Sentencia 39010 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39010

SL807-2013

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 37

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso extraordinario, el cual concedido por el tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver, previo estudio de la demanda de casación y su réplica.

Pretende el impugnante que la Corte case parcialmente la sentencia acusada, y en sede de instancia, modifique la de primer grado, para en su lugar acceder a todas las pretensiones de la demanda, en especial a las súplicas por concepto de: Incrementos salariales anuales de carácter convencional y/o legal causados, cesantías definitivas, intereses a las cesantías y su correspondiente pago doble por no haber sido pagados en oportunidad, compensación de vacaciones, prima de vacaciones, prima de antigüedad, indemnización moratoria por el no pago de prestaciones, sociales, salarios y reajustes convencionales y/o legales de los mismos salarios, aportes con destino a cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte en la proporción establecida en la Ley 100 de 1993.

Con tal propósito formula tres cargos, así:

Cargo primero. Acusa la sentencia por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de “los artículos 467, 468, 469, 471 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 5º, literal e) del artículos 12, 46, de la Ley 6ª de 1945; 5º del Decreto 1045 de 1969; 8º y 11 del Decreto 3135 de 1968; 43, a 49, 51 del Decreto 1848 de 1969; 5º y siguientes, del Decreto 1045 de 1978; 5º, 6º, 14 y 99 de la Ley 50 de 1990, 1º de la Ley 52 de 1975, en relación con el 7º del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1º, 2º, 25 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; artículos 1º y 2º de la Ley Estatutaria 270 de 19%”.

Cita como errores manifiestos de hecho del tribunal:

1. Dar por demostrado sin estarlo que las súplicas del libelo se encuentran mal formuladas.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la pretensión de la demanda “es indeterminada”.

3. Dar por establecido sin estarlo que por la declaratoria de la excepción de la prescripción parcial, impide a la trabajadora beneficiarse de las convenciones colectivas de trabajo.

4. No dar por demostrado estándolo que la demanda principal formulada por el accionante y su anhelo con la acción ejercida fue, también, que sus derechos y prestaciones le fueran reconocidos aplicándole los beneficios de las convenciones colectivas de trabajo.

Los anteriores yerros tuvieron su origen en la errónea apreciación de la demanda inicial y la subsanación del libelo obrante a folio 183.

En el desarrollo asevera el censor que el juez de apelaciones decidió no aplicarle a la trabajadora los beneficios convencionales, a pesar de encontrar que sí eran viables, al considerar que las pretensiones de la demanda se encuentran mal formuladas, son indeterminadas y por la declaratoria de la excepción de la prescripción parcial, impide a la trabajadora beneficiarse de las convenciones colectivas de trabajo. Que las posibles fallas de la demanda fueron subsanadas en audiencia del 23 de agosto de 2004 (fl. 183), lo que no imposibilita la aplicación de beneficios convencionales a la demandante; con lo cual no se da cumplimiento al “deber del fallador interpretar la demanda cuando la misma no revista claridad suficiente, con el propósito de evitar sentencias inhibitorias y de conseguir el empeño constitucional de la primacía del derecho sustancial”.

“La valoración cabal de las súplicas llevan al axioma que la intención fundamental de la accionante era sin hesitación que los derechos laborales solicitados en esas pretensiones se le liquidaran con los beneficios señalados en las convenciones colectivas de trabajo, que incluye entre otros, la pensión especial, las primas semestrales o de servicio, los incrementos salariales, primas de vacaciones y de antigüedad. En dichas imploraciones del escrito de demanda se apunta explícitamente al derecho a la igualdad de todos los trabajadores de la demandada, por la misma razón que encontró el ad quem al resolver la aplicación de las convenciones.

Es así que en forma clara e inteligible se apuntaron así:

“Segunda. Que como consecuencia de lo anterior, se disponga respecto de todos y cada uno de los citados contratos el reconocimiento y pago de los siguientes factores salariales y prestacionales y demás derechos, legales y extralegales y/o convencionales a que tenga derecho mi poderdante y que resultaren probados, entre otros los siguientes:

a) Salarios,

b) Incrementos salariales anuales de carácter convencional y/o legal causados,

c) Cesantías definitivas,

d) Intereses a las cesantías y su correspondiente pago doble por no haber sido pagados en oportunidad,

e) Indemnización moratoria por no cancelación del valor de las cesantías en un fondo de cesantías, conforme al numeral 3º del artículo 99 de la ley 50 de 1990,

f) Primas semestrales o de servicio,

g) Prima de navidad,

h) Compensación de vacaciones,

i) Prima de vacaciones, de la fecha

j) Prima de antigüedad,

k) Indemnización moratoria por el no pago de prestaciones, sociales, salarios y reajustes convencionales y/o legales de los mismos salarios,

l) Aportes con destino a cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte en la proporción establecida en la Ley 100 de 1993,

m) Indemnización por terminación unilateral sin justa causa”.

