Sentencia SL8465-2015/40864 de julio 1º de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL8465-2015

Rad.: 40864

Acta 21

Bogotá, D.C., primero de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. CONSIDERACIONES

De entrada debe señalarse la ausencia de prosperidad del cargo, en razón a las siguientes consideraciones:

Recuérdese, en primer término, que el Tribunal, en cuanto a lo asociado con la acusación planteada por el demandante, llega a las siguientes conclusiones:

1. La relación trabada entre las partes conoció entre el 6 de junio de 1978 y el 1º de julio de 2000, diferentes períodos, a saber:

1.1. Primer período: entre el año 1978 y el 1º de junio de 1980; conforme a documentos que obran a folios 8 a 11 del expediente, dan cuenta “de una relación independiente y autónoma.

1.2. Segundo período: 1º de junio de 1980 y el 1º de junio de 1985; la relación es de carácter laboral en razón al modo en que se configura el disfrute de las vacaciones que debían ser autorizadas por las directivas de la demandada, sin que el actor pudiera decidir libremente la época del disfrute.

1.3. Tercer período: 1º de junio de 1985 hasta 25 de mayo de 1990; deja de ser subordinada al ejercerse la representación a través del sistema caso por caso; deducción fundada en la carta del demandante de folio 67 en la que éste indica cuáles serán las tarifas por horas o días por sus servicios; así como el documento visible a folios 62 y 63 de abril de 1987.

1.4. Cuarto período: 25 de mayo de 1990 julio de 2000; que caracteriza como relación laboral subordinada, en virtud a las comunicaciones de la empresa al demandante, en el que se le indica que debe especificar la fecha en que se ausentará de la oficina; las épocas en que deberá tomar vacaciones; que en los honorarios que se le pagarán (al actor) quedan incluidas las cotizaciones del seguro de vejez y enfermedad de la caja de los franceses en el extranjero y que es preferible este esquema al de reembolso.; así mismo las misivas dirigidas por el demandante a la entidad solicitando autorización para tomar vacaciones.

2. Como no siempre estuvo el actor vinculado a través de contrato de trabajo no alcanza a cumplir los 20 años de servicios para beneficiarse del derecho a la pensión de jubilación.

3. No procede la sanción moratoria “por cuanto desde la contestación de la demanda, la accionada expuso razones serias y sólidas para justificar la omisión de pago de prestaciones sociales que llevan a considerar que su conducta estuvo revestida de buena fe pues acto (sic) bajo la creencia de que la relación con el demandante no estaba regida por un contrato de trabajo”.

El postulado central de la censura reside en señalar que el ad quem se equivoca al no concluir, de su examen, que entre las partes sólo existió una sola relación laboral subordinada, sin solución de continuidad, desde el 6 de julio de 1978 a 1º julio de 2000.

Como los períodos en los cuales el tribunal establece la ausencia de subordinación se refieren al primero: del 6 de junio de 1978 a julio 1º de 1980; y al tercero: 1º de junio de 1985 a 25 de mayo de 1990; se precisa analizar, para cada uno de ellos, la fundamentación del superior y la argumentación del recurrente:

En el primero, el juez de la segunda instancia, remite a los documentos que obran a folios 8 a 11 del expediente que dan cuenta de la traducción al castellano del “Extracto del acta de las deliveraciones (sic) del Consejo de Administración” reunido “en Paris el 6 de julio de 1978 a las 17 horas” en el que se le dan al señor Bottagisio, en su carácter de representante permanente de la SOCIETE GENERALE para Colombia, “para que se encargue de todas las diligencias y de las formalidades necesarias ante todas las entidades Colombianas competentes, relacionadas con la apertura de una oficina permanente en representación de la SOCIETE GENERALE, cuya sede estará en Bogotá; las siguientes autorizaciones:

…tomar las medidas para la instalación efectiva de la representación… estará autorizado también para firmar en nombre de la SOCIETE GENERALE, suscripciones para el teléfono, el telégrafo, el télex, la radio y la televisión, para abrir cuentas bancarias, para disponer de esas cuentas hasta la cuantía de los saldos disponibles, para contratar y destituir el personal necesario en la oficina de representación, comprar todo vehículo automóvil, contratar todos los seguros necesarios, retirar todas las cartas recomendadas o certificadas, todos los paquetes postales y toda la correspondencia destinada a la representación y, en general, llevar a cabo toda actividad tendiente a la mejor ejecución de la misión que se le ha confiado…

Lo anterior, no deja duda de que se trata de la época inicial de la entidad demandada en Colombia; en el que el rol del demandante se dirige, en representación de la sociedad, a encargarse de “todas las diligencias y de las formalidades necesarias ante todas las entidades Colombianas competentes, relacionadas con la apertura de una oficina permanente …”; en el que no asiste razón alguna para concluir que el documento enmascare una verdadera relación subordinada pues se corresponde con lo certificado por la Superintendencia Bancaria ( Hoy Financiera) (f.15), reputado como no valorado por el ad quem, en el que se señala, para el mismo término, la inscripción de la oficina de representación el 25 de octubre de 1978 y que desde ese día, el señor Bottagisio, fue el representante legal de la sociedad.

