Sentencia SL7995-2015/53082 de marzo 25 de 2015 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas 

SL7995-2015

Rad.: 53082

Acta 9

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

Auto

En atención a la petición elevada conjuntamente, tanto por el Vicepresidente Jurídico y Secretario General de la Administradora Colombiana de Pensiones “Col pensiones”, como por el Director Jurídico Nacional del Instituto de Seguros Sociales, téngase como sucesora procesal del extinto Instituto a dicha Administradora, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la Seguridad Social, por expresa remisión del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.

Sentencia 

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por Carmen Cancelado contra la sentencia proferida el 16 de junio de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso que promovió contra el Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes 

Ante el Juzgado Veintidós del Circuito de esta ciudad la hoy recurrente persiguió que el demandado fuera condenado a re liquidarle la pensión que le reconoció, “bajo los parámetros y condiciones del Régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 71 de 1988 (…), sobre una porcentaje del setenta y cinco por ciento (75%) del Ingreso base de cotización del promedio de los últimos 10 años de servicio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993”, a partir del 1º de agosto de 2002 y, en consecuencia, a pagarle las sumas adeudadas, indexadas, junto con los intereses moratorios.

Fundó sus pretensiones en que el Instituto demandado le otorgó la pensión por vejez mediante Resolución 10455 del 30 de abril de 2004, a partir del 1º de agosto de 2002 y en cuantía mensual de $350.288,00, equivalente a “un 65% del Ingreso Base de Liquidación, teniendo en cuenta el promedio de lo devengado durante los 10 últimos años» y ello “bajo los parámetros establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993”, cuando quiera que por estar amparada por el régimen de transición tiene derecho a que le sea liquidada como lo indica en las pretensiones, por haber cotizado 7.247 días (1.035 semanas), sumados los efectuados al mismo demandado —del 1º de enero de 1996 al 1º de marzo de 2001 y del 1º de abril de 2001 al 31 de julio de 2002— con los de la Caja de Previsión Social del Distrito —del 28 de mayo de 1982 al 31 de diciembre de 1995—.

El Instituto demandado, al contestar, aun cuando aceptó que reconoció pensión de vejez a la actora, precisó que los tiempos de cotización por cuenta de la Secretaría de Educación fueron “4893 días” y a él “2246 días válidamente cotizados” —folio 43—, y se opuso a las pretensiones de la actora aduciendo que le liquidó la pensión de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sin que obre razón para modificarla. Propuso las excepciones de pago, compensación, inexistencia de la obligación, imposibilidad de pago de intereses moratorios, buena fe, cobro de lo no debido, presunción de legalidad, prescripción y la llamada innominada.

II. Sentencia de primera instancia

Fue pronunciada el 14 de abril de 2011, y con ella el Juzgado declaró probada la excepción de prescripción y, en consecuencia, absolvió al demandado de todas las pretensiones de la actora, a quien condenó en costas.

III. Sentencia de segunda instancia 

La alzada se surtió por apelación de la demandante y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el Tribunal revocó la decisión de su inferior de declarar probada la excepción de prescripción para en su lugar, absolver al demandado de todas las pretensiones de la actora sin condicionamiento alguno. No señaló costas por la alzada.

Para ello, en síntesis, una vez dio por acreditados los hechos del proceso, asentó que el problema jurídico se contraía a resolver si la demandante, por estar amparada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la pensión por aportes prevista en el artículo 8º de la Ley 71 de 1988 y, por ende, a que se le reliquide la de vejez reconocida en el porcentaje pretendido en la demanda sobre las cotizaciones efectuadas en los últimos 10 años. A ese respecto, afirmó que si bien era cierto que estaba amparada por el mentado régimen de transición por contar para el 30 de junio de 1995 con más 35 años de edad, también lo era que “ese hecho jurídico no significa por sí sólo que le sea aplicable cualquier régimen anterior al 1º de abril de 1994”, por manera que, como “la trabajadora para ese momento y desde el año de 1982 únicamente había prestado sus servicios para una entidad distrital (…) [y] la afiliación al Instituto de los Seguros Sociales sólo acaeció a partir de enero de 1996”, lo que había que concluirse era que “la expectativa que siempre tuvo para pensionarse fue la de cumplir con los requisitos contemplados por la Ley 33 de 1985, régimen que era el llamado a proteger y respetar cuando entró a regir la Ley 100 de 1993”, por tanto, “no puede pretender beneficiarse del régimen de transición pensional respecto de una norma que nunca le fue aplicada antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y por ello resulta acertada la actuación del Instituto de los Seguros Sociales al pensionar a la demandante con la Ley 100 de 1993 artículo 33”.

