Sentencia SL8215-2016 junio 15 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

SL8215-2016

Rad.: 44599

Acta 21

Bogotá, D.C., quince de junio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por María Melva Pérez Carmona contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de octubre de 2009, en el proceso que instauró la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

De acuerdo con la solicitud del Vicepresidente Jurídico y Secretario General de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y el Director Jurídico Nacional del Instituto de Seguros Sociales, que reposa a folios 37 y 38 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesora procesal del extinto ISS, a la referida administradora Colpensiones, de conformidad con el Decreto 2013 de 2012 y el artículo 60 del CPC, aplicables a los procesos del trabajo y de la seguridad social, por expresa remisión analógica consagrada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I. Antecedentes

La actora llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales, para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cumplir con los requisitos del artículo 12 del Decreto 750 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 49 del mismo año; suplicó se profieran condenas por el retroactivo desde el 7 de septiembre de 2007, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios, y la indexación; igualmente buscó se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 176 del CCA y se reconozcan los intereses moratorios del inciso 5 del artículo 177 ibídem; se apliquen los principios extra y ultra petita y se condene en costas a la entidad demandada.

Sustentó sus peticiones en que nació el 7 de septiembre de 1952, por lo que cumplió 56 años de edad el mismo día y mes de 2008; se afilió al sistema de seguridad social en pensiones, inicialmente con el ISS, se trasladó al fondo Porvenir S.A. y luego retornó al primero; cumplió 55 años de edad y ha cotizado las semanas exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aplicable por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, que presentó reclamación administrativa el 5 de septiembre de 2007, que fue resuelta negativamente por medio de la Resolución 9021 del 31 de marzo de 2008.

El ISS se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, sólo aceptó el cuarto y quinto relativos a la reclamación administrativa y su respuesta negativa, en razón a que la demandante solo tiene 635 semanas cotizadas en toda su historia laboral; negó unos hechos y dijo que no le constaban otros; en su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de la indexación de las condenas, improcedencia de los intereses y prescripción.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín con la sentencia del 11 de junio de 2009, condenó al ISS o a quien haga sus veces a reconocer y pagar la pensión de vejez a la demandante, a partir del 7 de septiembre de 2007, en cuantía inicial igual al smlmv, al pago del retroactivo pensional, incluidas las mesadas adicionales, junto con los intereses moratorios y ordenó la inclusión en nómina; dio por probada la excepción de improcedencia de la indexación de las condenas y negó las demás. Condenó en costas al ISS.

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, mediante fallo del 30 de octubre de 2009, revocó la sentencia de primera instancia y absolvió al ISS de las pretensiones incoadas en la demanda.

En lo que interesa al recurso extraordinario, según el audio obrante a folios 81 y 82, el juzgador inicialmente definió la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión reclamada.

Consideró probados el nacimiento de la actora el 7 de septiembre de 1952 y su afiliación al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, fecha para la cual contaba con 499,5714 semanas cotizadas.

Referenció los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder a los beneficios del régimen de transición, y concluyó que la actora, en principio, los reunía porque contaba con 41 años de edad y estaba afiliada al sistema de pensiones.

Dijo no compartir la tesis del juez de primera instancia sobre el carácter irrenunciable de los beneficios del régimen ya referido, por la facultad legal que tienen sus beneficiarios, de trasladarse al régimen de ahorro individual en forma voluntaria.

Sostuvo que tampoco existió multiafiliación, salvo que se hubiese producido el traslado por fuera de los términos legales, situación que no se discute en este caso.

Recalcó los eventos previstos en el artículo 36 que impiden acceder a los beneficios de transición, los cuales fueron objeto de interpretación por la Corte Constitucional en las sentencias C-789/2002, C-1024/2004 y C-625/2007, en las que se ha definido que, quienes estando afiliados en el régimen de prima media, y se trasladaron al de ahorro individual, pueden regresar, sin perder el régimen especial siempre y cuando contaran con 15 años o más de servicios y/o cotizaciones al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100/93.

Además, aclaró que no es requisito el traslado de los aportes con la totalidad de los rendimientos financieros, por resultar un imposible material, siguiendo la tesis de la Corte Constitucional expuesta en la sentencia T-818/2007.