Y, al ser ello así, de la propia acta se establecen las amplias atribuciones con las que contaba el actor para la época y con el propósito de representación para la apertura que fuera indicado, “…para abrir cuentas bancarias, para disponer de esas cuentas hasta la cuantía de los saldos disponibles,…” , entre otras facultades; que conducen a encontrar acertada la deducción del tribunal, conforme a la cual se trata, para dicho período, de una relación donde el demandante podía desarrollar, en los términos consignados, su criterio discrecionalmente más allá de lo que incluso a los funcionarios de confianza y manejo, conforme a las propias reglas de la experiencia, normalmente les es permitido por sus empleadores; al poder asumir el demandante actos dispositivos para desarrollar el objeto de su misión comercial en Colombia de la que habla el “Extracto del acta de las deliveraciones (sic) del Consejo de Administración”

De otra parte, no yerra el ad quem en la valoración que realiza al interrogatorio de parte del actor según la cual éste acepta “ que a lo largo de las relaciones que estableció con la demandada se fue adaptando la manera en que debía efectuar su trabajo, los medios que tenía para utilizar tanto en personal como en locales y la forma en que debía cumplir su misión, lo que enseña que la relación no se dio siempre en los mismos términos, sino que tuvo unas características diferentes a través del tiempo, …”.

Pues bien, a folio 109 del cuaderno principal y a la pregunta:

Usted acordó y firmó varios contratos de prestación de servicios de mandato con representación con SOCIETE GENERALE. Sírvase indicarle al despacho si entre ellos se encuentran los de fecha 1º de junio de 1980, 1 de junio de 1985, 1º de junio de 1986, 1º de junio de 1987, 1º de octubre de 1988, 30 de mayo de 1996 y uno de octubre de 1998.

CONTESTO. Es cierto pero aclaro lo siguiente, mi relación con SOCIETE GENERALES (sic) se inicio (sic) creo que fue a mediados de 1978 a trabes (sic) de un poder que me dio el Banco para representar en Colombia lo cual fue una contratación personal mía que duro( sic) hasta el 31 de julio del año 2000, durante todo ese lapso firmamos con SOCIETE GENERALE una serie de documentos llámese contrato o Representación o de otro modo no recuerdo los nombres nii las fechas exactas, documentos que estaban destinados a precisar la forma en que yo debía cumplir mi misión, es así como entere mediados de 1|978 y el 1 de junio de 1980 ( esta fecha la recuerdo muy bien porque este documento lo he solicitado varias veces a la dirección de SOCIETE GENERALE y nunca han podido enviarme una copia) fui encargado para hacer todas las gestiones para inscribir a la SOCIETE GENERALE como banco representado en Colombia ante la Superintendencia bancaria, fui encargado de buscar oficinas, de alquilar oficina, la primera de ella en la calle 33 con la sexta de contratar personal etc., después a medida que evolucionaban los negocios y la situación económica del país y las oportunidades para el Banco hemos adaptado la manera en que yo debía efectuar mi trabajo, los medios que teníamos que utilizar tanto en personal como en locales pero mi prestación personal fue absolutamente continua desde el principio hasta el final. (resaltado de la Corte).

De lo destacado se evidencia sin dificultad que el superior no incurre en desatino alguno al reseñar que el actor “se fue adaptando la manera en que debía efectuar su trabajo, los medios que tenía para utilizar tanto en personal como en locales y la forma en que debía cumplir su misión”.

Pero, así mismo tampoco yerra el tribunal al desprender de lo transcrito “que la relación no se dio siempre en los mismos términos, sino que tuvo unas características diferentes a través del tiempo,…”.; que surgiera justamente de las modalidades en que debió efectuarse su trabajo con el transcurso de los años.

Menos aún puede demostrarse equivocación colegiada al no derivar la continuada relación subordinada que predica la censura, de la comunicación del 13 de agosto de 1981 en la que de “acuerdo con nuestras conversaciones del mes de mayo próximo pasado, le confirmamos, como es debido, nuestras indicaciones verbales relacionadas con ciertos aspectos a su estatus…”. VACACIONES ANUALES.

Estas vacaciones deben ser tomadas en el año. En caso contrario, dichas vacaciones podrán ser excepcionalmente aplazadas,

Con ella se prueba la existencia de cambios acordados por las partes en su relación y de la que se desprende, no solo el carácter subordinado que empieza a definir, para dicho lapso, la labor del actor sino también el que en el pasado no ostentara tal condición; aparte de no establecerse que para el período inicial la relación se diera en términos diferentes a los ya descritos en los que el actor gozaba para sus determinaciones de evidente discrecionalidad e independencia.

Estos aspectos indicados por la demandada alusivos a los términos de vacaciones y al de la previsión social, por el propio encabezamiento de la comunicación, se proyectan hacia futuro no hacia la forma en que se desarrolló la relación en el pasado; de tal manera que no pueden acreditar la estirpe laboral subordinada que el tribunal niega para el señalado primer periodo, ni, por supuesto, para la totalidad del tiempo en que ella transcurrió.

