Sentencia SL8463-2015 de julio 1º de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL8463-2015

Rad.: 47725

Acta 21

Bogotá, D.C., primero de julio de dos mil quince.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Gregorio Camargo Cardona contra la sentencia proferida el 8 de abril de 2010 por la Sala de Decisión Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso seguido por el recurrente contra el Banco Popular S.A.

I. Antecedentes

El recurrente llamó a juicio al Banco Popular S.A. con el fin de que se profiera condena en su contra por reliquidación de cesantías e intereses a las mismas; la indemnización convencional indexada por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del banco, la reliquidación del crédito convencional de vivienda, y la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que, el 27 de mayo de 1996, el actor inició a laborar y permaneció hasta el 27 de julio de 2005, cuando fue despedido sin justa causa, lo que da un tiempo de servicios de 9 años y 2 meses, durante el cual cumplió eficazmente con sus deberes; que el último salario promedio fue $1.510.423.48 pesos y que el último cargo fue el de oficinista tres integral de plataforma del banco; que, mediante comunicación 01285 del 15 de abril de 2005, con violación del debido proceso disciplinario establecido en la convención, el banco llamó al demandante de forma extemporánea a diligencia de descargos, a fin de que explicara la supuesta visación irregular ocurrida el 12 de noviembre de 2004, referente a la cuenta de ahorros de la cliente, Sra. Stella María Reyes Neira. Que el ex trabajador, durante la diligencia de descargos celebrada el 21 de abril de 2005, rindió las explicaciones solicitadas, demostrando que el documento que sirvió de fundamento a las acusaciones por parte del departamento de seguridad del banco era falso, circunstancia que había ocasionado la terminación del proceso de acuerdo con la convención colectiva, y dejó sin efectos los cargos imputados al actor, como, según su decir, lo demostraba la comunicación en la que el banco notificó esta decisión; que la entidad convocada a juicio, mediante la comunicación DP 01379-2005 de abril 22 de 2005, le comunicó al actor que “deja sin efecto ni validez las comunicaciones DP 1263 y DP1264 de abril 15 de 2005”, sin justificar esta decisión.

Aseguró el actor que, con violación al debido proceso disciplinario convencional y del principio non bis in ídem, el banco mediante oficio D.P.02079 del 23 de junio de 2005, llamó al demandante a diligencia de descargos por el mismo hecho que le había imputado en el mes de abril de 2005; precisó, en la demanda, lo que había dicho el ex trabajador en el acta de descargos del 6 de julio de 2005, sobre que “…durante el proceso disciplinario que se me adelantó, quedó claro que en el documento aportado por el señor… Medina Manrique, no aparece mi firma. Por eso no entiendo cuál es la razón por la cual vuelvo a ser llamado por los mismos cargos esta vez, si el documento que lo soportaba resultó fraudulento”. Refirió a lo declarado por el actor en el acta de descargos en relación con el procedimiento para las operaciones de visación por internet que era utilizado en la calle 14; aseveró que él nunca visó el fax o fotocopia del formato de activación y asociación de cuentas para transferencia vía internet, a la que hacía referencia el banco en la carta de despido, pues sostuvo que él siempre que recibía un formato pre impreso de “activación de internet y autorización de transferencia entre cuentas”, verificaba el correcto diligenciamiento de todos los datos contenidos en el documento; negó que hubiese tomado la huella digital y la firma de la cliente del banco, Sra. Reyes Neira; dijo que ninguna de las firmas de los formatos de “activación de internet y autorización de transferencia entre cuentas”, señalados en el acta de descargos del 5 de julio de 2005 fue suscrita, autorizada, ni visada por él; que el 27 de julio de 2005, el banco despidió al actor en forma unilateral y sin justa causa.

Por último sostiene que, a la terminación del contrato, el banco no pagó al actor las prestaciones sociales e indemnizaciones legales y convencionales debidas; que, en el artículo 4º literal c) de dicha convención, se convino la indemnización indexada por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del banco; y que, durante la vigencia de la relación laboral, la demandada le otorgó al actor un préstamo para la adquisición de vivienda, al 4% anual y a 15 años de plazo, condiciones que, con posterioridad al despido, fueron variadas por el banco en perjuicio del demandante.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones, por considerar que el despido del actor fue con justa causa; dijo que este se debió a motivos que demuestran una actuación negligente y lesiva de los intereses del cliente y del banco, en razón al incumplimiento de sus obligaciones legales, contractuales y reglamentarias; que estos hechos, además, se encuentran calificados como graves en el reglamento interno de trabajo del banco y configuran una grave omisión a lo reglamentado en el manual de controles; que, igualmente, esa conducta había violado lo dispuesto en el boletín extraordinario 963-42-304 del 12 de octubre de 2002. Que, por otra parte, no existía fundamento para proceder a reliquidar el auxilio de cesantía, los intereses y el reajuste del crédito convencional de vivienda, toda vez que el banco había cancelado todas las prestaciones del actor de conformidad con la ley; por tanto, tampoco procede la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Sobre los hechos, aceptó la relación laboral y los extremos,pero aclaró que el contrato de trabajo tuvo 6 días de interrupción con ocasión de una sanción disciplinaria y que la conducta del actor no fue intachable, como él había dicho, por cuanto tuvo varios llamados de atención por escrito; negó que el banco hubiese sancionado al ex trabajador dos veces por el mismo hecho; que el banco había citado a descargos al actor, pero, el 15 de abril de 2005, fueron recibidos nuevos medios de prueba, en el departamento de seguridad, y por ello, mediante escrito del 22 de abril de 2005, el banco recogió esa comunicación, con el único objeto de asegurar un debido procedimiento administrativo frente al fraude por desvío de dineros que se encontraba investigando; que la diligencia del 21 de abril de 2005 nunca se dio, debido a que se encontraron nuevos medios de prueba, por lo que actuó en la forma explicada atrás; aceptó que dejó sin efectos los oficios DP 1263 y DP1264 del 15 de abril de 2005, correspondientes a la citación a descargos al trabajador y al sindicato, pero negó el hecho de no haber justificado tal decisión, toda vez que, sostuvo, allí se informó que esa decisión obedecía a los nuevos medios de prueba que había aportado el señor Medina Manrique, jefe de la división administrativa de la oficina calle 14; que ante los nuevos medios de prueba allegados, como ya lo había dicho, suspendió la diligencia de descargos programada para el 18 de abril, y que, una vez estudiadas, citó para diligencia de descargos el 6 de julio de 2005, en atención a que el sindicato había solicitado su aplazamiento; le atribuyó al actor haber visado la fotocopia del formato de activación y asociación de cuentas para la transferencia vía internet que permitió el hurto de dinero, mediante desvío de dineros por internet la suma de $132.606.613 de la cuenta de ahorros 210-070-55831-7 perteneciente de la Sra. Reyes Neira.

