Sentencia SL8093-2014 de junio 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL8093-2014

Radicación 45791

Acta 21

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

Aun cuando la presente demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, la Sala abordará el estudio conjunto de los tres cargos orientados por la vía directa, entendiendo que los puntos materia de discusión en sede de casación, que están encaminados a cuestionar la conclusión del tribunal de negar la pensión de jubilación al promotor del proceso, por no configurarse ninguna de las hipótesis planteadas en la demanda inicial, consisten básicamente en lo siguiente:

(i) Establecer si la circunstancia de que el demandante contara con más de diez (10) años de servicios a la misma empresa antes de que el Instituto de Seguros Sociales tuviera cobertura en la zona de Urabá, le otorga el derecho a la pensión plena de jubilación deprecada, a cargo de la sociedad demandada, a la luz de lo estatuido en el A. 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de igual año.

(ii) Determinar si el actor es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, artículo 36, por tener más de 15 años de servicios y 47 años de edad al 1º de abril de 1994 cuando entró a regir dicha ley, sin haber estado afiliado a la seguridad social, para con ello obtener la jubilación de su empleador con quien laboró hasta el año 1982.

(iii) Definir si el accionante tiene derecho a la pensión de conformidad con la Ley 100 de 1993, artículo 133, que en decir de la censura exige únicamente haber prestado servicios por 10 o 15 años y la no afiliación a la seguridad social, lo que en este asunto se cumple, no siendo procedente negar el derecho con aplicación de la Ley 171 de 1961, artículo 8º, máxime que el despido no fue con justa causa.

En este orden abordará la Sala el estudio de la acusación:

A. Pensión plena de jubilación

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal determinó que el demandante efectivamente laboró para la empresa Maderas del Darién S.A. hasta el 19 de febrero de 1982, por más de diez (10) años, concretamente 16 años, 5 meses y 18 días, lo cual finalmente le sirvió para definir que como no completó los 20 años de servicios a un mismo empleador en forma continua o discontinua, no podía obtener la pensión plena de jubilación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que era el régimen aplicable.

Cabe anotar que no es objeto de cuestionamiento en la esfera casacional que, de conformidad con la Resolución 831 del 19 de diciembre de 1966, emanada del director general del ICSS, se fijó el 1º de enero de 1967, como fecha de vigencia del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, para determinadas ciudades; y que a través de la Resolución 2362, del 20 de junio de 1986, se permitió la inscripción de los riegos de invalidez, vejez y muerte en los municipios de Apartadó, Chigorodó, y Turbo, «para comenzar a recibir afiliaciones el 1º de agosto del mismo año» (resalta la Sala). Por consiguiente, para esa fecha el demandante no se encontraba vinculado con el empleador convocado al proceso, pues estaba ya retirado.

Planteadas así las cosas, es necesario entrar a analizar lo correspondiente a los requisitos para acceder a la pensión de jubilación plena prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 260, régimen aplicable al actor, así como referirse al régimen de transición previsto en el A. 224/1966 aprobado por el Decreto 3041 de igual año, que es la normatividad en que se funda el recurrente para poder reclamar la prestación pensional objeto de estudio.

1) Pensión de jubilación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.

El artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, reza:

ART. 260.—Derecho a pensión. 1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.

Del texto citado en precedencia aflora palmariamente que son tres los requisitos que se deben estructurar para que el trabajador consolide el derecho a la citada pensión de jubilación:

a) Que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior.

b) Que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer.

c) Que labore durante veinte (20) años o más de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este código.

En el sub examine, como antes se explicó, el actor no cumple con el último requisito, pues no prestó sus servicios a la sociedad demandada por veinte (20) o más años.

En este horizonte, entonces, el tribunal no se equivocó al concluir que el accionante no tenían derecho a esta clase de pensión plena de jubilación.

2) Pensión de jubilación, a la luz del régimen de transición del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año.

Se impone memorar lo adoctrinado en sentencia de la CSJ SL, 26 julio 2005, rad. 24405, en cuanto a que el sistema del seguro social obligatorio creado por la Ley 90 de 1946, no entró en vigencia de manera inmediata. En la exposición de motivos, el Gobierno Nacional puso de presente la necesidad de implementarlo gradualmente. Por ello, tanto la Ley 6ª de 1945, como la Ley 90 citada y pocos años después el Código Sustantivo del Trabajo, dispusieron que las prestaciones patronales seguirían a cargo de las empresas obligadas, mientras los riesgos de invalidez, vejez y muerte fueran asumidos por el Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con la ley y dentro de los reglamentos que expidiera esa entidad.

