Sentencia SL8157-2016/74171 de junio 8 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL8157-2016

Rad.: 74171

Acta 20

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil dieciséis

Extractos «III. Consideraciones

1. Reflexiones preliminares.

Antes de abordar el estudio del recurso, considera la Sala indispensable recordar e insistir acerca de las características que definen al recurso extraordinario de anulación, desde dos puntos de vista: (1º) la competencia decisoria de la Sala; y (2º) el carácter dispositivo de la argumentación del recurso y los motivos que provocan la anulación del laudo.

1.1. Competencia decisoria de la Sala.

El artículo 143 del CPT y S.S. prevé:

“ART. 143.D. 1818/98 artículo 195. Homologación de laudos de tribunales especiales. El laudo que profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de carácter obligatorio, será remitido con todos sus antecedentes al Tribunal Supremo del Trabajo (hoy Sala Laboral de la Corte Suprema), para su homologación, a solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de los tres días siguientes al de su notificación. El tribunal, dentro del término de cinco días, verificará la regularidad del laudo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en caso contrario.

Si el tribunal hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los árbitros, con el fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la homologación de lo ya decidido.

De acuerdo con la disposición transcrita, la Sala, al momento de emitir una sentencia que resuelve un recurso de anulación, puede adoptar las siguientes decisiones: (I) declarar exequible el laudo, confiriéndole fuerza de sentencia o, lo que es lo mismo, NO anularlo; (II) anularlo cuando aparezca fundado un motivo de invalidez; (III) devolver el expediente al Tribunal cuando los árbitros hayan omitido decidir sobre algunos puntos para los cuales fueron convocados.

De la mano con esas tres posibilidades de orden legal en las que puede desembocar el resultado del recurso, y de forma muy excepcional, la jurisprudencia de esta Corporación, en aras preservar la voluntad de los árbitros y, en esa medida, salvaguardar el arbitraje como uno de los medios eficaces y óptimos para la solución de los conflictos colectivos, ha aceptado la viabilidad de introducir (IV) “(…) precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa” (CSJ SL, 15 mayo 2007, rad.: 31381). Con ello, se busca conservar el contenido esencial de algunas cláusulas, mediante la precisión, modificación o aclaración de algunas notas o frases que, de no existir, hacen que la disposición sea perfectamente rescatable. Desde luego, para que ello sea así, debe existir un pronunciamiento positivo de los árbitros respecto a algún punto del pliego de peticiones, que, en aras de su saneamiento, la Corte pueda entrar a condicionar o modular para despojarlo de los elementos que lo hacen abiertamente inequitativo o ilegal.

De esta forma, el abanico de decisiones que puede adoptar la Corte al resolver el recurso de anulación es un tanto restringido y limitado, pues se contrae a esas tres posibilidades (anula, no anula o devuelve) y a una cuarta muy excepcional (condiciona o modula), sin posibilidad alguna de que, adicional a estas soluciones y subsiguientemente, puedan adoptarse otras decisiones, como podría ser la de emitir fallos de reemplazo.

Al respecto, en sentencia CSJ SL13016-2015, esta Sala explicó:

(…) la competencia de la Corte se contrae a (i) invalidar una determinada decisión cuando exhiba un motivo de anulación o (ii) declararla exequible en caso contrario; o (iii) a devolver el expediente a los árbitros cuando hayan omitido pronunciarse respecto de un punto sobre el cual se encuentren en el deber de hacerlo. Pero en definitiva no tiene atribuciones para dictar un fallo de reemplazo, sustituyendo el deber de los árbitros de decidir en equidad.

Siendo ello es así, es de advertir que el recurso de anulación propuesto por la organización sindical no puede tener éxito, puesto que, en últimas, lo que se persigue con él es que esta Sala, por vía del recurso extraordinario, anule parcialmente unas disposiciones del laudo y conceda unos auxilios y beneficios no reconocidos expresamente por el Tribunal de Arbitramento.