En su defensa, propuso las excepciones de prescripción, falta de causa, pago, de buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y la genérica.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 26 de septiembre de 2007, folio. 350 y ss., absolvió a la demandada y declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación.

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 8 de abril de 2010, confirmó la sentencia de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró que el meollo de la controversia dentro del presente proceso giraba indudablemente en torno a la forma como finalizó el contrato entre las partes, toda vez que la parte actora señalaba que lo fue de manera injusta e imputable al empleador, y la parte demandada afirmaba que se debió a una justa causa, por lo que solicitaba ser exonerada de las consecuencias respectivas.

Tras lo anterior, estimó que debía abordar la problemática a partir de tres aspectos: i) realizar el estudio probatorio en orden a determinar la ocurrencia de las faltas mencionadas en la carta de despido; ii) determinar si las faltas allí referidas fueron cometidas por el trabajador, y iii) concluir si estas tienen la entidad de gravedad anunciada en la carta citada de manera tal que constituyen justas causas de despido, según lo dispuesto tanto en el reglamento interno de trabajo, como en el Código Sustantivo del Trabajo que rige las relaciones laborales entre particulares.

Sobre i) la ocurrencia de las faltas endilgadas, estableció, en primer lugar, que el 18 de abril de 2005, el banco le había imputado al actor el haber incurrido en las siguientes conductas:

1. Hurto perpetrado mediante el desvío de dineros por internet de la cuenta de ahorros de una de las oficinas de la entidad, lo que causó graves perjuicios para el banco.

2. Visar el formato de traslado de cuentas de manera irregular con omisiones en su diligenciamiento.

Anotó que debía constatar la comprobación efectiva de esas irregularidades y, con este propósito, se remitió a la documental de folios 139 a 146 del expediente, constitutiva del resultado de la investigación interna realizada por la entidad bancaria por parte del grupo de seguridad, del cual dedujo que, el 22 de diciembre de 2004, una cliente del banco había intentado retirar la suma de $3.000.000, momento en el cual ella había advertido una insuficiencia de fondos, cuando, según sus extractos, debía tener una cantidad de $133.137.761.79, dinero este que había sido retirado, de forma fraudulenta, mediante transferencias vía internet a dos cuentas de ahorros, una del mismo banco, y otra de AV Villas. Que, en el citado informe, se habían expuesto los hechos relativos a la forma en que se efectuó la afiliación por internet sin autorización de la titular, pues la cuentahabiente nunca la había solicitado.

Que esa investigación había llevado a la conclusión de que “lo ocurrido obedeció al incumplimiento de los controles y procedimientos por parte del funcionario encargado del proceso de visación en la sección de ahorros para ilegitimizar (sic) la operación, al no dar estricto cumplimiento a lo reglamentado en el Manual de controles capítulo 2º numeral 2.3.8 transferencia de fondos” (fl. 141).

El tribunal dedujo que con tales documentos se establece cómo se desviaron de manera fraudulenta dineros de la cuenta de una de los clientes y concluyó que las pruebas mencionadas determinaban de manera inequívoca que, al interior del banco, ocurrieron las irregularidades que habían sido señaladas en la misiva de despido al trabajador, por lo que emprendió enseguida la tarea de establecer si tales faltas tuvieron como autor o responsable al demandante, según se había afirmado en dicha comunicación.

En lo que tiene que ver con ii) la autoría del demandante de las faltas señaladas en la misiva de despido, dijo el juez de alzada que este era justamente el punto de la disconformidad del apelante, en tanto sostenía que, dentro del proceso, no se había demostrado que el accionante hubiese realizado las conductas reprochadas por el banco.

Al respecto estimó que al proceso se habían arrimado pruebas de carácter documental y testimonial; que, entre las primeras, se encontraban a folios 147 a 154, complemento a la investigación inicial, de donde se colegía que las inconsistencias presentadas en el traslado fraudulento de fondos obedecieron a conductas omisivas por parte del demandante, pues había sido él quien había visado el formato de activación y asociación de cuentas para transferencias vía internet, sin tomar en cuenta la voluntad de la usuaria para proceder en ese sentido.

Igualmente anotó que las pruebas de orden testimonial de folios 287 a 311, conducían a esclarecer que las acciones reprochadas anteriormente, fueron ejecutadas por el promotor del presente proceso; que dichos testigos coincidieron al afirmar que el accionante había desviado los fondos mediante uso del internet de manera fraudulenta, en ejercicio de una función a su cargo; que, así mismo, obraba en el proceso el acta de descargos que fueron rendidos por el actor, en la cual este había negado las irregularidades que fueron endilgadas, folios 42 a 51.

Dicho lo anterior, concluyó que los testimonios y lo expuesto en la investigación de seguridad interna le permitían colegir que, dentro del plenario, se había demostrado que el demandante incurrió, al menos, en una de las irregularidades referidas, es decir, que, en ejercicio de su actividad laboral, omitió las medidas de control en la visación para el traslado de fondos, y que, en todo caso, había obrado de manera negligente.

Además, anotó que debía señalarse que el accionante estaba en plenas condiciones para efectuar tales funciones con diligencia y responsabilidad, ya que, según la documental arrimada al proceso obrante a folios 206 a 213 y 184 a 186, al ex trabajador le fue puesto en conocimiento un manual de funciones y una descripción de funciones que conocía suficientemente.

Una vez dio por comprobada la autoría del ex trabajador en las conductas a que hace referencia la carta de despido, procedió a determinar iii) la gravedad de tales faltas.

Consideró que hacer el estudio mencionado era imprescindible, dado que, en la carta de despido, folios 121 a 122, el empleador había indicado las conductas que constituían la justa causa para finalizar el vínculo; refirió que, al respecto, el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, determina en el literal a) numeral 6 que constituye justa causa de despido por parte del empleador cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que le incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales o contratos individuales o reglamentos; e invocó la obligación especial de los trabajadores contenida en el artículo 58 ibídem, consistente en realizar personalmente la labor, en los términos estipulados, y observar los preceptos del reglamento, y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que, de modo particular, le impartan el empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido.

Recordó que, dentro del proceso, había quedado demostrado que el accionante era quien había incurrido en las faltas, al menos en lo que tocaba con sus conductas omisivas al llenar los formatos para traslados de cuentas, y que le fue señalada en la carta de despido, situación que, a la larga, implicó un grave perjuicio económico para la entidad crediticia.

Sobre la gravedad, dijo que no se requería de mayores esfuerzos para entender que las transacciones bancarias deben estar precedidas de la transparencia y legalidad, de manera tal que eso es lo que hace que los usuarios depositen su confianza en una determinada entidad bancaria a fin de que sea esta quien maneje sus dineros, sus activos o sus créditos, relación comercial que bajo esa perspectiva tiene como principal fundamento la confianza. Agregó que, de manera diáfana, se podía ver la gravedad de la conducta en la que incurrió el actor al haber visado de manera incorrecta los formatos de traslado de cuentas, conducta que, para el juez colegiado, evidenciaba su negligencia en la labor encomendada y que se torna grave, pues, con ella, no solo afectó la credibilidad y confianza que los clientes depositaron en el banco, sino que también afectó la credibilidad que estos inspiran respecto de terceros y no, precisamente por una actuación propia, sino por la actuación descuidada de un agente del banco, en ese caso, el actor.

