Sentencia SL8248-2014/60966 de junio 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 60966

Acta 22

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D. C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 14 de diciembre de 2012, revocó el fallo del juzgado y en su lugar condenó al Banco Popular S. Aa (sic) pagar al actor la suma de $1.409.940 como primera mesada pensional, más los reajustes anuales.

Explicó que no existía controversia en que el actor gozaba de pensión de jubilación desde el 5 de abril de 1997, en cuantía inicial de $667.968,75; declaró no probada la excepción de cosa juzgada al no hallar identidad de causa y objeto; advirtió que en el primer proceso se consideró que en el último año de labores el actor percibió un salario promedio de $890.968,75, “el cual se encuentra consignado en la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral con ponencia de la Dra. Ángela María Betancourt de Gómez, militante a (fl. 23 – 38) del plenario, en donde se concluyó que tal valor no fue objeto de inconformidad en el recurso interpuesto en dicha instancia”, y que dicho IBL le sirvió para fijar la mesada en $667.968,75 además de sus reajustes anuales; aunque anotó que la parte actora pretendía que se tuviera como promedio salarial una suma superior, estimó que la misma no había sido acreditada y por ello tomó el referido valor de $890.968,75, al cual le aplicó la fórmula de indexación contenida en la sentencia de 13 de diciembre de 2007, radicado 31222, lo que le arrojó un IBL de $1.879.921 y según el porcentaje del 75% fijó su pensión actualizada en $1.409.940.

IV. Recurso de casación (parte demandada)

No obstante que las partes interpusieron oportunamente el recurso de casación que les fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por razón de método, se abordará en primer lugar la demanda propuesta por el Banco Popular S.A., que busca enervar el derecho concedido.

VIII. Consideraciones

Para el recurrente la condena irrogada por el Tribunal no es viable en razón a dos causas, una, que la pensión concedida al demandante a raíz de una decisión judicial anterior, se basó en la Ley 33 de 1985, y que la indexación aplica solo a favor de las pensiones previstas en el Sistema General de Pensiones como lo ha indicado la Ley 100 de 1993, y dos, que el actor se retiró el 9 de marzo de 1997.

En lo relativo al primer reparo ha de señalarse que esta Sala en reciente sentencia, Radicación 47709 del 16 de octubre de 2013, hizo un estudio sobre el proceso inflacionario como causa de la depreciación de la moneda, y advirtió que tal fenómeno económico afecta a todas las pensiones, de manera que es necesario actualizar el valor de la obligación que ha quedado insoluta durante un lapso considerable, atendiendo para ello no solo la Carta del 91 sino principios anteriores a esta, como son la equidad y la justicia.

En los siguientes términos, luego de un recuento del trasegar jurisprudencial, se pronunció la Sala en la providencia ya referida:

“De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991”.

Ahora bien, en lo que sí asiste razón al recurrente demandado es que en el sub lite dicha actualización no era procedente pues entre la fecha de desvinculación del demandante, esto es el 9 de marzo de 1997, y el momento de causación de la pensión, 5 de abril del mismo año, no transcurrió un mes, razón por la cual el rubro que por pensión le correspondía no se desvalorizó y por ende no era procedente la condena deprecada, que se funda en la depreciación de la obligación por el amplio transcurso del tiempo.

En ese sentido de tiempo atrás se ha venido pronunciando la Sala, por ejemplo en la sentencia, CSJ SL, 12 ago. 2012, rad. 46832, que en la que se indicó:

(…)

‘Ahora bien, en efecto tal como lo afirma el recurrente y lo entendió el mismo Tribunal, la teleología de la figura de la corrección monetaria de las pensiones no es otra sino la de contrarrestar los efectos deflacionarios de la economía del país, para mantener el valor adquisitivo de aquéllas, que se ve afectado necesariamente con el transcurso del tiempo entre el retiro del servicio del trabajador y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el otorgamiento de la pensión, tal como lo sostuvo esta Sala en las sentencias que modificaron los criterios jurisprudenciales anteriores en la materia, es decir, en las sentencias de 20 de abril de 2007 (Rad. 29470) y 31 de julio del mismo año (Rad. 29022).

‘Sin embargo, es precisamente a partir de la finalidad de la corrección monetaria de las pensiones, que puede sostenerse que no en todos los casos (…) se deberá aplicar de manera automática e inexorable dicha figura, toda vez que habrá que determinar si en el asunto concreto el objetivo de aquélla se materializa, al existir una desmejora real del valor del IBL que justifique la procedencia de la misma o si, por el contrario, al no verificarse la depreciación de la base salarial no tendría cabida.

‘En este orden de ideas, no pudo incurrir el Tribunal en yerro jurídico alguno, dado que entre el momento de la terminación del contrato del actor, esto es, el 31 de agosto de 1995 y el del reconocimiento de la pensión, es decir, el día siguiente, no hubo una desmejora apreciable en el ingreso base de liquidación, por lo que no podía el fallador de instancia dar plena aplicación a los postulados derivados de la sentencia de 31 de julio de 2007 (Rad. 29022) de esta Sala, (…)”. (Sentencia del 12 de abril de 2011, Rad. 45922)”.

Así las cosas, el cargo prospera; no se requiere hacer un pronunciamiento frente al siguiente cargo que tiene similar propósito ni de la demanda del actor, dado que su derecho fue enervado.

En sede de instancia y como quiera que se indicaron con antelación los motivos por los cuales no es pertinente acceder a la actualización pedida, se procede a confirmar el fallo de 16 de diciembre de 2011 dictado por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá.

Sin costas.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2012 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALFREDO BENAVIDES FORERO contra el BANCO POPULAR S. A.

En sede de instancia se CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá el 16 de diciembre de 2011.

Las costas como quedó dicho.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».