Sentencia SL793-2018 de marzo 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN

SL793-2018

Radicación: 55846

Acta 07

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por CARLOS ANEIRO PÉREZ HERRERA, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de enero de 2012, en el proceso ordinario laboral que el recurrente promueve contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Se acepta el impedimento manifestado por la Magistrada Dolly Amparo Caguasango Villota.

I. Antecedentes

El citado accionante demandó a La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se declare la nulidad absoluta de la conciliación que celebró el 19 de junio de 1997 con el Banco Central Hipotecario S.A. y, por tanto, que la terminación del contrato de trabajo realmente fue por despido sin justa causa; y que la demandada es la encargada de asumir los pasivos laborales de la citada entidad bancaria. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la accionada al reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación establecida en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo, a partir del día siguiente a su desvinculación; los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; la indexación; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que a través de un contrato de trabajo, prestó sus servicios para el Banco Central Hipotecario, desde el 1º de diciembre de 1976 hasta el 26 de junio de 1997, momento para el cual desempeñaba el cargo de profesional A área de colocación; que su último salario promedio mensual correspondió a la suma de $ 811.060; que el retiro de la entidad empleadora obedeció «a una supuesta conciliación con el trabajador oficial» que se llevó a cabo el 19 de junio de 1997; y que ese acuerdo es nulo «porque lesiona el patrimonio que contienen la convención y el reglamento interno de trabajo», además que la causal o motivación para extinguir el vínculo contractual «jamás existió ni tuvo las características de un trabajador oficial».

Expuso que la finalización de la relación laboral debe considerarse que fue sin justa causa, situación esta que genera a su favor el derecho a la pensión plena de jubilación y no compartida establecida en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo; que el 10 de abril de 2008 presentó reclamación administrativa, la que fue resuelta de forma adversa el 10 de junio de ese mismo año; y que «el Banco Central Hipotecario estuvo vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público».

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó como ciertos los relativos al cargo desempeñado por el accionante, la finalización del contrato de trabajo con el BCH como consecuencia de la conciliación celebrada el 19 de junio de 1997, la respuesta suministrada a la reclamación administrativa y que el Banco Central Hipotecario fue una sociedad vinculada a ese ministerio, pero aclaró que ello, no significa que asumiera los pasivos de aquel. De los demás supuestos fácticos manifestó que unos no eran ciertos y que otros no le constaban. Formuló las excepciones de cosa juzgada, no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, falta de legitimación por pasiva, prescripción y la genérica.

En su defensa, argumentó que la conciliación suscrita por el demandante hizo tránsito a cosa juzgada, de allí que sea inmodificable e inmutable, más aún cuando ninguno de los hechos o fundamentos esgrimidos por el actor constituyen un vicio del consentimiento.

El juzgado de conocimiento declaró no probada la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 1º de junio de 2011, absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones. Declaró no probada la excepción de cosa juzgada. Impuso costas a la demandante.

III. Sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia del 31 de enero de 2012, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante, confirmó el fallo de primer grado; no impuso condena en costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem sostuvo que en el presente asunto no era objeto de discusión la existencia del vínculo laboral entre el señor Pérez Herrera y el BCH, como tampoco sus extremos temporales.

Manifestó que la conciliación es una forma de precaver conflictos laborales, a través de la cual se soluciona de forma pacífica, legitima y equitativa las posibles diferencias, acuerdo que hace tránsito a cosa juzgada, excepto cuanto vulnera derechos ciertos e indiscutibles o se demuestra la existencia de un vicio en el consentimiento por alguna de las partes.

Realizada la anterior precisión, el tribunal sostuvo que el demandante, quien tenía la carga de la prueba, no acreditó en el plenario la existencia de algún vicio que afectara la validez y legalidad de la conciliación celebrada, en la medida que lo que se desprende de dicho acuerdo, es que las partes de forma libre y voluntaria decidieron finalizar la relación contractual por mutuo acuerdo, dejando expresa constancia que se conciliaba cualquier pretensión del trabajador actual o futura, en materia de indemnizaciones, como también la pensión extralegal a que se refiere el artículo 94 del reglamento interno de trabajo.

Indicó a su vez, que no emergía que se hubieran presentado «maniobras engañosas o alguna presión» en contra del trabajador demandante, antes, por el contrario, se desprendía que este era consciente de los riesgos y beneficios que traía el plan de retiro ofrecido por la entidad empleadora, quien de manera previa se los dio a conocer a todos los empleados del banco. De allí que existía plena libertad para el actor en aceptar o rechazar el ofrecimiento que le fue realizado, sin que nada se oponga a que el empleador le ofrezca al trabajador algún reconocimiento especial por su retiro.

Finalmente reiteró el juez de apelaciones, que conforme a los términos consignados en el acta de conciliación, todas las prestaciones e indemnizaciones fueron conciliadas y que el contrato de trabajo del accionante finalizó fue por mutuo acuerdo, lo que tornaba improcedentes las súplicas de la demanda.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que en sede instancia, revoque la decisión de primer grado, y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inaugural e imponga costas a cargo de la parte demandada.