También en ese pronunciamiento jurisprudencial se recordó que la Ley 90 de 1946, artículos 72 y 76 y el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 193 y 259 establecieron una regla básica: que las prestaciones patronales estarían a cargo de los patronos o empresas obligadas hasta cuando el Instituto Colombiano de Seguros Sociales las asumiera «... de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos...» que dictara el mismo Instituto. Lo que significa, que el Instituto de Seguros Sociales, sólo es sujeto obligado de una prestación económica dentro del marco reglamentario.

Allí se dijo que la necesidad de darle tiempo prudencial a la puesta en vigencia del sistema dio paso al establecimiento de una serie de normas de transición que debían dejar temporalmente vigente el régimen de prestaciones patronales. El capítulo IX del Acuerdo del Instituto de Seguros Sociales 224 de 1966, que aprobó el Gobierno Nacional con el Decreto 3041 de 1966, recogió esas normas de transición, cuyos artículos 59 a 61 se destinaron al cambio de régimen en el riesgo de vejez y que interesan para la definición de este caso.

Así las cosas se establecieron varias hipótesis:

1. El A. 224 de 1966 en su artículo 59 dispuso:

Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte hubieren cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, cualquiera que fuere su edad, no estarán obligados a asegurarse contra el riesgo de vejez, y en consecuencia al llegar a la edad prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y retirarse del servicio podrán reclamar las modalidades y condiciones que establecen las leyes respectivas, la pensión de jubilación al patrono responsable.

“También estarán exceptuados del seguro obligatorio de vejez, los trabajadores que en el momento inicial estén gozando de una pensión de vejez a cargo de un patrono.

“PAR.—Quienes no estando obligados a hacerlo, por edad o por estar gozando de una pensión de vejez, se afilien voluntariamente y paguen las cotizaciones patrono laborales establecidas por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, gozarán de los mismos beneficios de los asegurados obligatorios, en los riesgos de invalidez y muerte. Las cotizaciones en estos casos serán de los dos tercios del total establecido para los tres riesgos por este reglamento.

Fluye entonces cristalinamente de este precepto, que se mantuvo el régimen de prestaciones patronales para los trabajadores que contaran con veinte (20) o más años de servicios para el momento en que se inició la obligación de asegurarse al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, es decir, el derecho del trabajador a recibir la pensión de jubilación de su empleador y la correlativa obligación de aquel de pagarla (CST, art. 260); pero no le impuso al señalado Instituto obligación alguna respecto de ese contingente de trabajadores.

Dicho en otras palabras: para el caso del trabajador que antes de que el Instituto de Seguros Sociales asumiera las contingencias de invalidez, vejez o sobrevivientes, hubiese prestado sus servicios durante veinte (20) o más años, el empleador es el obligado directo de reconocer y pagar la pensión de jubilación según lo dispuesto en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí, el Instituto de Seguros Sociales no tiene obligación alguna.

2. El artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 estableció:

Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) moneda corriente o superior, ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación, a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.

Y el artículo 61 dijo:

Los trabajadores que lleven en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) moneda corriente o superior, diez años o más de servicios continuos o discontinuos ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados en las mismas condiciones de los anteriores y en caso de ser despedidos por los patronos sin justa causa tendrán derecho al cumplir la edad requerida por la ley al pago de la pensión restringida de que habla el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, con la obligación de seguir cotizando de acuerdo con los reglamentos del instituto hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por éste para otorgar la pensión de vejez; en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión siendo obligación del patrono continuar pagando la pensión restringida. En todo lo demás, el afiliado gozará de los beneficios otorgados por el instituto.

Nótese que estos dos preceptos, regularon la subrogación paulatina por el Instituto de Seguros Sociales de la pensión de jubilación contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 260 y previeron consecuencias para la pensión sanción o restringida de jubilación, ambas de indiscutible origen legal.

