Sentencia SL084-2018 de febrero 7 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL084-2018

Radicación: 48678

Acta 1

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

EXTARCTOS: «IV. Recursos de casación

Interpuesto por la accionada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

La Sala comienza por precisar que el cargo no adolece de las deficiencias de orden técnico que le atribuye la réplica, toda vez que, en la proposición jurídica, no sólo se incluyeron las normas sustanciales que consagra el derecho pensional reconocido al demandante, sino también el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, que para efectos del tema puesto a consideración de la Sala, que es la cosa juzgada, en el caso en particular se convierte en lo esencial para estructurar el cargo.

Aclarado lo anterior y para abordar el tema de controversia en este asunto, se tiene que, conforme a los seis presuntos errores de hecho endilgados al tribunal y las pruebas denunciadas como mal apreciadas, lo perseguido por el censor, se puede sintetizar, en determinar si erró el ad quem al concluir que la pretendida indexación de la primera mesada pensional no hace tránsito a cosa juzgada, ya que tal pretensión no hizo parte, en su decir, de la conciliación suscrita entre las partes el 21 de marzo de 2002, y en consecuencia, el actor sí podía reabrir su debate en el caso bajo estudio; o si por el contrario, como lo afirma la censura, sí se configura la cosa juzgada, porque la indexación de la primigenia mesada pensional, no sólo fue materia de acuerdo en la citada audiencia de conciliación celebrada en el año 2002, sino que, también hizo parte de la conciliación que llevaron a cabo las partes el 23 de mayo de 1992, y además fue materia de debate en una primera contienda judicial que finalizó con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cúcuta, el 20 de febrero de 2002.

Planteado así el asunto, la Sala y de manera cronológica, aborda el estudio de las pruebas enlistadas como erróneamente valoradas, para con ello establecer si se configura alguno de los dislates fácticos señalados por la recurrente, no sin antes recordar que el error de hecho en materia laboral, «se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida» (sent. CSJ, feb. 11/94, rad. 6043), el que para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

El acta de conciliación celebrada ante la Inspección Primera del Trabajo de Ibagué, el 23 de mayo de 1992 (fl. 51 a 54), en momento alguno tuvo como finalidad la conciliación de la indexación de la primera mesada pensional, pues tuvo como objeto «tratar por vía de conciliación lo relacionado con el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones» generadas por la terminación del vínculo laboral que unió a las partes aquí litigantes, sin incluir ningún monto por pensión de jubilación, así se hubiera plasmado un paz y salvo general por acreencias presentes y futuras. Lo anterior pone en evidencia que tal prueba en lo más mínimo varía la conclusión del tribunal, referida a que, en el caso de autos, no se configura la cosa juzgada pregonada por la demandada.

Tampoco varía tal aserto, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cúcuta el 20 de febrero de 2002 (fl. 75 a 84), por medio de la cual se dirimió un primer proceso ordinario laboral suscitado entre las partes, en razón a que allí tampoco se demandó la pensión reconocida al actor mediante la conciliación celebrada el 21 de marzo de 2002, y menos la indexación de la primera mesada pensional, pues las pensiones reclamadas en dicho proceso, que desde luego le fueron negadas, son diferentes a la que se le otorgó a partir del día en que cumplió los 55 años de edad, no otra cosa se deduce del siguiente aparte de la sentencia dictada por el citado Tribunal de Cúcuta:

[…].

Ahora bien, en cuanto a la solicitud del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con base en los acuerdos del congreso y comité nacional de cafeteros, resoluciones y las convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales, es de precisar que no se demostró dentro del plenario que el señor ISAÍAS ARIAS MÉNDEZ, se hubiese afiliado a la organización sindical firmante del acuerdo convencional, o en su defecto que gozara de los beneficios económicos allí incorporados por extensión o por cualquier otra figura jurídica.

Más adelante, luego de transcribir los artículos 1º y 2º de los acuerdos 1 del 30 de noviembre de 1993 y 6 de 1970 respectivamente, ambos emanados del Congreso Nacional de Cafeteros, tal tribunal consideró:

[…]

Al observar que el trabajador se retiró voluntariamente en el mes de mayo de 1992, fecha en la cual tenía la edad de 48 años conforme a su registro civil de nacimiento visible a folios 356 del informativo y como el requisito exigido en el artículo 2º del Acuerdo 6 de 1970, claramente expresa que haya cumplido la edad que prevé la ley, cual es la de 50 años conforme al artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo vigente para la época, es por lo que no accede a ordenar dicho reconocimiento y pago de la pensión solicitada, debiéndose conformar la absolución dispuesta por el fallador de primera instancia.