Concluyó que al no tener la demandante los 15 años de servicios el 1º de abril de 1994, fecha de la vigencia de la Ley 100 de 1993, pues solamente contaba con 9,7139 años, no es viable predicar que la demandante recuperó el régimen de transición, así haya regresado al régimen de prima media en el año 2003.

En consecuencia, dijo, las normas aplicables para el reconocimiento de la pensión son las de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, que le exigía para el año 2003, contar con 1100 semanas, es decir, un número mayor de las 1020 semanas cotizadas que confiesa la demandante y encontró probadas el Juez de Primera Instancia, incluidas las morosas y cotizadas al RAIS.

No abordó la apelación de la parte demandante sobre la indexación, por no existir condenas a su favor.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme el fallo de primer grado.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que merecieron réplica y que se despacharan conjuntamente a pesar de no encausarse por la misma vía, en razón a que denuncian un elenco normativo similar y buscan el mismo propósito.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia de violar de manera indirecta, por aplicación indebida de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 12, 20 y 21 del Acuerdo 49 de 1990 (D. 758/90), 50, 141, 142 de la Ley 100 de 1993 y aplicación indebida del artículo 9º de la Ley 797 de 2003. Artículo 48 y 53 de la C.P.

Relaciona como errores de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante se había trasladado de régimen.

No dar por demostrado, estándolo, que respecto de la asegurada hubo una múltiple vinculación y no un traslado de régimen.

Considera erróneamente apreciados los documentos obrantes de folio 25 a 28, en particular la literalidad del primero, con el cual, en su sentir, se concluye que la accionante se encontraba multiafiliada, situación diferente al traslado y con consecuencias jurídicas distintas, en relación con las prestaciones que obliga en cada uno de los regímenes pensionales.

VII. Cargo segundo

Por la vía directa, ataca la sentencia por interpretación errónea de los artículos 36, 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993; 12,13 y 20 del Acuerdo 49 de 1990; 8º de la Ley 4ª de 1976 y artículos 48 y 53 de la C.P.

Dice que Tribunal no interpretó correctamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues el hecho del traslado de sistema pensional por su poderdante, no le impide pensionarse con el régimen de transición, toda vez que no es cierto, como lo sostiene el sentenciador, que la única posibilidad para que la actora lo recupere es tener 15 años de servicios “... ...dado que en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se consagraron como alternativos bien el tiempo de servicios ora la edad y en este caso, como lo dio por sentado el Tribunal, y no se discute dada la vía escogida, la actora tenía, a abril 1 de 1994 más de 35 años de edad”.

Añade que si bien en la sentencia C-789 de 2002 la Corte Constitucional limitó el regreso para quienes tuvieran 15 años o más de servicios o cotizaciones 1º de abril de 1994, tal doctrina fue complementada por la misma corporación en la sentencia T-818 de 2008 respecto de los afiliados que tenían el derecho adquirido a la transición por cumplir el requisito de la edad.

Luego de transcribir los artículos 2º, literal c) de la Ley 797 de 2003, 3º y 6º del Decreto 3800 de 2003, sostiene que “la Ley dio un plazo de gracia para que, los que se habían cambiado de régimen, recuperasen la transición con todas sus garantías” y “a la fecha en que la demandante regresó al régimen de prima media, fue mucho antes de que cobrara vigor el decreto aludido, que lo fue promulgado el 29 de diciembre del año 2003”.

VIII. Réplica

La réplica se opone a la prosperidad de los cargos, en esencia, porque: (i) “el casacionista pretendió desconocer su acto propio y, en contravía de lo que expresó en el segundo hecho (folio 3º del primer cuaderno del expediente), negó que hubiera un traslado para manifestar que lo que se había presentado era una multiafiliación.”, y (ii) “la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional son muy claras frente a este tipo de casos: las personas que se trasladaron al Régimen de ahorro individual y, posteriormente, regresaron al de prima media, pierden el régimen de transición, salvo que tuvieran quince (15) o más años de servicios cotizados para el 1º de abril de 1994”.