Para las pretensiones subsidiarias se hacen idénticas súplicas, respecto de un tiempo determinado.

Señala igualmente el censor que como el propósito de la promotora del litigio es palmario y “el carácter con la que se imploraron las pretensiones de la demanda” patentiza que el anhelo primordial de la actora era obtener el pago de los derechos laborales legales y convencionales, sin que pueda predicarse que existen vaguedades, dubitaciones en las súplicas o que se encuentren mal formuladas y menos aún que sean indeterminadas. La demanda en este aspecto resulta categórica, sin que haya lugar a una interpretación diferente.

Si el fallador encuentra que el móvil principal de la actora (beneficios convencionales) tiene vocación de prosperidad, las demás pretensiones que se formularon no han debido ser consideradas como impedimento para que los derechos se le negaran.

Por lo que “al ser notorio el propósito del actor, no resulta correspondiente con dicho fin negarle los derechos, pues conduciría a caer en un formalismo inocuo que no se compadece con la finalidad y estructura del ordenamiento jurídico colombiano y en particular del proceso, como escenario para darle imperio al derecho sustancial”.

En apoyo de lo dicho, transcribe apartes de la sentencia de esta Sala correspondiente a la radicación 30774 del 28 de octubre de 2008.

La réplica

Por su parte la oposición manifiesta que el fallador de alzada no incurrió en ninguno de los errores de hecho endilgados por la censura, toda vez que el ad quem acertadamente interpretó la demanda inicial y la subsanación de la misma, el simple hecho de que el juzgador de segunda instancia no haya accedido a las pretensiones de la actora no significa que haya realizado una errada interpretación probatoria, pues precisamente porque consideró su texto y derivó consecuencia de las piezas procesales en referencia, es que se concretaron varias condenas a favor de la accionante; frente al punto concreto de los beneficios convencionales también analizó cuidadosamente lo expresado en la convención colectiva de trabajo y concluyó que las pretensiones fueron indeterminadas y resalta que el reconocimiento de la relación laboral se hizo por cada uno de los contratos y no por la totalidad del tiempo que laboró la actora, lo que es suficiente para que no sea procedente el reconocimiento de los beneficios convencionales invocados.

IV. Consideraciones de la Corte

Es de advertir en primer término, como ha adoctrinado esta corporación en forma reiterada, que el alcance de la impugnación es el derrotero que fija la competencia de la Corte tanto en casación como en sede de instancia, y dado que este recurso extraordinario es rogado se excluyen actuaciones de oficio. En casación, debe determinar el censor si busca la anulación total o parcial del fallo de segundo grado, y con relación a la actividad en instancia, precisar cuál debe ser la decisión de reemplazo, esto es, confirmar, modificar o revocar la sentencia de primer grado, y, en estos dos últimos casos, cómo debe ser sustituida mediante la correspondiente decisión de mérito.

En el sub lite, no obstante que en el alcance de la impugnación no fue preciso el recurrente en señalar lo que pretendía de la Corte en casación, pues simplemente se limitó a solicitar que se “case parcialmente la sentencia impugnada y en sede de instancia modificar la de primera instancia, para en su lugar acceder a todas las pretensiones de la demanda”, dicha falencia puede ser suplida por la Corte acudiendo a lo que se pide en sede de instancia, y a partir de allí inferir lo pretendido en casación. En consecuencia, entiende la Corte que el impugnante aspira al quebrantamiento parcial del fallo gravado, en cuanto negó varias acreencias laborales, “en especial a las súplicas por concepto de: Incrementos salariales anuales de carácter convencional y/o legal causados, cesantías definitivas, intereses a las cesantías y su correspondiente pago doble por no haber sido pagados en oportunidad, compensación de vacaciones, prima de vacaciones, prima de antigüedad, indemnización moratoria por el no pago de prestaciones, sociales, salarios y reajustes convencionales y/o legales de los mismos salarios, aportes con destino a cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte en la proporción establecida en la Ley 100 de 1993”, tal como se deriva de la demanda de casación.

Ahora bien, el análisis de la acusación conduce a que no tenga vocación de prosperidad, como se pasa a explicar:

1. El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones principales, fundadas sobre la existencia de varios contratos de trabajo, aspecto que no fue cuestionado en el cargo, por lo que se ha de asumir que las aspiraciones citadas en precedencia, quedan circunscritas a aquellas de la misma clase que le fueron negadas, y en esa perspectiva debe estudiarse el recurso, considerando además que el recurrente en la sustentación del cargo se refiere concretamente a ellas.