Consideró tal proceder desconocedor de las obligaciones especiales que le son atribuibles a todo trabajador en el ejercicio de sus funciones, las que deben ser ejecutadas en los términos en que lo estipula la entidad, para lo cual, precisamente, es que brinda las capacitaciones, a fin de que las labores se ajusten a las instrucciones que allí se imparten, con lo que se busca que el ejercicio de las mismas sea ejecutado de manera que consulte con los fines trazados por la empresa; así fue como el juzgador arribó a la conclusión de que, al desconocer los lineamientos que le fueron suministrados a través del manual de funciones, el trabajador había vulnerado una de las obligaciones a las que estaba sujeto, cuyo desconocimiento se erige por el numeral 6, literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, como una justa causa de despido, la cual calificó de proporcionada y ajustada, de acuerdo con la gravedad de la conducta desplegada por el ex trabajador, y negó que fueran atribuiblesa la persecución y hostigamiento que el demandante había señalado.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

El trabajador demandante pretende que se case la sentencia impugnada en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado, para que esta corporación, obrando en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y, en su lugar, condene al banco a pagar al actor la indemnización convencional, debidamente indexada por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del banco, prevista en el artículo 4º literal c) de la convención colectiva de trabajo del 28 de mayo de 1992, así como a reliquidar el crédito convencional de vivienda y a cancelarle la moratoria, proveyendo en costas como corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos que fueron objeto de réplica.

VI. Cargo primero

Señala que la sentencia impugnada transgredió indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 4º, 25, 53 y 229 de la Constitución Nacional; 1, 9, 13, 14, 19, 21, 47, 55, 59 ordinal 9, 62, 64 modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, 467, 468, 469, 470 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 7, 8, 17, 37 y 38 del D.L. 2351 de 1965; 6 de la Ley 50 de 1990; 1494, 1495, 1502, 1508, 1513, 1613 a 1617, 1626, 1648, 1649 y 1973 del Código Civil; 8 de la Ley 153 de 1887; 51, 52 modificado por el artículo 23 de la Ley 712 de 2001; 55, 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social; 174, 175, 177, 252 modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, 253, 254 y 268 del Código Procedimiento Civil.

Afirma la censura que la infracción denunciada sobrevino a consecuencia de los siguientes errores manifiestos de hecho en que, según su dicho, incurrió el ad quem:

1. No dar por demostrado, siendo evidente, que no existió relación de causalidad inmediata entre el despido efectuado el 27 de julio de 2005 y el hecho invocado por el banco para justificarlo, que data del 12 de noviembre de 2004.

2. No dar por acreditado, estándolo, que el banco, por el mismo hecho del despido, dio por terminado el proceso disciplinario originado en la supuesta falta cometida el 12 de noviembre de 2004, al notificarle al actor que lo dejaba “sin efecto ni validez”.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el trabajador demandante incurrió... en una de las irregularidades”, al omitir las medidas de control de la visación para el traslado de fondos y que “obró de manera negligente”.

4. Dar por acreditado, sin ser cierto, que el actor fue quien llenó los formatos para traslados de cuentas, situación que implicó un “grave perjuicio económico para la entidad crediticia”.

5. Dar por probada, contra toda evidencia, que el despido del actor fue por justa causa.

6. No haber dado por acreditado, siendo evidente, que el despido del demandante fue injusto y que por ende, procedía el pago de la indemnización convencional reclamada y la reliquidación de su crédito de vivienda.

Para el impugnante, los anteriores yerros se derivaron, a su vez, de la equivocada apreciación de los siguientes medios de convicción:

Pruebas mal apreciadas:

1. Carta de despido del 27 de julio de 2005 (fl. 121-122).

2. Comunicación 926-0410-05 del 13 de abril de 2005 de la asistencia de seguridad de Bogotá D.C. (fls. 139 a 146).

3. Comunicación 926-0411-05, del 13 de abril de 2005 de la asistencia de seguridad de Bogotá D.C. (fls. 147 a 150).

4. Comunicación sin firmas Nº 926-05 del 27 de abril de 2005, de la asistencia de seguridad de Bogotá D.C. (fls. 151 a 154).

5. Acta de descargos de folios 42 a 51.

6. Manual de funciones, sin firmas, de folios 184 a 186 y 206 a 213.

7. Los testimonio de José Genis Montoya (fl. 287-289), Emigdio Nel Triana López (fl. 300-303), Nancy Pérez Monroy (fls. 304-306) y Victoria Eugenia Granda Quijano (fls. 306 0311).

Pruebas dejadas de apreciar:

1. Comunicación 01263-2005, del 15 de abril de 2005 dirigida por el banco a la UNEB. (fl. 42 043).

2. Comunicación dirigida por el banco demandado al actor, O.P. 01379 del 22 de abril de 2005 (fl. 44).

3. Convención colectiva de trabajo signada el 28 de mayo de 1992, con constancia de depósito. (fls. 21 a 41).

4. Certificación de afiliación y paz y salvo expedida por la Unión Nacional de Empleados Bancarios “Uneb”. (fl. 52).

5. Pagaré de folios 232 a 234.

Demostración

El recurrente parte de la carta de despido del 27 de julio de 2005 (fls. 121 a 122), de la que, afirma, solo prueba ese hecho, más no, su justificación, y del postulado (Sent. 7533/1995, jun. 28/95) según el cualesa misiva “emanada del mismo empleador, es impropia para acreditar los hechos en que se funda el despido”, ibídem, de donde colige que se evidencia, a simple vista, que el hecho medular de la controversia radica en la presunta visación o autorización que injustamente se le atribuyó al actor, de la activación y asociación de cuentas para transferencias vía internet, de la cuenta de ahorros 210-070-55831-7 de la señora Stella María Reyes Neira, lo que, al parecer, generó un desvío de dineros por la suma de $132.606.613.00, hecho acaecido el 12 de noviembre de 2004.

Copió lo que asentó el tribunal así: “Dentro del proceso quedó demostrado que el demandante fue quien incurrió en las faltas, al menos en lo que respecta a sus conductas omisivas al llenar los formatos para traslados de cuentas, y que le fue señalada en la carta de despido, situación que a la larga implicó un grave perjuicio económico para la entidad crediticia”.