IX. Consideraciones

La censura estima que el juzgador de segundo grado se equivocó porque el régimen previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no se pierde por haberse trasladado al RAIS ya que: i) se presentó un conflicto de multiafiliación del que el sentenciador no se percató, ii) la demandante regresó al régimen de prima media antes del vencimiento del plazo de gracia previsto en el literal e) del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 y antes de la entrada en vigencia del Decreto 3800 el 29 de diciembre de 2003 y iii) para el 1º de abril de 1994, la actora tenía la edad exigida en dicha normativa para ser beneficiaria del mismo.

1. Sobre el presunto conflicto de multiafiliación.

Dado el sendero elegido para el ataque, no hay discusión acerca de que la demandante empezó a cotizar al Fondo privado Protección S.A., desde el periodo de marzo de 1997, que entre el 1º de febrero de 1994 y el 30 de junio de 1994 se encontraba vinculado con el empleador Velásquez Cano Carlos H., a pesar de la mora en el pago de aportes, dado que ésta al tenor de lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 3063 de 1989 no implicaba desafiliación automática por ser inferior a 3 meses.

Así las cosas y conforme al tenor literal de los artículos 3º, último inciso del 11 y 15 del Decreto 692 de 1994, se concluye que no pudo presentarse el hecho alegado de la multiafiliación, dado que el traslado de régimen pensional se produjo con el lleno de los requisitos que estatuye la ley de seguridad social, en la medida en que: conforme con el último inciso del artículo 11 del citado Decreto, si el afiliado se encontraba vinculado al ISS el 31 de marzo de 1994, podía trasladarse de régimen en cualquier momento como en efecto lo hizo. En el mismo sentido debe señalarse que si bien en la Resolución 9021 del 31 de marzo de 2008 visible a folio 12, se advierte que no se ha dado la devolución de los aportes por el cambio de régimen del señor Pérez Carmona, dicha diligencia se realiza a través de un trámite único, que se usa de manera indistinta tanto para el caso del traslado de aportes como para los de multiafiliación. Tal como lo señala el ISS K Que en el comunicado de la vicepresidencia de pensiones, con radicado V.P 4475 del 20 de abril de 2004 afirma que “En primer término, se han detectado inconvenientes relacionados con las consignaciones realizadas por parte de las administradoras de fondos de pensiones privadas al Seguro Social por concepto de traslados de régimen y casos de multivinculación, contraviniendo lo estipulado por la circular 19 de 1998 y la circular 58 de 1998 de la Superintendencia Bancaria. Desde 1997 se estableció como procedimiento entre las AFP, Asofondos y el Seguro Social, que cualquier consignación por parte de las AFP debe ser remitida al ISS en forma inmediata, adjuntando copia de consignación, listado de los afiliados trasladados y medio magnético con la historia laboral completa de cada uno de ellos, en la estructura ya acordad para su validación”. Como se observa nunca se declaró la multiafiliación del afiliado lo cual es coherente con la decisión del ISS, de no aplicar el régimen de transición.

Sobre la figura de la multiafiliación, la Sala en sentencia CSJ SL del 4 de jul. 2012, Radicación 46106, explicó:

Planteadas así las cosas, lo primero que debe acotar la Sala en relación con los temas propuesto en el primer cargo, es que en el asunto a juzgar no estamos frente de una situación de multiafiliación, por lo siguiente:

1. La múltiple afiliación se presenta cuando no puede ser válida la última si no se realiza dentro de los términos previstos en la ley. El artículo 17 del Decreto 692 de 1994 al prohibir la múltiple vinculación, señaló que el afiliado sólo podrá trasladarse de régimen o de administradora de pensiones, cuando dicho cambio se lleve a cabo en los plazos que para tal efecto se tienen fijados, resultando válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales; las demás no serán válidas ni legítimas, debiéndose proceder a transferir la totalidad de los saldos a la administradora cuya afiliación resulte válida.

2. Para el traslado de régimen, que es el punto que interesa al recurso extraordinario, una vez efectuada la selección inicial, los afiliados al sistema general de pensiones sólo podrán trasladarse de régimen transcurridos tres (3) años conforme a lo estipulado en el artículo 15 del Decreto 692 de 1994. Con la entrada en vigencia del artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, ese término se amplió a cinco (5) años.

3. Como bien lo determinó el Tribunal, los traslados de régimen de la demandante se cumplieron dentro de los términos previstos en la ley, pues la permanencia en cada régimen superó con creces los años exigidos en los anteriores preceptos legales.

De ahí que, en este asunto, no se presenta una situación de múltiple vinculación, pues las diferentes vinculaciones y/o cotizaciones no se hicieron de manera simultánea en los dos regímenes pensionales, generando confusión acerca de cuál es la administradora que debe responder por la prestación de vejez, sino que en distintas épocas la actora estuvo afiliada al de prima media con prestación definida y al sistema de ahorro individual, respetando los términos de permanencia mínima. Tampoco se presenta simultaneidad en la fecha de vinculación a los regímenes; y por lo mismo, no podía realizarse un acuerdo entre las administradoras para definir un conflicto originado en una multiafiliación que realmente no existió.

En conclusión, el fallador no incurrió en la equivocación que la censura le achaca.

2. Respecto del retorno del RAIS al régimen de prima media, antes del vencimiento del plazo de gracia previsto en el literal e) del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 y de la vigencia del Decreto 3800 de 2003.

En este punto tampoco le asiste razón a la censura, dado que, no obstante la demandante retornó del RAIS al régimen de prima media antes del vencimiento del plazo de gracia de un año previsto en el literal e) del artículo 2 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 1º del Decreto 3800 de 2003, tal hecho no le restablece los beneficios transicionales en disputa y no se configura el yerro endilgado al Tribunal. Así se ha adoctrinado en casos similares, el más reciente, en sentencia CSJ-SL del 3 de febr. 2016, radicación 60150 que a la letra dijo:

En atención a lo consignado en la norma y la exposición de motivos de la misma, estima esta Sala que el Tribunal no incurrió en el error interpretativo indicado, cuando consideró que el periodo de gracia de un año que la norma mencionaba, no implicaba que quien retornara al régimen de prima media recuperaba automáticamente el régimen de transición, pues la disposición solo se refiere claramente a una garantía frente al traslado entre regímenes para quienes les faltaba menos de 10 años para consolidar el derecho pensional y no hace siquiera alusión a la transición, además por cuanto éste último supuesto fue objeto de estudio y condicionamiento en la sentencia C-789 de 24 de septiembre de 2002 al analizarse la constitucionalidad de los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la que se determinó que no perderían la transición aquellas personas que acumulaban quince (15) o más años de servicios cotizados al momento de la entrada en vigencia del sistema de pensiones.

Así pues, a juicio de esta Sala, la recurrente perdió el régimen de transición cuando se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual de solidaridad y aunque, si bien el ISS aceptó su traslado nuevamente dentro del año de gracia y le faltaban menos de 10 años para consolidar el derecho, ello no significó la recuperación de la transición, por cuanto era menester que acreditara los 15 años de servicios prestados o de cotizaciones, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado esta corporación. Para el efecto basta con rememorar lo asentado en sentencia del 17 de octubre de 2008, radicación 33287, reiterada en las del 5 de junio de 2012, radicado 42289, y 26 de junio de 2012, radicado 42555”.

3. En torno a que la actora para el 1º de abril de 1994, tenía la edad exigida en dicha normativa para ser beneficiaria del régimen de transición.

Como acertadamente lo indicó el ad quem, el legislador previó que quienes se trasladan al RAIS y luego regresan al Régimen de Prima de Media con Prestación Definida, conservan los beneficios del régimen de transición si cumplen estas dos condiciones: i) que se devuelvan al régimen de prima media con prestación definida con sus saldos de cuenta individual, y ii) que al 1º de abril de 1994, tuvieran 15 o más años de servicios o cotizaciones en el régimen de reparto simple al que estaba afiliado, sin consideración a la edad.

Es doctrina de la Corte que para efectos de recuperar la transición sólo hay lugar a ella por razón del tiempo de servicios y no por la edad. Por ejemplo, en sentencia CSJ SL del 10 de ago. 2010, rad. 37174, se razonó:

(...) El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció dos formas de acceder al régimen de transición consagrado en esa disposición: edad o tiempo de servicios. Esas condiciones fueron disyuntivas: la una o la otra, permitían el amparo del régimen.