1.2. Motivos de anulación y carácter dispositivo del recurso.

De manera preliminar al estudio de los motivos de anulación, conviene recordar que a partir de la entrada en vigencia de la L. 712/2001, el antes denominado recurso de homologación pasó a ser un recurso extraordinario orientado a la anulación de los laudos arbitrales, lo que significa que su nueva caracterización presupone dos cosas: (i) la necesidad de concretar los motivos de anulación; y (ii) el carácter dispositivo de su argumentación, en cuya virtud se deben aportar las razones de la solicitud de anulación y la Corte debe ceñirse a las causales invocadas.

Claro esto, al igual que las actividades que puede adelantar la Corte al resolver un recurso de anulación (resultado del recurso), conviene ahora enunciar los motivos que provocan la decisión de la Sala en uno u otro sentido (motivos de anulación).

Al respecto, el Código Sustantivo del Trabajo (art. 458), el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (art. 143) y la jurisprudencia de esta Sala, han establecido las causales o motivos que pueden esgrimirse en el recurso extraordinario, en función de lo que se persigue a través de él, así:

(I) Anulación del laudo arbitral: Legalmente los motivos de anulación se condensan en los artículos 143 del CPT y S.S. y 458 del CST, que establecen que hay lugar a la anulación del laudo arbitral: (a) cuando el tribunal de arbitramento “hubiere extralimitado el objeto para el cual fue convocado” o, puesto en otros términos, cuando la decisión no se circunscriba a los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo; y (b) cuando afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes.

A partir de una construcción jurídica elaborada con apego al principio jurídico de la equidad, como valor fundamental en el derecho del trabajo, la jurisprudencia de esta Sala ha consensuado en la posibilidad excepcional de anular algunas normas dispuestas en los laudos arbitrales, cuando (c) se exhiban manifiestamente inequitativas; con lo cual se abre el espectro de los motivos de anulación y se incluye una tercera de carácter excepcional.

(II) Devolución del expediente al Tribunal de Arbitramento: De acuerdo con la regla prevista en el apartado segundo del artículo 143 del CPT y S.S., si la Sala “hallare que no se decidieron en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los árbitros, con el fin de que se pronuncien sobre ellas”. En este orden, es enteramente plausible que, ante decisiones inhibitorias, el recurrente persiga a través del recurso, no la anulación del laudo sino su devolución al tribunal para que éste decida un tema de su competencia.

(III) Modulación o condicionamiento del laudo arbitral: Dado que la intención de quien recurre en estos eventos es la de conservar la esencia de la decisión de los árbitros y obtener la eliminación o supresión de aquellos elementos o rastros de ilegalidad o inequidad vertidos en la cláusula, los motivos que deben argüirse son los mismos previstos para la anulación del laudo, pero con un enfoque distinto, es decir, orientado no a obtener la anulación total de las disposiciones sino a salvaguardar su contenido primordial mediante la modificación o supresión de aquellos aspectos accesorios que entren en contradicción con el orden jurídico y mínimos estándares de equidad.

Conforme a todo lo expuesto, cabe concluir entonces que mientras los motivos de anulación hacen referencia a las causales y argumentos en que se apoya el recurrente con el propósito de obtener la invalidación del laudo o la corrección de algunas de sus cláusulas para preservar su vigencia y esencia (cuestión de validez), la solicitud de devolución en cambio versa sobre una cuestión de competencia y su argumentación debe estar encaminada a demostrarle a la Corte que el Tribunal omitió pronunciarse expresamente sobre un punto para el cual tenía plenas facultades.

2. Caso en concreto.

En el recurso interpuesto se pretende, en últimas, la devolución del expediente al tribunal, y con ese objetivo, su sustentación se estructura sobre dos tópicos: (2.1) uno relacionado con la competencia de los árbitros para pronunciarse en relación con las peticiones consagradas en el parágrafo 2º artículo 8º, párrafo segundo artículo 9º y parágrafo 3º artículo 11 del pliego; y otro (2.2) atinente a la validez de las decisiones denegatorias de las pretensiones 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 30, 35 y 37 del pliego.