Con tal propósito formuló cuatro cargos que no fueron replicados, de los cuales se estudiaran los tres primeros en forma conjunta, por cuanto persiguen el mismo propósito, plantean el mismo tema y sustancialmente se basan en el mismo cuerpo normativo, para luego si abordar el estudio del cuarto ataque.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia recurrida de vulnerar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, el siguiente elenco normativo:

[…] artículos 4º, 29, 53, 123, 210 de la Constitución Política de Colombia del Decreto 1848 de 1969, artículo 5º artículo 1º numerales 1º-3º, 7º y 68, artículos 11, 17 de la Ley 6ª de 1945, artículos 3º de la Ley 64 de 1946, artículos 4º y 492 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 4º de la Ley 33 de 1985, artículo 5º numeral 1º de la Ley 57 de 1887. Decreto 2331 de 1998, artículo 28.3, la Ley 573 de 2000, artículo 1º, el Decreto-Ley 254 de 2000, artículo 32, la Ley 1105 de 2006, artículo 19, Decreto 20 de 2001, y las demás normas concordantes como el Decreto 663 de 1993 artículo 244.

En la demostración del cargo, empieza por manifestar el censor que no es objeto de discusión, lo siguiente: i) los extremos de la relación laboral existente entre el demandante y el Banco Central Hipotecario; ii) que la empleadora era una sociedad de económica mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; iii) que la conciliación laboral celebrada el 19 de junio de 1997, se hizo como si «la parte actora fuera un trabajador privado»; y iv) que el último salario mensual del actor era por la suma de $ 811.060,61.

Expone, básicamente, que conforme a lo consagrado en el artículo 123 de la Constitución Nacional, los trabajadores de las entidades descentralizadas son servidores públicos. Se refiere a algunas normas que regulan la función administrativa y a otras que determinan la estructura de la Rama Ejecutiva del poder público, para señalar que el Banco Central Hipotecario es una sociedad de economía mixta, que se asimilaba a una empresa industrial y comercial del Estado, lo cual está acorde con las normas legales, como lo son los decretos 1050 de 1968 artículo 8º; 1730 de 1991, artículo 2º; 2822 de 1991, artículo 1º; 663 de 1993 artículo 244, de modo que sus servidores ostentan la condición de trabajadores oficiales.

Asevera que es errada la posición jurisprudencial en torno a que los trabajadores del Banco Central Hipotecario, a partir del 18 de diciembre de 1991, son catalogados como del sector privado.

Transcribe un pasaje de lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia CC C-546 de 1993, junto con lo dicho por un doctrinante, y sostiene que la conciliación laboral celebrada el 19 de junio de 1997 entre el actor y el Banco Central Hipotecario, es nula por estar cimentada en el derecho privado, de modo que lo que se presentó fue un despido sin justa causa del demandante, situación que impone el pago de la pensión reclamada, la cual se encuentra consagrada en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo.

Finalmente, transcribe algunas disposiciones de las leyes 100 de 1993 y 573 de 2000 y del Decreto-Ley 254 de igual año, para concluir que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, debe responder por las obligaciones a cargo del Banco Central Hipotecario.

VII. Cargo segundo

Acusa la sentencia por vulnerar directamente la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos 2ºy 3ºdel Decreto 130 de 1976, junto con los artículos «1602, 177, 1757, con relación artículo 1ºdel Decreto 2822 de 1991, artículo 28.3 del Decreto 2331 de 1998, artículo 1º del Decreto 20 de 2001, los artículos 5º, 7ºdel Decreto-Ley 3135 de 1968, artículo 1º, 3º, 7ºdel Decreto 1848 de 1969. Artículo 123 de la Constitución Política de Colombia».

Para su desarrollo el recurrente expresamente aduce lo siguiente:

Si el artículo 380 de la Constitución Política de Colombia, deroga expresamente desde el 7 de julio de 1991, el Decreto 130 de 1976 que normaba las Sociedades de Encomia(sic) Mixta en cuanto los porcentajes de participación del Estado en las sociedades de economía mixta y que sirve de base tacita en la sentencia para catalogar; que cuando el estado tenga aportes estatal en estas sociedades y se(sic) inferior al 90% sus trabajadores se rigen por el derecho privado y por la elevación a rango constitución de la catalogación de los servidores públicos artículo 123 de la Constitución Nacional no le cabe legalidad alguna a la conciliación de fecha 19 de junio de 1997, expresada en la sentencia que se acusa porque no tenían validez jurídica los artículos 2º y 3º del Decreto 130 de 1976 a junio 19 de 1993, por el nacimiento de la norma superior el 7 de julio de 1991. Con lo que se evidencia la aplicación indebida de los artículos 2º y 3º del Decreto 130 de 1976, 1602, 177, 1757 del derecho privado y relacionarlo al artículo 1º del Decreto 2822 de 1991, artículo 28.3 del Decreto 2331 de 1998, para deducir que los trabajadores del BCH son privados. Llevando a inaplicar entonces la totalidad de los artículos 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968, artículo(sic) 1º, 3º, 7º del Decreto 1848 de 1969, artículo 2º Decreto 1950 de 1973. Pero por sobre todo el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia que consagran(sic) la legislación de los trabajadores oficiales en particular en lo que tiene que ver con la parte actora.