Refirió que el tribunal subrayó que el hecho genitor del despido se produjo el 22 de diciembre de 2004:

cuando una cliente del banco intentó retirar la suma de $3.000.000, momento en el cual advirtió una insuficiencia de fondos, cuando según sus extractos debía tener una cantidad de $133.137.671.79, dinero que fue retirado fraudulentamente mediante transferencias vía internet a dos cuentas de ahorros, una del Banco Popular y otra de AV Villas.

Para el objetor de la sentencia, el juez colegiado basó su desatinada conclusión en documentos internos elaborados por el mismo banco, pro domo sua, esto es a su favor, y sin la participación del trabajador, donde según esa colegiatura: “se exponen los hechos relativos a la forma en que se efectuó la afiliación por internet sin autorización del titular, pues ella nunca la solicitó”.

El recurrente estima imperioso llamar la atención de esta Sala, sobre la fecha de la presunta comisión del hecho que originó el despido, ya que el banco sospechosamente guardó silencio en su infausta misiva de folios 121 a 122, limitándose a hablar del “Hurto perpetrado mediante el desvió de dineros por internet de la cuenta de ahorros de la oficina calle catorce Nº 210-070-55831-7, cuya titular es la Señora Stella María Reyes Neira...”, pero sin contextualizar ese trascendental episodio en el tiempo, todo, alega, para ocultar, deliberadamente y de mala fe, la extemporaneidad de la medida, pues no otra conclusión puede brotar en sana lógica de semejante omisión.

Acusa al tribunal de no acertar en la fecha de la supuesta comisión del hecho, ya que, ab initio, optó por mencionar la relativa a la imputación del cargo, 18 de abril de 2005 (fl. 408), para luego apuntar que fue el 22 de diciembre de 2004, cuando “una cliente del banco intentó retirar la suma de $3.000.000...”.

Califica esto de un yerro colosal del juez de alzada, porque el documento de folio 42 a 43, O.P. 01263 del 15 de abril de 2005, mediante el cual el Banco Popular S.A. convocó a la UNEB para que asesorara al actor en sus descargos, citó de manera inequívoca la fecha real de ese acontecimiento, el mismo que originó el despido del accionante, al decir que “... en su condición de oficinista 30 integral de la oficina Calle Catorce, visó irregularmente el día 12 de noviembre de 2004, el formato de activación y asociación de cuentas para transferencia vía internet, a la supuesta cliente… Reyes Neira a quien le fueron hurtados mediante desvío de dineros por internet de su cuenta de ahorros Nº 210-070-55831-7 la suma de $132.606.613.00, como resultado de la inobservancia de los controles y procedimientos reglamentados en el proceso de visación para la activación a internet de cuentas en la oficina...” (resalta la censura).

Concluye que los hechos por los que fue desvinculado el trabajador, acaecieron incontestablemente el 12 de noviembre de 2004, fecha que contrasta con la del despido del trabajador del 27 de julio de 2005 (fls. 121-122), lo que significa que medió un lapso de 8 meses 15 días, de donde surge evidente el yerro fáctico denunciado, pues el ad quem, ante semejantes circunstancias, ha debido inferir que no existió relación de causalidad inmediata entre el despido y el hecho invocado por la demandada para justificarlo, como ha postulado pacíficamente esta corporación en múltiples pronunciamientos, uno de ellos contenido en sentencia del 30 de junio de 2005, rad.24821, cuyo aparte pertinente trascribe.

Considera evidente que el tribunal, seducido indudablemente por la carta de despido de folios 122 y 123, no se ocupó de establecer la fecha de los hechos relacionados con las presuntas “conductas omisivas al llenar los formatos para traslados de cuentas y que le fue señalada en la carta de despido...” (fl. 410), y esta fue la razón, manifiesta, por la que la postura de esta Corte pasó desapercibida, ya que, de no haber sido así, siguiendo los postulados de esta corporación, el tribunal habría concluido que el despido fue injusto, por cuanto no existió inmediatez, ni relación de causalidad próxima entre este y el hecho invocado por el banco para justificarlo, situación que tipifica el error de hecho censurado, máxime que, como es palmario según su decir, la entidad financiera, al enterarse del hecho, citó a la UNEB, para que asesorara en los descargos del actor, en la misiva del 15 de abril de 2005 —D.P 01263-2005—, indicando, sin ambages, que la visación del formato de activación y asociación de cuentas para transferencias vía internet de la cliente Reyes Neira, titular de la cuenta 210-070-55831-7, se presentó el 12 de noviembre de 2004, relato que coincide textualmente con lo afirmado por el banco en la carta de despido de folios 121 y 122.

Le atribuye al tribunal, otro error que, en su criterio, se desprende del anterior, cual es el que el tribunal, al no haber tenido en cuenta la comunicación DP 01379 del 22 de abril de 2005 visible a folio 44, ignoró que el banco le notificó al demandante, desde aquella época, que dejaba “sin efecto ni validez las comunicaciones DP 1263 ... de abril 15 de 2005”, en la que se le endilgó al actor el mismo hecho mencionado en la carta de despido, es decir, que como “Oficinista 3º integral de la oficina San Diego, ... visó irregularmente el día 12 de noviembre de 2004, el formato de activación y asociación de cuentas para transferencia vía internet a la supuesta cliente …Reyes Neira, a quien le fueron hurtados mediante desvío de dineros por internet de su cuenta de ahorros 210-070 55831-7, la suma de $132.606.613, como resultado de la inobservancia de los controles y procedimientos reglamentarios en el proceso de visación para la activación a internet de cuentas en la oficina, incumpliendo por consiguiente el mencionado funcionario con lo reglamentado en el Manual de controles capítulo 2 numeral 2.3.3 a 2.3.5 retiros por terceros mayores a 13 smmlv párrafo segundo y 2.3.8 visación de firma y condiciones de manejo ...” (resalta la censura, fls. 42 a 44).

Para el impugnante, con fundamento en estas pruebas, el tribunal debió colegir, como epílogo, que los cargos imputados al actor quedaron sin efecto, porque el banco, basado en las nuevas pruebas aportadas y expuestas por el jefe de división administrativa de la oficina Calle Catorce, Señor Orlando Medina Manrique, como se afirmó en la otra documental no apreciada de folio 44, así lo dispuso, y, en tal virtud, mal podía el tribunal ignorar la categórica y paladina voluntad del empleador.

En cuanto a los yerros singularizados en los numerales 3, 4 y 5, asevera el recurrente que se derivaron axiomáticamente de la errónea apreciación de las comunicaciones 926-0410-05 (fls. 139 a 146) y 926-0411-05, ambas del 13 de abril de 2005 (fls. 147 a 150); y 926-05 del 27 de abril de 2005 (fls. 151 a 154), en las que se apoyó el ad quem y que no ha debido apreciar, alega, por tratarse de informes internos dirigidos por la gerencia de seguridad del banco a la gerente de banca personal, Adriana Mejía Echeverry, es decir, de una prueba secreta confeccionada a la medida y antojo de la entidad y a espaldas del trabajador, el último de los cuales, ni siquiera tiene firmas responsables, vale decir que es apócrifo, anota, por lo que nada compruebancontra el trabajador, por provenir de la parte interesada en acreditar hechos que le favorecen, que, por lo tanto, son inoponibles a la parte contraria, como lo ha señalado la jurisprudencia al instruir que las partes no pueden fabricar sus propias pruebas, por lo que, afirma, huelgan más comentarios y, si esto es así como en efecto lo es, prosigue el recurrente, las aserciones del tribunal basadas en esas documentales, tipifican los yerros apuntados y ameritan la casación de la sentencia.