Igualmente se advierte que pese a que en el alcance de la impugnación se señalan varias acreencias de estirpe legal, en el desarrollo de este cargo el recurrente se limita a sustentar únicamente lo relativo a las pretensiones derivadas de la convención colectiva de trabajo, y a ellas se debe circunscribir entonces, el estudio que efectúa la Corte.

2. De conformidad con lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y además, la equivocación debe ser trascendente frente a la decisión cuestionada.

El tribunal para negar los beneficios convencionales dijo:

“Resulta claro que la actora se encontraba amparada por la convención colectiva, pero deberá indicarse que de acuerdo a la forma en la cual se encuentran formuladas las pretensiones no es dable a esta Sala fulminar condena en contra de la demandada por los emolumentos derivados de la misma, comoquiera que la pretensión es indeterminada y así mismo el reconocimiento de la relación laboral se hizo por cada uno de los contratos no susceptible de prescripción y no de la totalidad del tiempo laborado, razón suficiente para que no sea procedente el reconocimiento de prestación alguna originada en la convención colectiva”.

El censor le achaca al juzgador yerro manifiesto de apreciación probatoria en relación con la demanda inicial, pues alega que tales defectos no existieron.

Señala el impugnante que en efecto, el tribunal se equivocó al concluir que no existió claridad o determinación frente a lo pretendido a través de esta acción en lo que atañe a los beneficios convencionales, dado que conforme al texto de la demanda introductoria que asegura fue mal apreciado, emerge con nitidez que lo demandado consiste en la “existencia de los contratos de trabajo” indicados en el libelo y durante el lapso allí señalado, y la aplicación de los beneficios convencionales respecto de cada uno de ellos. Así, en la sentencia, se incurrió en una errónea valoración del escrito mediante el cual se promovió la controversia judicial, que debe ser corregida por el tribunal de casación, haciendo prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, excusando los formalismos insustanciales de cara al verdadero contenido del objeto y causa petendi de la acción, expresados en el escrito genitor.

3. En criterio de la Corte, le asiste razón al censor, pues el juzgador ad quem se equivocó en la apreciación de la demanda inicial, la cual no acusaba ambigüedad respecto de las súplicas enderezadas al reconocimiento de los beneficios extralegales, y que dicho sea de paso, no requería siquiera interpretación, ni tampoco efectuar un razonamiento esforzado con miras a desentrañar las pretensiones principales formuladas por la actora, respecto de todos y cada uno de los contratos que enumeró y donde aparece claro se comprendían los beneficios convencionales.

En el texto acusado se lee así, la pretensión segunda principal:

“Segunda. Que como consecuencia de lo anterior se disponga respecto de todos y cada uno de los citados contratos, el reconocimiento y pago de los siguientes factores salariales y prestacionales y demás derechos legales, extralegales y/o convencionales a que tenga derecho mi poderdante y que resultaren probados, entre otros, los siguientes:

a) Salarios.

b) Incrementos salariales anuales de carácter convencional y/o legal causados.

c) Cesantías definitivas.

d) Intereses a las cesantías y su correspondiente pago doble por no haber sido pagados en oportunidad.

e) Indemnización moratoria por no cancelación del valor de las cesantías en un fondo de cesantías, conforme al numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

f) Primas semestrales o de servicio.

g) Prima de Navidad.

h) Compensación de vacaciones.

i) Prima de vacaciones.

j) Prima de antigüedad.

k) Indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales, salarios y reajustes convencionales y/o legales de los mismos salarios.

l) Aportes con destino a cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte en la proporción establecida en la Ley 100 de 1993.

m) Indemnización por terminación unilateral sin justa causa”.

Por tanto, es evidente el error fáctico del tribunal, como fundamento de su decisión, en relación con la no procedencia de los beneficios convencionales respectivos, a pesar de reconocer que la demandante era beneficiaria de la convención, con el argumento infundado de ser la pretensión indeterminada.

Se ha de recordar que incluso cuando la demanda presenta inconsistencias o acusa falta de claridad, el juzgador está en la obligación de tratar de desentrañar el querer del demandante para evitar vicios en el procedimiento o decisiones inhibitorias.

En ese sentido se pronunció la Sala en sentencia de 14 de febrero de 2005, radicado 22923, en los siguientes términos:

“Desde antaño, es jurisprudencia adoctrinada que cuando el juez al momento de dictar sentencia se encuentra ante una demanda que no ofrezca la precisión y claridad debidas, bien por la forma como aparecen las súplicas, ora en la exposición de los hechos, también en los fundamentos de derecho, o en las unas y en los otros, está en la obligación de interpretarla para desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante, al formular sus súplicas, para lo cual debe tener muy presente todo el conjunto de ese libelo, sin que pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico; y además si es necesario para precisar su auténtico sentido y aspiración procesal, tener en cuenta las actuaciones que haya desarrollado el actor en el trámite del proceso, lo cual debe observar celosamente el instructor judicial a manera de saneamiento, a efecto de evitar una nulidad o una decisión inhibitoria con grave perjuicio para los litigantes y talanquera infranqueable para que se llegue a la norma individual constituida con la sentencia de fondo, lo que choca con el deber ser de la administración de justicia”.