Finalmente, reitera que siendo la entidad bancaria una empresa industrial y comercial del Estado, es claro que es un ente de derecho público, de allí que el personal que fue vinculado por contrato ostenta la condición de trabajador oficial, por lo que el ad quem incurre en una «aplicación indebida de la norma […]; que considera que no es la norma que solucionaba el conflicto jurídico el artículo 50 del Decreto 3135 de 1968, visto el extremo temporal de la parte actora 19 de junio de 1997, el artículo 28.3 del Decreto 2331 de 1998, no existía para dicha data».

VIII. Cargo tercero

Acusa la sentencia de vulnerar por la vía «indirecta» la ley sustancial, por interpretación errónea de los artículos 2º y 3ºdel Decreto 130 de 1976.

En la demostración del cargo, asevera el recurrente que el tribunal interpretó los artículos 2º y 3º del Decreto 130 de 1976 y el artículo 1º del Decreto 2822 de 1991, y a partir de tal labor, en consideración a la participación del Estado en esa entidad descentralizada, definió que los trabajadores del Banco empleador se catalogaban como del sector privado, y por esta razón consideró que era legal que el Banco Central Hipotecario finalizara el vínculo laboral del actor a través de una conciliación, proceder que no daba lugar a la pensión prevista en el reglamento interno de trabajo, por no haber sido objeto de despedido dicho trabajador.

Manifiesta que la anterior inteligencia que le impartió el ad quem a las normas enlistadas, tiene como fundamento que las sociedades de economía mixta, que tuvieran en su patrimonio una participación estatal de 90% o más, sus servidores se consideran como trabajadores oficiales, pero si la participación estatal es menor del 90%, se catalogaban como del sector privado. Sin embargo, afirma el censor que tal hermenéutica sólo resulta acertada hasta cuando entró en vigencia la Constitución Política de 1991, pues en su artículo 123 se calificó de servidores públicos a los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas, como lo era el BCH, de modo tal que se configuró un yerro jurídico que da lugar a casar la sentencia de segundo grado.

IX. Consideraciones

Cuando se elige como senda de ataque en casación la vía directa, el discurso debe encaminarse a derruir el análisis jurídico efectuado por el fallador de segundo grado, ya que supone la total conformidad de quien recurre con los supuestos fácticos deducidos por el sentenciador, que sean fundamento de su decisión, de modo que la argumentación demostrativa debe ser netamente de índole jurídica.

No hay duda que el tercer cargo está orientado por la senda directa, por cuando el censor no denuncia errores de hecho, no se refiere a pruebas y la sustentación es meramente jurídica, por tanto, la alusión a la vía indirecta es un lapsus calami del recurrente, entendiendo la Sala entonces, que el estudio debe hacerse al amparo de la senda del puro derecho, junto con los dos restantes ataques que están orientados por esa vía.

Así las cosas, en atención a la vía escogida, quedan incólumes las siguientes conclusiones fácticas del ad quem: (i) que entre el demandante y el Banco Central Hipotecario existió una relación de trabajo, que se desarrolló desde el 1º de diciembre de 1976 hasta el 26 de junio de 1997; (ii) que el vínculo laboral finalizó con ocasión de la conciliación celebrada entre las partes el 19 de junio de 1997; y (iii) que el actor para el momento de la finalización de la relación trabajo se desempeñaba como profesional A área de colocación.

En el sub lite, la temática que somete el recurrente a consideración de la Sala, consiste en determinar si al accionante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo, por cuanto según la demandada y lo acogió el tribunal, este beneficio extralegal se concilió, mientras que la censura alude que no era posible que las partes celebraran el acuerdo conciliatorio.

En dicho sentido, sostiene el casacionista en los tres cargos, que como el Banco Central Hipotecario era una entidad descentralizada del orden nacional en la modalidad de economía mixta, se asimilaba a una empresa industrial y comercial del Estado, conforme al mandato establecido en el artículo 123 de la Constitución Nacional y por ende, sus trabajadores eran servidores públicos, lo que significa que al darle la empleadora al demandante el tratamiento de un trabajador particular, dejó de aplicar las normas pertinentes del sector oficial para la finalización del vínculo, lo que conduce a la imposibilidad de la entidad de suscribir acuerdos conciliatorios y por ende, se presenta la nulidad de la conciliación celebrada entre las partes el 19 de junio de 1997 y que se tenga como injusta e ilegal la terminación de la relación de trabajo.

Sobre el particular, debe destacar la Sala que el ad quem se abstuvo de analizar la naturaleza jurídica de la entidad empleadora, y por consiguiente, la calidad de trabajador del demandante; de allí que no se le podría acusar de violación a la ley sustancial como lo hace el recurrente.

En efecto, es común en los tres cargos dirigidos por la senda jurídica, que la censura señala como vulneradas varias disposiciones que en su mayoría no fueron utilizadas por el tribunal para producir su decisión, para quien ninguna relevancia tuvo para la definición del asunto lo atinente a la naturaleza de sociedad de económica mixta del BCH y, menos aún, la calidad de servidor accionante, tanto que el juez de apelaciones en ningún aparte de su fallo adujo que el actor fuera trabajador particular.

