Sentencia 8432-2014 de junio 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 46432

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL8432-2014

Acta 22

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «XI. Consideraciones de la Corte

Sea lo primero señalar, que dada la vía directa escogida, no se encuentran en discusión o controversia, los siguientes presupuestos de orden fáctico:

i) El causante, señor José Ramón Niño Vanegas, nació el 19 de abril de 1952 y falleció el 26 de marzo de 2006, lo cual se corrobora con los registros civiles de folios 4 y 5 del expediente principal.

ii) La demandante, señora Flor María Niño Márquez, es considerada la beneficiaria del causante por medio de la Resolución del ISS 002022 de 2007 (fls. 2), a través de la cual le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes.

iii) El asegurado fallecido, José Ramón Niño Vanegas, cotizó 836.7143 semanas al ISS al 31/12/1994 y otras 218.5714 semanas, entre el ciclo 1995-01 y el 2000-08, para un total de 1.055.28 semanas, equivalentes a 20.5 años de cotizaciones al sistema pensional, lo que se confirma con las historias laborales aportadas a folios 10-13 del cuaderno principal.

En segundo lugar, precisa la Sala en relación a las fallas de índole técnica que señala el replicante, que revisado el primer cargo y su alcance, basta leer la demostración del mismo, para encontrar que la acusación de la violación de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, indica que la norma que se soslaya es el «parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003», que además transcribe textualmente (fls. 10, cdno. del recurso de Casación ante la Corte), en relación igualmente al «art. 12, Ac. 49/90 aprobado por el D. 758 del mismo año».

En el mismo sentido, invoca la censura en los dos cargos restantes, que por la misma vía y bajo las modalidades de aplicación indebida e interpretación errónea, respectivamente, el ad quem habría trasgredido iguales normas, aun cuando lo mencionara sido en la parte demostrativa de los mismos, cumpliendo de esta manera la exigencia del artículo 90 del CPT y SS. De ahí que se desvanece la crítica de la técnica del replicante, por lo que la Corte la da por infundada y procederá al abordaje de la cuestión de fondo demandada en el recurso.

De la norma vigente y aplicable al caso

En el asunto bajo examen, tal como en reiteradas oportunidades y de manera pacífica lo tiene establecido ésta Sala de Casación Laboral, la disposición que regula la pensión de sobrevivientes es, en principio, la vigente al momento de la ocurrencia de la muerte. Al efecto, baste citar algunos ejemplos recientes, como las sentencias CSJ SL, 19 feb. 2014, Rad. 46101, SL, 5 feb. 2014, Rad. 42193, SL, 29 ene. 2014, Rad. 37955, entre otras.

Consecuente con lo anterior, para el caso, la norma vigente y aplicable es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, dado que el causante, señor José Ramón Niño Vanegas, falleció el 26 de marzo de 2006; normativa que para acceder al derecho deprecado, exige tener cotizadas cuando menos 50 semanas, en los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento del afiliado, densidad de cotizaciones que el causante no acreditó, tal como la propia parte demandante reconoció desde la demanda. Fue precisamente por esa razón que invocó la aplicación del principio de lacondición más beneficiosa en relación con una norma que para la fecha del deceso del causante ya no estaba vigente, es decir, el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.

Por consiguiente, el ad quem aplicó la norma correcta al caso, acorde con la jurisprudencia actual de la Corte –que no admite la aplicación “plus-ultra-activa” de una norma diferente a la que fue inmediatamente derogada por la actual, por lo que no se vislumbra en este aspecto la omisión en su aplicación, o la interpretación errónea de la misma como enrostra la censura, ni por ello, la vulneración de la Carta Política.

No obstante lo anterior, a pesar de que el ad quem hizo referencia a la norma correcta y aplicable, no menos cierto es que no lo hizo en la forma debida, pues no la transcribió en forma completa, al omitir el parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que tampoco analizó, verificándose la vulneración, endilgada por la censura.

La norma en comento, en el parágrafo aplicado indebidamente, dispone:

PAR. 1ºCuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

Consecuente con lo asentado, la Sala encuentra que en verdad el tribunal en su sentencia de segundo grado, pese a que utilizó la norma correcta, no la aplicó debidamente al omitir el contenido del parágrafo de la norma y ello equivale a violar la ley de manera directa por aplicación indebida, conforme le enrostra el recurrente. Esta situación, de haberse analizado por el juez colegiado de segundo grado, habría llevado a adoptar una decisión distinta a la revocatoria de la condena impuesta en primera instancia.

Lo anterior, máxime que el ad quem, luego de reconocer el elevado número de semanas cotizadas por el causante (1.055,28.), en vez de aplicar en debida forma la norma, desvió su argumentación a la aplicación del principio de lacondición más beneficiosa, sin necesidad jurídica para ello, dada la existencia del parágrafo antes trascrito.