En cuanto al acta de descargos de folios 42 a 51, si como dijo el tribunal “tras ponerle de presente las irregularidades a él endilgadas este negó la ocurrencia de esas circunstancias”, su evocación solo sirve para corroborar la inocencia del trabajador, quien efectivamente siempre ha proclamado total ajenidad a los hechos, y ha sostenido, sin ser oído, que nunca autorizó con su firma ese traslado vía internet, aserto que, por la fatalidad del destino, lo convirtió en “chivo expiatorio”, a quien, por antonomasia, se culpa de todo sin razón. Por lo demás, alega, este documento no contiene confesión alguna que pueda perjudicar al trabajador y beneficiar a la parte contraria, como es de la esencia de esta clase de probanzas, pues solo contiene aclaraciones a su favor, como aquella según la cual, sobre esos hechos, ya se le había adelantado otra diligencia y que, según Orlando Medina Manrique (fl. 44), en el documento visado no aparece su firma, sino que esta fue calcada como la de la Señora María Stella.

En cuanto al manual de funciones de folios 184 a 186 y 206 a 213, considera el impugnante que, de una parte, per se, no demuestra la presunta falta cometida y, de otra parte, en su texto no aparece la firma de recibido por el demandante. Adicionalmente, objeta que se tratan de documentos carentes de autenticidad, por faltar la firma responsable, y, en tal virtud, el ad quem no los ha debido apreciar. Se refiere a lo dicho por la doctrina de antaño, sobre que el documento privado no auténtico, es decir, sin firma, “carece totalmente de valor probatorio contra terceros y entre las partes, lo mismo que de fuerza obligatoria entre estas y sus causahabientes...”. Como, a contrario sensu, fueron utilizadas por el juez colegiado para edificar su fallo, concluye que el yerro fáctico criticado se dio, porque quiere decir que si el banco no probó la existencia de estos reglamentos y su entrega material al actor, mal podría pregonar la omisión de sus funciones y asentar lo contrario; estima que esto repugna a la razón, amén de que tipifica, de análoga manera, una vía de hecho.

Da por demostrado el error sobre la prueba calificada, entonces considera que procede el examen del medio probatorio que no tiene esa peculiaridad, de acuerdo con la restricción prevista en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Señala que las deducciones del tribunal faltan a la veracidad, porque lo cierto fue que ninguno de los declarantes citados hizo semejantes afirmaciones y que antes, por el contrario, José Genis Montoya, lo que declaró fue que al actor lo despidieron “porque apareció una inicial o señal de visación el cual no era de él, estuvimos en la diligencia de descargos”. Que este testigo también había añadido que el banco nunca les facilitó su peritazgo y que la conducta del trabajador fue “intachable” (fls. 288-289). De la valoración de la declaración de Emigdio Nel Triana López aseguró que este había relatado que el demandante dos veces rindió explicaciones por el mismo hecho: “... La primera vez el proceso disciplinario ya había concluido sin ningún tipo de sanción por parte del banco ya que no se había establecido clara responsabilidad de Gregorio. Además se pudo corroborar durante ese proceso o por lo menos así lo calificamos las partes, que el chulo o la firma digamos que aparecía en el documento no correspondía a Gregorio” y que el actor siempre observó “una conducta intachable”. (destaca la censura, fl. 301).

De la versión de la señora Nancy Pérez Monroy, ingeniera de sistemas y asesora de seguridad, anota que ella ni siquiera conoció al actor, como tampoco los motivos de su despido; no supo desde cuando operaron los retiros por internet, ni si existe o no reglamentación al respecto, y que aclaró con absoluta certeza algo muy importante que el tribunal paso inadvertido: Que “Los retiros como tal no se visan ni se autorizan se habilita un servicio solicitado por el cliente, para que él pueda hacer sus transacciones vía internet”, (fl. 305 y 306) luego lo de la visación argumentada por el banco es una falacia, según esta funcionaria de seguridad de la entidad. Que, finalmente Victoria Eugenia Granda Quijano, asistente de la casa matriz de la gerencia, dijo no conocer al actor, sin embargo afirmó respecto del Señor Gregorio Camargo que “no me consta que haya hecho la activación”; que esta había aclarado que no estuvo presente en la fecha y hora de la visación, porque, según ella, la investigación se adelantó sobre hechos cumplidos. Que ella había insistido en que “No vi directamente al señor Gregorio Camargo efectuar la visación” y en que no conoció la carta de despido; que ella había advertido que los funcionarios de plataforma que intervinieron fueron el actor y Juan Carlos, cuyo apellido no recordó, que no tomó las muestras de las firmas o chulos del demandante y que fue con posterioridad al 27 de julio de 2005, esto es, después del despido, que el banco “emitió alguna reglamentación” sobre los retiros por internet (fl. 309).

Estima el recurrente que, a pesar de que su dicho no afecta al actor, el tribunal ha debido tener en cuenta que es un testigo de oídas, y por ello indigna de credibilidad, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y al criterio de conocidos doctrinantes; de donde deduce que el tribunal llegó a una conclusión totalmente contraevidente que hace ruborizar a la majestad de la justicia.

Agrega que, si el tribunal no hubiera incurrido en los yerros censurados, habría reconocido que el trabajador no fue negligente, ni omisivo; que el despido fue injusto y, por ende, habría revocado el fallo del a quo y condenado al banco accionado al pago de la indemnización prevista en la convención colectiva de trabajo signada el 28 de mayo de 1992, aportada con constancia de depósito (fls. 21 a 41), aplicable al actor dada su condición de beneficiario, como se demostró fehacientemente con la certificación de afiliación y paz y salvo expedida por la Unión Nacional de Empleados Bancarios “Uneb”. (fl. 52). Y que, de análoga manera, habría señalado que procede la reliquidación de su crédito de vivienda según el pagaré de folios 232 a 234, ya que, al ser injusto el despido, el banco no podía reducir el plazo a una tercera parte del término faltante, ni reajustar los intereses a la tasa de interés corriente certificada por la Superintendencia Financiera.Que, finalmente, habría condenado al pago de la indemnización moratoria, dada la innegable mala fe con que actuó la entidad demandada a partir del 27 de julio de 2005.

