital necesario para pagar la pensión de sobrevivientes de los promotores del juicio.

Sin costas en el recurso extraordinario dada su prosperidad. Las de las instancias, estarán cargo de la AFP y la Aseguradora accionadas.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 6 de febrero de 2009, en el proceso ordinario laboral adelantado por Clara Isabel Soto en representación de sus hijos menores Juan Camilo y María Camila Triviño Soto y William Andrés Soto contra La Empresa de Transportes Unidos del Norte Ltda., la Compañía de Seguros Bolívar S.A. (llamada en garantía) y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A., en cuanto absolvió a la llamada en garantía.

En sede de instancia, se REVOCA la sentencia proferida por el Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá, el 25 de mayo de 2007, en cuanto liberó de responsabilidad a la llamada en garantía, y, en su lugar, SE CONDENA a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. a cubrir la suma adicional, si la hubiere, que agregada a la acumulada en la cuenta de ahorro individual por aportes obligatorios, más los bonos pensionales que llegaren a existir, completen el capital necesario para pagar la pensión de sobrevivientes de los promotores del juicio.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».