IV. El recurso de casación 

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación 

En la demanda con la cual lo sustenta, que fue replicada, la recurrente pide a la Corte que case la sentencia del tribunal, revoque la del juzgado y, en su lugar, acceda a los pedimentos de la demanda inicial.

Con tal propósito le formula un único cargo que con lo replicado se resolverá enseguida.

VI. Único cargo 

Acusa la sentencia por interpretar erróneamente los artículos 15 y 36 de la Ley 100 de 1993 y 48, 49, 53 y 58 de la Constitución Política, en relación con el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.

En el desarrollo del cargo afirma la recurrente que su ataque lo centra en la correcta interpretación que corresponde al régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues el juez de la alzada “decide adicionar requisitos y condiciones que no contempla la norma en mención, pues no obstante de(sic) aceptar que la actora es beneficiaria del régimen de transición procede a vulnerarle un derecho adquirido al avalar la decisión del ISS al apensionarla conforme a los mandatos de la Ley 100 de 1993”.

Copia extensos pasajes de sentencias de esta corporación, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, referidos a los elementos pensionales de los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993 que fueron adoptados por el régimen de transición de la misma, para aseverar que, en su caso, la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión del régimen anterior a ésta son los de la pensión por aportes de que trata el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, lo que erróneamente no entendió el juzgador de la alzada, “bajo el argumento y requisito novedoso de haber tenido que cotizar al régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS con antelación al 01 de abril de 1994 o el 30 de junio de 1995”, transcribiendo al efecto apartes de una providencia que atribuye a la Corte Constitucional pero de la cual no indica sus datos de identificación.

Remata así su argumentación la recurrente, sosteniendo que la interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 lo llevó a “infringir directamente el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, por cuanto lo condiciona y modifica al incluirle condiciones y requisitos que no se encuentran contemplados en el mismo”.

VII. La réplica

El Instituto opositor confuta el cargo aduciendo que “la exégesis que realizó el juez de apelación frente al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 está acorde con la que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su función de unificación de la jurisprudencia, ha hecho». Apoya su argumento en los fragmentos que estima pertinentes de la sentencia de la Corte de 16 de noviembre de 2007 (rad. 30065).

VIII. Consideraciones 

El interrogante que en esta ocasión compete elucidar a la Corte es si a la actora y hoy demandante en el recurso le es dable, por ser beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, obtener la llamada ‘pensión por aportes’ de que trata el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 con la tasa del 75%, liquidada sobre los últimos 10 años de cotización, pues la pensión que le reconoció el ente de seguridad social le fue liquidada con un 65% del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, atendiendo para ello el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, tal y como lo dijo al contestar la demanda, y se lo avaló el tribunal al concluir que, no obstante aquélla ser beneficiaria del citado régimen de transición, por no haber cotizado al ente de seguridad social con anterioridad a la vigencia de la nueva normativa, la pensión a la que podía aspirar por esa vía era únicamente a la del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, y como esos requisitos no fueron los que exhibió, la pensión a la que tenía derecho era la del régimen de prima media con prestación definida, establecida en el artículo 33 de la mentada Ley 100 de 1993, que fue la que se le otorgó.

Para resolver lo que corresponda, previamente, habrá de recordarse que no hubo discusión en las instancias, como no la hay en el recurso extraordinario, respecto de los siguientes hechos del proceso, esto es: 1. que la demandante cotizó a la Caja de Previsión Social del Distrito —del 28 de mayo de 1982 al 31 de diciembre de 1995— y al mismo demandado —del 1º de enero de 1996 al 1º de marzo de 2001 y del 1º de abril de 2001 al 31 de julio de 2002, en la forma como se detallará más adelante—; y 2. que nació el 12 de agosto de 1938, por lo que para el 30 de junio de 1995 contaba con 56 años de edad, hechos que dan lugar a tenerla como beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, como es sabido, en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se estableció un régimen de transición para quienes con anterioridad a su vigencia podían haberse pensionado de conformidad con las normas pensionales de la época de seguir éstas vigentes pero que con el advenimiento del nuevo sistema general de seguridad social integral y particularmente del sistema general de pensiones allí previsto podrían ver truncado su derecho, pues la nueva reglamentación estableció unos requisitos más exigentes a los conocidos o diferentes a los en aquellas preceptivas anteriores contemplados.