Se previó entonces, que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, y 40 o más años de edad en el de los hombres; o 15 o más años de servicios cotizados podrían alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen que se les venía aplicando con anterioridad a esa fecha.

Ahora bien, la norma en comento en los incisos 4º y 5º estableció que el régimen de transición se perdía por el traslado al régimen de ahorro individual, caso en el cual dichas personas quedarían sujetas a las condiciones previstas para ese régimen.

No obstante, en aquellas hipótesis en que el afiliado beneficiario del régimen de transición luego del traslado al régimen privado, decide retornar al de prima media, de conformidad con los citados incisos recupera la transición, siempre y cuando hubiera adquirido los beneficios del régimen en razón del tiempo de servicios o número de cotizaciones, esto es, haber prestado servicios o cotizado por 15 o más años con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

La Corte Constitucional en sentencia C-789 de 2002, declaró exequibles en forma condicionada los incisos en referencia, con el alcance de que para recuperar el régimen de transición quienes accedieron a él por haber cumplido 15 o más años de servicios o cotizaciones, y retornen al régimen de prima media, debían cumplir además dos requisitos adicionales:

a) que se trasladara a prima media todo el ahorro que efectuaron en el régimen de ahorro individual.

b) que dicho ahorro no fuere inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media.

Se ha de señalar que la posibilidad de retorno al régimen de prima media está dada para las personas beneficiarias del régimen de transición, lo cual fue precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-1024 de 2004 al fijar los alcances de la decisión de exequibilidad del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y que prevé que un año después de la entrada en vigencia de dicha normatividad, a quienes les faltare diez años o menos para cumplir la edad exigida para adquirir el derecho a la pensión de vejez, no podían trasladarse de régimen. Precisó la Alta Corporación que esta limitante no operaba para los beneficiarios del régimen de transición.

En el sub lite, se ha de señalar que el Tribunal incurrió en una imprecisión al considerar que se recuperaba el régimen de transición una vez se daba el retorno a régimen de prima media, cuando se tuviere el requisito de 15 años de cotizaciones con anterioridad al traslado al régimen de ahorro individual.

Tal como arriba se señaló lo importante para los efectos que aquí se analizan es haber cotizado o prestado servicios por 15 o más años, pero no con anterioridad al traslado de régimen pensional sino a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

Sin embargo se ha de advertir, que la equivocación del Tribunal resulta intrascendente para efectos de esta decisión, pues es claro que la accionante a 1º de abril de 1994 fecha de entrada en vigor para ella del sistema de pensiones, acreditaba más de 20 años de cotizaciones; en esa medida al retornar al régimen de prima media recuperó los beneficios del régimen de transición, por lo que no le asiste la razón al censor cuando pregona que en este caso el régimen de transición se había perdido.

En cuanto la actora era beneficiaria del régimen de transición en razón del tiempo de servicios, para nada interesa el aspecto de la edad, por lo que el error de hecho que se le atribuye en la sentencia en el cargo tercero resulta inane para los efectos de esta decisión....

Recientemente, la Sala en fallo CSJ SL, 22 jul. 2015, rad. 46380, expuso:

Ahora, si lo que se quiere es afirmar que la tesis del Tribunal es contraria a la sostenida por la jurisprudencia constitucional, debe precisarse que el criterio unificado y actual de la Corte Constitucional es que “únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1º de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el SGP, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición” (SU-130/2013); el cual se acompasa con el de esta corporación vertido en las sentencias CSJ SL, 31 ene. 2007, rad. 27465, CSJ SL, 10 ago. 2010, rad. 37174, CSJ SL, 23 oct. 2012 y, más recientemente, en la CSJ SL563-2013.

Entonces, trasladando los anteriores argumentos al asunto bajo examen el Tribunal no se equivocó.

Así las cosas, los cargos no se abren paso.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $3.250.000, que se incluirán en la liquidación con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 30 de octubre de 2009, proferida por La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral adelantado por María Melva Pérez Carmona contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

Costas como ya se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.