Consecuencialmente, no era procedente considerar los requisitos del Acuerdo 49 de 1990, en este evento, por aplicación del principio de lacondición más beneficiosa, ni el de favorabilidad, menos aún si este último opera cuando existe un conflicto entre dos normas vigentes de igual o distinta fuente formal, que no es el caso.

No obstante lo expuesto, dado el elevado número de semanas que dejó cotizadas al sistema pensional el causante y que de conformidad con la norma aplicable, el parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la demandante sí tiene derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, en aplicación de la norma antes mencionada.

Sobre el tema, esta Corporación se ha pronunciado en múltiples oportunidades, como en la sentencia CSJ SL, 31 ago. 2010, Rad. 42628, en los términos que, para mayor ilustración, se transcriben:

El recurrente sostiene que cuando esa norma se refiere a que el “…afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento…”, hace referencia al régimen del Seguro Social, en particular el Acuerdo 49 de 1990.

Para dar adecuada respuesta a ese argumento, debe copiarse el texto del parágrafo en cuestión, que es del siguiente tenor literal:

“Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima (sic) en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos de esta ley”.

Para la Corte el régimen de prima al que allí se alude, que debe entenderse es el de prima media con prestación definida, es el establecido en el Título II de la Ley 100 de 1993 y no el que antes de la promulgación de esa ley era administrado por el Instituto de Seguros Sociales y regulado, principalmente, por el Acuerdo 49 de 1990. Ello indica, entonces, que dicho régimen de prima media con prestación definida se gobierna, en principio, por las normas de ese título, salvo las excepciones que surjan de la Ley 100 de 1993, que permitan la aplicación de la normatividad anterior.

Así lo explicó la Sala en la sentencia del 20 de abril del presente año, radicación 38003 en los siguientes términos:

“No obstante ha de precisar la Corte en su función de unificación de la jurisprudencia nacional que el entendimiento que propone el recurrente, en el sentido de que esa norma hace referencia a las condiciones para acceder a la pensión de vejez en el régimen de los seguros sociales obligatorios regulado por el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no se acompasa con el espíritu del precepto legal.

“La finalidad que buscó el legislador con esa previsión según aparece en los respectivos antecedentes de la Ley 797 de 2003, fue mantener la prerrogativa de la pensión de sobrevivientes de manera permanente a los beneficiarios del afiliado que hubiere reunido una alta densidad de cotizaciones que le hubiera permitido acceder al pensión de vejez en el régimen de prima media; esto es, sin la exigencia para estos casos de la obligación de permanencia de las cotizaciones en los últimos años anteriores a la muerte.

“Pero esa remisión a la densidad de cotizaciones exigida en el régimen de prima media debe ser entendida dentro del ámbito de la propia Ley 100 de 1993, y no una invocación de normas que con anterioridad regulaban dicho régimen en los reglamentos del Instituto de Seguro Social derogadas de tiempo atrás, con la entrada en vigencia del sistema general de pensiones”.

“Y aunque en la propuesta inicial del parágrafo 1° del artículo en comento se aludía expresamente a que se hubieren cumplido 1.000 semanas de cotización, el que en el texto final se hubiere cambiado la exigencia de cotizaciones por “el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima”, no puede entenderse como una aceptación de que podía accederse a la prestación con un número inferior de aportes del causante, sino que se explica porque el número mínimo de semanas de cotización para efectos de la pensión de vejez en el régimen de prima media de la Ley 100, estaba previsto se incrementaría paulatinamente hasta llegar a 1.300 en el año 2015; además, el concepto de prima media es propio del sistema general de pensiones”.

De la sentencia arriba citada se desprende que para la Sala la remisión que al régimen de prima media se hace en el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 corresponde al establecido y regulado por la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, con el fin de precisar su discernimiento sobre el particular y para que exista claridad respecto de su actual entendimiento acerca de los requisitos que deben cumplirse para que se cause la pensión del parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, debe ahora aclararse que el criterio expuesto en la memorada sentencia, no significa que las normas de los reglamentos del seguro de invalidez, vejez y muerte que tenían vigencia antes de la Ley 100 de 1993, vale decir el Acuerdo 49 de 1990, no formen parte del régimen de prima media con prestación definida, como tampoco que, para efectos de establecer el derecho a la pensión de sobrevivientes de que trata el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, no se pueda acudir a esas normas, en ningún caso.

