Sentencia SL8337-2016/49078 de junio 22 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL8337-2016

Rad.: 49078

Acta Nº 22

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá D.C., veintidós de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y su réplica.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, así:

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia “por haber violado directamente, por aplicación indebida, los artículos 7º de la Ley 71 de 1988 y 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los preceptos contenidos en los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 1º del Decreto 759 de 1990 (Ac. 049/90, arts. 12 y 20), 6º del Decreto Reglamentario 2709 de 1994 y 357 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D.E. 2282/89, art. 1º, numeral 175)”.

En el desarrollo dice el censor lo siguiente:

Asumió el tribunal que la aplicación de la pensión por aportes del artículo 7º de la Ley 71 de 1988 resultaba impertinente, por serle desfavorable económicamente, pues, como esa normativa establece que al ingreso base de la liquidación (IBL) se le aplica el factor 75%, el demandante quedaría con una pensión inferior a la que le reconoció el ISS, ya que el Acuerdo 049 de 1990, mismo que utilizó el ISS, establece que el porcentaje es del 90% (según el artículo 12 del citado Acuerdo 049), por lo que con ello quedaría vulnerado el principio de la reformatio in pejus.

Cuando el tribunal presenta esa argumentación incurre en grave error conceptual, pues, en efecto, el juez de la apelación no puede reformar la Sentencia de su inferior en contra de los intereses del apelante único; pero no le está dado utilizar ese principio procedimental para revocar una sentencia en contra de los intereses de quien no ha recurrido, causándole un evidente perjuicio económico.

Aquí fue el ISS quien apeló la sentencia de la primera instancia que lo condenó al pago de una pensión que favorecía al demandante, de modo que utilizar el principio de la no reformatio in pejus para revocar esa sentencia, resulta un exabrupto incalificable.

Dicho lo anterior, el error jurídico de la sentencia se complementa con este otro, en el cual también incurrió el tribunal.

Ese error jurídico consistió en asumir que la aplicación del factor 75% del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, en relación con el artículo 6º del Decreto Reglamentario 2709 de 1994, daría matemáticamente una primera mesada pensional inferior a la que obtuvo el ISS mediante la aplicación del factor 90% del Acuerdo 049 de 1990, cuando es absolutamente claro que el resultado que obtuvo el juzgado es superior al que obtuvo el ISS.

Y el error es jurídico y es un error de aplicación normativa, porque el sistema de la Ley 71 de 1988 estableció un IBL con el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año, mientras que el ISS, para el caso del demandante, y dada su edad y antigüedad en el servicio, aplicó, para establecer el IBL, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que al respecto de ese IBL establece como tal el promedio de lo devengado o cotizado durante el tiempo que a partir de la vigencia de la citada Ley 100 le hacía falta al demandante para tener derecho a la pensión. Entonces, aunque desde luego 90 es mayor que 75, cuando ese factor porcentual recae sobre una base salarial distinta y aplica a un espacio de tiempo diferente (1 año en el caso de la Ley 71; eventualmente un espacio de tiempo mayor en el caso del artículo 36 de la Ley 100), el resultado no debe ser, necesariamente, inferior, cuando se aplica el factor porcentual del 75%.

Por lo anterior, si el tribunal hubiera hecho buen uso del principio de la reformatio in pejus, habría aplicado correctamente las normas que consagran los derechos sustanciales del demandante, mismos que se establecen en los artículos 7º de la Ley 71 de 1988 y 141 de la Ley 100 de 1993, por lo cual habría confirmado la sentencia del juzgado.

VII. Réplica

El Instituto opositor contesta los cargos en forma conjunta y señala que el tribunal se ajustó a la realidad evidenciada en el expediente y tuvo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.

VIII. Cargo segundo

Acusa la sentencia “por haber violado directamente, por aplicación indebida, los artículos 7º de la Ley 71 de 1988 y 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los preceptos contenidos en los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 1º del Decreto 759 de 1990 (Ac. 049/90, arts. 12 y 20), 6º del Decreto Reglamentario 2709 de 1994 y 357 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D.E. 2282/89, art. 1º, num. 175), 48 y 53 de la Constitución Política, 11 de la Ley 100 de 1993 y 31 del Código Civil”.

En el desarrollo sostuvo el impugnante:

…el operador judicial debe poner especial cuidado en la Ley 71 de 1988 para ponerla en relación con el mandato transitorio del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque esa Ley 71, que estableció la posibilidad de sumar, para acceder a la pensión, el tiempo de servicios prestado por el pensionable a bajo diferentes regímenes legales se convierte, siempre, necesariamente, en el ‘régimen anterior’, sin que importe cuál sea el régimen particular al que se encuentre adscrito el sujeto pensionable en la fecha inmediatamente anterior a la vigencia de la Ley 100.

La razón de ser de esa especialísima situación jurídica está en el principio de igualdad y la necesidad de hacer cumplir el mandato constitucional que le impone al Estado la tutela de los derechos de los trabajadores (art. 53 de la Carta Política).

Y la explicación, amplia y calificada del asunto, la dio el Consejo de Estado, Sala de Consulta de y Servicio Civil, que en su providencia de 9 de marzo de 2006, con radicado 1718, dio su concepto autorizado sobre el régimen de transición en tratándose de las pensiones por aportes de la Ley 71 de 1988.

(…). Se transcriben apartes de esa providencia.

Además, el Consejo de Estado, fiel al cumplimiento de los principios de interpretación de la ley, recuerda, y lo recalco, que:

‘Ahora bien, como se trata de diferentes regímenes pensionales, debe tenerse presente que la selección de uno u otro comporta la aceptación de todas sus condiciones, sin que sea jurídicamente posible acoger solamente lo favorable de uno y de otro, en razón del principio de inescindibilidad que rige la interpretación de la ley.

Esta ha sido la posición mayoritaria de la doctrina y de la jurisprudencia: cuando se determina cuál es el régimen aplicable, ese régimen debe ser aplicado cabalmente, incluso en punto a la cuantía de la pensión, que fue punto debatido en este proceso.

Baste recordar, a ese propósito, la posición del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Esta última, en providencia cardinal contenida en la Sentencia de Tutela T-236 de 23 de marzo de 2006… (se transcriben apartes de esa sentencia).

IX. Cargo tercero

Acusa la sentencia por interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por la consecuencial “aplicación indebida, los artículos 7º de la Ley 71 de 1988 y 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los preceptos contenidos en los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 1º del Decreto 759 de 1990 (Ac. 049/90, arts. 12 y 20), 6º del Decreto Reglamentario 2709 de 1994 y 357 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D.E. 2282/89, art. 1º, num. 175), 48 y 53 de la Constitución Política, 11 de la Ley 100 de 1993 y 31 del Código Civil”.

Como fundamento de la acusación expone:

Sostengo, para demostrar el cargo, que la interpretación que hizo el tribunal superior se corresponde con una aplicación automática, literalista del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que en cambio, la interpretación correcta es la contenida en la sentencia del Consejo de Estado que se transcribió en el cargo anterior y que aquí consigno como la argumentación que se opone a la del tribunal superior:

(…).

X. Consideraciones

La Corte procederá al estudio conjunto de los cargos que se elevan contra el fallo del tribunal, en atención a que se orientan por la misma vía, acusan similar elenco normativo, y persiguen idéntico objetivo.

Dada la orientación jurídica de los ataques no se discuten los hechos atinentes a que: i) el actor cumplió 60 años de edad el 19 de abril de 2006; ii) era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad; iii) que en toda la vida laboral acumuló más de 25 años de servicios al Estado, un tiempo sin cotizar al Instituto, y 1.002 semanas cotizadas válidamente al Instituto de Seguros Sociales; iv) que esta última entidad mediante Resolución 033409 de 29 de agosto de 2006, modificada por Resolución 005170 de 12 de febrero de 2007, le reconoció pensión de vejez a partir del 1º de mayo de 2006, de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 de ese año; y v) que la pensión se calculó tomando en cuenta lo devengado durante los 3.650 días anteriores a la última fecha de cotización, lo cual arrojó un ingreso base de liquidación de $ 4’954.081,11 al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, para un valor inicial de $ 4’458.673.

1. Imperativo resulta reconocer que el fallo del ad quem no es un modelo de claridad, pero de su contenido se infiere que el argumento jurídico que subyace en la decisión absolutoria, consiste en que no es posible acceder a la pretensión de reajuste de la pensión con el promedio salarial del último año de servicios, y en ese contexto aplicar la tasa de reemplazo del 75% prevista en la Ley 71 de 1988 para la pensión por aportes, resultaría menos beneficioso para el pensionado que la del 90% del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 de ese año, pues no hay que olvidar que la aplicación del régimen anterior que se seleccione debe hacerse en su integridad, salvo las excepciones previstas en la ley.

En realidad el tribunal lo que hizo fue acudir al principio de favorabilidad, lo cual resulta armónico con los criterios trazados por la jurisprudencia de la Sala que ha considerado que en el caso de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si están amparados por varios regímenes anteriores respecto de los cuales cumplen los requisitos que les permiten acceder a la prestación por vejez, se ha de seleccionar aquél que le sea más favorable y debe ser aplicado exclusivamente, salvo disposición legal en contrario.