Suplica a esta Corte que, en sede de instancia, además de las consideraciones anteriores, tenga en cuenta que el actor laboró durante 9 años, 2 meses y un día, vale decir 3301 días, los cuales, multiplicados por un salario diario de $50.347.45 ($1.510.423.48 mensual), le corresponde, según la convención colectiva de trabajo prenombrada, por el primer año 98 días; por los 8 años subsiguientes: 616 días; por 2 meses: 12.83 días y por un día 0.21, para un gran total de 727 días, que al multiplicarlos por $50.347.45, arroja una indemnización total de $36.604.973.18, suma que al ser indexada de acuerdo al criterio jurisprudencial vigente.

VII. Réplica

La parte opositora no está de acuerdo con los yerros fácticos señalados por el recurrente, puesto que considera que el ad quem hizo la valoración de las pruebas calificadas como debía; y que, en tal caso, tampoco procede la acusación respecto de prueba calificada. Sobre la falta de inmediatez a la que se contrae gran parte de la acusación, anotó el replicante que la censura omitió tener en cuenta que la señora Reina Reyes le informó al banco lo sucedido hasta el 11 de enero de 2005, por haberse encontrado incapacitada, quien así lo había relatado en su declaración de folios 321 y 324, y reiterado en sus manifestaciones que fueron consignadas en las documentales de folios 127 y 128. Que el impugnante omitió referirse al interrogatorio de parte del accionante, donde este había admitido la ocurrencia de los hechos, que conocía el manual de funciones, como también que las firmas que aparecen al folio 160, recaudada en la investigación interna a través de examen grafológico, era de su autoría.

En síntesis sostiene que el recurrente trata de ocultar procedimientos y se apoya en relatos parciales de algunos de los eventos que surgieron desde la comisión del hecho y por el manejo mismo que generó esa ilegal situación; además que, por el hecho de que el banco hubiese recogido unas comunicaciones relacionadas con el trámite disciplinario, tal proceder no implicaba que la investigación se hubiese detenido.

VIII. Consideraciones

Corresponde a esta Sala, en primer lugar, precisar, respecto a la petición de nulidad propuesta por el antagonista del recurso, folio 38 y ss., en cuanto estima que no hay interés jurídico para recurrir en casación, en razón a que, sostiene, con la demanda de casación interpuesta se aspira a que se condene únicamente al pago de la indemnización por despido debidamente indexada, que esta es a todas luces infundada.

Para efectos de determinar el interés para recurrir en casación, este se calcula teniendo en cuenta el perjuicio que la sentencia impugnada infiere al recurrente, y, si quien acude en casación es el demandante como es el caso del sublite, se establece conforme al monto de las pretensiones de la demanda inicial que le fueron adversas, teniendo en cuenta para ello las materias que fueron objeto de apelación y la fecha de la sentencia, “…y no, como parece entenderlo el replicante, por el valor económico que pueda representar el alcance de la impugnación de la demanda en el recurso extraordinario. Por manera que, el objeto perseguido en la demanda de casación no afecta el interés jurídico para recurrir, dado que éste se define por el contenido de la sentencia atacada, en tanto aquél lo establece la parte interesada en ejercicio de su autonomía para plantear la impugnación”(1).

El ad quem concluyó que el despido del actor fue con justa causa, luego de determinar que i) los hechos atribuidos en la carta de despido, se originaron con la activación en internet de la cuenta de una cliente sin su autorización, en virtud de la cual le fueron sustraídos $133.137.761,32, de forma fraudulenta, a través de transferencias vía internet a dos cuentas de ahorros, y que, según la investigación interna del banco (fls. 139 a 146), lo ocurrido se debió al incumplimiento de los controles y procedimientos por parte del funcionario encargado del proceso de visación en la sección de ahorros, lo que dio lugar a la operación ilegítima, al no haber dado estricto cumplimiento a lo reglamentado en el manual de controles, capítulo 2 numeral 2.3.8 transferencia de fondos, folio 141.

Así mismo, estableció ii) que tanto los testimonios y lo expuesto en la investigación de seguridad interna del banco, permitían colegir que, dentro del plenario, se había demostrado que el accionante incurrió, al menos, en la omisión de las medidas de control en la visación para el traslado de fondos, y que, en todo caso, había obrado de manera negligente, con la precisión de que el extrabajador se encontraba en plenas condiciones para cumplir esas funciones con diligencia y responsabilidad, ya que, según la documental visible a folios 184 a 186, al extrabajador le fue puesto en conocimiento un manual de funciones y una descripción de estas que conocía suficientemente.

Por último, asentó que iii) la conducta comprobada del accionante en relación con sus omisiones al llenar los formatos de traslado de cuentas que le había sido señalada en la carta de despido, situación que, a más de evidenciar una grave negligencia, a la postre implicó un perjuicio para el banco, pues con ella había afectado la credibilidad de la entidad y la confianza depositada por los clientes, por lo que concluyó que se había configurado la justa causa contenida en el numeral 6, literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

Mediante acusación formulada por la vía indirecta, el recurrente se propone poner en evidencia que el juez colegiado se equivocó por cuanto, a su juicio, no cabe duda de que el despido fue injusto en tanto que i) no existió relación de causalidad inmediata entre el despido del actor efectuado el 27 de julio de 2005 y el hecho invocado por el banco para su justificación que data del 12 de noviembre de 2004; ii) que el banco, por el mismo hecho del despido, había dado por terminado el proceso disciplinario al notificarle que lo dejaba “sin efecto ni validez”; y iii) dar por demostrado, sin ser cierto, que el actor fue quien llenó los formatos para traslados de cuentas, situación que implicó un grave perjuicio económico para la entidad crediticia.

Los argumentos relacionados con la validez de las pruebas, desde ya se rechazan por cuanto no pueden ser estudiados en un cargo por la vía indirecta.

En la demostración del yerro referente a la falta de inmediatez del despido respecto de la causa alegada por la entidad financiera, la censura se remite a la carta de despido de folios 121 a 122, para achacar al tribunal su errada apreciación, puesto que, según su dicho, el banco guardó silencio en la citada carta sobre la fecha de la presunta comisión del hecho que originó el despido, con el fin de ocultar deliberadamente y de mala fe, la extemporaneidad de la medida, en tanto que el ad quem tampoco había acertado en la fecha de la supuesta comisión del hecho, dado que se había referido a la de la imputación del cargo, 18 de abril de 2005 (fl. 408), para luego apuntar que fue el 22 de diciembre de 2004, cuando una cliente del banco intentó retirar la suma de $3.000.000, proceder que, a juicio del recurrente, se trata de un yerro colosal, porque, afirma, en el documento de folios 42 a 43, DP.01263 del 15 de abril de 2005, mediante el cual la entidad convocó al sindicato para que asesorara al actor en sus descargos, se había citado de manera inequívoca la fecha real de ese acontecimiento, es decir, precisa, el que originó el despido, al haber expresado que el actor, “…en su condición de oficinista 3º integral de la oficina de la Calle Catorce, visó irregularmente el día 12 de noviembre de 2004, el formato de activación y asociación de cuentas para transferencia vía internet, a la supuesta cliente… Reyes Neira a quien le fueron hurtados mediante desvío de dineros por internet de su cuenta de ahorros Nº 210-070-55831-7 la suma de $132.606.613.00, como resultado de la inobservancia de los controles y procedimientos reglamentados en el proceso de visación para la activación a internet de cuentas en la oficina…” resalta la censura.