4. Aunque la Corte encuentra el evidente error en que incurrió el juzgador de segundo grado en la apreciación de la demanda inicial, y en esa medida el cargo es fundado, no procede la anulación parcial del fallo de segundo grado, porque en instancia la decisión no sería diferente a la absolutoria del tribunal de cara a los beneficios convencionales deprecados en el libelo, comprendidos en las pretensiones principales, porque al haberse declarado la prescripción de todos los derechos laborales anteriores a los que corresponden al contrato vigente al 15 de enero de 2000, lo que no fue objeto de controversia en casación, el estudio de los beneficios extralegales se reduciría a los causados desde esa fecha en adelante. Y la convención colectiva que se aporta como fuente de los mismos es la vigente para los años 1996-1999 (fls. 318 a 396), la cual no tiene fecha de suscripción y en consecuencia carece de validez, por no poderse verificar el requisito de su depósito oportuno.

Adicionalmente, al revisar las pruebas obrantes en el proceso, la Corte encontraría en sede de instancia que la actora no aportó convención colectiva con vigencia posterior.

Así las cosas, el cargo resulta fundado, pero no prospera.

Segundo cargo. Acusa la sentencia por la vía directa, por infracción directa, los artículos 13, 23, 279, 152, 159, 161, de la Ley 100 de 1993; 2º de la Ley 797 de 2003; 26 del Decreto 806 de 1998; 30 del Decreto 1703 de 2002; 1º del Decreto 695 de 1964; 53 y 57 del Decreto 1406 de 1998, en relación con el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo; 3º 53, numeral 7º del artículo 42, parágrafo 2º del art. 49, inciso 3º del artículo 53 de la Ley 715 de 2001; Decreto 1406 de 1999; 1º, 2º, 3º del Decreto 1636 de 2006; 1º y 2º de la Ley Estatutaria 270 de 1996, al dejar de aplicar la ley siendo el caso hacerlo”.

En la demostración de la acusación, manifiesta el censor que el tribunal al sostener que “los aportes al sistema de seguridad social integral no tienen procedencia, porque “fue una obligación a cargo del empleador que no se cumplió, por creer este encontrarse ante un contrato de prestación de servicio, así las cosas se tiene que el contrato se ejecutó de buena fe al tenor de lo normado en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo”; que no es el juez sino el trabajador que escoge la entidad promotora de servicios de salud y la administradora de riesgos profesionales”, y rematar que “en materia del sistema de salud no es viable efectuar aportes con posterioridad a la terminación del vínculo laboral, comoquiera que se trata de la prestación de un servicio (de salud) la cual no se puede retrotraer en el tiempo pues el objeto de dicha prestación se extinguió el cual era la protección efectiva del trabajador durante el vínculo laboral”, sin duda se demuestra que dejó de aplicar las normas citadas en la proposición jurídica, en especial el literal a) artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que advierten que la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes; y el literal b) que señala que la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado; y el literal d) que dispone que la afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley.

Agrega que si el sentenciador de segundo grado “encontró la existencia de una relación laboral e impuso condenas prestacionales por tal motivo, no existe razón o motivo para que se deje se aplicar las normas obligatorias de la afiliación al régimen de seguridad integral por lo que sin hesitación incurrió en dislate jurídico, pues su proveído no se sujeta a los postulados protectores del derecho del trabajo y de la seguridad social a los principios de equidad y proporcionalidad y no interpreta cabalmente los objetivos de la Ley 100 de 1993 que desarrolla el artículo 48 de la Constitución Política”.

La réplica

Reitera la opositora que equivocadamente la censura aduce que el ad quem se rebeló en cuanto la aplicación de algunos preceptos normativos, sin embargo es importante tener en cuenta que la no aplicación de los mismos tuvo fundamento en que el sentenciador de segunda instancia partió de la buena fe del Instituto de Seguros Sociales, tal y como en repetidas ocasiones lo ha contemplado la misma H. Corte Suprema de Justicia en casos similares, por ende la aplicación de las normas contempladas en la proposición jurídica se hace innecesaria; por cuanto el Instituto de Seguros Sociales estaba en total convencimiento, que la relación laboral con la demandante era por medio de contratos de prestación de servicios y no como lo consideró el tribunal por contrato de trabajo, en apoyo a lo dicho trascribe apartes de la sentencia proferida dentro del radicado 25230 del 23 de agosto de 2005.