En cuanto al tercer período: —1º de junio de 1985 a 25 de mayo de 1990—; en el que para el tribunal se pierde la condición dependiente y subordinada del segundo lapso; en razón a la evidencia que arroja la documental que da cuenta de un nuevo pacto entre las partes, en el cual convienen modificar la relación laboral en el sentido ejercerse la representación por el demandante a través del sistema caso por caso.

La inferencia la desprende el juez de la apelación de:

  1. La carta que el actor dirige a su empleador indicándole la tarifa a regir por unidad de tiempo (horas o días) en el que preste sus servicios y la documental del anexo 1. Folios 62 y 63 contentiva del acuerdo de abril de 1987, fechado en abril de 1987, que registra la culminación del contrato de representación para el período junio de 1986 a mayo de 1987.
  2. En dicho período no se advierte mención alguna a vacaciones, afiliación a la seguridad social lo que resulta ser “…concordante además con lo aceptado por el actor al absolver el interrogatorio en cuanto a los cambios sufridos por su vínculo a través del tiempo, y que constata con las pruebas que se estudiarán más adelante”.
 

La censura, de cara a dicha deducción del tribunal, alude a los documentos del 20 de abril de 1987 (fl. 62 y 63 anexo 1); al de folios 47 a 50 del anexo 1.- en el que a partir del 1º de octubre de 1988 se renueva el contrato por tres años más; al contrato del 30 de mayo de 1996 (fls. 66 a 72 del cuaderno principal) que remite al celebrado el 1º de octubre de 1988 de un contrato de prestación de servicios ; en los que en todos ellos se pacta que “el actor seguiría siendo el representante legal de la SOCIETE GENERALE y, en su lugar, Colombia”.

Y para demostrar la relación subordinada que no advierte el tribunal para dicha época la carta del 5 de mayo de 1987 (fl. 65 del segundo Cuaderno de pruebas) en la que “la sociedad demandada le dice al actor que "haciendo referencia a su carta del 20.04.89... (dos años después) por la cual estamos muy agradecidos, anexamos copia adjunta debidamente firmada del nuevo contrato, el cual formalizará nuestras relaciones a partir del 1º de junio de 1987", mientras que el 3 junio de 1987 se le informa que nuestro contrato el cual surtió efecto el 1º de junio, establece que las modificaciones de aplicación serán fijadas para cada caso..., (sin conocerse tampoco el contrato) se habla de por pagos por hora, medio día y día, etc”..

Para empezar y no obstante la vía indirecta escogida para la acusación, es forzoso señalar que la representación legal en sí misma no es un desempeño laboral, no es una función de trabajo es, ante todo, una facultad legal que permite actuar en delegación o en sustitución de personas naturales o jurídicas, como en el sub lite en el marco de la legislación mercantil para las sociedades extranjeras ; que no supone subordinación con respecto al representado; es por esta razón que no resulta afortunada la argumentación conforme a la cual, por ostentar el demandante tal condición, durante todo el tiempo de la relación que trabara con la demandada, se deduzca que éste laboró con idénticas funciones y que las variaciones que anotara el superior son “sutiles diferencias de redacción para que el actor hiciera lo mismo”.; es decir representante legal.

Del mismo documento suscrito por las partes el 20 de abril de 1987 (fl. 61, 62 y 63 anexo 1) que fuera citado por el impugnante se concluye en que la razón se encuentra de parte del tribunal puesto que en efecto en él se conviene que “las modalidades de su aplicación serán establecidas caso por caso, con ocasión de las investigaciones, trámites u operaciones que son susceptibles de generar”; con lo cual se le asigna un carácter intermitente a la relación.

Lo anterior, sin que el recurrente demostrara error del superior en la deducción conforme a la cual, además de establecerse la nueva modalidad de trabajo convenida, no apareciere, como antes, mención alguna a la oportunidad en la que el demandante debía tomar sus vacaciones o cómo serían compensadas.

De otra parte, ninguna eficacia probatoria comporta referirse en forma genérica a las documentales que relaciona como estimadas erróneamente y no apreciadas por el tribunal cuando expresa que ellas dan cuenta fiel “de la existencia de un solo vínculo y con plena certeza de tratarse de una actividad sustancialmente subordinada o dependiente, en ningún caso autónoma o independiente…” ; sin precisar de cada una de ellas lo que a su juicio ellas demuestran o no y el alcance que ha debido asignársele por el sentenciador de segunda instancia.

Finalmente, no encuentra la Sala desatino alguno en el razonamiento del ad quem que lo lleva a concluir en que la demandada se encontraba asistida de buena fe —“por cuanto desde la contestación de la demanda, la accionada expuso razones serias y sólidas para justificar la omisión de pago de prestaciones sociales …— al considerar que la sociedad convocada a juicio actuó “bajo la creencia de que la relación con el demandante no estaba regida por un contrato de trabajo y que por consiguiente no era deudora de los derechos reclamados, …, destacando que a ello favoreció la conducta del demandante que durante el transcurso de la relación laboral no elevó reclamación alguna a su empleadora.

