Sentencia SL8251-2014 de junio 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL8251-2014

Radicación 44827

Acta 22

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 4 de septiembre de 2009, en el proceso que a la recurrente le instauró Luis Jaime Palacio Montoya.

I. Antecedentes

Luis Jaime Palacio Montoya llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que se le condenara a reconocer y pagar la pensión de invalidez desde el 1º de junio de 1999, junto con las mesadas pasadas y futuras que se causen comunes y especiales; los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que, para el 1º de abril de 1994, contaba con 59 años de edad, siendo acreedor a los beneficios y prestaciones que otorga el Decreto 758 de 1990; que aquejado por la enfermedad de la diabetes, sufrió amputación del pie derecho el 1º de junio de 1999, perdió la visión, y tiene afecciones pulmonares; que realizó cotizaciones por más de 442 semanas, cumpliendo con las 300 semanas aportadas en cualquier tiempo para hacerse acreedor a la pensión de invalidez; radicó solicitud de pensión por invalidez el 6 de diciembre de 2006, de la cual no recibió respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la demanda .

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó como cierto el hecho de que el demandante realizó cotizaciones a los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, así como la negativa en reconocerle la pensión de vejez, para lo cual adujo que no cumplía con el requisito del artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, por cuanto solo tenía cotizadas 442 semanas de las cuales 257 corresponde a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad; así mismo destacó, que en cuanto a la invalidez no reposa en el proceso la calificación de la junta donde se constate el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, petición antes de tiempo, prescripción, imposibilidad de condena en costas e improcedencia de intereses moratorios (fls. 22 a 25).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 7 de julio de 2008, y con ella, el absolvió a la entidad demandada de las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas al demandante (fls. 60 a 65).

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 4 de septiembre de 2009, surtió por apelación de la demandante, que terminó con la sentencia atacada en casación, que revocó la sentencia la de primera instancia, y en su lugar, condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común al actor a partir del 13 de junio de 2004, con sus mesadas adicionales, absolviendo de los intereses moratorios pretendidos. Así mismo, condenó en costas de primer grado a la demandada y se abstuvo de hacer lo propio en la alzada (fls. 98 a 107).

Para ello adujo, que con fundamento en la Resolución 266 de 1996, visible a folio 8 del expediente, se demuestra que el actor nació el 18 de junio de 1934, y que según el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, se le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 50,95%, con fecha de estructuración el 6 de diciembre de 1999 (fls. 42 a 44). Que, además, la historia laboral que obra a folios 56 y 58, da cuenta que el demandante cotizó 439,2857 semanas entre el 1º de julio de 1971 y el 31 de diciembre de 1999, por lo que este aportó antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, modificada posteriormente por la Ley 860 de 2003, la cual refiere a unas condiciones diferentes a las establecidas para obtener la pensión de invalidez.

Apoyado en la teoría de la condición más beneficiosa, la cual permite la aplicación de una normatividad anterior a la señala por el ISS, es decir, la ley 100 de 1993 , esto por cuanto las exigencias de las normas actuales son mayores y desventajosas para el afiliado, deduce que la Sala debe mirar ese aspecto, teniendo en cuenta la normatividad vigente para cada momento; es así como destaca, que para esa época regía al Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, a su vez modificado por el Decreto 232 de 1984, por medio del cual se aprobó el reglamento del ISS; que posteriormente esta disposición fue acogida por el Decreto 758 de 1990, que trato los mismos riesgos de invalidez, vejez y muerte estableciendo como requisitos para acceder a la pensión el tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos, dentro de los 6 años anterior a la invalidez o 300 semanas en cualquier época, por lo que concluyó que con lo observado y establecido dentro del proceso, el demandante tenía cotizadas más de 300 semanas concretamente 439,2857, aun siendo la invalidez posterior, debiendo estar la decisión de primera instancia acorde a esta normatividad, por lo que el accionante supera la densidad mínima de cotizaciones para acceder a la prestación económica pretendida, con apegó en dicha normativa y en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Precisó que la Ley 100 de 1993 establece en su artículo 13 que se debe tener en cuenta el número de semanas o el tiempo cotizado con antelación a esta ley; que esta disposición es la base para la aplicación de la teoría de la condición más beneficiosa en materia pensional en Colombia por lo que se trata de mirar el beneficio del trabajador, escogiendo la norma más favorable.

IV. Recurso de casación.

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, “y en instancia, confirmada la proferida por Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín que absolvió al Instituto de Seguros Sociales de lo pretendido por Luis Jaime Palacio Montoya en la demanda que dio comienzo a este juicio”.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue replicado.

VI. Único cargo

Textualmente reza: “la sentencia violó la ley sustancial por haber aplicado indebidamente el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990 (D. 758/90, art 1º) y por haber infringido directamente el artículo 39 de la Ley 100 de 1993”.

Para demostrar el cargo, asegura que la violación se efectuó en aplicación indebida de la denominada “condición más beneficiosa” para hacer prevalecer la ley anterior sobre la ley en vigor, pues afirma que como lo ha reconocido la Sala de Casación Laboral en sentencias de 20 de noviembre de 2007 (rad. 30356), 20 de febrero de 2008 (rad. 32649), 28 de mayo de 2008 (rad. 30064), 9 de diciembre de 2008 (rad. 36642), 11 de febrero de 2009 (rad. 35080), 17 de febrero de 2009 (rad. 34016) y 25 de marzo de 2009 (rad. 35434) era improcedente acudir al denominado principio de la condición más beneficiosa, debido a que las leyes sobre seguridad social son de orden público y tienen efecto general inmediato, por lo que el fallador de segunda instancia infringió el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, al no darle aplicación y por el contrario, acudir al artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990 incoando el principio de la condición beneficiosa.

Consideró pertinente recordar que el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado mediante el Acto Legislativo 1 de 2005, inicialmente solo fijó como principios constitucionales de la seguridad social los de eficiencia, universalidad y solidaridad; y que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, la Ley 100 de 1993 definió los principios de integralidad, unidad y participación, por lo cual son a estos principios que debe sujetarse el servicio público de la seguridad social, junto con de la sostenibilidad financiera del sistema pensional establecido en dicho acto legislativo.

Dijo que según la doctrina constitucional sentada en Sentencia C-168 de1995, los derechos de los trabajadores que no pueden ser menoscabados por la ley no son otros distintos a los “derechos adquiridos” a que se refiere el artículo 58 de la Constitución Política; y que rememorando las consideraciones de esa corporación en la aludida sentencia, podría decirse que “de aplicarse el criterio de la irreversibilidad se llegaría al absurdo de que las normas sobre seguridad social se volvieran inmodificables y toda la legislación al respecto estática, a pesar los grandes cambios que en esta materia es necesario introducir, en atención al dinamismo de las relaciones sociales y las políticas sociales y económicas, que en defensa del interés social o general debe prevalecer sobre el particular y las cuales finalmente redundan en el mejoramiento de todos los habitantes...”.

Precisó que las disposiciones legales que regulan la seguridad social son de orden público y, por tal razón, dichas normas producen efecto general inmediato, por lo que el sentenciador de alzada violó las normas denunciadas, pues advierte que además de haber infringido el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, al no haberle hecho producir efectos, aplicó indebidamente el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, bajo el pretexto de la teoría de la condición más beneficiosa, cuando debió someterse al imperio regulado en la Ley 100 de 1993 respecto de los requisitos para que tengan derecho a la pensión de invalidez los afiliados.

IX. Consideraciones

En atención a la vía de ataque seleccionada por el recurrente, esto es, la directa, la cual supone una completa y total conformidad con las conclusiones fácticas y probatorias que se dejaron consignadas en la sentencia atacada, se impone precisar que no existe discusión en torno a que al asegurado se le dictaminó por la junta regional de calificación de invalidez de Antioquia, una pérdida de su capacidad laboral del 50,95%, estructurada el 6 de diciembre de 1999; que según la historia laboral de folios 56 y 58, cotizó un total de 439,2857 semanas entre el 1º de julio de 1971 y el 31 de diciembre de 1994; y que nació el 18 de junio de 1934.