2.1. Competencia de los arbitradores.

Antes de abordar el análisis de los argumentos del recurrente, vale la pena dejar en claro, que si bien en la parte resolutiva el tribunal de arbitramento negó las peticiones de los artículos 8º, 9º y 11, tal determinación es materialmente asimilable a una decisión inhibitoria, en la medida que estuvo precedida del razonamiento conforme al cual, los árbitros carecían de competencia para pronunciarse en torno a esos temas, pues “corresponden a aspectos eminentemente jurídicos o normativos”, que “competen más a la composición o negociación directa de las partes, pues constituyen derechos o facultades reconocidas a éstas, tanto en la Constitución, como en normas internacionales y en las leyes del trabajo”.

Dicha esta aclaración, resulta ilustrativo a continuación transcribir las peticiones frente a las cuales el recurrente considera que el tribunal tenía plena competencia para pronunciarse, así:

“ART. 8º, parágrafo 2º. (…) Cuando por determinación de la EPS o la ARL sea necesario reubicar a un trabajador por razones de salud, la Empresa lo hará sin que el trabajador sea desmejorado en su remuneración salarial promedio que tuviese al momento de la reubicación por orden médica. Queda entendido que el trabajador no sufrirá ninguna disminución salarial de su promedio, aunque fuere promovido de su turno habitual y entrenándole para su nueva labor.

“Art. 9º, párrafo segundo. (…) La Empresa suministrará el servicio de aparatos ortopédicos, muletas y sillas de ruedas cuando por necesidades de salud sean requeridos por los trabajadores sin ningún costo, debiendo el Trabajador devolver dichos elementos cuando el médico determine la cesación de uso.

“Art. 11, parágrafo 3º. (…) La empresa reconocerá y garantizará el salario promedio del trabajador como si estuviera laborando, por el tiempo que duren las incapacidades otorgadas por la EPS o ARL correspondientes.

Pues bien, a juicio de la Sala, la censura tiene razón en lo que corresponde a los pedimentos consagrados en el parágrafo 2º artículo 8º, parágrafo 3º artículo 11, y parcialmente frente al párrafo segundo del artículo 9º del pliego (préstamo de silla de ruedas en los términos que se explicarán más adelante), toda vez que su resolución no compromete normas del trabajo de orden público, ni derechos o facultades de las partes, sino, más bien, su reafirmación, consolidación y amplificación de su espectro de protección, mediante el reconocimiento de los derechos ya existentes y la superación de los previstos.

Nótese como el parágrafo 2º del artículo 8º lo que hace es reafirmar el derecho de los trabajadores a conservar sus condiciones salariales en los eventos en que, por orden médica, deban ser reubicados en un cargo compatible con sus capacidades y aptitudes. Para ello, se especifica, a modo interpretativo, que en las hipótesis en que “fuere promovido de su turno habitual y entrenándole para su nueva labor”, tendrá derecho a mantener su salario promedio.

Esta última petición, de mantenimiento de los ingresos promedio que el trabajador percibía con anterioridad a la contingencia o enfermedad, no riñe con las normas de riesgos laborales o de salud, sino que, por el contrario, tiende, de forma sana, a efectivizar su realización, mediante la aclaración de la forma en que deben ser preservadas las condiciones salariales de los trabajadores reubicados en la empresa y, por esto, puede ser objeto de decisión arbitral.

En lo concerniente al parágrafo 3º del artículo 11 del pliego, cabe decir que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, los árbitros tienen competencia para pronunciarse sobre cualesquiera mejoras en los campos del derecho laboral individual, colectivo y de seguridad social, a condición que ello no represente una extralimitación de las funciones del tribunal, en relación con lo que es objeto de arbitramento; no transgreda los derechos o facultades de las partes, y no riña con normas imperativas de orden público.

En lo que toca con lo último —respeto e intangibilidad de las normas de orden público—, la Sala ha precisado que ello se cumple cuando: (i) se acata lo dispuesto en A.L. 01/2005 en lo que hace a la prohibición de laudar en torno a condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones; (ii) se evitan alteraciones y desajustes en la estructura, organización y funcionamiento de los subsistemas de seguridad social, como pueden ser la sustracción, traslado o reasignación de obligaciones y responsabilidades establecidas en la ley, modificación del monto y porcentaje de las cotizaciones; y (iii) no se impone al empleador cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema, por ejemplo, servicios del Plan Obligatorio de Salud.