Con el precitado argumento, la censura sostiene que fuerza concluir que los hechos por los que fue desvinculado el trabajador, ocurrieron incontestablemente el 12 de noviembre de 2004, fecha que contrasta con la del despido del trabajador del 27 de julio de 2005, lo que, en su criterio, surge evidente el yerro fáctico denunciado, pues el ad quem, ante semejante circunstancia, asevera, ha debido inferir que no existió relación de causalidad inmediata entre el despido y el hecho invocado por la demandada para justificarlo y, consecuencialmente, que la terminación unilateral del contrato fue injusta.

No acierta el recurrente al tratar de demostrar la falta de inmediatez entre la decisión unilateral de terminar el contrato tomada por la empresa con base en una justa causa y la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de la causal, porque la sola contabilización del tiempo como él lo hace, al margen de los actos llevados a cabo por la empresa con el fin de investigar lo sucedido, una vez tuvo conocimiento de la operación fraudulenta en perjuicio de una de sus cuentahabientes, es equivocado.

La jurisprudencia de vieja data tiene resuelto que el despido no deja de ser oportuno cuando la empresa se toma el tiempo necesario para efectos de constatar la responsabilidad del trabajador en los hechos a constituir la justa causa.

Al margen de que se está examinado un cargo por la vía de los hechos, no está de más recordar que, sobre el análisis de la inmediatez que ha de existir entre la justa causa y la decisión motivada del despido, ha dicho esta Corte:

En similares términos recordó la Corte en sentencia de 16 de julio de 2007 (rad. 28682), lo siguiente:

“Así mismo, se impone traer a colación la sentencia de 30 de julio de 1993, radicado 5889, citada por el demandante en el recurso de apelación, en la cual la Corte razonó así:

“(...). En efecto, es de esperar que un empleador prudente se cerciore suficientemente acerca de la forma como ocurrieron los hechos constitutivos de la violación del contrato, y asimismo sobre otras circunstancias que puedan tener influencia en la grave decisión que habrá de privar del empleo al trabajador, sin olvidar que, además, el empresario puede estar obligado por convención o reglamento a cumplir ciertos trámites previos al despido, o que desee simplemente acatar las pautas que sobre la materia señala la Recomendación 166 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Lo que la jurisprudencia de la Corte ha precisado como voluntad del legislador es que entre la falta y la sanción debe existir una secuenciatal que para elafectado y para la comunidad laboral en la cual desarrolla su actividad no quede ninguna duda acerca de que la terminación unilateral del contrato se originó en una determinada conducta del trabajador, impidiendo así que el empleador pueda invocar incumplimientos perdonados o infracciones ya olvidadas como causales de un despido que, en verdad tiene motivación distinta, pero esto no significa, que el empresario esté obligado a precipitar decisiones que, tomadas apresuradamente, en muchos casos redundarían en perjuicio de los intereses de los propios trabajadores” (subrayado fuera de texto)”(2).

Por lo demás, para efectos de analizar la inmediatez, se precisa que el estudio de la razonabilidad del plazo para tomar la decisión del despido motivado ha de comprender también el momento en que el empleador tiene conocimiento de los hechos hasta la fecha de terminación unilateral del vínculo; de tal suerte que, para ahondar en razones en el caso del sublite, el tribunal no pudo equivocarse como lo dice el recurrente, si la empresa recibió la comunicación de la cuentahabiente sobre la inconsistencia en el saldo de sus recursos el 11 de enero de 2005 (según fl. 128 y 129 del exp., como lo destaca la réplica) y, de acuerdo con lo establecido por el juez de alzada, el banco retiró al trabajador el 27 de julio de 2005, luego de agotar su trámite interno para verificar la suplantación personal de la cliente y que, el 12 de noviembre de 2004, el extrabajador había visado la solicitud de activación en internet que facilitó la ocurrencia de los retiros fraudulentos de la cuenta de la citada señora; en consecuencia, se itera, no se equivocó el fallador de segundo grado al confirmar lo asentado por el a quo sobre que el despido fue con justa causa.

El recurrente no es exacto cuando alude a la comunicación del 22 de abril de 2005, folio 44, de donde extrae que el banco le había notificado al demandante desde aquella época que dejaba “sin efectos ni validez las comunicaciones DP 1263… de abril 15 de 2005”, en la que se había endilgado al actor el mismo hecho mencionado en la carta de despido, y que, por tanto, el tribunal debió colegir, como epílogo, que los cargos que le habían sido imputados al actor quedaron sin efecto, porque el banco, basado en las nuevas pruebas aportadas y expuestas por el jefe de la división administrativa de la oficina calle 14, como se había afirmado en la documental de folio 44, no apreciada, así lo había dispuesto y, en tal virtud, mal podía el tribunal ignorar esta voluntad paladina del empleador.

La Sala no comparte el razonamiento del impugnante, puesto que, de la sola lectura de la mentada carta de folio 44, lo que se deduce es que la empresa, ante la aparición de nuevas pruebas aportadas a la investigación, dejaba sin efecto las citaciones a descargos a ser realizados el 18 de abril de 2004, más no, que hubiese tomado una decisión respecto de la conducta del actor.

En lo que atañe al reparo formulado a la valoración del acta de descargos, folios 46 a 51, considera la Sala que a nada conduce, porque el ad quem justamente cuando se refirió a esa documental lo que extrajo fue que el actor había negado la ocurrencia de las circunstancias, de tal suerte que no hizo alusión a que hubiera confesión en contra del actor.

Por otra parte, la mencionada acta de descargos a la que alude la censura más bien, por el contrario, deja sin piso la objeción del recurrente dirigida contra la sentencia, en cuanto a la valoración por el juzgador del manual de funciones, con el propósito de diluir la responsabilidad del extrabajador en la incursión de la falta detectada por el tribunal; la censura descalifica la prueba del manual de funciones diciendo que, en su texto, no aparece la firma de recibido del actor, folios 184 a 186, y 206 a 213; a más de que la censura, con este reparo, falta a la verdad, dado que a folios 183 y siguientes, así como en los fls.205 y ss., ab initio se constata la firma de quien entrega el manual de funciones, así como la del actor recibiendo tales documentos; en el acta de descargos en cuestión, claramente el demandante, al referirse, con detalle, a los pasos y procedimiento en desarrollo de las operaciones como la aludida en el informe de seguridad, es decir la de activación y afiliación de cuentas en internet, corrobora que conocía sus funciones y que tenía a su cargo la función de verificación y visación de la firma del solicitante, más concretamente al manifestar: “Cuando el formato me era entregado para la verificación y visación de la firma, siempre tuve en cuenta por razones de seguridad que no fuera fax…”; de igual forma, como lo sostiene el replicante, en el interrogatorio de parte, el actor aceptó que conocía el manual de funciones del cargo de oficinista 3 establecidas por el banco, folio 284, pregunta 6º.