Así, preservó la situación de dichas personas en cuanto a algunas de los componentes de las pensiones a las que podrían haber aspirado de seguir vigentes, pero a condición de que cumplieran unas exigencias mínimas, pues a los demás los sujetó al nuevo sistema pensional.

Para ese nuevo estado de cosas, preceptuó:

ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. —Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos— (inexequible).

“Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen (condicionalmente exequible).

“Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida (condicionalmente exequible).

“Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

“PAR.—Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

PAR. 2º—<Parágrafo INEXEQUIBLE>”.

Es decir, permitió que quienes contarán a su vigencia con 35 años, si se era mujer, o 40 años de edad, si se era hombre, o con 15 años de servicio en cualquier caso preservaran los requisitos de (I) edad pensional, (II) tiempos de servicio o número de semanas de cotización y (III) monto de la pensión de jubilación o de vejez del o de los regímenes anteriores a los cuales se encontraran afiliados, pues el llamado ingreso base de liquidación (IBL) del derecho pensional lo reguló directamente en la forma descrita en el inciso tercero de la norma.

A ese respecto, el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, vigente para cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, había previsto que,

“A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas”.

El Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, al reglamentar la citada pensión dispuso, entre otras cosas, que su monto sería el equivalente al 75% del salario base de liquidación, sin llegar a ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 15 veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.

Por manera que, no admite duda alguna que la Ley 71 de 1988 creo un régimen pensional propio, en el que se distinguieron claramente los requisitos de (I) edad pensional, (II) tiempo de servicios o número de cotizaciones, y (III) monto de la pensión. El cual, frente a otros regímenes pensionales de la época constituyó una novedad, pues permitió la sumatoria de tiempos de servicio oficial con tiempos de servicio particular sobre el rasero conceptual de los llamados aportes o cotizaciones pensionales, tanto a las cajas de previsión social de todo orden como al Instituto de Seguros Sociales, sin atención a la época en que ellos se sufragarían. Lo anterior, a la postre, constituiría el momento previo a la normativa de la Ley 100 de 1993 que permitiría para todas las modalidades pensionales allí previstas, de conformidad con los principios que lo regirían como sistema de carácter universal e incluyente, la sumatoria de las cotizaciones y tiempos de servicio oficial, aún el no cotizado (sentencia de casación de 26 de marzo de 2014, radicación SL4457-2014 e interna 43904), a objeto de obtener las dichas prestaciones.

Por ser un régimen pensional propio, precedente a la Ley 100 de 1993, tampoco puede haber duda de que hace parte del espectro de regímenes pensionales comprendido dentro del artículo 36 como de aquellos a los cuales es dable acceder por vía del régimen de transición.

Y siendo los requisitos para acceder a los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, exclusivamente, los de edad o tiempos de servicio a la vigencia de tal normativa, lo lógico es concluir que quien los cumplan puede acceder igualmente al régimen de la pensión por aportes si hubieren cotizado en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales.

La época del pago o sufragación de aportes —o prestación de servicios oficiales, en su caso— no tiene trascendencia alguna a efectos del acceso a la pensión por aportes, por ser inequívoco que la fórmula normativa que previó dicha prestación igualmente dispuso que tal acto se podría hacer en cualquier tiempo, con lo cual no marcó un límite temporal, ni siquiera, tampoco, un quantum, proporción o porcentaje entre los servicios oficiales y los particulares que debería demostrar el aspirante a la aludida prestación. De consiguiente, los servicios personales de carácter oficial o particular se podrían cumplir y, por tanto, dar lugar al pago o sufragación de los aportes a la seguridad correspondientes por cuenta de éstos, para quien aspire a esta clase de prestación, en cualquier tiempo, obviamente, antes de que fuere posible adquirir la calidad o status de pensionado.

