Sentencia 44723 de junio 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44723

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL8095-2014

Acta Nº 21

Bogotá, D. C., dieciocho de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «X. Se considera

Desde el pórtico hay que decir que aunque la demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, lo cierto es que los diferentes desatinos que afloran pueden ser superados por la Corte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Por ejemplo, tiene adoctrinado de tiempo atrás esta Corte, que los cargos formulados por la vía directa, en cualquiera de sus tres modalidades o conceptos, esto es, infracción directa, aplicación indebida, o interpretación errónea, requieren aceptar los fundamentos fácticos edificantes de la decisión acusada, por lo que no puede existir desavenencia entre las conclusiones de hecho del sentenciador, fruto de su actividad valorativa, y los hechos en que se basa la censura. Sin embargo, en el desarrollo de los tres primeros cargos que se examinan, a pesar de enrutarse formalmente por la vía de puro derecho, acusan un divorcio fáctico con algunas conclusiones de tipo probatorio que sirvieron de soporte indiscutible del fallo gravado.

En torno a los cargos cuarto y quinto, la recurrente no relacionó, de manera clara, el error o los errores de hecho manifiestos en los que pudo haber incurrido el fallador en la valoración de la plataforma probatoria, pues distrajo su atención en argumentos soportados en razonamientos de índole jurídica, los que resultan inadecuados para la vía indirecta seleccionada.

Ha dicho con persistencia esta Corte, que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: (i) precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; (ii) mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió esta última; (iii) explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad; y (iv) determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.

También tiene enseñado la jurisprudencia que es deber del censor, en primer lugar, precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas, labor, que precisamente brilla por su ausencia en el recurso.

Así entonces, reitera la Corte que a pesar de los anteriores dislates, pueden obviarse, en virtud de la normativa inicialmente señalada, por lo que se pasa a revisar las disconformidades planteadas por la censura.

Como se recuerda, tanto los cargos dirigidos por el sendero de puro derecho, como los planteados por la vía de los hechos, en esencia, se encaminan a señalar que al tener naturaleza salarial el incentivo de ventas por valor de $800.000, no podía ser materia de transacción, primero por ser un derecho cierto e irrenunciable y, segundo, porque no era viable la compensación.

1) Lo pactado en el acta de transacción.

Luego de expresarse en el acuerdo transaccional los extremos temporales de la relación laboral y que ésta terminó por mutuo acuerdo, en los números 4 y 5 del convenio, las partes, hoy en contienda, consignaron:

Como consecuencia de lo anterior, la Empresa Abbott Laboratories de Colombia S.A., cancelará a GLORIA SATURIA MATEUS ENRIQUEZ (sic), adicionalmente al valor de sus prestaciones legales y extralegales a que tiene derecho, a título de bonificación o por mera liberalidad, una suma equivalente a la indemnización legal incrementada en un 20%, más el equivalente a 3 meses de aportes, del empleado y la empresa, al sistema general de salud, que no constituyen salario ni factor de liquidación de sus prestaciones sociales, la cual será imputable o compensable con cualquier otra suma de dinero que pueda o pudiera adeudársele en el futuro, por todo concepto derivado de la relación de trabajo que existió entre las partes (…) 5. Como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo, GLORIA SATURIA MATEUS ENRIQUEZ (sic), declara a paz y salvo a la empresa Abbott Laboratories de Colombia, por todo concepto derivado del contrato de trabajo que la vinculó con dicha compañía e igualmente acepta que la suma entregada como bonificación sea imputable o compensable con cualquier otra suma de dinero que pueda o pudiera adeudársele, conforme a la manifestación del numeral tercero” (resaltado fuera de texto).

2) Sobre la transacción del incentivo de ventas.

Debe precisar la Corte que el tribunal inicialmente dio por establecido que el incentivo de ventas era “constitutivo de salario, o factor de él”.