Realmente el ad quem fundó su determinación, en que en el plenario no se acreditó algún vicio en el consentimiento, que le restara valor a la conciliación mediante la cual se finalizó la relación laboral y se dejó a paz y salvo al banco por la pensión extralegal prevista en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo.

Así las cosas, es claro que la censura parte de una conclusión errada, en la medida que asegura que el ad quem desestimó sus pedimentos en razón a que consideró que el demandante era un trabajador del sector privado, lo cual tornaba posible la finalización del contrato de trabajo a través de una conciliación, incursionando con ello el recurrente en una temática que es totalmente extraña a la motivación central del fallo de segunda instancia.

De esta manera, si los soportes argumentales atrás mencionados fueron los que sustentaron la sentencia impugnada, era deber insoslayable de la censura proceder a controvertirlos y derruirlos en su totalidad, pues continúan sustentado la decisión, lo que implica que se mantengan incólumes las verdaderas razones que tuvo el ad quem para fundamentar su decisión, rodeada de la doble presunción de legalidad y acierto. Así lo ha sostenido esta corporación, entre otras, en la Sentencia CSJ SL12298-2017, cuando adujo:

Debe recordarse que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque. Lo anterior conlleva a que con independencia del acierto del recurrente y de que la Sala comparta o no sus deducciones, se mantenga la decisión de segundo grado.

[…].

En este orden de ideas, esa falta de ataque a los pilares que soportan la decisión impugnada, traen como consecuencia que se mantenga incólume, amparada por la doble presunción de legalidad y acierto.

Con todo, debe recordar la Sala que el tema que expone el recurrente como fundamento de su inconformidad, ya ha sido objeto de examen por la Sala de Casación Laboral en múltiples pronunciamientos, en los que estudió lo preceptuado en el artículo 123 de la Constitución Nacional, de cara al régimen jurídico de los empleados de las sociedades de economía mixta, y se concluyó que no toda persona que preste sus servicios a esta clase de entidades tiene la condición de servidor público, sino que puede tener la calidad de trabajador particular, dependiendo ello de la participación estatal en el capital de la sociedad. Así se dejó sentado en un caso análogo adelantado contra el BCH en liquidación, Sentencia CSJ SL, 17 de abril de 2013, radicación 38851, en la que se dijo:

[…].

Para la Sala, el artículo 123 de la Constitución Política no puede interpretarse desligado de los artículos 125 y 210 ejusdem, en cuanto el segundo de los preceptos citados, es decir el 125, siguiendo una larga tradición histórica, mantiene la misma clasificación de empleados oficiales que traía la legislación anterior al referirse a los empleados públicos (que pueden ser de carrera, de libre nombramiento y remoción y de elección popular) y los trabajadores oficiales. Incluso el propio artículo 123 de la Constitución Política se refiere a “los empleados y trabajadores del Estado”, con lo cual, entiende la Corte, consagró y reafirmó las categorías antes mencionadas, a las cuales simplemente agregó, como servidor público “los miembros de las corporaciones públicas” con lo cual quiso aludir, entre otros, a los miembros de las corporaciones administrativas de orden territorial (concejo municipal, por ejemplo), quienes no obstante aparecer clasificados como servidores públicos, no tienen la condición de “empleados públicos”, según la propia Carta lo establece en el artículo 312. Pero también debe tenerse en cuenta que según el artículo 210 de la Carta “La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores y gerentes” lo que quiere decir que el régimen jurídico de tales entidades, incluida la forma de vinculación de sus servidores, pertenecen al resorte del legislador.

Sobre el alcance del artículo 123 y de las demás normas citadas de la Constitución Política resulta conveniente traer a colación lo dicho por la Corte Constitucional en su Sentencia C-736 de 2007, que en lo pertinente así razonó:

““6.2. El régimen jurídico de los servidores de las sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios públicos.

6.2.1. El artículo 210 de la Constitución Política autoriza al legislador para establecer el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes. Como dentro de esta categoría se incluyen tanto las sociedades de economía mixta, como las empresas de servicios públicos, debe concluirse que su régimen jurídico es el señalado en la ley. Ahora bien, el señalamiento del tipo de vínculo que une a los trabajadores de las sociedades de economía mixta o de las empresas de servicios públicos con esta clase de entidades descentralizadas es un asunto que forma parte de la definición del régimen jurídico de las mismas, y que por lo tanto debe ser establecido por el legislador (resaltados no son del original).

(…).

Así pues, como primera conclusión relevante para la definición del segundo problema jurídico que plantea la presente demanda, se tiene que corresponde al legislador establecer el régimen jurídico de las sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios públicos, y que en tal virtud le compete regular la relación que se establece entre dichas entidades y las personas naturales que les prestan sus servicios, pudiendo señalar para ello un régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Ahora bien, como se hizo ver ad supra, en ejercicio de esta facultad el legislador estableció en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 que “las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial y comercial conforme a las reglas de derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley” (resalta la Corte) Y el Código de Comercio en su artículo 461 dispone que “son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario (resalta la Corte).

(…).

Así pues, como segunda conclusión relevante se tiene que, en uso de libertad de configuración legislativa, el Congreso ha establecido como regla general que tanto las sociedades de economía mixta como las empresas de servicios públicos están sujetas a un régimen de derecho privado. La razones de esta decisión legislativa tienen que ver con el tipo de actividades industriales y comerciales que llevan a cabo las sociedades de economía mixta, y con la situación de concurrencia y competencia económica en que se cumplen tales actividades, así como también con el régimen de concurrencia con los particulares en que los servicios públicos son prestados por las empresas de servicios públicos, circunstancias estas que implican que, por razones funcionales y técnicas, se adecue más al desarrollo de tales actividades la vinculación de sus trabajadores mediante un régimen de derecho privado.

6.2.2. Ahora bien, utilizando un criterio orgánico, el artículo 123 de la Carta señala que “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios” (resalta la Corte) A su turno, el artículo 125 ibídem establece que “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”. Con base en estas dos normas, la Corte ha hecho ver que la noción de “servidor público” es un género que comprende diferentes especies, cuales son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales [64] (resaltado no es del original). Estos últimos, como es sabido, no se vinculan a la Administración mediante situación legal y reglamentaria, sino mediante contrato de trabajo, al contrario de lo que sucede con los empleados públicos. La jurisprudencia también ha hecho ver que la anterior clasificación emana de la Carta misma, pero que ello no obsta para que el legislador pueda establecer nuevas denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes de las mencionadas, para lo cual está revestido de facultades expresas en virtud de lo dispuesto por el numeral 23 del artículo 150 de la Constitución Política.[65] Así pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados y trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y los las empresas de servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede señalar distintas categorías jurídicas.

(…).

[64] Sentencia C-299 de 1994, M.P Antonio Barrera Carbonell.

[65] Cf. Ibídem”.

De lo anterior se desprende entonces que cuando el artículo 123 de la Carta Política señala que los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y por servicios son servidores públicos, está refiriéndose a los empleados públicos y los trabajadores oficiales de las mismas, pues ese es el único entendimiento que guarda armonía con lo previsto en los artículos 125 y 210 ibídem, en tanto la calidad de servidor público es predicable de los miembros de las corporaciones públicas y de los empleados públicos y trabajadores oficiales del Estado y de sus entidades descentralizadas, ya que el régimen jurídico de estas, incluida la forma de vinculación de sus servidores, será determinado por la ley, como lo señala el último inciso del artículo 210, el cual quedaría vacío de contenido y resultaría redundante si se aceptara el alcance del artículo 123 que señala el recurrente.

Ahora bien, habiendo quedado establecido que el régimen jurídico de las sociedades de economía mixta será determinado por el legislador y que son servidores públicos los empleados públicos y los trabajadores oficiales, corresponde averiguar cómo diseñó el legislador esos aspectos en el ámbito nacional en atención a que el ente demandado pertenece a esa órbita. En ese orden de ideas, interesa recordar las definiciones que al respecto hizo el Decreto 3135 de 1968.

El artículo 5º de dicho decreto señaló:

“Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios; departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”.

Nótese que allí nada se dijo en relación con las personas que prestaran sus servicios en las sociedades de economía mixta, situación que vino a ser corregida por el Decreto Reglamentario 1848 de 1969, más en todo caso para efectos del caso que es materia de análisis interesa resaltar que el artículo 8º del Decreto 1050 de 1968 definió las sociedades de economía mixta como “organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la ley” (resaltado no es del original), norma que vino a ser complementada por el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968, que dispuso:

“Del régimen jurídico para algunas sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado”.

La interpretación armónica y sistemática de esas disposiciones ha permitido entender que los servidores de las sociedades de economía mixta se regían por el derecho privado, es decir no eran empleados oficiales, “salvo las excepciones que consagre la ley”, como lo dispuso el artículo 8º del Decreto 1050 de 1968, o los que laboraran en aquellas en las que la participación del Estado fuera del 90% o más de su capital social, conforme lo consagró el texto legal que se transcribió líneas arriba.

Lo anterior fue corroborado por los artículos 2º y 3º del Decreto 130 de 1976, cuyo texto, en su orden es el siguiente:

“ART. 2º—Del régimen aplicable a las sociedades con aporte nacional inferior al noventa por ciento (90%). Las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere inferior al noventa por ciento (90%) del capital social, se someten a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley”.

“ART. 3º—Del régimen aplicable a las sociedades con aporte nacional igual o superior al noventa por ciento (90%) del capital social. Las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere igual o superior al noventa por ciento (90%) del capital social, se sujetan a las normas previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado”.

Valga aclarar que se citan las anteriores normas en razón a que el tiempo de servicios que se reclama sea tenido en cuenta para efectos de la pensión impetrada corresponde a los años 1991 a 1996, tiempo en que dichas disposiciones estaban vigentes, siendo menester aclarar, de paso, que la invocación en la cita de la Corte Constitucional que arriba se transcribió, de la Ley 489 de 1998, en modo alguno implica que se está aplicando a este proceso, pues esta es posterior a los hechos materia de examen, y su mención en nada altera la situación, ya que el contenido material de las normas anteriores, y que antes se trascribieron, es similar.

Retomando el punto central objeto de análisis, se tiene entonces que en realidad no todas las personas que prestan sus servicios a las sociedades de economía mixta tienen la condición de trabajadores oficiales ni de empleados públicos, pues ello solamente es posible en aquellas que tengan una participación estatal del 90% o más, puesto que las demás se rigen por el derecho privado y se consideran en consecuencia trabajadores particulares, salvo las excepciones que consagre la ley, como lo preveía el artículo 2º del Decreto 130 de 1976.

Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que si la composición accionaria de capital público en el Banco Central Hipotecario era inferior al 90%, aspecto que no es dable que la Corte en esta contienda entre a verificar de cara a las pruebas obrantes en el proceso, en la medida que el ataque no se orientó por la senda indirecta y como se advirtió el tribunal no se ocupó de este tema, se tiene que la relación de sus servidores dentro de un vínculo laboral no era el propio de los trabajadores oficiales, como reclama el censor, sino que su regulación sería la atinente al sector privado.

Aunado a lo anterior, la discusión de la naturaleza jurídica de los trabajadores del banco a fin de establecer la supuesta imposibilidad que tenía la accionada para conciliar, resulta intrascendente, en la medida que la Sala también ha sostenido que procede la conciliación en materia laboral cuando incluso intervienen personas de derecho público. Así se dejó sentado en Sentencia CSJ SL, 25 de mayo de 2005, radicación 25030, en la que se afirmó:

Ahora en lo atinente a la supuesta imposibilidad que tenía la accionada para conciliar, derivada de su naturaleza legal que pregona la censura, debe decirse que la prohibición que contenía el artículo 23 del Código Procesal Laboral, según la cual no procedía la conciliación en materia laboral cuando intervenían personas de derecho público, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-033 del 1º de febrero de 1996, en la cual dicha corporación consideró que no se les podía limitar a los trabajadores oficiales el derecho a definir sus diferencias con la administración pudiéndose acoger el sistema de auto composición. Declaratoria que como puede verse es anterior al momento en que las partes conciliaron para terminar la relación laboral, que fue el 1º de julio de 1997.

Es más, esta Sala de tiempo atrás, ha sostenido que entes de derecho público como el demandado no están sujetos a la restricción del citado artículo, lo que les permitía la utilización de la figura de la conciliación judicial y extrajudicial. Verbigracia, en sentencia del 19 de agosto de 1993, radicación 5390, reiterada entre otras, en la del 29 de noviembre de 2005, radicado 25396, se dijo:

“Si bien el artículo 23 en examen, preceptúa que no es procedente la conciliación cuando intervienen personas de derecho público, entendiendo como tales no solo las entidades territoriales como son la Nación, departamentos, municipios, sino también los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y aún las sociedades de economía mixta donde el Estado posea el 90% o más de su capital social, que se asimilan a las anteriores, le ha correspondido a la doctrina y a la Jurisprudencia, delimitar su radio de acción.

“En efecto, se ha considerado que la existencia de empresas industriales y comerciales a nivel nacional, departamental o municipal, de origen oficial y vinculadas a la administración respectiva, en principio se rigen por las reglas del derecho privado y sólo en casos de excepción por normas de derecho público (ver D. 3130/68, art. 31), lo que conduce a la posibilidad que para esas entidades oficiales sea procedente intentar la conciliación como etapa previa a la demanda judicial o dentro del trámite del proceso correspondiente, para evitarlo en el primer caso o para ponerle fin en el segundo de ellos.

“No hay que olvidar, como oportunamente lo indica la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que el artículo 23 tiene un carácter eminentemente limitativo, cuando se expresa en los siguientes términos: ‘Se trata de una excepción legal, de restrictiva interpretación, al principio, que se deduce de los artículos 19 y 21 ibídem, según el cual en los juicios o procesos laborales, si no se ha intentado antes, se puede pedir celebrar audiencia que busque y propicie la conciliación entre las partes’ (Conc. nov. 21/84, rad. 2141).

“De tal manera, que cuando en el presente caso, se efectuó la conciliación entre las partes ante la autoridad administrativa del trabajo era procedente y consecuencialmente ella conducía a los efectos previstos en la ley para esa figura procesal como son el valor de cosa juzgada y el mérito ejecutivo ante el incumplimiento patronal.

“En esas condiciones el tribunal no infringió directamente por falta de aplicación la norma instrumental como violación de medio, ni mucho menos quebrantó aquellas disposiciones que según la censura fueron indebidamente aplicadas.

“La circunstancia que el propio demandante en el hecho primero del líbelo inicial hubiera afirmado que la demandada era una empresa industrial del Estado del orden nacional, aspecto no discutido en la etapa del proceso, reitera una vez más que era factible la conciliación que se realizó por las partes, hoy en conflicto”.

En consecuencia, por todo lo expuesto, el tribunal no pudo cometer los errores jurídicos que se le endilgan, en la medida que los tres cargos adolecen de las deficiencias puestas de presente, además que nada se oponía a que las partes de la relación de trabajo finalizaran el vínculo a través de una conciliación, respecto de la cual, no se discute en los ataques la existencia de algún vicio en el consentimiento que le reste validez a lo allí acordado.

Por todo lo expuesto, los cargos se desestiman.