Para finalizar, sostiene que, en todo caso, el llamado a efectuar la escogencia tanto del régimen de pensiones al cual desea pertenecer como de la entidad promotora de servicios de salud y a la administración de riesgos profesionales, situación que de acuerdo a como se suscitaron los hechos no pudo realizarse, no es el juez sino el trabajador; además que frente al sistema de salud no es viable efectuar aportes con posterioridad a la terminación del vínculo laboral, comoquiera que se trata de la prestación de un servicio (de salud) la cual no se puede retrotraer en el tiempo pues el objeto de dicha prestación se extinguió el cual era la protección efectiva del trabajador durante el vínculo laboral; vistas así las cosa no resulta posible el impartir condenar para el pago de estos conceptos”.

V. Consideraciones de la Corte

Se ha de observar que la censura cita como infringido directamente, el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, y no se cuestiona que el último contrato finalizó en el 2002, por lo que dicho precepto no regula el caso; sin embargo como se citan otras normas que sí resultan atinadas, hay lugar a pronunciamiento de fondo.

Se duele la recurrente porque el ad quem no impartió condena a la entidad demandada, frente a la pretensión encaminada a obtener los aportes a la seguridad social.

El tribunal al efecto expuso:

“Respecto a este pedimento la Sala negará su procedencia en razón a que en primer término fue una obligación a cargo del empleador que no se cumplió, por creer este encontrarse ante un contrato de prestación de servicio, así las cosas se tiene que el contrato se ejecutó de buena fe al tenor de lo normado en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por otro lado el llamado a efectuar la escogencia tanto del régimen de pensiones al cual desea pertenecer como de la entidad promotora de servicios de salud y la administradora de riesgos profesionales, situación que de acuerdo a como se suscitaron los hechos no pudo realizarse, no es el juez sino el trabajador; de igual forma cabe indicar que en materia del sistema de salud no es viable efectuar aportes con posterioridad a la terminación del vínculo laboral, comoquiera que se trata de la prestación de un servicio (de salud) la cual no se puede retrotraer en el tiempo pues el objeto de dicha prestación se extinguió el cual era la protección efectiva del trabajador durante el vínculo laboral; vistas así las cosas no resulta posible el impartir condena para el pago de estos conceptos”.

Encuentra la Corte un yerro jurídico en el razonamiento del tribunal, al estimar que la buena fe exime al empleador de cancelar los aportes a la seguridad social, en los eventos en que tuviere la convicción razonable de estar vinculado a su trabajador por un acuerdo de naturaleza distinta, como lo sería un pacto de carácter administrativo o civil.

En efecto, una vez que el juzgador encuentra la configuración de un contrato de trabajo realidad, es procedente imponer el pago de todos los derechos y acreencias laborales que se derivan de ese vínculo jurídico, y que son inherentes a él, por su naturaleza o por disposición de la misma ley, tales como salarios, cesantías, vacaciones, aportes a la seguridad social, sin que tenga incidencia la adjetivación del comportamiento empresarial como de buena o mala fe, siempre y cuando hayan sido correctamente solicitados y no estén afectados por el fenómeno de la prescripción.

No pueden confundirse esos derechos laborales o de la seguridad social, con las sanciones con las que se grava al empleador por el no pago de acreencias laborales al momento de la terminación del contrato de trabajo de los servidores oficiales o privados, artículos 1º del Decreto 797 de 1949 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, respectivamente, y en este último caso con las consecuencias indemnizatorias previstas en el parágrafo primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que modificó el citado artículo 65, por el no cumplimiento de las obligaciones frente a la seguridad social y parafiscalidad, cuya viabilidad sí depende de la calificación de la conducta del empleador, que puede ser eximido cuando concurra buena fe en su actuar (sent., abr. 17/2012, rad. 38671).

Por lo dicho, el cargo prospera y el fallo del tribunal será parcialmente casado, en cuanto absolvió al Instituto del pago de lo correspondiente a aportes a la seguridad social.

Tercer cargo. Acusa la sentencia por la vía indirecta por aplicación indebida del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, por incurrir el tribunal en ostensiblemente (sic) errores de hecho:

1) Dar por demostrado sin estarlo, que el Instituto de Seguros Sociales, obró de buena fe al celebrar un contrato de prestación de servicios.

2) No dar por demostrado estándolo, que el Instituto de Seguros Sociales, obró de mala fe al celebrar varios contratos de prestación de servicios con la demandante.

Los anteriores errores fueron cometidos por haber apreciado equivocadamente el tribunal los siguientes medios de prueba:

1. Contratos de prestación de servicios (fls. 81 a 153).

2. Clasificación, funciones y requisitos para el desempeño de los servidores del Instituto de Seguros sociales (Res. 2800, jul. 1º/94, fl. 747).