En Sentencia CSJ SL, mayo 11/2010, rad. 36963, dijo la Corte:

Ciertamente nada impide que un afiliado a la seguridad social que reúna requisitos en distintos regímenes, se acoja a aquella normatividad que más le favorezca, eso sí se insiste, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias de ese régimen que le es más beneficioso, y bajo la condición de que se le aplique en su integridad; la única combinación de elementos de sistemas es la permitida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al principio jurídico que dio entonces aplicación el juzgador ad quem fue al de favorabilidad, y no al de la non reformatio in pejus como equivocadamente consignó en la sentencia, pues evidentemente no se trata de esta última figura que de conformidad con el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social se refiere a la prohibición de que la sentencia contenga decisiones “que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta”, que no es aquí el caso dado que fue el Instituto quien controvirtió el fallo de primer grado.

No obstante la equivocación de la sentencia, en verdad no fue trascendente, porque así se casara en instancia la decisión no sería distinta, por lo que se explicará en los puntos siguientes.

2. La corporación tiene establecido el criterio relativo a que el régimen de transición garantiza a sus beneficiarios de cara a la prestación por vejez o jubilación, y en relación con la normatividad que venía rigiendo en cada caso, lo atinente a la edad y el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho, y el monto de la prestación en lo que toca con la tasa de reemplazo; pero no en lo referente al ingreso base de liquidación pensional que se rige en estricto rigor por lo previsto por el legislador en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para quienes estando en transición les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, y que sería el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior.

En relación con aquellos beneficiarios del régimen de transición, que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones les faltare 10 o más años para consolidar el derecho a la pensión de vejez, la forma de determinar el ingreso base de liquidación es la contemplada en el artículo 21 de la Ley 100, que se refiere “al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión”, o el promedio de los ingresos de toda la vida laboral, cuando el afiliado haya cotizado 1.250 semanas como mínimo.

Es decir, el ingreso base de liquidación pensional de los beneficiarios de la transición, en principio, se rige por las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y no por el régimen anterior, lo cual no vulnera el principio de inescindibilidad de la ley porque es en virtud de sus propios mandatos que el cálculo debe hacerse en esa forma.

Esta Sala de la Corte, en Sentencia CSJ SL, feb. 23/2010, rad. 37036, entre otras muchas, reiterada en la CSJ SL8451-2014, ha mantenido esa interpretación. Dijo textualmente la corporación en la primera providencia:

…esta corporación tiene definido que la norma aplicable para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez en casos como el que ocupa la atención de la Sala, no es otra que el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no siendo en consecuencia de recibo lo pretendido por la parte actora de que el IBL debió liquidarse con el 75% pero del promedio salarial devengado durante el último año de servicios, lo que trae consigo que no sea factible aplicar en su integridad el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, sino únicamente en aquellos aspectos que en el régimen de transición se dispuso eran gobernados por la legislación anterior, valga decir, la edad para acceder a la prestación, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto porcentual de la pensión.

En sentencia reciente del 20 de octubre de 2009 radicado 36662, en donde se discutía este puntual aspecto, la Sala mantuvo invariable su propio criterio que viene de tiempo atrás, cuyas enseñanzas desvirtúan lo expresado por la censura al final del cargo como <consideraciones de instancia>, y que ahora se reiteran por cuanto no existen nuevos elementos de juicio que permitan modificar el criterio que actualmente impera. En la decisión en comento, se puntualizó:

‘(….) La censura persigue que se determine jurídicamente, que el tribunal le dio un entendimiento o alcance equivocado al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al concluir que a un empleado público en régimen de transición se le liquida la pensión con el IBL en la forma prevista en el inciso 3º de ese ordenamiento legal, cuando debió acoger para estos efectos en su integridad el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y con base en ello establecer el promedio devengado, que le resultaría más favorable al afiliado, y así no se violaría el principio de inescindibilidad de la norma, máxime que la transición conlleva la aplicación del régimen anterior y expresamente en lo que tiene que ver con el tiempo de servicios, la edad y el monto de la pensión; todo lo cual con el firme propósito de hacer variar la actual postura de la Corte Suprema de Justicia.

Pues bien, planteadas así las cosas, como primera medida es de recordar, que tanto los trabajadores del sector privado como los servidores públicos con vinculación contractual, legal o reglamentaria son beneficiarios del régimen de transición, siempre y cuando cumplan los presupuestos señalados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que significa que al no haber exclusión alguna se aplica a los sectores públicos en todos sus órdenes.