Así, entonces, como lo ha asentado la Sala de manera reiterada, dispusieron el tránsito legislativo para los trabajadores con más de 15 y 10 años de servicios, respectivamente; en estos eventos la transición implicó el derecho del trabajador a la pensión a cargo del empleador, pero la posibilidad de que éste se liberara total o parcialmente cuando el Instituto de Seguros Sociales asumiera la pensión de vejez con sujeción a sus reglamentos.

Es decir, para este grupo de trabajadores permanece la obligación a cargo del empleador de reconocer la pensión de jubilación, una vez, desde luego, se verifiquen los requisitos contenidos en el citado artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, estas normas permiten que después de reconocida dicha prestación, el empleador continúe cotizando ante el ISS para que tenga la posibilidad de ser compartible la pensión de jubilación con la de vejez, y así poder subrogarse de manera parcial o total de la obligación otrora contraída.

Descendiendo nuevamente al asunto sometido a escrutinio de la Sala, se tiene que si la cobertura territorial del Instituto de Seguros Sociales, en los municipios de Apartadó, Chigorodó y Turbo, comenzó a partir del 1º de agosto de 1986, fecha para la cual el actor había prestado servicios por más de 10 años a la demandada, no hay duda que este trabajador se encuentra dentro de la segunda de las hipótesis estudiadas, pero como no alcanzó a laborar los veinte (20) años, no existe obligación alguna de la sociedad demandada de reconocer la pensión plena de jubilación, en los términos solicitados en el escrito inaugural del proceso. Dicho en breve: el mero hecho de haber laborado el accionante más de 10 años para la sociedad demandada, no le da el derecho a la pensión plena de jubilación reclamada.

En la sentencia traída a colación por el recurrente, que data del 5 de noviembre de 1976, la Corte Suprema de Justicia, explicó lo siguiente:

(…) la dificultad surge frente a la redacción del 61, que ciertamente involucra en su texto dos cuestiones diferentes y que debieron ser tratados en normas distintas. Con todo, ellas pueden distinguirse y separarse fácilmente. Una es la relativa a trabajadores con diez o más años de servicios, injustamente despedidos y con derecho a la pensión restringida del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, para consagrar la compartibilidad de esta pensión a cargo del patrono con la de vejez que debe reconocer el instituto al cumplirse las cotizaciones y requisitos mínimos para su otorgamiento. Y otra es la que regula la situación de esos mismos trabajadores frente a la pensión plena de jubilación y a la de vejez cuando por haber no haber sido despedidos, han podido completar los 20 años de servicios y la edad requerida para ganar el derecho a la primera. En este aspecto el dicho ordenamiento dispone: <los trabajadores que lleven en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 8000.000) m/cte. o superior, diez o más años de servicios continuos o discontinuos ingresaran al Seguro Social obligatorio como afiliados en las mismas condiciones de los anteriores>. O sea que a estos trabajadores, con diez años de servicio como mínimo cuando el Seguro Social asumió el riesgo de vejez, se les quiso dar, y efectivamente se les dio, el mismo tratamiento que a los que en ese momento llevaban 15 o más. La expresión <en las mismas condiciones de los anteriores> envuelve una remisión directa o integral. Y no puede ser entendida sino en el sentido de que ella alude a la condición, situación o estado frente a las pensiones de jubilación y de vejez, y no, como se ha llegado a pensar, que se refiere simplemente a las condiciones de ingreso al Seguro Social (…) Esta es, pues, la correcta inteligencia de las normas que se han analizado. De conformidad con ella, el trabajador con 10 o más años de servicio en el momento de su afiliación al Seguro Social y por haber asumido éste el riesgo de vejez, no solamente tiene derecho a que esta entidad le reconozca la pensión correspondiente a ese riesgo, sino a que el patrono le cubra la diferencia que falte para completar la de jubilación, si a ella hubiere lugar conforme al artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y si tal diferencia existiere. En tal evento, el Instituto apenas sustituye parcialmente al patrono en su obligación de pagar la pensión plena de jubilación.

Por último, resulta insoslayable recordar que el A. 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de igual año, fue modificado por el A. 049 de 1990, que a su vez fue aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad. Luego, no es cierto lo afirmado por el recurrente, en torno a que el tribunal se equivocó porque un acuerdo del ISS no podía derogar o modificar un decreto, pues como se ve, sí existió decreto posterior. Ahora, si el colegiado no mencionó el Decreto 758 de 1990, como aprobatorio del A. 049 del mismo año, ello por sí solo no tiene suficiente peso para dar al traste o derruir la decisión fustigada.

En consecuencia, con lo preceptuado en el Código Sustantivo del Trabajo artículo 260, o por la vía de la transición del A. 224 de 1966, no resulta posible que el actor obtenga una pensión plena de jubilación a cargo del empleador demandado, siendo por tanto infundado el primer cargo.

B. Régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Para dar al traste con esta parte de la acusación, basta con decir que el recurrente en el segundo cargo está denunciando la interpretación errónea del citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que esta norma no fue mencionada ni llamada a operar por el tribunal, y por consiguiente no hizo ninguna exégesis ni le dio algún entendimiento. El régimen de transición al cual se refirió la alzada, fue el del A. 224 de 1966, que es diferente al previsto en la disposición legal acusada.

Además, la censura no señaló cuál fue el desvío interpretativo que supuestamente le imprimió el ad quem a dicho precepto legal, que vaya en contravía de la verdadera inteligencia de la norma, y cuál sería la correcta intelección o alcance que se le debió haber dado a la misma. El cargo se limitó a plantear en esencia que la transgresión de la ley sustancial se produjo, por no haber tenido en cuenta la sentencia impugnada y que el demandante al contar con 15 años de servicios y 47 años de edad al 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, era beneficiario del régimen de transición, lo que le permitía obtener la pensión de jubilación a cargo de su empleador con el régimen anterior, pero sin efectuar el ejercicio hermenéutico que corresponde, que conduzca a demostrar la violación denunciada.

Aun cuando lo dicho es suficiente para rechazar el ataque, conviene aclarar que en este asunto el tribunal no desconoció que el demandante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, artículo 36, y que por tanto su régimen de jubilación anterior era el del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 260, por no haber estado afiliado al ISS. Lo que sucedió fue que no encontró cumplido el requisito de los 20 años de servicios continuos o discontinuos a un mismo empleador, para que éste pudiera acceder a la pensión plena de jubilación.

Así las cosas, tampoco puede prosperar el segundo cargo.

C. Pensión sanción conforme a la Ley 100 de 1993, artículo 133.

La censura no se ocupó de desvirtuar lo concluido por el tribunal, en el sentido de que para el momento de la desvinculación laboral del demandante el 19 de febrero de 1982, cuando se causó el derecho a la posible pensión sanción con una antigüedad del trabajador de 10 o 15 años de servicios y el despido injustificado, la norma aplicable por estar vigente para esa fecha era la Ley 171 de 1961, artículo 8º y no la Ley 100 de 1993, artículo 133 que reclama la parte actora.

Por consiguiente, no era dable estructurar el ataque en casación partiendo de los supuestos normativos contenidos en la disposición actual que regula la materia, sin previamente demostrar jurídicamente porqué la norma que regía para la época no era la llamada a definir la controversia en este asunto.

Sin embargo, debe aclararse que no es cierto lo que asevera el recurrente que el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, exige para obtener la «pensión sanción» únicamente que el trabajador tenga 10 o 15 años de servicios y no hubiera estado afiliado a la seguridad social, pues la norma expresamente trae otro requisito para que el trabajador no afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador y que haya laborado 10 o 15 años o más, según el caso, pueda acceder a este derecho pensional, y es que sea despedido «sin justa causa», lo que también exige la disposición aplicable para el presente asunto el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.

Finalmente, la alegación de la censura de que el demandante no fue despedido con justa causa como lo infirió el tribunal, sino injustamente porque «si se examina el expediente se observa que fue una presión del empleador», es una argumentación fáctica ajena a la vía escogida, que debió demostrarse atribuyendo la apreciación errónea o la falta de valoración de las pruebas por parte del juzgador, encauzando el ataque por la senda indirecta o de los hechos, lo cual se omitió y no permite a la Sala abordar su estudio.

En este orden de ideas, el tercer cargo también es infundado.

De manera que, por todo lo expresado, el tribunal no incurrió en los errores jurídicos enrostrados por el impugnante, por lo que no pueden prosperar los cargos propuestos.

De las costas del recurso extraordinario de casación no hay lugar a ellas, por cuanto no se presentó réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 2 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario adelantado por Humberto Polo Guardia contra la sociedad Maderas del Darién S.A.

Costas como quedó indicado en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»