Pero más allá de lo acabado de referir, debe tenerse en cuenta las sucesivas modificaciones que a lo largo de los años sufrió la relación entre las partes; determinadas, ora por la específica misión que se le asignara al actor en su fase inicial; ora por las particulares necesidades advertidas, para cada período restante, por los hoy protagonistas de este proceso y que informaban el modelo de trabajo a adoptar; lo que conduce a entender como razonable, la deducción del ad quem según la cual la demandada actuó “bajo la creencia de que la relación con el demandante no estaba regida por un contrato de trabajo y que por consiguiente no era deudora de los derechos reclamados,…”.

No prospera el cargo.

IX. RECURSO DE CASACIÓN -PARTE DEMANDADA

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

X.-ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Persigue la demandada que la Corte la case parcialmente la decisión que impugna, en cuanto revocó, de manera parcial, el fallo de primer grado y “condenó a Société Générale a pagarle al señor Jean Emile Bottagisio las prestaciones antes reseñadas (cesantía;… intereses a la cesantía; prima de servicio); y para que en sede de instancia…confirme el fallo del Juzgado…que absolvió a las demandadas de todas las pretensiones…”

Con la finalidad indicada estructura la acusación en dos cargos de diferente vía, que suscitan la respuesta del demandante, respecto a los cuales se harán los siguientes pronunciamientos:

XI. CARGO PRIMERO

Primer cargo: La sentencia acusada es violatoria de manera indirecta y en la modalidad de aplicación indebida de los siguientes artículos: 22, 23, 24, 47, 249 a 258 y 306 a 308 del CST, al igual que de la Ley 52 de 1975 en relación con los artículos 2142 a 2199 del C. C. y con los artículos 1262 a 1286 del C de Co y del artículo 94 del decreto 0663 de 1993 y7 con respecto a los artículos 51 y siguientes del CPT , complementados por el canon 145 del mismo Código, en relación con el artículo 174 del CPC.

El enunciado quebrantamiento procede del error manifiesto de hecho en el que incurrió el superior, a juicio del recurrente, esto es:

“tener por demostrado sin estarlo, que entre la empresa Société Générale y el señor Jean Emile Bottagisio existió una relación laboral o contrato de trabajo, en los períodos comprendidos en los años 1980 a 1985 y 1990 a 2000, por tipificarse los tres elementos propios de la relación laboral,…”.

Se produce el referido error en virtud a la ausencia de apreciación de unas pruebas y a la errónea estimación de otras así:

Relaciona las siguientes como pruebas erróneamente estimadas:

  1. “Confesión del demandante que obra a folio 109 y siguientes del cuaderno 1…”
  2. “…Documentos aportados a folios 601 a 704 del cuaderno 1”.
 

Como pruebas dejadas de apreciar:

  1. “Confesión del representante legal de la demandada que aparece a folios 102 y siguientes del cuaderno 1”.
  2. “El documento aportado a folio 16 del cuaderno 1”.
  3. “Inspección judicial que aparece a folios 170 y siguientes del cuaderno 1”.
 

En procura de su sustentación y después de recordar los elementos básicos del contrato de trabajo, centra su atención en el de “la continuada dependencia y subordinación del trabajador para con la empresa” pues es este el factor en discusión al determinar el ad quem la presencia del mismo en la relación trabada entre las partes.

Efectúa una corta revisión de las consideraciones de la sentencia para, después de reseñar los períodos a los que hace referencia el tribunal, enfocarse en las reflexiones que sustentaron la conclusión del superior; conforme a las cuales en el lapso correspondiente entre 1980 y 1985 “si existió contrato de trabajo puesto que en alguno de los documentos considerados se menciona lo relacionado con las vacaciones del actor y afiliación a la seguridad social”. Y, de igual manera, entre 1990 y 2000 “aparecen de nuevo referencias a vacaciones, seguro de vejez y enfermedad de acuerdo con las pruebas encaminadas, para concluir entonces que el contrato de trabajo también existió durante tal lapso”.

El superior, al llegar a la indicada conclusión, incurre en una “falencia probatoria” dice la censura puesto que si en los documentos relacionados se hace mención a las vacaciones y al seguro de vejez, no por ello debe concluirse en la existencia de un contrato de trabajo “pues el vocablo vacaciones no solamente tiene una connotación laboral, sino que se puede referir a la suspensión de actividades, lo que se puede predicar también de un seguro de vejez de índole comercial, puesto que tal acepción no se refiere únicamente a la seguridad social contemplada en los códigos laborales”.

Al continuar desarrollando el cargo define la noción de subordinación continuada para mencionar que “los documentos en los que apoya su fallo el ad quem son indiciarios en una forma muy débil de la existencia de una subordinación entre las partes hoy en litigio. Por el contrario dichos medios de prueba simplemente estructuran una sujeción del demandante con respecto a la demandada de manera muy tenue, que no es propiamente la que la ley impone para el contrato de trabajo, lo que así ratifican la doctrina y la jurisprudencia, para las cuales si no es permanente la subordinación, la relación no es de índole laboral, aunque puede ser de otra naturaleza como efectivamente ocurre en el caso que nos ocupa”.