En segundo lugar, cabe decir, que esta Sala de la Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en innumerables ocasiones, en relación al fenómeno jurídico de la transición pensional consagrado en el mencionado artículo 36 y la intelección que ha de dársele a esta norma, reiterando que a los sujetos que los cobija, se les respetó tres aspectos en los términos estipulados en las anteriores preceptivas: a) La edad para acceder a la prestación, b) el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y c) el monto porcentual de la pensión, que para este asunto corresponde al 75% conforme al artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Igualmente ha adoctrinado, que no obstante lo anterior, en lo concerniente al ingreso base de liquidación de la pensión para quienes les hacía falta menos de diez (10) años para adquirir el derecho, no se rige por las disposiciones que antecedían a la pluricitada ley de seguridad social, sino por el inciso tercero del artículo 36 de marras que reza: “... El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación de índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE...” (resalta la Sala), estructura que surge del propio texto de la ley, lo que permite válidamente esa mixtura normativa, sin que ello signifique violación alguna a los principios de favorabilidad y de inescindibilidad o aplicación total de la norma.

Al respecto en Sentencia del 17 de octubre de 2008 radicado 33343, reiterada en casaciones del 2 de septiembre de 2008 y 24 de febrero de 2009 radicados 33578 y 31711 respectivamente, esta corporación puntualizó:

“En relación con el régimen de transición pensional y la regulación del ingreso base de liquidación, explicó esta Sala en la Sentencia del 17 de octubre de 2008, radicación 33343:

Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

‘Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

‘Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del sistema general de pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.

‘Lo anterior significa que fue el propio legislador quien, al diseñar la forma como estarían estructurados los beneficios del régimen de transición que creó para quienes al momento en que entró a regir el sistema de pensiones les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho prestacional, que es el caso de la actora, dispuso que ese régimen estaría gobernado en parte por la normatividad que, antes de entrar en vigor ese sistema, se aplicaba al beneficiario y, en otra parte, por el propio artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero en uno solo de los elementos que conforman el derecho pensional: el ingreso base de liquidación.

‘De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones” (lo resaltado es de la Sala).

Bajo esta órbita, se tiene que el tribunal no se equivocó cuando decidió en la presente causa, no aplicar en su integridad el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, sino únicamente en los aspectos que en el régimen de transición se dispuso eran gobernados por la legislación anterior.

Ahora bien, definido que la norma aplicable para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de la actora, no es otra que el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se sigue que no sea de recibo lo pretendido por ésta de que el IBL debió liquidarse con el 75% del promedio salarial devengado durante el último año de servicios, siendo lo pertinente como quedó visto, extraer el promedio de lo devengado en el lapso que le hacía falta para reunir los requisitos para acceder al mencionado derecho pensional, que fue lo que estableció el fallador de alzada”.

Como lo ha precisado la Corte, esta interpretación corresponde al papel que desempeña como órgano de cierre dentro de la jurisdicción ordinaria, sin que el hecho de que otras corporaciones judiciales que no pertenezcan a dicha jurisdicción, se hayan pronunciado en sentido contrario, implique deslegitimar los planteamientos que expone como tribunal de casación, en tanto se actúa dentro de los precisos límites de su competencia.

3. La línea jurisprudencial anterior se ha aplicado igualmente para la pensión de jubilación por aportes, concedida bajo las reglas de la Ley 71 de 1988 en virtud del régimen de transición.

Si bien el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, estableció que el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación por aportes del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, era “el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley…. Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente”, la Corte desde la Sentencia CSJ SL, abr. 23/2003, rad. 19459; reiterada en las CSJ SL, jul. 24/2012, rad. 44980; CSJ SL, oct. 16/2012, rad. 43708; y recientemente en la CSJ SL16827-2015, ha estimado que el IBL de estas pensiones concedidas en virtud de transición de todas maneras deben seguir las mismas reglas de las demás prestaciones amparadas por ese beneficio, esto es, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o el 21 ibídem según el caso. Eso en razón a que un decreto reglamentario no podría modificar lo previsto en la ley de seguridad social, que reguló el tema.

Es de advertir que el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 fue expresamente derogado por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, y éste último a su vez declarado parcialmente nulo por el Consejo de Estado en Sentencia CE, 15 de mayo de 2014, exp. 00620-00, “solamente en la parte que derogó el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia”.

Como la circunstancia de serle más favorable al demandante la pensión de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988, la hace depender el recurrente exclusivamente de la liquidación del IBL con el promedio salarial del último año, al no ser procedente por las razones explicadas, no se desvirtúa el pilar del fallo en el sentido de que beneficia al pensionado conceder la pensión de vejez bajo las reglas del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, y en esa medida, la sentencia que viene amparada por las presunciones legalidad y acierto, permanece incólume.

Por lo dicho, no prosperan los cargos.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 3’250.000.

Por secretaría tásense las demás.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de julio de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral seguido por José Dexter Real Valero contra el Instituto De Seguros Sociales en liquidación hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».