Sentencia SL7910-2014 de junio 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43110

Magistrado Ponente

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

SL7910-2014

Acta 21

Bogotá, D. C., dieciocho de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

Sea lo primero mencionar, que la proposición jurídica formulada en la demanda de casación, debió señalar como violados los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, pues lo debatido en el proceso es un derecho de origen convencional, y esos preceptos son los que reconocen la validez a los acuerdos convencionales. En este sentido se pronunció la sentencia CSJ SL, 23 jun. 2006, rad. 27141:

Pero sucede que al perseguir la censura en sede de casación, según se lee en el alcance de la impugnación, que una vez quebrada la decisión impugnada, se revoque el fallo absolutorio del a quo, para en su lugar acceder a las pretensiones formuladas en la demanda inicial, entre ellas el pago triple de los dominicales y festivos “en la forma prevista por la compilación de las convenciones colectivas de trabajo vigentes en la empresa demandada”, así como al reajuste de prestaciones tanto legales como extralegales, y dado que la sustentación del recurso extraordinario dedica parte del discurso a demostrar que el actor era beneficiario de los convenios colectivos, que sirven de base para establecer el promedio salarial para liquidar los derechos salariales o prestacionales implorados, era menester que se acusar e integrara la proposición jurídica con la disposición legal que constituye la fuente de esta clase de derechos, estos es, los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual no se hizo, ni se enuncia en el desarrollo del cargo.

El anterior error, que no es susceptible de subsanación de oficio, es suficiente para que el cargo no prospere.

Con todo si se estudia de fondo la acusación, se llegaría a la misma conclusión del ad quem, pero por razones diferentes, por lo siguiente:

Conforme al artículo 194 de la Ley 100 de 1993, la prestación de los servicios de salud en forma directa por la Nación o por sus entidades territoriales, se hará principalmente a través de empresas sociales del Estado, ESE, las que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada. De acuerdo con el artículo 195 numeral 5 de la misma ley, las personas vinculadas a dichas entidades tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1990. Dicho aparte de esta última Ley señala en lo que interesa al recurso extraordinario, que en las entidades descentralizadas de orden territorial, son trabajadores oficiales aquellas personas que desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales en las mismas instituciones de salud, mientras que los demás son empleados públicos, unos de libre nombramiento y remoción y otros de carrera.

En el caso particular del Hospital Regional de Garagoa, es decir del Hospital Regional “San Antonio de Padua” de Garagoa, si bien se fundó a finales del siglo XIX, y en su devenir fue una entidad sin ánimo de lucro, luego un establecimiento público del orden departamental, cuyo personal tenía la naturaleza de empleados públicos, mediante la Ordenanza departamental de Boyacá 26 del 17 de agosto de 1999 (fls. 102 a 127), se le redefinió su naturaleza jurídica otorgándole la condición de empresa social del Estado, dotada de personería jurídica, descentralizada, de categoría especial del orden departamental, sometida al régimen jurídico de los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que en su artículo 24 expresa que sus funcionarios son por regla general empleados públicos y por excepción trabajadores oficiales, en los términos del capítulo IV de la Ley 10 de 1990, precisando que serán trabajadores oficiales “quienes desempeñen cargo no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales”.

En el escrito introductorio de este proceso, las accionantes manifestaron que desempeñaban el cargo de auxiliar de enfermería en la entidad accionada (hecho 2), lo que se corrobora en cada uno de los actos de nombramiento, posesión, y certificaciones de trabajo expedidas por la llamada a juicio (fls. 24 a 32, 134 a 142, y 143 a 151), cargo este que no tiene relación alguna con actividades de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, por lo que las recurrentes ostentan la calidad de empleadas públicas.

En este orden de ideas, y dada su categoría de empleadas públicas, las demandantes no podían estar cobijadas legalmente por convenciones colectivas de trabajo celebradas por la accionada con o para sus trabajadores oficiales. En efecto, las prerrogativas laborales derivadas de acuerdos colectivos de trabajo cuyos beneficiarios sean trabajadores oficiales, no se pueden hacer extensivas al personal de empleados públicos de las empresas sociales del Estado, dada las limitaciones que el derecho colectivo del trabajo ha impuesto; y además, porque desde el punto de vista constitucional, el Congreso es el que tiene la facultad de regular el sistema salarial y prestacional de los empleados públicos de cualquier orden, estando proscrito sobre este aspecto cualquier régimen que adopten las autoridades territoriales (C.P., art. 150-19-e). En este mismo sentido se pronunció la Sentencia CSJ SL, 23 jul. 2009, rad. 35399:

Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los <contratos de trabajo>; se colige que los empleados públicos de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial; que no sería el caso del reconocimiento o re liquidación de la pensión de jubilación implorada en esta litas en los términos del artículo 98 convencional, por haberse causado el derecho como atrás se dijo el 16 de Diciembre de 2004 siendo la accionante empleada pública.

Por último, bajo el supuesto de que fuese cierto que las accionantes recibieron beneficios convencionales durante los tres últimos años anteriores a la presentación de la demanda, ello no significa que ganaron la condición de trabajadoras oficiales o de naturaleza particular, pues las funciones que cumplían cada una de ellas, no estaban relacionadas con el “mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales”, a lo que se adiciona que el haber recibido tales beneficios, no la virtud de modificar la naturaleza del vínculo laboral, que como se vio, corresponde a una definición de carácter legal.

El cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente, para lo cual se señalan como agencias en derecho la suma de $3.150.000.

IX. (sic) Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el tres (3) de septiembre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Teresa Pabón Torres, Rosa María Junco Páez, Gloria María Gutiérrez, Blanca Lilia Martín Ávila, Flor Ángela Mora de Díaz, María Antonia Piñeros Novoa, María Marina Quintero Herrera, María Josefina Ruíz Piñeros, y Gloria Stella Suárez Roa contra la ESE Hospital Regional San Antonio de Padua de Garagoa.

Costas a cargo de la parte recurrente y a favor de la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».