En el horizonte trazado en precedencia, tiene razón la recurrente en cuanto a que el salario es irrenunciable y no se puede ceder a ningún título según lo estipula el artículo 142 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que a través del contrato de transacción no resulta posible su abdicación.

Ahora bien; analizada cuidadosamente la providencia recurrida, en sentir de esta corporación el fallador de segundo grado bajo ninguna circunstancia avaló o tuvo por demostrado que el mencionado incentivo de ventas, por valor de $800.000, en estricto rigor hubiese sido transigido por las partes.

Aquí, recuérdese que en últimas lo que concluyó la sala sentenciadora fue que, en virtud del acuerdo transaccional, las partes acordaron la compensación o imputación de cualquier suma de dinero que el empleador “pueda o pudiera” adeudarle a la actora por “todo concepto derivado de la relación de trabajo”, con la bonificación recibida por la demandante. Acuerdo que, no sobra advertir, la promotora del proceso aceptó voluntariamente de manera pura y simple, y en el que no se vislumbra vicio alguno del consentimiento.

En otras palabras, no es que la actora haya sacrificado su derecho cierto e indiscutible del incentivo de ventas, a través de la transacción, pues, como se asentara, ese derecho no es susceptible de transigir, sino que al haber operado la —compensación—, ello traduce que efectivamente le fue pagado en su integridad dicho incentivo por valor de $800.000, suma esta que, por efectos de la imputación, se dedujo del total de la bonificación.

3) Sobre la autorización de la compensación.

En reciente decisión del 6 de agosto de 2013, SL 712 - 2013, Rad. 41.484, esta Corte recordó lo adoctrinado en sentencia del 3 de julio de 2008, Radicación 32.061, en cuanto a que la compensación en materia laboral, a la terminación de la relación laboral, procede aún sin autorización escrita del trabajador, ya que la obligación de la empleadora de solicitar autorización judicial para la deducción de la cifra que supere el límite legal de tres salarios mensuales, es un requisito que consagra el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo para el caso de deudas contraídas en vigencia del contrato de trabajo sobre el salario y que pretendan ser deducidas también en ejecución del mismo. Con ello la ley busca garantizar que no se afecte el salario o ingreso del trabajador que pretenda endeudarse con su empleador. Lo mismo sucede con la vocación tuitiva que se desprende de lo regulado por el artículo 59 numeral 1º ibídem que va hasta el momento de la ruptura del vínculo laboral. Sobre el tema también se pueden consultar los fallos de casación del 10 de septiembre de 2003 Radicado 21057, reiterado en decisiones del 12 de noviembre de 2004, 12 de mayo y 19 de octubre de 2006, Radicación 20857, 27278 y 27425 respectivamente.

Vale aclarar que la norma laboral establece que la autorización debe constar por escrito en cualquier documento; por ello es válido la que se hace en el acta de transacción.

4) Colofón.

Teniendo en consideración que: (i) según lo estatuido en el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo la transacción de créditos laborales es válida, siempre que no se afecten derechos ciertos e indiscutibles; y (ii) que la bonificación por mera liberalidad por valor de $41.176.157, fue recibida por la actora en el mes de abril de 2004 y aceptó que con ella se compensaría “cualquier otra suma de dinero que pueda o pudiera adeudársele” —como ya se analizó—, resulta claro concluir que con la entrega de esta suma de dinero el empleador incluyó y satisfizo el 100% del incentivo de ventas por valor de $800.000, Luego, resulta palmario que este derecho salarial no fue transigido por las partes, sino que como se analizó operó compensación.

De manera que, los cargos no se abren paso.

Como el recurso extraordinario no salió avante y hubo réplica, las costas serán a cargo de la demandante recurrente, para lo cual se fija la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos moneda corriente ($3.150.000 m/cte.), que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que adelanta la señora Gloria Saturia Mateus Enríquez en contra de la sociedad Abbott Laboratories de Colombia S. A.

Costas en el recurso de casación como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen”.