3. Confesión realizada en la contestación de la demanda (fls. 169 a 173).

4. Documentales obrantes (fls. 38 a 55).

5. Trámite disciplinario por la pérdida de un instrumental dispuesto para el desarrollo de sus funciones (fls. 211 a 246).

Con las pruebas reseñadas en este cargo, el ad quem encontró la existencia de la relación laboral. De ahí que impuso condena, pero exoneró a la accionada por cuanto que consideró que obró de buena fe, contradiciendo sus conclusiones cuando realizó el estudio de la relación laboral donde extractó de dichas pruebas que la demandada ejerció todo un poder subordinante sobre la demandante sin que se observara la autonomía y libertad alegada por la demandada elemento que sin lugar a dudas deberá caracterizar el contrato de prestación de servicios. Igualmente, aunque dentro del expediente obran los contratos de prestación de servicios en los que se indican las fechas de iniciación y de terminación de los mismos al igual que las actas de liquidación, esta documental solo indica una apariencia de solución de continuidad toda vez que una vez terminaba uno de los contratos, inmediatamente se suscribía uno nuevo. De la misma forma, las documentales mencionadas desvirtúan esa misma apariencia en los casos en que se observan instrucciones, designación de horarios para el desarrollo de sus labores, solicitud de permisos (fls. 56 a 65), aún más respecto a la autoría disciplinaria a la cual fue vinculada con ocasión a la pérdida de un instrumental dispuesto para el desarrollo de sus funciones (fls. 211 a 246).

Si encontró el ad quem, la existencia de la mentada relación laboral, por cuanto que el Instituto ejercía subordinación, desde un principio respecto de la demandante, no puede pregonarse que dicha accionada obró de buena fe, por cuanto que esos contratos lo que quisieron fue disfrazar el contrato realidad, por un contrato de prestación de servicios, demostrándose por el contrario una mala fe, al celebrar un contrato de prestación de servicios, con la sola intensión de cercenarle el derecho al reconocimiento y pago de los emolumentos laborales y de seguridad social que se originó en el trabajo subordinado.

Si bien esa h. corporación tiene consolidado que la aplicación del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, no es automática, también lo ha sostenido que solamente cuando el empleador tiene razones poderosas y jurídicas para discutir la calidad del contrato, puede decirse que existe buena fe de su parte y por consiguiente, no debe ser condenado al pago de esa sanción.

En este caso no hay un solo argumento valedero para justificar la existencia del contrato de prestación de servicios porque desde el principio y como lo acepta el h. tribunal, existió fue una verdadera relación presunta de trabajo.

La réplica

Reprodujo las mismas argumentaciones expresadas en los dos cargos anteriores, por lo que resulta innecesaria su repetición.

VI. Consideraciones de la Corte

Para la Corte se equivocó el tribunal al no haber impuesto la indemnización moratoria, en cuanto las pruebas que denuncia el cargo como valoradas con error por el tribunal, muestran la conducta injustificada del instituto de acudir a la ley de contratación administrativa para simular lo que en realidad son vínculos laborales, y así eludir el pago de derechos de esa naturaleza en perjuicio de la trabajadora.

Los contratos de prestación de servicios (fls. 81 a 153), demuestran que la contratación de la actora no fue un hecho excepcional, pues se firmaron 17 en un lapso de 6 años. Además, como se aceptó en la contestación de la demanda y se deriva del texto de los contratos de prestación de servicios, el cargo desempeñado por la demandante fue el de terapista fonoaudióloga. Ella debía cumplir horario y se le asignaban turnos los cuales eran programados y autorizados por la entidad, según las necesidades del servicio (fls. 38 a 55).

La actividad desempeñada por la demandante era de las normales que debía desarrollar la entidad para la atención de sus funciones propias y el cargo existía dentro de la planta de personal de la entidad (fls. 746 y 747). Adicionalmente, es una labor que por su misma naturaleza no es de aquellas que pueda llevarse a cabo con independencia y autonomía.

Por lo demás, aunque no se ejerció frente a ella la potestad disciplinaria, pues las diligencias fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación por tratarse de una contratista independiente (fl. 229), esto no desvirtúa la clara subordinación bajo la cual se desarrolló la actividad profesional de la demandante.

Los anteriores elementos probatorios dejan ver de manera palmar, que en este caso se trató de una vinculación subordinada y que puede afirmarse fue permanente, pues a pesar de que se declaró la existencia de varios contratos de trabajo, entre uno y otro no hubo interrupción, lo que imprime a la actuación de la empleadora falta de lealtad y seriedad, pues procedió con abierto desconocimiento de las normas que regulan la contratación administrativa de servicios personales.

Y es que en el sub lite, la celebración de varios contratos de prestación de servicios no es razón que lleve a exonerar al instituto de la indemnización moratoria por entender que se encontraba confundido respecto de la naturaleza de la relación que lo unía con la demandante, pues por el contrario es condición de esta clase de contratación pública su transitoriedad como se deriva del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, requisito que a todas luces aquí no se cumple incurriendo la entidad en uso indebido de la figura dado su carácter excepcional.

De manera que no resulta atendible por la naturaleza de las labores que debía desempeñar la demandante ni por su duración que se prolongaría en el tiempo —más de 17 contratos en 6 años—, la vinculación a través de esa modalidad contractual, cuando surgían signos inequívocos de que se trataba de una relación laboral con todas sus características distintivas como la presencia de la subordinación a que fue sometida en el cumplimiento de sus funciones.

Lo que denota la conducta de la entidad demandada, es la intención de refugiarse en esa aparente legalidad para evadir el reconocimiento de los derechos y prerrogativas que la ley reconoce a quienes están amparados por la normatividad que regula el trabajo humano subordinado, manteniendo a la actora en una situación de precariedad de beneficios frente a quienes se vinculan mediante contrato de trabajo, sin que hubiera esgrimido en su defensa razones de peso o convincentes que justificaran una creencia razonable de estar enfrentada a una contratación distinta a la laboral.

Resulta oportuno señalar, que la simple afirmación del empleador de tener la creencia de haber celebrado una forma de vinculación diferente a la laboral, no es suficiente para exonerarlo de la indemnización moratoria por el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, pues es obligación del operador judicial examinar en cada caso, el comportamiento del empleador de cara a los elementos probatorios obrantes en el proceso, para determinar si tenía o no razones fundadas para abstenerse de reconocer prerrogativas laborales.

En sentencia de 23 de febrero de 2010, radicado 36506, en un proceso contra la entidad aquí demandada dejó la Sala las siguientes enseñanzas:

“En efecto, la absolución de esta clase de indemnización cuando se discute la existencia del vínculo contractual laboral, no depende de la negación del mismo por parte del accionado al dar contestación al libelo demandatorio, ni la condena de esta súplica pende exclusivamente de la declaración de su existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a la instancia; habida consideración que en ambos casos se requiere del examen de la conducta del empleador, a la luz de la valoración probatoria que hable de las circunstancias que rodearon el desarrollo del contrato, a fin de poder determinar si la postura de este resulta o no fundada, lo cual depende igualmente de la prueba arrimada y no del simple comentario o afirmación de haberse regido el nexo por un contrato de prestación de servicios, para el caso de aquellos especiales a que alude el artículo 32 de la Ley 80 de 1993”.

Por las razones anteriores, prospera el cargo, y la sentencia del tribunal será parcialmente casada también en cuanto confirmó la absolución que por concepto de indemnización moratoria efectuó el juzgador a quo, a la demandada.

En tanto que con arreglo a reiterada jurisprudencia de la Sala, la condena a indemnización moratoria es incompatible con la indexación, puesto que la primera incluye los perjuicios concernientes a la devaluación de la moneda que derivan del no pago oportuno de las acreencias laborales que da lugar a ella, y que se corrige con la actualización de la moneda cuando no cabe el resarcimiento integral de perjuicios que deviene del proceder calificado como desprovisto de buena fe por el juzgador, se habrá de casar la sentencia también en cuanto impuso la indexación de las condenas.

En providencia de 20 de mayo de 1992, radicado 4645, se estableció dicho criterio reiterado en la de 7 de julio de 2010 radicado 36897 en un proceso contra la aquí demandada.

Dijo textualmente esta corporación, en el primero de los fallos citados:

“Es oportuno reiterar que cuando no sea pertinente en una sentencia la condena de indemnización moratoria por el no pago oportuno de prestaciones sociales, por cuanto no se trata de una indemnización de aplicación automática, es viable aplicar entonces la indexación o corrección monetaria en relación con aquella prestaciones que no tengan otro tipo de compensación de perjuicios por la mora o que no reciban reajuste en relación con el costo de vida, conforme a lo dicho antes, pues es obvio que de no ser así el trabajador estaría afectado en sus ingresos patrimoniales al recibir al cabo del tiempo el pago de una obligación en cantidad que resulta en la mayoría de las veces irrisoria por la permanente devaluación de la moneda en nuestro país originándose de esa manera el rompimiento de la coordinación o ‘equilibrio’ económico entre empleadores y trabajadores que es uno del os fines primordiales del derecho del trabajo”.

En instancia, la Corte en uso de la facultad de interpretar la demanda, entiende que la súplica de la parte actora iba encaminada a la devolución de los pagos que realizó a la seguridad social en salud y pensiones, en la proporción que corresponde al empleador, habida cuenta que durante el tiempo que le prestó servicios al Instituto se afilió a la seguridad como trabajadora independiente (fl. 821).