En efecto, toda vez que el inciso segundo del reseñado artículo 33 de la Ley 100 de 1993 establece que serán aplicables al régimen de prima media con prestación definida “…las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en este ley”, es dable considerar que las disposiciones de esos reglamentos, con las restricciones dispuestas por el artículo 33, hacen parte del régimen de prima media con prestación definida, en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la Ley 100 de 1993, o en cuanto puedan ser aplicadas por razón de la utilización del régimen de transición pensional, previsto en el artículo 36 de esa ley.

Así surge de lo que se explicó en la sentencia de esta Sala de 24 de febrero de 2005, radicación 23759, en la que, al precisar el alcance del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 100 de 1993 y resaltar las similitudes en las características, objetivos y naturalezas que existen entre el régimen de prima media con prestación definida de la Ley 100 de 1993 y el del Seguro Social gobernado por el Acuerdo 49 de 1990, se dijo lo que a continuación se transcribe:

“No cabe duda de que el régimen pensional solidario de prima media con prestación definida regulado por la Ley 100 de 1993 conserva las mismas características principales del consagrado para el seguro de invalidez, vejez y muerte por los acuerdos del Instituto de Seguros Sociales, vigentes antes de la expedición de la citada ley, particularmente el 49 de 1990, pues de este régimen la memorada ley mantuvo los más sobresalientes rasgos que lo identifican y le dan naturaleza propia, esto, es, entre otros, el sistema de financiación a través de la contribución obligatoria de empleadores y afiliados; el manejo y distribución de los recursos necesarios para otorgar los beneficios a los afiliados, a través de un fondo común de naturaleza pública; las prestaciones previstas para la cobertura de los riesgos y contingencias definidas de antemano por la ley, su naturaleza jurídica y la forma de establecer su cuantía; los requisitos exigidos para acceder al derecho, esto es, el cumplimiento de determinada edad y de cierta densidad de cotizaciones aun cuando modificando sus montos y, aparte de ello, el principal administrador del régimen, que siguió siendo el Instituto de Seguros Sociales.

“Lo anterior significa que, con las modificaciones introducidas por la Ley 100 de 1993, el actual régimen pensional de prima media con prestación definida es, en esencia, el mismo de que trata el Acuerdo 49 de 1990. Tal conclusión surge claramente de los argumentos expuestos por algunos legisladores en el trámite que en el Congreso surtió el proyecto de Ley 155 de 1992 que dio origen a la expedición de la Ley 100 de 1993. En efecto, en la ponencia para el primer debate que en el Senado se dio a ese proyecto, se expresó por los ponentes, al explicar las adiciones y reformas a aquél introducidas: “El modelo de prima media se reforma pero se mantiene como alternativa. Prima media y capitalización se ofrecen como opciones, voluntarias para nuevos trabajadores o vinculados con posterioridad a la iniciación de la vigencia de la ley.” Y al describirse en ese mismo documento las características del régimen de prima media con prestación definida, que finalmente quedaron contenidas en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, en los mismos términos como se propuso en el texto de esa ponencia, se dijo: “El régimen de prima media con prestación definida puede compararse con el actual régimen de los seguros sociales obligatorios que en materia de invalidez, vejez y muerte administra el Instituto de Seguros Sociales. De hecho, serán aplicables al nuevo régimen las disposiciones vigentes que regulan dicha materia, con las modificaciones, adiciones y excepciones contenidas en el proyecto”. (Gaceta del Congreso. Año III. Nº 94, págs. 5 y 8).

“Que el régimen pensional de los Acuerdos del Seguro Social que reglamentaron el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte no se diferencie del de prima media con prestación definida y que, según el señalado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, a este último régimen se hallen incorporadas las normas de aquél que no hayan sido expresamente modificadas, ha permitido a la Corte concluir que en tratándose de prestaciones reconocidas en vigencia de la mentada Ley 100 de 1993 pero con base en las disposiciones del Acuerdo 49 de 1990, debe entenderse que la respectiva prestación ha sido conferida con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del mencionado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que, como se dijo, integró al régimen solidario de prima media con prestación definida las “disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, al preceptuar que esas disposiciones le serán aplicables a ese régimen, que, como es suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de pensiones”.

Ahora bien, importa anotar que la circunstancia de que las normas del Acuerdo 49 de 1990 formen parte del régimen de prima media con prestación definida no significa que todas ellas mantengan vigencia y que desplacen la aplicación de las de la Ley 100 de 1993, pues es claro que tendrán vocación jurídica de ser aplicadas, según el reseñado artículo 31 de ese estatuto, “…con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, esto es, en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la Ley 100 de 1993.

Por ello cumple apuntar que, precisamente, una de las modificaciones que introdujo la Ley 100 de 1993 fue la del requisito para obtener el derecho a la pensión de vejez en materia de cotizaciones, cuestión que ahora se gobierna por el artículo 33 de ese estatuto normativo.