En el sub lite, la demandada es una entidad financiera extranjera, dice el impugnante, que como todas las de su especie en Colombia, con negocios permanentes en el país “deben tener un representante legal con quien medie un convenio de mandato con tales alcances, para que obligue a la entidad foránea frente a los organismos públicos y a los terceros particulares, en el desarrollo de sus actividades mercantiles”.

No significa lo anterior, continúa el recurrente, “que en todo contrato de mandato con representación de una compañía en otro país con sucursal en el país, se configure el contrato de trabajo, puesto que repetimos, es necesario que aparezca sin duda la existencia de una subordinación continua de una parte a otra. El hecho de que un mandatario despliegue una actividad mercantil para cumplir sus metas no lo convierte per se en trabajador, pues ello llevaría a que todo mandatario tendría la condición de empleado”.

Sostiene que la “subordinación jurídica se presenta en toda relación jurídica, especialmente de índole contractual, pero nó (sic) indefectiblemente con carácter de laboral, como equivocadamente concluye el tribunal al darle a las pruebas erróneamente apreciadas una capacidad para establecer la continuada dependencia, cuando en realidad solamente la tiene para demostrar la sujeción normal de todo convenio”.

Las consideraciones anteriores, subraya el recurrente, son reforzadas por la prueba de confesión del actor, que obra en el interrogatorio de parte por el rendido que obra a folios 109 y siguientes del cuaderno 1 …, en la que las respuestas que da a las distintas preguntas tiene las siguientes características principales: a) El demandante es muy asertivo cuando manifiesta que durante toda la vinculación existió una relación laboral; b) Que sin embargo no reclamó nunca los derechos y prestaciones a que tenía derecho; c) En cambio cuando se refiere a la relación en sí, no recuerda los hechos específicos de carácter trascendente”.

En cuanto a las pruebas, en su opinión no tenidas en cuenta por el tribunal, aduce que en lo que respecta al documento obrante a folio 16 en el cual la empresa comunica al actor “que va a poner fin a sus actividades en Colombia, y que debe desvincular a todo el personal que trabaja en el país, por lo que se le debe cubrir todos los derechos laborales de que es titular, lo que así hace el señor BOTTAGISIO, sin incluirse así mismo, confesando así en forma tácita que no tenía el carácter de trabajador”.

En la inspección judicial que aparece visible a folio 170 del primer cuaderno, dice el impugnante, surge que el actor “nunca recibió tratamiento de trabajador en la marcha normal de la empresa dentro de la noción común y legal de este concepto, puesto que no se aprecia nada relacionado con horarios, pago de prestaciones, ordenes o cualquier otro elemento que pueda tipificar la relación laboral y por ende el contrato”.

En afán de resumir sus argumentos expresa: “En síntesis tenemos que a través del contrato de mandato con representación celebrado entre las partes, se estableció una subordinación general del actor para con la demandada, pero sin la suficiente fuerza para concluir como lo hizo el tribunal, que la misma era de carácter continuado y por ende configurativa de una relación laboral”.

Para finalizar alude a la prueba testimonial de la que en su criterio se concluye lo afirmado con anterioridad pues “no hacen sino reiterar lo aquí expresado en materia probatoria y específicamente en lo que atañe con el cargo que nos ocupa. Incluso tales medios probatorios no harían más que ratificar la mala fe que ha identificado la actuación del actor en este litigio”.

XI. Cargo segundo

Segundo cargo: La sentencia infringe, por vía directa y en la modalidad de interpretación errónea los artículos 22, 23, 24 y 47 del CST y con esta los artículos 249 a 258 y 306 a 308 del mismo Código y la Ley 52 de 1975, en relación con los artículos 2142 a 2199 del CC y con los cánones 122 a 1286 el C. de Co con respecto al artículo 94 del decreto 0663 de 1993 y en relación con los artículos 25 a 32 del CC.

En orden a sustentar la acusación sostiene que es de la esencia del contrato de trabajo “la continuada subordinación del empleado con respecto al empleador, que le permite a éste disponer del tiempo y de las actividades del primero, dentro de los parámetros temporales del convenio, por lo que cualquier subordinación de orden contractual no tipifica la relación laboral, pues en todo vínculo contractual existe subordinación , ya sea de un contrato de naturaleza civil, comercial, administrativo , o de cualquier otra índole”.

Y agrega: “Por ello hay error en el Tribunal cuando habla de la naturaleza de la subordinación de los altos empleados, para sostener que la de estos es de menor grado que la de los demás trabajadores…” reproduciendo a continuación el párrafo correspondiente a la consideración que en dicho sentido y en su criterio realiza el tribunal.

No admiten los artículos citados del Código Sustantivo del Trabajo, “interpretación alguna distinta a que la relación laboral, no importa la clase de trabajador de que se trate, debe estar presidida por una dependencia o subordinación continuada. Porque considerar lo contrario nos llevaría a concluir que toda relación jurídica de índole contractual genera un contrato de trabajo. Para demostrar tal equivocación basta con examinar los distintos contratos de prestación de servicios personales que establecen los Códigos Civil y de Comercio, o la legislación administrativa, y, específicamente en el evento que nos ocupa, el mandato del gestor de una entidad financiera extranjera, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94 del decreto 0663 de 1993, vigente para la época de la vinculación del actor”.