En cuanto a la prueba de lo cancelado por dichos conceptos, aparecen constancias del pago efectuado por la demandante correspondiente a los meses de septiembre de 1996 (fl. 460); octubre de 1997 (fl. 649); septiembre de 1997 (fl. 675); agosto de ese año (fl. 676); y marzo de 1997 (fl. 685).

Respecto de la documental obrante a folios 822 a 829, referida a los aportes en salud y pensiones de los períodos febrero y mayo de 1998, septiembre de 1999, enero y agosto de 2000, mayo y octubre de 2001, y noviembre de 2002, es cierto que se adujeron al proceso en forma extemporánea, pero han de ser tenidas en cuenta en aplicación del artículo 84 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el entendido de que fueron pedidas y decretadas oportunamente en cuanto hacen parte de la hoja de vida de la actora, por ser el instituto a la vez empleador y la entidad a la cual ella se encuentra afiliada a pensiones y en un tiempo lo estuvo a salud y riesgos profesionales.

Por tanto, se fulminará condena en contra del Instituto en el valor correspondiente al porcentaje de las cotizaciones que le concierne como empleador, es decir, el 75% con arreglo al artículo 20 de la Ley 100 de 1993, equivalente a la suma de $ 847.872,oo, durante el tiempo que le prestó servicios y que fueron probadas, por cuanto esta obligación por ser atinente a derechos pensionales, no está afectada por el fenómeno de la prescripción. Lo anterior, de conformidad con el siguiente cuadro:

 

Fecha de pagoValor total pagadoValor a cargo del empleador
30/09/1996$ 57.571,00$ 43.170,75
31/10/1997$ 87.600,00$ 65.700,00
30/09/1997$ 87.600,00$ 65.700,00
31/08/1997$ 87.600,00$ 65.700,00
30/04/1997$ 57.561,00$ 43.170,75
31/05/1998$ 102.900,00$ 77.175,00
28/02/1998$ 102.900,00$ 77.175,00
31/08/2000$ 35.700,00$ 26.775,00
31/01/2000$ 88.687,00$ 66.515,25
30/09/1999$ 88.687,00$ 66.515,25
31/10/2001$ 108.900,00$ 81.675,00
30/11/2002$ 115.900,00$ 86.925,00
31/05/2001$ 108.900,00$ 81.675,00
Total$ 847.872,00

 

Referente a la indemnización moratoria, de conformidad con el monto del último salario mensual devengado por la demandante de $ 1’541.240,oo y que no fue cuestionado por las partes, se condenará al Instituto por ese concepto, al pago de una suma de $ 51.374,66 diarios a partir del 11 de abril de 2003 y hasta que se verifique el pago. Esto teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley 797 de 1949, que da al empleador oficial un término de 90 días para el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, salarios o indemnizaciones antes de que opere la sanción por el no pago o retardo cuando haya mala fe, y que en el sub lite la relación laboral finalizó el 30 de noviembre de 2002.

Por último, se ha de advertir que a pesar de haberse declarado la existencia de varios contratos de trabajo, de los cuales no fueron afectados por el fenómeno de la prescripción los conceptos causados a partir del 15 de enero de 2000, solo es procedente la condena a sanción moratoria por una sola vez, puesto que una razonable interpretación del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, con la modificación introducida por el artículo 1º del Decreto-Ley 797 de 1949, no permite concluir en la imposición concurrente y acumulativa de sendas condenas por dicho concepto, máxime que no medió espacio temporal entre un contrato y otro sino que se sucedieron de forma inmediata; lo contrario, conduciría a una situación abiertamente inequitativa y desproporcionada.

Sin costas en casación por hallarse fundada la primera acusación y prósperas la segunda y tercera. Las costas de las instancias corren a cargo de la parte demandada vencida en un 90%.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 11 de julio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso promovido por CLARA ISABEL CASTRILLÓN ECHEVERRY contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en cuanto confirmó la absolución del juzgado por el pago de lo correspondiente a aportes a la seguridad social y la indemnización moratoria, y condenó a la indexación. No la casa en lo demás. En sede de instancia, revoca parcialmente el numeral segundo del fallo de 31 de agosto de 2007 del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto absolvió por dichos conceptos, y en su lugar impone al Instituto el pago de la suma de $ 847.872,oo por el porcentaje que le corresponde como empleador frente a los aportes a la seguridad social; así como la cantidad de $ 51.374,66 diarios a partir del 11 de abril de 2003 y hasta que se verifique el pago de las acreencias laborales, por concepto de indemnización moratoria. Se revoca la condena a la indexación de las condenas y se absuelve por dicho concepto.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».