Sentencia SL8097-2014 de junio 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL8097-2014

Radicación 46633

Acta 21

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

Como se recuerda, y dado que los cargos se enrutan por el sendero de puro de derecho, no hay discusión en cuanto a los siguientes supuestos fácticos acreditados por el juzgador de segundo grado: a) que el actor estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte; b) que aportó un total de 256 semanas; c) que cotizó 161,8571 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993; d) que cotizó 97,428 semanas «entre el 16 de marzo de 1994 y la misma fecha del año 2000»; e) que perdió la capacidad laboral en 62,75% con fecha de estructuración 16 de marzo de 2000; y f) que no es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Así entonces, estima la corporación que el tema puesto a escrutinio estriba en elucidar si, en el presente asunto, es viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, por el tránsito legislativo entre el A. 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y la Ley 100 de 1993.

Ha sido criterio de esta corporación que si un afiliado al régimen del Instituto de los Seguros Sociales (i) acredita la densidad de semanas exigidas en el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, 300 semanas en cualquier época, o 150 dentro de los 6 años anteriores a la invalidez; (ii) se invalida en vigencia de la Ley 100 de 1993, como en el caso ahora en estudio; y (iii) no reúne los requisitos del artículo 39 ibídem (que exige que el afiliado se encuentre en ese momento cotizando al sistema y haya cotizado por lo menos 26 semanas, o que habiendo dejado de hacerlo, hubiera efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior); es viable considerar la primera normativa citada, para dar aplicación al principio constitucional de la condición más beneficiosa en materia de la pensión de invalidez.

En efecto, en lo concerniente a las dos hipótesis sobre semanas cotizadas que contiene el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, la Corte también ha enseñado que la relativa a las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, debe estar satisfecha para el momento en que comenzó a regir la Ley 100 de 1993, es decir, antes del 1º de abril de 1994. A su vez, frente al otro supuesto de la norma —referido a una densidad equivalente a 150 semanas aportadas al ISS, “dentro de los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez”—, la Sala fijó el criterio consistente en que este requisito, para efectos de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando la invalidez acontece bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, debe cumplirse dentro de los seis años que inmediatamente anteceden a la fecha de vigencia de esta ley (o sea, desde abr. 1º/94, retrospectivamente hasta abr. 1º/88). Pero además, es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los seis años que anteceden a la pérdida de la capacidad laboral, en el entendido de que la invalidez ocurra antes del 1º de abril de 2000 (sents. de la CSJ Laboral, sep. 26 y dic. 4/2006, Rad. 29042 y 28893, respectivamente).

Descendiendo al caso objeto de estudio, se evidencia que el recurrente no demostró que hubiera cotizado dentro del régimen del Instituto de Seguros Sociales, como mínimo 300 semanas en cualquier época antes de Ley 100 de 1993, y tampoco acreditó cotizaciones equivalentes a 150 semanas o más durante los seis años anteriores a la data de la estructuración de la invalidez. Por tanto, no tiene cabida el principio legal y constitucional de la condición más beneficiosa.

Por último bien vale la pena recordar la doctrina en torno a que,

Solo excepcionalmente ha admitido la mayoría de la Sala acudir a la legislación anterior, en el caso de las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa (diferente al régimen de transición que invoca el censor), pero solo cuando el afiliado o pensionado ha alcanzado a reunir el mínimo de aportes exigidos por esa regulación mientras estuvo vigente.

Así se ha estimado que la persona afectada, para reunir el requisito del literal b) del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, debe haber cotizado, en vigencia de tal regulación, por lo menos 300 semanas al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, al 1º de abril de 1994. Requisito que no cumple la actora, si se tiene en cuenta que el tribunal dio por establecido, lo que no se discute, que apenas alcanzó a cotizar 275.4286 semanas.

En cuanto a las 150 semanas que ha debido cotizar dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, ha dicho la jurisprudencia de la mayoría de la Sala, en sentencia del 6 de junio de 2007 (rad. 30378), respecto a la pensión de sobrevivientes, cuya regulación en el literal a) del artículo 25 del Acuerdo 49 de 1990, se remite a la misma establecida para el riesgo de invalidez de origen común, prevista en el artículo 6º, por lo que resulta enteramente aplicable al caso debatido, lo siguiente:

“Como pudo verse, la inconformidad de la parte recurrente radica en que el sentenciador de segunda instancia restringió el alcance de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, al considerar que para dar aplicación al principio constitucional de la condición más beneficiosa, el citado señor debía haber cotizado al ISS para los riesgos de IVM, un mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a su muerte, cuando ese requisito, siguiendo los lineamientos de esta Sala, según la censura, debe entenderse cumplido entre el 1º de abril de 1988 y el mismo día y mes de 1994, es decir dentro de los seis años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; condición ésta última que se cumplía en el presente caso, al haber cotizado 173 semanas, dentro de este último período.

“Bajo los anteriores supuestos, debe decirse que no tiene razón el recurrente, en cuanto afirma que las cotizaciones efectuadas por el afiliado Álvarez López, dentro de los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pese a ser 173, sean suficientes para que los beneficiarios de éste puedan acceder a la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues según el criterio actual de esta Sala, que en esta oportunidad se mantendrá, para ello, el afiliado que fallece en vigencia de la citada ley, también debe dejar cotizadas 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a su muerte, en el entendido de que ésta ocurriere antes del 1º de abril de 2000, que no es el caso que nos ocupa, pues éste murió el 23 de agosto de 2000. Verbigracia, en sentencia del 12 de febrero de 2007, radicación 29620, que rememora la del 4 de diciembre de 2006, radicado 28893, se dijo:

“De otro lado, no tiene razón el recurrente, en cuanto afirma que las cotizaciones efectuadas por el afiliado Osorio Carmona, dentro de los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pese a ser 158.94, según sus cuentas, o 158.8571 como se constató en los documentos visibles a folios 9 a 11 del cuaderno principal, sean suficientes para que los beneficiarios de éste puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues según recientes pronunciamientos de esta Sala, para ello, el afiliado que fallece en vigencia de la citada ley, también debe dejar cotizadas 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a su muerte, en el entendido de que ésta ocurriere antes del 1º de abril de 2000, que no es el caso que nos ocupa, pues el afiliado murió el 11 de octubre de 2001. La doctrina que se anota se plasmó, en sentencia del 4 de diciembre de 2006, radicación 28893, en la cual se precisó:

“En sede de instancia además de lo dicho con ocasión del recurso extraordinario, es de anotar que según se observa a los folios 69 y 70, el afiliado fallecido durante su vida laboral cotizó al Instituto de Seguros Sociales, un total de 390,57 semanas.

“’Ahora bien, resulta menester precisar si el causante Héctor Velásquez, cumplió con los requisitos previstos en la legislación anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, para que sus beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes implorada, esto es, las 150 o 300 semanas cotizadas de que tratan los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990.

“’Bajo esta órbita es pertinente acotar, que en lo concerniente a las dos hipótesis que contiene la citada normatividad que antecede a la nueva ley de seguridad social, esta corporación en múltiples ocasiones ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la primera que tiene que ver con las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, y al respecto ha adoctrinado que en ese número deben estar satisfechas para el momento en que empezó a regir la Ley 100 de 1993, y como quedó visto en sede de casación sin considerar las semanas posteriores al 1º de abril de 1994.

“’En cambio frente al segundo supuesto de la norma, relativo a una densidad de semanas aportadas al ISS equivalente a 150 dentro de los seis años anteriores a la muerte del afiliado, recientemente se fijó el criterio consistente en que este requisito para efectos de la aplicación de la condición más beneficiosa cuando el deceso acontece en imperio de la Ley 100 de 1993, se debe entender cumplido contabilizando esos seis años pero desde el 1º de abril de 1994 hacía atrás, es decir remontándose en el tiempo hasta el 1º de abril de 1988; pero adicionalmente es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los seis años que anteceden al fallecimiento, y para el lleno de este último presupuesto al producirse la muerte después del 1º de abril de 1994, sólo en este caso será posible sumar o computar las semanas con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley de seguridad social para completar esas últimas 150 semanas, según se dejó sentado en casación del 26 septiembre de 2006 radicado 29042,….

(…).

“’De acuerdo con dichas directrices recién fijadas, se observa en el sub lite que el causante generó cotizaciones en el régimen del ISS, antes como después del 1º de abril de 1994, conforme se colige de los reportes o novedades de semanas cotizadas obrantes a folios 13 a 115 y 69 a 70, del cuaderno del juzgado, por un total de 390 semanas como lo asentó el ISS en la Resolución 23930 de 2002 mediante la cual se negó el reconocimiento pensional (fl. 10).

“’De esas 390 semanas aportadas durante la vida laboral del afiliado fallecido, 234,1429 lo fueron antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, lo cual significa que el causante no alcanzó a tener 300 semanas aportadas en cualquier época antes de la Ley 100 de 1993.

“’Y aunque sí cotizó 150 semanas en los seis años anteriores a la entrada en vigencia de la ley de seguridad social que abarca como se dijo hasta el 1º de abril de 1988, no satisface el otro requisito de reunir las 150 semanas en los seis años que anteceden a la fecha de la muerte, bajo el entendido de que este periodo no puede extenderse más allá del sexto año de vigencia de la Ley 100 de 1993, precisión que se ha de hacer para quienes, como en el sub lite fallecen después del 31 de marzo de 2000; de esta manera en el lapso transcurrido entre ésta fecha y el 1º de abril de 1994, según se demuestra con la historia de los ingresos bases de liquidación del ISS (fls. 69 y 70) y con la documental de folios 113 a 155, el de cujus sólo cotizó 972 días que equivalen a 138,85 semanas” (resalta la Sala)

“Así las cosas, de acuerdo a lo que aparece demostrado en el proceso, el causante no satisfizo ninguna de las hipótesis del artículo 25 del Acuerdo 49 de 1990, en armonía con el 6º ibídem, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes con base en las exigencias de ese ordenamiento, es decir como mínimo 300 semanas en cualquier época, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, ni las 150 semanas tomando los parámetros explicados, en el sentido de que se debe tener este último número de semanas cotizadas tanto en los 6 años anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, como la misma cantidad dentro de los 6 años que anteceden al fallecimiento, aunque éste ocurra después de regir la citada ley, pero se reitera, tal hecho debe acaecer antes del 6º año de vigencia de la nueva ley de seguridad social, para el caso, el 1º de abril de 2000; y por consiguiente en este asunto en particular no tiene aplicación el principio legal y constitucional de la condición más beneficiosa”.

Conforme a lo anterior, y no teniendo ya en cuenta la fecha del fallecimiento del afiliado sino la de estructuración de la invalidez (mar. 20/2002), cabe concluir que no se equivocó el tribunal en su decisión, por lo que el cargo resulta infundado» (Sent. CSJ SL del 19 de ago. 2009, rad. 33238).

Puestas así las cosas, los cargos no se abren paso, toda vez que el juzgador colegiado se avino a la jurisprudencia trazada por esta Corte.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo de la parte recurrente, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica, para lo cual se fija la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos moneda corriente ($ 3.150.000), que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 25 de marzo de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso adelantado por el señor Abelardo Álvarez Rueda contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas del recurso de casación como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.»