Entonces, como en el citado proceso en momento alguno se controvirtió la pensión que le fuera reconocida al actor a través de la conciliación celebrada el 21 de marzo de 2002, menos la actualización de su base salarial, mal puede la censura sostener la existencia de los elementos característicos de la cosa juzgada.

De otra parte, el análisis objetivo, imparcial y ecuánime del acta de conciliación celebrada por las partes el 21 de marzo de 2002, ante el Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se le otorgó al demandante la pensión de jubilación por haber arribado a los 55 años de edad (fl. 6 a 9, 46 a 49 y 105 a 108), tampoco da cuenta que en dicho acto se hubiese conciliado la actualización del salario base de liquidación, pues lo que allí se concilió fue la indexación de las mesadas pensionales causadas entre el 13 de abril de 1999, fecha en que el demandante arribó a los 55 años de edad y el 21 de marzo de 2002, data de la conciliación, siendo ésta y no aquella, la causa eficiente por la cual el demandante dejó a paz y salvo a la demandada cuando al efecto se dijo:

«que declara a la Federación a paz y salvo de toda reclamación por indexación de las mesadas pensionales» (se resalta), y entonces como lo concluyó razonadamente el tribunal, no abarca la indexación de la primera mesada pensional, entre la fecha de desvinculación laboral (jun. 1º/92) y el momento en que cumplió 55 años de edad (abr. 13/99).

Todo lo anterior muestra con suma claridad, que el tribunal no cometió alguno de los seis yerros fácticos señalados en el cargo, menos con el carácter de evidentes u ostensibles, como para direccionar al quebrantamiento de la sentencia recurrida, pues resulta palmario que la indexación de la primera mesada pensional no fue incluida en la citada conciliación.

En realidad y del contexto del citado acuerdo conciliatorio, así como de la cláusula que anteriormente se trascribió, se itera, lo único que se desprende es que se concilió la indexación de las mesadas causadas, no la actualización del salario base de liquidación como lo pregona la censura, que tales actualizaciones constituyen dos situaciones totalmente diferentes, como se adoctrinó en la Sentencia CSJ, SL11762-2014, radicación 57044, en la que se puntualizó:

[…].

Para una mejor comprensión, lo primero que hay que diferenciar es que en materia pensional hay dos clases de indexación que se pueden reclamar mediante una acción judicial: una relativa a la actualización o ajuste del ingreso base para liquidar la pensión (IBL), también denominada indexación de la primera mesada pensional; y otra atinente a la indexación de las sumas adeudadas por mesadas o diferencias pensionales que no fueron sufragadas en su oportunidad, y que debió haberse hecho en forma periódica.

Sobre dicha distinción en sentencia de la CSJ SL, 12 de septiembre de 2006, radicación 28257, se puntualizó:

Primeramente es de destacar que la parte actora mediante esta acción no está solicitando la actualización del IBL o de la primera mesada pensional (…) sino la indexación de unas sumas que no fueron sufragadas en su oportunidad, debiéndose haber hecho en forma periódica, y que corresponden a diferencias de mesadas pensionales.

En otros términos, lo que se implora a través de esta acción es la corrección monetaria o actualización de los dineros adeudados por cada mesada impagada, por el hecho de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, tal y como bien lo concluyó el fallador de alzada.

Lo anterior significa, que nos encontramos frente a dos clases de indexación, para el caso una distinta a la relativa al IBL de la pensión y que en puridad de verdad corresponde a la que atañe a la actualización de sumas debidas y no canceladas oportunamente, plenamente aplicable al pago tardío de diferencias de mesadas pensionales sobre las cuales no tiene cabida los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En lo atinente a la distinción entre estas dos clases de indexación, en sentencia del 23 de junio de 2004 radicado 22973, esta Sala de Corte expresó:

“(....) El tribunal en cuanto a este punto manifestó:

<La jurisprudencia colombiana abandonó hace ya varios años el nominalismo y adoptó criterios tendientes a que los trabajadores no reciban tardíamente el valor de sus créditos con dinero envilecido. Subsiguientes desarrollos jurisprudenciales han conducido a establecer la incompatibilidad de la indexación con los intereses comerciales debido a que éstos tienen un elemento inflacionario en su composición; por ello se modificará la decisión del a quo en el sentido de disponer la corrección monetaria de cada mesada, conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, desde cuando se hizo exigible hasta cuando se verifique el pago y sobre ese valor ya indexado deberán pagarse intereses remuneratorios al 6% anual>.

De lo anterior se desprende, de manera nítida, que el juez de segunda instancia lo que tuvo en cuenta para imponer la indexación fue la mora en el pago de las mesadas, lo que coincide con lo sostenido por esta corporación en lo que concierne a la procedencia de la indexación de sumas debidas y no canceladas oportunamente.

En efecto se ha dicho:

<Evidentemente uno de los objetivos perseguidos por la indexación es el que las acreencias laborales susceptibles de tan equitativa figura se solucionen actualizadas, para que no se presente ninguna mengua en su poder adquisitivo. Por ello se ha aceptado jurisprudencialmente que en tales casos la corrección monetaria es procedente, según algunos, como factor de daño emergente por el perjuicio que sufre el titular del derecho por el no cumplimiento oportuno del deudor de la obligación a su cargo, y según otros como actualización dineraria> (rad. 16476, nov. 21/2001).

Por lo tanto, es claro que las sentencias que cita el recurrente no tienen aplicación al presente caso, pues ellas se refieren es a la posibilidad de ajustar el ingreso base para liquidar pensiones, y aquí se trata es de la mora en el pago de mesadas pensionales…”.

En tales condiciones y como bien lo concluyó el fallador de segundo grado, el demandante sí estaba habilitado para acudir a la jurisdicción laboral en procura de la pretensión que salió avante en el asunto hoy bajo estudio.

Tampoco pone en evidencia algún error ostensible de hecho el estudio de la Resolución 7 del 17 de abril de 2002 (fl. 3 a 5), pues la misma, lo único que indica, es que la demandada cumplió de manera estricta los términos de la conciliación celebrada el 21 de marzo de 2002, esto es, que allí se le reconoce la pensión de jubilación voluntaria y se dispone el pago del retroactivo pensional, causado hasta esa fecha, desde luego, sin la indexación de las mesadas generadas, que fue lo efectivamente conciliado en esa oportunidad. En dicha resolución, en aparte alguno se menciona y menos se infiere que las partes hubiesen conciliado la actualización del salario base de liquidación, como sin éxito lo reclama la censura.

Tampoco brota algún error fáctico, de la documental que aparece a folio 55, pues la misma, lo que pone al descubierto, es que el accionante acepta el carácter compartido de la pensión a él otorgada por la Federación Nacional de Cafeteros y la de vejez que le reconozca el ISS.

Menos emerge confesión del interrogatorio de parte rendido por el demandante que configure alguno de los errores de hecho enrostrados por la recurrente (fl. 87 a 88), pues en ningún aparte de la citada prueba, el actor acepta o confiesa que hubiese conciliado la actualización de su primera mesada pensional, pues lo único que pone en evidencia es que concilió con la demandada el reconocimiento de la pensión en los términos allí estipulados, que como se vio no hacen alusión a la actualización del salario base de liquidación.

A la misma conclusión se arriba al analizar la demanda con la cual se dio inicio al proceso (fl. 15 a 24), pues si bien es cierto en una de las pretensiones se solicitó dejar sin efecto la cláusula referida a la indexación de las mesadas pensionales; lo cierto es que la interpretación integral de la misma, como bien lo hizo el a quo y lo confirmó el tribunal, conducía a estudiar si el actor tenía o no derecho a la indexación del ingreso del salario base de liquidación, bajo el entendido que dicha pretensión no fue conciliada el 21 de marzo de 2002, valoración ésta que no luce descabellada.

Con lo anterior queda claro, que el tribunal no cometió los yerros fácticos endilgados cuando valoró las pruebas objeto de estudio, pues si bien es cierto, aquellas ponen en evidencia que con anterioridad al inicio del presente asunto, las mismas partes hoy en litigio controvirtieron y conciliaron, ciertos derechos laborales, también lo es que ninguno de ellos corresponde a la actualización del salario base de liquidación o lo que es lo mismo la indexación de la primera mesada pensional, con lo cual no hay identidad de causa y objeto, que además de la identidad de partes, son esenciales para la configuración de la cosa juzgada, en los términos señalados por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil hoy 303 del Código General del Proceso.