Lo primero que debe destacar la Corte en aras de despejar cualquier controversia en el asunto sometido a nuestro conocimiento, es que la normativa que en principio resultaba aplicable para definir el derecho a la prestación económica pretendida, era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en tanto estaba vigente para el momento en que se estructuró la invalidez del demandante, pues ese ha sido el criterio que de tiempo atrás ha fijado la Corte en perspectiva de determinar la norma que gobierna la prestación económica objeto de reclamo, para lo cual pueden consultarse, entre otras, la Sentencia CSJ SL797-2013, en la que se reiteró la CSJ SL, abril 30 de 2013, radicación 45815.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la estructuración de la invalidez del demandante se produjo en vigencia del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que en principio sería la norma que gobierna la prestación económica pretendida, es perfectamente viable acudir al artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, para efectos de determinar si le asiste el derecho a la pensión de invalidez incoada, tal y como con acierto lo dedujo el tribunal en la sentencia fustigada.

Lo advertido por cuanto, la Corte en constantes y reiteradas oportunidades, viene admitiendo la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en tratándose de pensiones invalidez, cuando el asegurado no cumple las exigencias de la Ley 100 de 1993, pero sí las que prevé la legislación anterior, esto es, la contenida en el Acuerdo 49 de 1990, para acceder a la prestación económica objeto de estudio; la sentencias CSJ SL, mayo 15 de 2012, radicación 39204, al reiterar otras en el mismo sentido, dijo:

Al respecto es claro que el tribunal aplicó el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, que exigía la condición de inválido permanente o total, inválido permanente absoluto o gran inválido, y que hubiere aportado al menos 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de la invalidez o 300 semanas en cualquier época, antes de producirse ese estado, por lo que en casos como el presente puede haber aplicación del principio de la condición más beneficiosa, admitida en algunos casos, como en la sentencia de esta Sala de la Corte de 10 de julio de 2007, radicación 30083, en donde se pronunció como a continuación se transcribe:

El ataque está encaminado a que se determine jurídicamente, que cuando la fecha de estructuración de la invalidez se produce en vigencia de la Ley 100 de 1993, es bajo este ordenamiento que se debe definir el derecho a una posible pensión de invalidez, dado que para estas eventualidades no tiene cabida la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, por no existir régimen de transición para esta clase de pensiones, además que no hay un conflicto de leyes que permita entender que se presenta duda sobre la normatividad aplicable, en la medida que el Acuerdo 49 de 1990 que acogió el tribunal, fue derogado por el artículo 289 de la nueva ley de seguridad social, la cual prevalece sobre la disposición anterior.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el fallador de alzada apoyándose en pronunciamientos jurisprudenciales, estimó que el principio de la condición más beneficiosa también se aplica tratándose de pensiones de invalidez, y por consiguiente si el afiliado posee un número considerable de cotizaciones que satisface las exigencias de la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reconocimiento de esta prestación económica.

En relación a este puntual aspecto, como lo pone de presente el juez colegiado, la Sala replanteó el tema y en sentencia del 5 de julio de 2005 radicado 24280, reiterada en decisiones del 19, 25 y 26 de julio del mismo año, radicación 23178, 24242 y 23414, respectivamente, y recientemente en fallos del 31 de enero, 30 de marzo y 24 de julio de 2006 radicados 25134, 27194 y 27514, rectificó el criterio que se venía acogiendo y por mayoría sostuvo que pese a no alcanzarse a cotizar 26 semanas durante el año anterior al estado de invalidez, empero al tener el afiliado un número considerable de semanas cotizadas, concretamente más de 300 en cualquier época, tiene derecho a la pensión de invalidez.

En la primera de las decisiones rememoradas, que dan respuesta en gran parte a los interrogantes planteados por el censor, la Corte razonó diciendo:

(...) El tribunal exigió el cumplimiento de las cotizaciones al ISS, en la proporción señalada por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en tanto que la censura argumenta que tal requisito contraviene los principios de la seguridad social.

Pues bien, la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para este de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un servicio, de la ejecución de una relación laboral, del trabajo independiente o sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado, entre otros. De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.

Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 49 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente previstas.

Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente —971— que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.

Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su vigencia que regulaban el tema.

Efectivamente dentro del antiguo régimen era indispensable para pensionarse haber cotizado como mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al advenimiento de la invalidez o un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo, mientras que en el nuevo régimen basta estar cotizando y haber completado 26 semanas en el momento de invalidarse o las mismas 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a ese insuceso para conseguir el mismo resultado.

Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo este que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de antemano ya pesaba sobre tal entidad.

Aun cuando pudiera argumentarse que la ausencia legal de un régimen de transición frente a la pensión de invalidez, como sí lo tiene la de vejez, impide tener en cuenta las cotizaciones pagadas suficientemente por quien no aportó el mínimo de 26 semanas requerido en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cabe decir que la situación es distinta en uno u otro caso, porque en la de vejez es viable para el legislador considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo —hecho determinable—, ya para completar cierta edad, o, para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, no regulables por un régimen de transición.

Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Ac. 49/90, que en la L. 100/93), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le dé a las citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte.

Por todo lo dicho, resulta viable predicar que el tribunal incurrió en la infracción legal denunciada. Por consiguiente se casará la sentencia, en cuanto infirmó la decisión condenatoria de primer grado.

Pues bien, descendiendo al caso que ocupa la atención a la Sala, al haber optado el recurrente por la vía directa para encauzar el ataque, los siguientes supuestos fácticos establecidos por el tribunal quedan incólumes: Que el afiliado Luis Carlos Candela Gutiérrez, presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%; y que este aportó al Instituto de Seguros Sociales durante su vida laboral un total de 821 semanas, según lo refiere el mismo instituto en la Resolución 14044 del 25 de octubre de 2000, a través de la cual le negó la pensión de invalidez de origen no profesional (fl. 7, cdno. juzgado).

Así las cosas, el número de cotizaciones en comento, superan ampliamente la exigencia contenida en el artículo 6º del citado Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, que prevé como requisito haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de la invalidez o 300 en cualquier tiempo, aportes que no es dable que se desconozcan con la modificación introducida por la Ley 100 de 1993, y por tanto sin hesitación alguna esa densidad de semanas contribuye a la obtención de la prestación, siendo como lo concluyó el ad quem suficientes para que la entidad de seguridad social reconozca el derecho que sobre esta pesa.

De otro lado, es de agregar, que por virtud de lo señalado en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, los acuerdos del seguro social o disposiciones para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del ISS, se continúan aplicando, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en la mencionada ley, por lo que no es de recibo lo asegurado por la censura en el sentido de que el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, hubiese quedado completamente derogado.

Al no haber nuevas argumentaciones que conduzcan a la Sala a variar su actual criterio mayoritario en torno a esta precisa temática, a fin de retomar lo que se venía sosteniendo de tiempo atrás, dicha postura se mantiene inmodificable.

Por último, es pertinente anotar, en lo atinente a la imputación de pagos que hizo alusión el Instituto demandado en el escrito de llamamiento en garantía que elevó respecto del empleador Tecnipinturas del Valle y Cía. Ltda., que conforme da cuenta la resolución del ISS 50260 del 8 de mayo de 2002 obrante a folio 8 y 9 del cuaderno del juzgado, ella se produjo en efecto en relación con varios ciclos anteriores al último año que antecedió a la estructuración de la invalidez, y por tanto no es posible que tales aportes se sumen para completar las 26 semanas requeridas como exigencia legal, más sin embargo, el derecho a la pensión de invalidez a favor del actor, en el presente caso se obtiene es por la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, pues se repite las 821 semanas cotizadas por el afiliado durante toda su vida laboral, de las cuales se reitera se tenía más de 300 a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se constituyen como suficientes para dicho cometido.

Conforme a lo destacado, si el aquí demandante acreditó más de 300 semanas de cotización con anterioridad al 1º de abril de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 en materia pensional, y además demostró una pérdida de su capacidad laboral que le produjo una invalidez, estructurada el 6 de diciembre de 1999, lo cual se reitera, no es objeto de controversia en el recurso extraordinario, es claro que le asiste el derecho a percibir la pensión incoada, según lo preceptuado en el artículo 53 de la Constitución Política, que impone resolver su derecho aplicando el ya citado principio de la condición más beneficiosa.

Por lo visto, se impone concluir que el sentenciador de alzada no infringió las disposiciones legales que denuncia el censor bajo ninguna de las modalidades relacionadas en el cargo, y por ende, la acusación no tiene vocación de prosperidad.

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto no se presentó réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el cuatro (4) de septiembre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luis Jaime Palacio Montoya contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.