Todos estos aspectos fueron analizados en providencia CSJ SL3269-2016, en estos términos:

Se equivoca el recurrente al afirmar, sin ulteriores reflexiones, que los árbitros no pueden crear obligaciones en materia de seguridad social.

Es imperioso recordar que la superación de los beneficios consagrados en la ley o en instrumentos convencionales preexistentes, puede darse en dos vías. Por un lado, mediante la creación de nuevos derechos (superación por creación) y por otro a través de la complementación o adición de los ya existentes (superación por adición). Así, esta Corporación, en sentencia de anulación CSJ SL13016-2015, refiriéndose a las facultades de los arbitradores señaló que para decidir en equidad éstos “pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, bien sea mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación de los ya existentes”.

De otra parte, ha estimado la Sala que el ejercicio de la justicia arbitral encuentra un límite en (i) los acuerdos logrados por las partes en las etapas de arreglo directo; (ii) el respeto de los derechos o facultades del empleador y los trabajadores reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes; y (iii) la observancia del orden jurídico estatuido, y dentro de éste, la equidad como principio general del derecho (CSJ SL17703-2015).

(…) Ahora, si bien la Sala ha aceptado la posibilidad de que los árbitros emitan decisiones encaminadas a lograr mejoras en los derechos de los trabajadores, incluidos aquellos relacionados con los sistemas de protección social, también ha considerado que dicha atribución tiene límites.

Estos límites, indudablemente ligados con el respeto al orden público preestablecido, tienen que ver con la no alteración o el desquiciamiento de la estructura, organización y funcionamiento del sistema de seguridad social.

(…) No es ajeno para la Corte que en la sentencia CSJ SL, dic. 4/2012, rad. 55501 se señaló que los árbitros no pueden crear pagos adicionales por incapacidades en la medida que son las partes involucradas en el conflicto las llamadas a convenir libremente ese aspecto; sin embargo, tal postura, como puede advertirse en el anterior recuento, ha ido evolucionando a través de diferentes sentencias emitidas respecto al tema.

Por ello, hoy en día, existe una jurisprudencia consolidada que acepta la posibilidad de los árbitros de pronunciarse y conceder prestaciones adicionales a las previstas en el sistema de seguridad social, respetando, eso sí, las normas imperativas de orden público, lo cual implica: (i) acatar lo dispuesto en A.L. 01/2005 en lo que hace a la prohibición de laudar en torno a condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones; (ii) evitar alteraciones y desajustes en la estructura, organización y funcionamiento de los subsistemas de seguridad social, como pueden ser la sustracción, traslado o reasignación de obligaciones y responsabilidades establecidas en la ley, modificación del monto y porcentaje de las cotizaciones; (iii) no imponer al empleador cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema, por ejemplo, servicios del Plan Obligatorio de Salud.

A la luz de las reflexiones precedentes y en lo que al caso en estudio concierne, es fácil concluir que la cláusula arbitral cuestionada resulta completamente válida, ya que indiscutiblemente representa una mejora en los derechos sociales de los trabajadores, pues adicional al porcentaje que por concepto de incapacidad temporal debe reconocer la EPS, el empleador debe entregar otro tanto, cuya cifra varía en función del número de días de incapacidad, así: 13.4% adicional al 66,66% reconocido por la EPS hasta completar un 80% del IBC, desde el día 31 hasta el 89 de incapacidad; y un 16.6% adicional al 50% reconocido por la EPS hasta completar un 66,66% del IBC, a partir del día 90 y hasta el 180 de incapacidad.

Por estas razones, los árbitros tienen competencia para fijar en cabeza del empleador la obligación de sufragar en favor de los trabajadores las diferencias dinerarias no pagadas por incapacidad por la EPS, de modo que se garantice el pago íntegro del salario, como si el empleado incapacitado estuviera efectivamente laborando. Y por ello, es válido que la obligación económica de la EPS, durante los primeros 90 días, de entregar un auxilio monetario equivalente a las dos terceras (2/3) partes del salario, sea complementada, mediante la imposición al empleador de la obligación de pagar la tercera (1/3) parte restante, a fin de que el trabajador reciba una incapacidad equivalente al monto total de su salario. O que el empleador concurra después del día 90 a cancelar el 50% del salario, para que junto con el otro 50% a cargo de la EPS, el trabajador perciba un sueldo completo. Al fin y al cabo, es innegable que estas fórmulas comportan una superación de los derechos mínimos previstos en la legislación y su previsión normativa está lejos de vulnerar el orden jurídico social.