Así las cosas, conforme se anotó con antelación, debe entenderse que la alusión efectuada al número mínimo de semanas de que trata el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es el fijado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la propia Ley 797 de 2003.

Sin embargo, ello será así siempre y cuando que el afiliado no sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en tal caso, y en tratándose de un afiliado al Seguro Social, por razón de los beneficios de ese régimen se le debe aplicar, en materia de densidad de cotizaciones, el régimen al cual se encontrara afiliado para el 1º de abril de 1994, que lo es el Acuerdo 49 de 1990, en particular su artículo 12, por así disponerlo el señalado artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Y lo anteriormente expuesto es así porque, en primer término, como quedó visto, las normas vigentes de ese acuerdo forman parte del régimen de prima media con prestación definida y, en segundo lugar, deben utilizarse en materia de edad, número de semanas cotizadas y monto de la prestación, para los beneficiarios del régimen de transición pensional.

Por consiguiente, concluye la Corte, que sí existió la violación sustantiva de la ley, de manera directa, en la modalidad de aplicación indebida, según lo expuesto. Por tanto, prosperan los cargos y se casará la sentencia de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y se procederá a proferir la sentencia de reemplazo en sede de instancia.

XII. Sentencia de instancia

Acreditado como está en el proceso, que el señor José Ramón Niño Vanegas, falleció el 26 de marzo de 2006 y dejó cotizadas 836,7143 semanas al ISS al 31/12/1994 y otras 218.5714 semanas entre el ciclo 1995-01 y el 2000-08, para un total de 1.055,28 semanas, equivalentes a 20.5 años de cotizaciones al sistema pensional, lo que se confirma con las historias laborales aportadas a folios 10-13 del cuaderno principal, el asegurado fallecido dejó causado el derecho a la prestación de sobrevivientes a favor de su beneficiaria, Flor de María Niño Márquez, en los términos del parágrafo 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 19193, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, conforme se analizó en sede de casación.

En este orden de ideas, según el parágrafo 1º de la norma citada «Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley».En el asunto bajo examen, el afiliado fallecido, para el 1º de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad y había cotizado más de 800 semanas al ISS, por lo que estaba amparado por el régimen de transición y tenía causado el derecho a la pensión de vejez.

Por consiguiente, en los términos de la citada normativa, en su caso debería aplicarse la norma anterior, que normalmente sería el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sin modificación, esto es, en su versión original, norma que exigía haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo. Sin embargo, por estar amparado por el régimen de transición, la norma aplicable es el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, que exigía igual guarismo de semanas cotizadas al sistema pensional, luego, dado que no se acreditó que el afiliado hubiera tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esa ley, su beneficiaria, es decir su compañera permanente Flor de María Niño Márquez, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de las normas precitadas.

En este punto, es importante precisar que si la pensión se ha concedido con base en el parágrafo 1º de la Ley 797 de 2003, artículo 12, necesario es entender que el monto de la prestación sería del 80% del que le hubiera correspondido en la pensión de vejez propia de la normatividad anterior aplicada por virtud de la transición, sin embargo como quiera que el juez de primera instancia, cuya decisión habrá de confirmarse, concedió la pensión en el equivalente a un SMLV, y no es procedente e cuantía inferior, ni corresponde a una superior, al mismo se atiene la presente decisión.

Consecuente con lo anterior, la decisión condenatoria de primer grado se confirma, pero por las razones legales y jurisprudenciales aducidas en esta providencia.

Además de lo anteriormente analizado, en cuanto a la referencia del replicante a que la demandante recibió el pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por valor de $ 5.097.457, conforme determinó el ISS en la Resolución 2022 de 2007 (fls. 2-3, cdno. ppal.), ello no es óbice para el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes, no solo por lo anotado en precedencia, sino porque, para cuando el causante falleció ya tenía el derecho causado y el ISS no debió hacer ese pago, sino reconocer a la demandante su derecho en los términos de la norma aplicable en su caso, a la cual ya se ha referido la Sala en estas mismas consideraciones.

Debe agregarse que en el presente caso, no hay lugar a ningún enriquecimiento sin causa para la actora, dado que el a quo autorizó en la providencia que se confirma que el ISS compensara los valores cancelados a la demandante «con ocasión del reconocimiento de la indemnización de sobrevivientes (sic)».

Dado lo fundado del cargo no se impondrán costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la fecha 25 de marzo de 2010, en el proceso ordinario adelantado por Flor de María Niño Márquez contra el Instituto de Seguros Sociales, sucedido por Colpensiones.

En sede de instancia se CONFIRMA la sentencia condenatoria de primer grado, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 17 de julio de 2009, complementada el 5 de febrero de 2010, por las razones aducidas en esta providencia.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».