X. Cargo cuarto

Acusa la sentencia por vulnerar indirectamente la ley sustancial, por aplicación indebida del siguiente elenco normativo:

[…].

artículos 1602, 1757 del Código Civil y los 252, 177, del Código de Procedimiento Civil, artículos 20, 78 y 145 con relación a los artículos, 14, 27 del Decreto-Ley 3135 de 1968 y artículo 68º del Decreto 1848 de 1969, artículo 1º parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985, artículos 30 a 33 del Decreto 2127 de 1945, artículo 11 de la Ley 6ª de 1945, 492 del Código Sustantivo del Trabajo, 141 de la Ley 100 de 1993, artículo 1740, 1742, artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, artículo 14 del Código Civil.

Expresa que tal violación se dio por haber incurrido el tribunal en los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, no estándolo que la CONCILIACIÓN de junio 19 de 1997 (fls. 65-69, cdno. 1) surte los efectos de cosa juzgada.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la pensión que debió haber, declarado en la sentencia acusada es la del artículo 94 del reglamento interno de trabajo del Banco Central Hipotecario, es una pensión Sanción del ente estatal nacional BCH por despido injusto que se verifica con el acto del 19 de junio de 1997, como acto ilegal del Banco Central Hipotecario.

Como pruebas y piezas procesales mal apreciadas relaciona la conciliación de 19 de junio de 1997 (fl. 65 a 69), el reglamento interno de trabajo (fl. 84 a 140), la carta de programa de retiro voluntario (fl. 283) y la demanda introductoria como su contestación (fl. 3 a 38 y 274 a 279).

Y como documentos no apreciados enlista el Decreto 74 (fl. 237), el registro civil de nacimiento del actor (fl. 146) y la Resolución 2231 de 19 agosto 2009 (fl. 280 a 281).

En el desarrollo del cargo, después de transcribir lo plasmado en la conciliación celebrada el 19 de junio de 1997, sostiene que al demandante allí se le trató por parte del banco como si fuera un trabajador particular, pese a que, realmente su condición era la de un trabajador oficial en virtud a lo previsto en el artículo 123 Superior, irregularidad esta que afecta tal acto jurídico, en la medida que se plasmó un hecho contrario a la realidad.

Asevera que aun cuando en el acta de conciliación suscrita se consignó que con tal arreglo no se vulneraba derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, la realidad muestra una situación contraria, pues lo ocurrido viola el mandato del artículo 53 de la Constitución Nacional, en la medida que el reglamento interno de trabajo que consagra la pensión deprecada en el proceso hace parte del contrato de trabajo.

Por otra parte, expone que la conciliación fue realizada por una persona diferente al representante legal de la empleadora BCH, irregularidad esta que hace que tal acto se encuentre viciado de nulidad, debido al carácter de ente estatal donde sólo se puede hacer lo que le permita la constitución, la ley y sus reglamentos. En dicho sentido explica que es equivocado que actuara una persona privada con un certificado de cámara de comercio, cuando lo correcto era que acudiera el representante legal o su delegado, ya fuera a través de decreto o resolución del presidente del Banco Central Hipotecario.

Finalmente expresa lo siguiente:

Como la conciliación para los trabajadores oficiales a 19 de junio de 1997, estaba prohibida la consignación [de] cláusulas del derecho privado, como lo que demuestra los autos (fls. 65-69, cdno. 1) constituye prueba irrefutable del despido ajeno a su voluntad del trabajador oficial y en concordancia con la documental de los fotios 283, cuaderno 1, documento del Banco Central Hipotecario en el programa de retiro voluntario que(sic) invitación ilegal al retiro de un trabajador oficial y afecta el contrato de trabajo del actor trabajador oficial y concretada con los folios 65 a 69, cuaderno 1, acta de conciliación ilegal, demostrándose que el ad quem analizo(sic) erradamente la foliatura 65 a 69, y cometiendo yerro fáctico dado que está en vigencia del artículo 94 del reglamento interno de trabajo de la pensión sanción (fl. 131, cdno. 1) refrendado con el artículo 4º de la Ley 33 de 1985 y folio 146, cuaderno 1 (registro civil del actor); pensión sanción que no vio el ad quem con carácter de ostensible, la contenida en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo, por lo que el error de hecho planteado se configura.

XI. Consideraciones

Cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, como aquí ocurre, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia en la decisión impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia lo que sí lo está, yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.

Ahora bien, aun cuando en el presente cargo se involucran algunas consideraciones de puro derecho o jurídicas, como lo es definir si la conciliación laboral celebrada por el demandante y el BCH es nula en virtud de la violación del mandato contenido en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que a juicio del censor califica al personal o servidores de una entidad de economía mixta descentralizada, en empleados públicos o trabajadores oficiales; la Sala abordará el estudio de la acusación entendiendo que los yerros fácticos endilgados al tribunal, apuntan a demostrar que éste se equivocó al no tener en cuenta que era directamente el representante legal de la accionada quien debió comparecer a la conciliación, con el decreto o resolución de delegación de funciones para tal fin, para poder darle validez a la conciliación convenida entre el ente oficial y el trabajador, y por tanto, teniendo en cuenta que ello no se cumplió, la conciliación en decir del censor no puede producir efectos jurídicos, por violar derechos mínimos e irrenunciables y consecuencialmente, la finalización del contrato de trabajo fue sin justa causa.