Es de aclarar que, conforme al análisis de las pruebas objeto de reproche por la censura, así como de la valoración realizada por el juez de alzada, se extrae que los formatos en cuestión fueron falsos en cuanto a la firma y huella de la cuentahabiente, por esto resultaron fraudulentas las trasferencias hechas a nombre de esta; pero, en ambos, se encontraba la firma del actor a título de visado, en original, sin que este hubiese realizado dentro del proceso el más mínimo esfuerzo para comprobar que esa firma no era la suya, pues tan solo se limitó a negar su autoría, lo cual no era suficiente para descalificarla; por tanto no erró el ad quem en su análisis probatorio conforme a la sana crítica.

Al no haber resultado fundados los yerros fácticos predicados sobre prueba calificada, no está habilitada esta Sala para examinar los reparos que formula la censura respecto de la prueba testimonial.

Por todo lo antes dicho, el cargo el cargo no prospera.

IX. Cargo segundo

Acusa a la sentencia de violar, directamente, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7º literal A, numerales 4 y 6 del Decreto 2351 de 1965, en relación con los artículos 4, 25, 53 y 229 de la Constitución Nacional; 1, 9, 13, 14, 19, 21, 47, 55, 59 ordinal 9, 64 modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, 467, 468, 469, 470 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 8, 17, 37 y 38 del D.L. 2351 de 1965; 6 de la Ley 50 de 1990.

Demostración

Según el recurrente, la infracción es evidente, porque el tribunal calificó el despido como justificado, pero sin reparar en la ausencia de relación de causalidad entre este y el hecho invocado por el banco para efectuarlo, vale decir, sin tener en cuenta que la jurisprudencia de esta Corte, en múltiples providencias, ha postulado la necesaria existencia de esa relación de causalidad, la cual, estima, debe ser inmediata, contigua, adyacente y no pretérita.

Para reforzar su argumento invoca la sentencia de casación del 30 de noviembre de 1988 (rad. 1320), donde, en un caso similar, postuló que el despido debe ser simultáneo con el hecho que lo determina, de modo que si el empleador deja pasar el tiempo, el despido deviene sin causa justa.

Estima que el tribunal, al no haber sopesado esa enorme diferencia entre uno y otro referente, considera que violó la ley sustancial, porque los hechos que el banco invocó para justificar el despido, se presentaron ocho meses antes, circunstancia fáctica que, aclara, el cargo no controvierte en aras de la técnica del recurso.

Añade que más recientemente, en providencia del 30 de junio de 2005, esta Corte señalo:

“(...) la tardanza del banco en tomar la determinación de desvincular al accionante, torna en injusto el despido, habida cuenta que como lo ha reiterado la jurisprudencia, al no proceder dentro de un término relativamente cercano o dentro de un tiempo razonable en que se debió haber adelantado la investigación, se traduce en la condonación o perdón de la falta o la conformidad con las explicaciones del inculpado, máxime que un caso como el que ocupa la atención a la Sala desde la misma diligencia de descargos se aceptaron los hechos que posteriormente y al cabo de más de cuatro meses se invocaron como justa causa” (fl. 77). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación (Rad. 24821).

Para la censura, el ad quem, soslayó un aspecto central de la apelación y desconoció la reiterada jurisprudencia de la Corte sobre la simultaneidad del despido, esto es, la exigencia de que entre el hecho que configura la justa causa y la decisión de despedir deba darse tal proximidad temporal, para que no quede duda de que el empleador rompió el contrato de trabajo por ese motivo, además que su decisión no obedeció a una medida de retaliación, porque al dejar pasar el tiempo, esa silente actitud del empleador o su inactividad, se entiende como una convalidación a la conducta del trabajador o perdón de la falta.

Lo anterior, anota, porque, si bien el despido es una facultad del empleador, esta debe ejercerse con absoluta prudencia, y no, en forma caprichosa, mucho menos atropellando la estabilidad del empleado, su dignidad y sus derechos fundamentales.

Sostiene que el tribunal ha debido señalar, siguiendo la orientación jurisprudencial mencionada, que bajo ningún pretexto baladí se puede dilatar el despido una vez presentada la causa del mismo, lo que no obsta para la realización del procedimiento interno a fin de establecer la veracidad de los hechos y la conducta del trabajador, pero sin darle largas a la decisión de fondo, como ocurrió en el sub-lite, ya que la terminación del contrato por fuera de un término razonable, sanea la falta imputada al trabajador.

Concluye el censor que, si el tribunal no hubiese incurrido en ese desatino, necesariamente habría revocado la decisión del a quo y condenado al banco accionado en la forma indicada en el alcance de la impugnación.

X. Réplica

El replicante considera que el recurrente, al optar por la vía directa, acogió las consideraciones fácticas del tribunal incorporadas en la decisión materia del recurso; que entonces tal circunstancia hace que el cargo colapse, puesto que si se admitió la responsabilidad, no es posible imputar error al tribunal, además que la acusación implica que la Sala debe hacer un estudio sobre los medios de convicción para establecer la fecha de los hechos y de cuándo tomó la decisión el empleador, y analizar las circunstancias que rodearon los sucesos materia de debate, y, en todo caso, estudiar la conducta y el procedimiento que adelantó la empleadora demandada respecto de la denuncia elevada por su antigua cliente, por lo que considera que el cargo no podía ventilarse por la vía directa.

XI. Consideraciones

La censura plantea que el ad quem no tuvo en cuenta que hubo falta de inmediatez entre la justa causa de despido y la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo.

Sobre el particular, basta decir que tal inconformidad ya fue estudiada por esta Sala al analizar el cargo primero con resultado adverso para el impugnante, disconformidad que allí fue planteada por la vía indirecta, como debía hacerse, dado que la determinación del nexo de causalidad entre los hechos constitutivos de la justa causa y el despido amerita valoración probatoria para efectos de establecer la razonabilidad del tiempo que trascurrió entre uno y otro momento.

Así las cosas, se rechaza el cargo.

En vista del resultado de los cargos y de que hubo réplica, las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte actora.Se le condena a pagar la suma de $3.250.000 por concepto de agencias en derecho.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 8 de abril de 2010 por la Sala de Decisión Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso seguido por Gregorio Camargo Cardonacontra el Banco Popular S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) CSJ SL del 15 de octubre de 2008, Nº 34814.

(2) CSJ SL sentencia del 17 de mayo de 2011, radicado 36014.