Sobre la institución procesal de la cosa juzgada, es importante recordar lo dicho en la Sentencia CSJ SL, 17 de junio de 2009, radicación 35722, cuando al efecto se dijo:

[…].

Conviene al estudio del caso recordar que la fuerza de la cosa juzgada —denominada también “res iudicata”— se predica por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión a que se refiere el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos, cuando quiera que el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto, se funda en la misma causa que aquél donde se profirió la sentencia, y entre ambos exista identidad jurídica de partes.

Razones de orden mayor imponen la necesidad de evitar ventilar nuevamente un mismo litigio cuando sobre el mismo ya se ha asentado, de manera definitiva, el pensamiento del juzgador natural. Tal aserto es el que permite adquirir a la sentencia la característica de “definitiva”, preservando el principio de “seguridad jurídica”, factor indiscutiblemente pacificador de la sociedad civil.

Pero, para que la cosa juzgada adquiera la fuerza que persigue la ley, no basta que solamente una o dos de las identidades antedichas se reflejen en el nuevo proceso; como tampoco, para negarla, que por la simple apariencia se desdibujen los elementos que la conforman, esto es, el objeto del proceso, la causa en que se funda y los sujetos entre quienes se traba la disputa. Por eso, para que se estructure la cosa juzgada, de una parte, deben concurrir, necesariamente y en esencia —como se asentó en la sentencia de la Corte de 28 de agosto de 2004 (rad. 23.289), las tres igualdades anotadas, y, de otra, deben aparecer identificados claramente los elementos que las comportan.

En ese orden, se tiene certeza que los aspectos que deben ser de estudio para predicar la aplicación de la «cosa juzgada» son: la coincidencia de objeto, causa y sujetos; es decir, que la forma en que analizo el juez de segundo grado en el sub lite la existencia de dicha figura procesal, fue acertada, tal como se explicara a continuación.

De otra parte, la argumentación expuesta por el actor en punto a que «la base de liquidación de la pensión es parte integrante del monto», es una discusión eminentemente jurídica, no fáctica, por tanto, si quería tener consistencia en el ataque sobre este puntual aspecto, debió encaminar el embate por el sendero del puro derecho, no de los hechos.

Finalmente, la Sala quiere aclarar que el asunto bajo estudio, difiere del que motivó la expedición de la Sentencia SL13095-2016, radicación 45636 contra la aquí demandada, pues en aquel proceso, entre otros aspectos, la Corte dio por acreditado que aparecía demostrado que, al demandante, frente a la pensión de jubilación que se le reconoció al trabajador mediante conciliación laboral, sí se le había indexado la primera mesada, desde la fecha del retiro o desvinculación laboral hasta la data en que se suscribió el acto conciliatorio, y por ende, en ese caso sí se le había indexado el salario base de liquidación; así se concluyó en dicha providencia:

[…].

Entonces, a juicio de la Corte si el salario promedio devengado por el actor en los tres últimos meses de servicio en el año 1988 fue de $ 192.444, y el ingreso base de liquidación de la pensión para el año 1999 ascendió al monto de $ 529.780, salta a la vista que este sí fue actualizado (los resaltados son del texto).

Lo decidido entonces en ese precedente judicial, dista de lo aquí debatido, pues como quedó visto, en esta litis no se llevó a cabo ninguna actualización del salario que se tenía para el momento de la desvinculación laboral, esto es, entre la fecha de retiro y en la que el actor Arias Méndez cumplió los 55 años de edad, que es lo que se reclama con el proceso que ocupa la atención de la Sala.

Así las cosas, para esta corporación, el tribunal no cometió ninguno de los yerros fácticos endilgados por la censura, y por ende, el cargo no puede prosperar.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la recurrente demandada, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho a favor del demandante la suma de $ 7.500.000, que se incluirán en la liquidación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de mayo de 2010, en el proceso ordinario laboral seguido por ISAÍAS ARIAS MÉNDEZ contra la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Costas como se dijo en la parte considerativa.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»