Al respecto, el ataque es infundado, por lo siguiente:

1. El tribunal no pudo cometer el error enunciado sobre un aspecto que no se pronunció, en la medida que en la decisión cuestionada no estudió ni efectuó análisis alguno en relación con la supuesta falta de competencia del representante legal del BCH para celebrar el acuerdo conciliatorio, cuando, a la luz del de los estatutos del banco empleador, se dice que el competente para representar a la entidad es el presidente, que es el tema sobre el cual se edifica el reproche en sede de casación.

En lo que respecta a que no es posible que se produzca un yerro fáctico, frente a un punto que no fue objeto de pronunciamiento o resolución en la alzada, esta Sala en Sentencia CSJ SL, 8 de febrero de 2011, radicación 35493, consideró que:

De tal modo que, no es viable edificar o estimar un error fáctico en relación a un aspecto sobre el cual el tribunal no se pronunció, máxime que el recurrente debe combatir los razonamientos, conclusiones o pilares que verdaderamente sirvieron de base a la decisión atacada y en torno a ellos edificar los posibles errores de valoración en que el sentenciador de segundo grado hubiera podido incurrir.

Providencia que fue reiterada, entre otras, en sentencia CSJ SL7121-2016, radicación 44564.

Se recuerda que la censura desvía el ataque, por cuanto el juez de apelaciones desestimó la nulidad o ineficacia de la conciliación, fundamentalmente por cuanto no se acreditó algún vicio en el consentimiento y que se concilió cualquier pretensión del trabajador demandante actual o futura, entre ello lo referente a la pensión extralegal del artículo 94 del reglamento interno de trabajo. Tales razonamientos fueron bajo los cuales se erigió su decisión y a ésta arribó después de colegir que «el actor no acreditó ningún vicio que hubiera afectado de fondo la conciliación o su consentimiento» y conforme al texto del acto conciliatorio, de modo tal, que para el tribunal, el contrato de trabajo finalizó por mutuo acuerdo entre el actor y el BCH y no había lugar a la prestación pensional implorada.

2. Del mismo modo, la censura enlistó varias pruebas o piezas procesales, unas como erróneamente apreciadas y otras como dejadas de valorar, pero en el desarrollo de la acusación no se ocupó de todas ellas. Es más, no explica de manera clara y concreta, frente a cada una de éstas, qué es lo que efectivamente acreditan y cómo incidió su equivocada valoración o inestimación en contra de la decisión impugnada.

3. Aunado a lo anterior, del examen de la conciliación celebrada entre el accionante y el BCH, el 19 de junio de 1997 (fls. 65 a 69), no se desprende nada diferente de lo que dedujo el ad quem, respecto de que la relación terminó de común acuerdo, con el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, temporal, anticipada y voluntaria, hasta el momento en que el ISS asuma la pensión de vejez o invalidez que en derecho corresponda, sin que quedara pendiente reclamación alguna, es más en el paz y salvo que impartió el hoy demandante se aludió a «salarios, prestaciones sociales de toda índole, indemnizaciones y descansos», lo cual está acorde con lo que manifestaron de consuno los comparecientes, en cuanto a que «el presente acuerdo conciliatorio, concilia cualquier pretensión del trabajador actual o futura, en materia de indemnizaciones y de la pensión extralegal a que se refiere el artículo 94 del reglamento interno de trabajo».

En efecto, tal convenio muestra que la terminación del contrato de trabajo fue por mutuo acuerdo, pues de su lectura no se desprende que al momento de la firma de la conciliación, el consentimiento del accionante adoleciera de vicio alguno, cuya presencia hubiera tenido la vocación suficiente para destruir su libertad y que necesariamente conlleve a restarle valor y efecto a lo allí acordado; por el contrario, fluye de ese documento el consentimiento voluntario, libre y espontáneo de las partes.

Aunado a lo anterior no existe prohibición alguna que impida a los empleadores promover planes de retiro, pues tales propuestas son legítimas en la medida en que el trabajador está en libertad de aceptarlas o rehusar el ofrecimiento, tal como se dejó sentado en Sentencia CSJ SL, 7 de julio de 2009, radicación 36728.

Por otra parte, para que se hubiese causado el derecho a la pensión que consagra el artículo 94 del reglamento interno de trabajo a favor del actor (fl. 131), uno de los requisitos consistía en que el trabajador «sea retirado del Banco por causas independientes de su voluntad», sin embargo, tal situación no se presentó en el caso en estudio, en la medida que el demandante por el contrario manifestó su voluntad inequívoca de dar por terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, lo cual se materializó en la aceptación del plan de retiro voluntario, y la suscripción del acuerdo conciliatorio.

En ese orden de ideas, al no acreditarse que el retiro del banco fue por causas ajenas a la voluntad del trabajador, en definitiva, no se acreditó uno de los requisitos necesarios para acceder al pretendido derecho, lo que impide, lógicamente, su reconocimiento, máxime que como ya se dejó sentado, este beneficio fue objeto de conciliación, lo cual no se logró desvirtuar por el censor.

En consecuencia, por todo lo expuesto, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario por no haberse presentado oposición.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de enero de 2012, en el proceso que instauró CARLOS ANEIRO PÉREZ HERRERA contra LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota, con impedimento—Ernesto Forero Vargas.