“En efecto, a título de simple ilustración, es del caso enumerar distintas convenciones civiles o mercantiles, como el contrato de prestación de servicios, el mandato comercial, el corretaje , la agencia comercial y cualquier otro de dicha índole, en todos los cuales hay una sujeción de una parte para otra, sin que la misma tipifique un contrato de trabajo”.

XII. Réplica

Objeta el opositor la formulación del alcance de la impugnación en los siguientes términos: “La sentencia del tribunal contra la que se dirige la demanda, en el primer numeral de la parte resolutiva dispuso: “ REVOCAR la sentencia proferida en primera instancia el…por el Juzgado Veinte Laboral…” esto es, que REVOCO (sic) la totalidad de la sentencia dictada por el Juzgado…y, por tanto, cuando el libelista en el “ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN” propuesto manifiesta que : “…Busco la casación parcial de la sentencia impugnada proferida por el Tribunal de Bogotá…a fin de que se revoque el numeral TERCEROO (sic) de dicho fallo, el que revocó parcialmente la sentencia de primer grado…” incurre en grave error, insalvable además porque la Corte no puede interpretarlo ni corregirlo, en tanto que quien fija el alcance es el recurrente y al respecto, se repite, no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente”.

“La gravedad que se denuncia bastaría para solicitarle a esa H. Corporación la desestimación de la demanda”. (Subrayas del texto del replicante).

En relación al primero de los cargos, señala que su sustentación se realiza a través de un discurso de consideraciones incoherentes “que van desde sostener algunos criterios de defensa de la demandada sin ocuparse de mostrar lo que dicen las probanzas denunciadas como dejadas de apreciar o las indebidamente valoradas…”

Y en lo que respecta a la segunda acusación afirma: “contiene insalvables errores conceptuales en tanto que, al escogerse ese medio de violación se hace indispensable mostrar cual es el espíritu o verdadero sentido de la disposición legal…”

XIV. CONSIDERACIONES 

Sea lo primero indicar que no asiste la razón al replicante en los razonamientos de naturaleza técnica que expone en relación al carácter insalvable de los errores que advierte en el planteamiento del alcance de la impugnación.

El desatino al que se alude se reduce a un simple error de pluma consistente en denominar como parcial la determinación que revoca la del a quo cuando en realidad se dispone por el ad quem, en la práctica, quebrarla en su totalidad para condenar a la demandada a las sumas referidas por los conceptos allí señalados y en tal virtud, si lo querido en el recurso extraordinario por la demandada es la absolución en relación a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, la formulación del alcance de la impugnación debía indicar casar en su integridad la resolución colegiada y no parcialmente, como lo expresa el impugnante.

Sin embargo, como se dijo, del indicado dislate no puede derivarse el rechazo al examen de la acusación, pues como se ve, en razón a lo expuesto, no existe alternativa diferente a entender que la intención del recurrente corresponde a pedir a la Corte la casación total de la sentencia colegiada con la finalidad, en instancia se “…confirme el fallo del Juzgado…que absolvió a las demandadas de todas las pretensiones…”.

De otra parte, y ya en cuanto al desarrollo de los cargos, debe decirse que no logran éstos éxito en la finalidad de socavar la determinación que impugnan en virtud a las siguientes razones:

Recuérdese que el tribunal, al revocar la decisión absolutoria de la primera instancia, condena a la demandada a pagar al demandante: A)...US$111.268,35 por concepto de cesantía;…B) US$6.676,10 por concepto de intereses a la cesantía; C)…US$5.508,30 por prima de servicio; además de declarar probada la prescripción con respecto a los derechos causados con anterioridad al 29 de mayo de 2000 y confirmarla en lo demás.

La señalada determinación proviene, en lo fundamental, de encontrar, como se dijo, que entre las partes existió una relación laboral subordinada, entre 1980 y 1985 y, luego, “entre mayo 25 de 1990, por lo menos y el 1 de julio de 2000,…”; conclusión que es objeto de la impugnación de la demandada.

El tribunal cifra la deducción anterior, para ambos períodos, en la imposibilidad del demandante para determinar la época del disfrute de sus vacaciones al imponerle la sociedad convocada a juicio reglas al efecto: “deben ser tomadas en el año”, o en caso contrario, “ser excepcionalmente aplazadas”, contemplándose la posibilidad de alguna compensación, cuya apreciación corresponde a la dirección ( folio 602) (103 cuaderno de la Corte) ; en la carta de folio 603 (104 cuaderno de la Corte) se menciona la afiliación a la seguridad social, situación que persiste para el año 1982 en lo relativo a vacaciones (fl. 604) (f. 136 cuaderno de la Corte); (fl. 609) (f. 149 cuaderno de la Corte), 1984 (fl. 614) y 1985 ( Folio 617) (f. 155 a 157 cuaderno de la Corte).

O, en el lapso comprendido entre mayo de 1990 a julio de 2000, “en que la accionada le pide al demandante especifique la fecha en que se ausentará de la oficina; 1991, 1992 y 1993 (folios 625 a 629) (fl. 177, 179, 180, 181,182 del cuaderno de la Corte), 1994 (fl. 634) (fl. 193 cuaderno de la Corte), 1997 (fl. 635) (fl. 194 cuaderno de la Corte), 1995 (fl. 143), 1998 (fl. 645) (f. 219 del cuaderno de la Corte), en los que solicita autorización para disfrutar de vacaciones”.

La censura para socavar las anteriores inferencias señala en resumen:

  1. Que el tribunal le asigna al término vacaciones un alcance diferente pues éste no solamente tiene una connotación laboral, sino que se puede referir a la suspensión de actividades,…puesto que tal acepción no se refiere únicamente a la seguridad social contemplada en los códigos laborales.
  2. Que los documentos de los que deriva el tribunal el carácter laboral de la relación son indiciarios en una forma muy débil de la existencia de una subordinación entre las partes hoy en litigio.
  3. Dichos documentos…estructuran una sujeción del demandante con respecto a la demandada de manera muy tenue, que no es propiamente la que la ley impone para el contrato de trabajo, en la que se precisa de una continuada sujeción, aparte de que no puede concluirse que todo contrato de representación implique la configuración de un contrato de trabajo, El hecho de que un mandatario despliegue una actividad mercantil para cumplir sus metas no lo convierte per se en trabajador, pues ello llevaría a que todo mandatario tendría la condición de empleado.
  4. Se trata de una “subordinación jurídica que se presenta en toda relación jurídica, especialmente de índole contractual, pero nó (sic) indefectiblemente con carácter de laboral, como equivocadamente concluye el tribunal.
  5. A lo anterior se suma “la prueba de confesión del actor, que obra en el interrogatorio de parte por él rendido…en la que las respuestas que da a las distintas preguntas “aparezca éste, de una parte, muy asertivo cuando manifiesta que durante toda la vinculación existió una relación laboral;” sin haber reclamado nunca los derechos y prestaciones a los que creía tener derecho y olvidar los hechos específicos de carácter trascendente.
  6. Que al no analizar la documental en que la empresa comunica al actor su decisión de poner fin a sus actividades en Colombia y en la que le da instrucciones para desvincular a “todo el personal que trabaja en el país, por lo que se le debe cubrir todos los derechos laborales de que es titular, lo que así hace el señor BOTTAGISIO, sin incluirse así mismo, confesando así en forma tácita que no tenía el carácter de trabajador.
  7. De la inspección judicial debió concluir el superior que el demandante “nunca recibió tratamiento de trabajador en la marcha normal de la empresa dentro de la noción común y legal de este concepto, puesto que no se aprecia nada relacionado con horarios, pago de prestaciones, ordenes o cualquier otro elemento que pueda tipificar la relación laboral y por ende el contrato.
  8. En resumen para el impugnante se trató de un contrato de mandato con representación en el que se estableció “una subordinación general del actor para con la demandada, pero sin la suficiente fuerza para concluir como lo hizo el tribunal, que la misma era de carácter continuado y por ende configurativa de una relación laboral.
 

Y en cuanto al ataque de vía directa, el recurrente centra su argumentación en señalar que la subordinación laboral debe ser continuada de tal forma que le permita al empleador “disponer del tiempo y de las actividades del primero, dentro de los parámetros temporales del convenio, por lo que cualquier subordinación de orden contractual no tipifica la relación laboral, pues en todo vínculo contractual existe subordinación , ya sea de un contrato de naturaleza civil, comercial, administrativo , o de cualquier otra índole”.

Sin que proceda distinguir, como lo hace el recurrente, de una especie de subordinación que corresponde a “los altos empleados, para sostener que la de estos es de menor grado que la de los demás trabajadores…”

Sea lo primero señalar que acierta el tribunal cuando enmarca sus reflexiones en torno a la subordinación del actor, en clásica doctrina del Tribunal Supremo del Trabajo en sentencia del 30 de junio de 1959 que publicara la Gaceta Judicial XC, 2211, 2212, 2ª parte, página 21, y que a continuación se reproduce:

La naturaleza jurídica del contrato con los gerentes y altos empleados no se encuentra definida expresamente en la ley colombiana, y corresponde, por tanto, en cada caso, determinar si en él se dan los elementos sobre los cuales se levanta la presunción de que el servicio prestado se ha cumplido en desarrollo de un contrato de trabajo. Se agrega a ello que el art. 32 inc. a) del CST establece que son representantes del patrono y en esa condición lo obligan con sus trabajadores, los empleados a su servicio que ejerzan funciones de dirección y administración señalando como tales a los directores, gerentes, administradores, mayordomos y capitanes de barco con lo cual parece indudable que no excluyó a quienes desempeñan esas funciones de la categoría de trabajadores en general para los efectos de la ley del trabajo. Debe recordarse que esta norma reproduce el art. 50 del decreto 2127 de 1945 que fue tomada a su vez del art. 40 de la ley federal del trabajo de México, y sobre la cual la IV Sala de la Corte Suprema de Justicia de ese país se ha pronunciado repetidamente en el mismo sentido que ahora se establece por este tribunal...