De esa suerte, entiende la Corte, quien cuente con cotizaciones por servicios prestados al sector oficial —o servicios de esa naturaleza sin cotización—, como quien cuente con cotizaciones por los prestados al sector particular, con independencia de la época en que los sufragó o los prestó, o del porcentaje que a cada uno de los referidos sectores correspondan, pero que cumpla los requisitos exigidos para tenérsele como beneficiado por el régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993, bien puede válidamente aspirar a que se le reconozca la pensión por aportes del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, sí cumple con los requisitos de edad —sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer— y de aportes sufragados a ambos sectores de servicios —veinte (20) años—, que dicha normativa estableció.

Ese es el genuino y cabal sentido que debe darse al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 frente a la pensión por aportes de que trata el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, pues, exigir requisitos que no están comprendidos en la estudiada normativa o tergiversar los que sí lo están para concluir en una fórmula pensional distinta a la prevista por el legislador, sin lugar a duda para la Corte, constituye la violación de la ley anunciada en el cargo, pues con ello lo que se hace es alterar equivocadamente el contenido e inteligencia de los citados preceptos.

Atendiendo el sentido ya indicado, en sentencia de 24 de mayo de 2011 (rad. 41.830), concluyó la Corte que el tribunal en el asunto allí tratado no tergiversó el entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al avalar la posibilidad de accederse a la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, cuando apenas se hubiere cotizado a uno cualquiera de los dos sectores del servicio, en los siguientes términos:

“(…) no aparece tampoco equivocada la tesis del ad quem, pues del hecho que la demandante hasta el 1º de abril de 1994 solo hubiere cotizado en el sector público no deviene inexorablemente que no hubiere estado en la posibilidad de acumular ese tiempo con el cotizado al ISS, en virtud de lo previsto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, facultad que de ninguna manera podía considerarse truncada por el hecho de haber entrado en vigor el nuevo sistema general de pensiones, si, como ocurre en este caso, la actora quedó inmersa en el régimen de transición, que le permitía conservar tal posibilidad”.

Para este caso, el Tribunal entendió que la pensión por aportes no podía ser a la que aspirara la demandante, pues para ello, asentó, se requería que hubiera cotizado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 en los dos sectores de servicios, el público y el particular, pero como ésta apenas acreditó haberlo hecho en uno: el oficial, concluyó que no podía pretender esa prestación por vía de ese régimen y, por ende, por esa razón, como por no contar con todo el tiempo de servicio oficial que le daría derecho a la pensión del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a la única pensión a la que tenía derecho era a la de vejez del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 con el 65% del promedio salarial de los últimos 10 años de cotización.

Siendo ello así, el Tribunal incurrió en la violación de la ley reprochada por la recurrente. No obstante, no se casará el fallo atacado, por ser lo cierto que los 20 años de aportes exigidos por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 no aparecen cumplidos por la recurrente en casación y demandante en las instancias.

En efecto, no quedando duda de que Carmen Cancelado cotizó a la Caja de Previsión Social del Distrito —del 28 de mayo de 1982 al 31 de diciembre de 1995— y al Instituto demandado —del 1º de enero de 1996 al 1º de marzo de 2001 y del 1º de abril de 2001 al 31 de julio de 2002—, datos sobre los que no hay discusión, como sí la hubo respecto del número de días y de semanas que corresponden a esos períodos, lo cierto es que no cumple con la exigencia del artículo 7º de la Ley 71 de 1988 de haber sufragado 20 años de cotizaciones a los dos sectores de servicios, en la forma en que se indicó al resolver la impugnación extraordinaria, por la sencilla razón de que los señalados tiempos de servicio no suman los requeridos 20 años de aportes que como mínimo exige la norma.

Y ello es así, por cuanto los días de cotización a los que corresponden los mentados términos son similares a los expresados en la Resolución 10455 de 30 de abril de 2004 (fls. 16 a 17 vto.), esto es, 4.893 días prestados al servicio de la Secretaría de Educación durante el período del 28 de mayo de 1982 al 31 de diciembre de 1995 (fl. 69), y 2.251 días cubiertos con posterioridad a esa fecha directamente al Instituto demandado: primero, por cuenta de la misma Secretaría de Educación un número de 1.861 días (del 1º de enero de 1996 al 1º de marzo de 2001, folios 83 y 84) y, segundo, como trabajadora independiente un número de 390 días —no aparecen cotizaciones para los meses de julio de 2001 y abril y mayo de 2002— (del 1º de abril de 2001 al 31 de julio de 2002, folio 58 y hecho 13 de la demanda), para un total de 7.144 días, equivalentes a 19,84 años de aportes, si se tiene en cuenta que la anualidad calculada para efectos pensionales es de 360 días de cotización, la mensualidad de 30 días y la semana de 7 días.

Lo anterior, como pasa a verse:

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Ahora bien, para ilustrar la aplicación de dichos guarismo a la reseñada anualidad de cotización es suficiente traer a colación lo asentado por la Corte en sentencia CSJ SL, del 22 de jul. de 2009, rad. 35402, en los siguientes términos:

“La discusión jurídica que plantea el censor no tiene trascendencia en este caso, si la decisión del Tribunal tuvo como consideración fundamental aquella según la cual, los periodos de cotización para determinar si se cumple con el requisito de la densidad para efectos de acceder a las prestaciones del régimen de prima media, se fija en semanas y no en años.

“Ciertamente, la controversia de si los años deben tomarse de 360 ó de 365 días puede tener importancia para asuntos ajenos al sub lite, en el que sólo se examina el tiempo cotizado al ISS, esto es, todo día cotizado se suma para ser transformado en semanas mediante la división por siete, arrojando así el número de cotizaciones a tener en cuenta.

“Dicho en otras palabras, el tiempo de permanencia en el Instituto de Seguros Sociales no se mide por el tiempo calendario que haya estado afiliado o haya cotizado el interesado”.

Aun cuando desde la demanda inicial la actora planteó la necesidad de calcular la anualidad de aportes como equivalente a 365 o 366 días y no a 360, la mensualidad a los propios de cada una de ellas, o sea, 28, 29, 30 o 31 y no a 30; y la semana a 7, que es lo que indica en este último caso la ley, con lo cual alcanzaría el número de semanas de cotización que asigna a las 20 anualidades de aportes exigidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 (1.029 para ser exactos), la razón no le asiste en manera alguna, pues es indiscutible que los plazos previstos en la ley repudian la contabilización de términos sobre el único concepto de ‘día’, dado que los hay de otros órdenes, como son los de semanas, meses y años, con la incidencia de que en tanto los de ‘días’ y de ‘semanas’ son por esencia uniformes —hablando de que los primeros siempre se cuentan en una unidad inferior de tiempo de 24 horas y las segundas de 7 días—, los meses y los años no lo son, dado que los meses lo pueden ser de 28, 29, 30 o 31 días y los años de 365 o 366 días. Tal divergencia se ha superado teniendo el término del mes como equivalente a 30 días, y por ende, el del año a 360 días (12 x 30).

De esa manera es que ha resultado dable al legislador facilitar el uso de distintos plazos a los particulares en el desenvolvimiento de sus diversas relaciones jurídicas, y a éstos, adquirir seguridad para saber cómo se computan los plazos o términos acordados —en los actos jurídicos de esa naturaleza— o los impuestos por éste mismo, para de esa forma tener certeza sobre el nacimiento o extinción de sus obligaciones o derechos.

Ello explica que en el mundo del trabajo el salario, las prestaciones sociales de cualquier naturaleza y demás conceptos de orden laboral se paguen regularmente por quincenas, mensualidades o anualidades sin distinción al número de días calendario al cual corresponda el respectivo período laborado. También, que para efectos fiscales se tomen en cuenta similares guarismos, y que salvo disposición legal en contrario, las cotizaciones se sufraguen en idénticos términos. Tal tipo de convención en manera alguna contradice el sentido común de las cosas, más bien se respalda en él, como en disposiciones como las consignadas en los artículos 18 de la Ley 100 de 1993, 134 del Código Sustantivo del Trabajo, 67 del Código Civil, 59 de la Ley 4ª de 1913, entre otras, que, en suma, predican una uniformidad de medida de los tiempos en que se cumplen los plazos y los términos de la ley.

En suma, como lo ha dejado dicho la jurisprudencia, los términos de afiliación o cotización a los entes administradores de riesgos del Sistema de Seguridad Social Integral no se miden por los días calendario, sino por términos uniformes de 7, 30 y 360 días, respectivamente, es decir, semanas, meses y anualidades.

De lo que viene decirse, no se casa la sentencia atacada.

Sin costas en el recurso, por las precisiones jurisprudenciales logradas.

IX. Decisión 

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 16 de junio de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso promovido por Carmen Cancelado contra el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidenta de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.