Todo esto explica con suficiencia que la petición contemplada en el parágrafo 3º del artículo 11, orientada a que el empleador pague la diferencia entre lo sufragado por la EPS por concepto de incapacidad y lo devengado por el trabajador antes de la contingencia o enfermedad, es susceptible de pronunciamiento arbitral, debido a que su eventual establecimiento representa una mejora en los derechos de los trabajadores y, por esto, debe ser estudiada su viabilidad a la luz de la equidad.

Con todo, el recurrente no atina, salvo en lo relacionado con el suministro de silla de ruedas —requerida con ocasión de enfermedades o accidentes de origen común, como se explicará—, al sostener que los árbitros tienen competencia para pronunciarse respecto a las peticiones contenidas en el párrafo segundo del artículo 9º del pliego de peticiones. Ello se debe a que, como se explicó en la sentencia CSJ SL3269-2016, el tribunal no puede imponer al empleador “cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema”. Con esto, se evita que el laudo se convierta en un instrumento de desplazamiento de las entidades obligadas por ley a satisfacer determinadas cargas prestacionales, o en un mecanismo de reasignación de obligaciones que por disposición legal están a cargo del sistema general de seguridad social. Más aún, cuando, precisamente el empleador, en aras de liberarse de ciertas cargas asistenciales y económicas, contribuye mediante un aporte monetario a esos entes especializados a fin de que garanticen la cobertura y protección del trabajador ante la ocurrencia de los riesgos asegurados.

Por ello, la decisión arbitral de adicionar o complementar (superar) los beneficios a cargo de los sistemas de protección social, no puede sustancialmente desplazar o sustituir a las entidades obligadas a suministrar las prestaciones objeto de aseguramiento. Dicho de otro modo: puede haber una relación de complementación entre los beneficios del sistema de seguridad social y los establecidos en el laudo, pero no una relación de exclusión, usurpación o sustitución, por medio de la cual el empleador entré a asumir cargas y obligaciones que no le compete y que son propias de los entes de la seguridad social.

De ahí que el tribunal, en el caso del párrafo segundo del artículo 9º no tenga competencia para conceder “aparatos ortopédicos, muletas”, dado que estos elementos son cubiertos por la ARL o EPS, según corresponda.

Igual sucede con el suministro de “sillas de ruedas” requerida con ocasión de lesiones de origen profesional, dado que las ARL, en tales eventos, deben suministrar a los trabajadores todas las prestaciones asistenciales en salud requeridas para el mejoramiento y restablecimiento de su estado de salud, lo cual incluye su rehabilitación física y profesional, entrega de prótesis, órtesis, muletas y sillas de ruedas, entre otras prestaciones encaminadas a su completa recuperación (D. 1295/1994; L. 776/2002; L. 1562/2012). Luego, si la asistencia que brindan las ARL es íntegra en tanto que cobija la prestación de todos los servicios de salud que requiera el empleado afectado por una contingencia laboral, mal harían los árbitros en asignarle al empleador la obligación de satisfacer este tipo de prestaciones a cargo del sistema y en virtud de las cuales pagó una prima para su aseguramiento.

Empero, las cosas no funcionan igual en el sistema general de salud frente a la silla de ruedas, dado que si bien la Resolución 005592 de 24 de diciembre de 2015 establece que el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC cubre lo relacionado con prótesis ortopédicas internas y externas, órtesis ortopédicas y soportes para caminar tales como muletas, caminadores y bastones, también lo es que en su artículo 61 se excluye expresamente la silla de ruedas del Plan. Por consiguiente, y al estar por fuera de cobertura este elemento, no existe obstáculo alguno para que los árbitros se pronuncien favorable o desfavorablemente en torno a su concesión, cuando la equidad lo juzgue conveniente

En este orden de ideas, se devolverá el expediente al tribunal de arbitramento para que se pronuncie de fondo frente a las peticiones contenidas en el parágrafo 2º artículo 8º, párrafo segundo artículo 9º y parágrafo 3º artículo 11 (silla de ruedas por necesidades de salud de origen común) del pliego de peticiones.