Ciertamente el gerente o el administrador general de una empresa, esté o no constituida ella como persona jurídica, desempeña funciones especialísimas que por regla general se caracterizan por actos que se pueden concretar en la representación de sus intereses patrimoniales con lo cual se coloca a gran distancia de las funciones ordinarias de los restantes trabajadores. Pero no puede en ellos desconocerse el hecho de la prestación personal de sus servicios y de la energía con que concurren al enriquecimiento de la empresa. La cantidad de esta podrá ser y lo es en la realidad, un factor importante para determinar si el gerente o el administrador tendrá derecho a ciertas contraprestaciones anejas al contrato de trabajo...; pero el hecho de que no pueda...; pero el hecho de que no pueda ser determinable o no se hubiera determinado al celebrar el contrato o al conferirle el poder para actuar, no implica que se desnaturalice su calidad de trabajador. Y en lo tocante a la subordinación o sujeción a la persona o entidad patronal, sin la cual no puede admitirse la relación de trabajo, ella dependerá para su establecimiento, del grado y forma como lleve a cabo sus funciones, y de la existencia de organismos jerárquicamente superiores a los cuales deba condicionarlas, y además a la vinculación personal con los resultados económicos de la empresa o negocio que se le confía.

La circunstancia de llevar la representación legal de una empresa es consecuencia lógica de la naturaleza jurídica del mandato, pero ello no implica que si su ejercicio se lleva a cabo dentro de los requisitos característicos del contrato de trabajo —servicio personal, dependencia y remuneración— este deba desecharse o se considere desnaturalizado. La ley colombiana presume el contrato de trabajo en toda relación de servicios personales, y esta presunción es universal, vale decir que comprende a todas las categorías de trabajadores, sin excepción.

Entonces, siguiendo la doctrina transcrita y en el análisis realizado a las circunstancias en que se desarrollara la relación laboral en ambos períodos, no aparece equivocado el tribunal al desprender de las determinaciones del empleador, en relación a la época en la que el demandante debía hacer uso de sus vacaciones, la evidencia de la condición subordinada de la relación que para los señalados lapsos trabaran las partes.

Sin duda esta señalada facultad del empleador, que en el sub lite desplegara la demandada, es ejercicio de su poder subordinante en función del desarrollo de las actividades de la SOCIETÉ GENERALE e incompatible con la noción de autonomía e independencia que el impugnante predica del actor.

Pocos aspectos, de las circunstancias que acompañan a la relación laboral, pueden ser más elocuentes de la condición subordinada en que esta se desarrolla al ser el propio beneficiario de los servicios prestados quien decida los tiempos de descanso de quien ejecuta la labor.

No se trataba aquí, como lo señalara el recurrente, de una simple suspensión de actividades de carácter mercantil menos aún, cuando aparecen acompañadas de pruebas en las que “… la accionada le pide al demandante especifique la fecha en que se ausentará de la oficina; 1991, 1992 y 1993 (folios 625 a 629) (fl. 177, 179, 180, 181,182 del cuaderno de la Corte), 1994 (fl. 634) (fl. 193 cuaderno de la Corte), 1997 (fl. 635) (fl. 194 cuaderno de la Corte) , 1995 (fl. 143), 1998 (fl. 645) (fL. 219 del cuaderno de la Corte) ; en los que solicita autorización para disfrutar de vacaciones.

Más, si aún pudieren quedar dudas, de la subordinación de orden laboral que establece el ad quem del actor frente a la convocada a juicio, baste el análisis al oficio de mayo 30 de 1996 (fl. 2 del cdno. pruebas) la demandada manifiesta que en los honorarios que se pagarán al actor quedan incluidas las cotizaciones del seguro de vejez y enfermedad de la Caja de los Franceses en el extranjero y que es preferible este esquema al de reembolso;.

O, el del de fecha 10 de octubre de 1984 (f. 232 y 233 del cuaderno de la Corte) en que la sociedad le la demandada le pide al demandante se sirva informarle hasta cuándo durará su gestión como administrador de otras sociedades y le recuerda que para ejercer esos cargos debe obtener autorización formal de la presidencia de la SOCIETE GENERALE.

O, cuando se pide autorización para obtener un sobregiro (f. 242); para alquilar una oficina (fl. 243), para establecer una escala de salarios (244 y 245 del cuaderno de la Corte).

En todas estas circunstancias se encuentra limitada la autonomía e independencia del actor que permiten reiterar el acierto de la segunda instancia al establecer la condición subordinada de la relación laboral que uniera a las partes en los períodos ya señalados.

No prosperan los cargos.

No se casará la sentencia.

Sin costas por el resultado adverso para ambas partes.

XV. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C en el proceso seguido por JEAN EMILE BOTTAGISIO contra la SOCIETE GENERALE.

Sin costas por el resultado adverso para ambas partes.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».