2.2. Validez de las decisiones denegatorias.

A la par con lo anterior, el recurrente pide la anulación del laudo en lo que toca con los artículos 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 30, 35 y 37, y, como consecuencia, la devolución del expediente al tribunal. Esto lo sustenta en que, a su modo de ver, el laudo es “manifiestamente inequitativo” y se construyó “sin motivación fundada”.

Pues bien, como puede fácilmente advertirse, el sindicato impugnante acepta dos cosas: (i) que el tribunal negó expresamente la viabilidad de esos pedimentos, de suerte que, a diferencia de lo atrás reseñado, el laudo no contiene en rigor decisiones inhibitorias, sino de fondo; y (ii) que la decisión se encuentra motivada, solo que, su sustento es infundado o no acertado, o, lo que es lo mismo, su motivación es incorrecta.

En estas condiciones, de entrada se advierte la improcedencia de la petición del sindicato, pues debido a las competencias regladas de esta Sala, no es posible anular las decisiones desestimatorias del laudo y a continuación dictar fallos de reemplazo o remitir el expediente al tribunal.

Es preciso recordar que la Corte termina su gestión al declarar la anulabilidad o no anulabilidad de las determinaciones del laudo, sin que sea procedente adoptar decisiones subsiguientes a estas; y, adicionalmente, la devolución del expediente al tribunal tiene lugar en aquellos eventos en que existe una omisión de los árbitros en la resolución de algunos puntos que debieron ser objeto de pronunciamiento o cuando el laudo contiene decisiones inhibitorias, razón por la cual, el debate no se sitúa en el ámbito de la validez de las decisiones arbitrales, sino de la competencia de la justicia arbitral para solucionar determinadas cuestiones.

Es más, teniendo en cuenta que la decisión de los árbitros fue expresamente desestimatoria de lo pedido en el pliego —a excepción del artículo 13—, no existe un objeto anulable, es decir, una disposición o un texto normativo retirable del ordenamiento jurídico. Ahora, si en gracia de discusión se dijera que el objeto anulable es precisamente la decisión de los árbitros de negar las peticiones del pliego, ello a nada conduciría, pues de todas formas la Corte no podría entrar a emitir una decisión de reemplazo como tampoco a devolver el expediente al tribunal.

Para finalizar, vale destacar que, de los puntos respecto de los cuales se pide la anulación, el tribunal solamente acogió parcialmente el 13, por lo que en principio podría existir un objeto anulable. Sin embargo, en perspectiva a las intenciones del recurrente, esto es que se anule esta disposición y se devuelva el expediente al tribunal, la Sala no tiene otra opción más que rechazar esta pretensión, pues, se itera, la gestión de la Corte acaba en la anulación, sin que sea posible emitir decisiones encaminadas llenar los vacíos generados como consecuencia del retiro del ordenamiento jurídico de las cláusulas normativas o remitir el expediente al tribunal para nuevos pronunciamientos. Adicionalmente, semejante determinación redundaría en perjuicio de la organización sindical, ya que, se le deja sin nada al eliminarse en contra de sus intereses una decisión que, aunque no colma sus expectativas, le es favorable.

Sin que sean necesarias otras consideraciones, se rechaza la solicitud de anulación de los artículos 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 30, 35 y 37.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve:

1. Declarar Exequible el laudo arbitral emitido el 25 de febrero de 2016, por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo suscitado entre la empresa Minas la Cumbre y/o Hernando Pinzón Prieto y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética “Sintramienergética”.

2. Acceder a la devolución del laudo para que el tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a su instalación, se pronuncie sobre las peticiones contenidas en el parágrafo 2º artículo 8º, párrafo segundo artículo 9º y parágrafo 3º artículo 11 del pliego de peticiones, conforme quedó explicado en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, Notifíquese, Publíquese y envíese al tribunal de arbitramento para lo de su competencia. Si el punto que motiva la devolución del expediente, no es objeto del recurso de anulación, la Secretaría del tribunal deberá remitir el presente asunto al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia».