Sentencia 44233 de diciembre 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44233

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL855-2013

Acta Nº 40

Bogotá, D. C., cuatro de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

No son de recibo las objeciones del replicante para descalificar el cargo, pues claramente se percibe que en lo fundamental apunta a contradecir la tesis del tribunal en cuanto determinó que el demandante tenía la calidad de servidor público y, para ello, acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa. En el desarrollo del cargo, si bien refiere en algunos apartes lo aducido por el juez de primera instancia, también lo es que controvierte las conclusiones a que arribó el juez de segunda instancia, de modo que las imprecisiones en que haya podido incurrir la censura son superables, en la medida en que los planteamientos desplegados en la demostración del cargo, son claros. De acuerdo con lo dicho, entonces, se estima que el ataque como viene planteado, satisface las exigencias técnicas del recurso extraordinario.

Conviene precisar por la Sala, que no es objeto de controversia que el Decreto 510 de 1998 —que dicho sea de paso, no constituye una regla jurídica de observancia general, pues solamente regula la vida institucional de la entidad, frente a lo cual puede afirmarse que su radio de acción es limitado—, estableció que el último cargo desempeñado por el accionante en la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, “ingeniero de maquinaria y equipo”, debía ser desempeñado por persona que tuviera la condición de empleado público.

En síntesis, la inconformidad del recurrente, estriba en que la demandada “no demostró” que el actor, ejercía actividades de “de dirección y confianza”, y que “las mismas estaban contenidas en los estatutos de la entidad”. Así, sostiene que el ad quem, debió acogerse a la presunción legal señalada en el D.L. 3135/1968, artículo 5º, que establece:

“ART. 5º—Empleados públicos y trabajadores oficiales (…).

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”.

Al respecto, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto de similares contornos y contra la misma entidad demandada, en el sentido de indicar que resulta “perfectamente lícito” que las empresas industriales y comerciales del Estado, dispongan de manera excepcional en sus estatutos, cuáles cargos deben ser desempeñados por empleados públicos.

En efecto, en la sentencia de casación Rad. 23469 del 30 de septiembre de 2004, así razonó la Sala:

“Es perfectamente lícito que dentro de los estatutos de las empresas industriales y comerciales del Estado se disponga de manera excepcional cuáles cargos deben ser desempeñados por servidores que tengan la condición de empleados públicos, en el entendimiento natural de que quienes lo sirvan, tengan “un grado de confianza superior al que se supone en todo servidor público y también un grado más alto de dirección sobre los empleados de su dependencia que le permita el cumplimiento cabal de los objetivos de la empresa”, tal como lo dejó sentado la Corte en la sentencia de casación del 15 de agosto de 1996, Radicación 8223, en la que además, para refutar el apoyo que el ad quem intentó encontrar en la decisión citada por la censura, expuso:

“El equivocado análisis de esta prueba fue determinante para que el tribunal concluyera que... fue trabajador oficial, pues no obstante haber dado por sentado que el cargo de jefe de la división procesal legal que desempeñaba era de la misma índole de los que según el artículo 70 no tienen el carácter de trabajadores oficiales, por un inadecuado entendimiento de la sentencia de la Corte en la que creyó encontrar apoyo para su conclusión, consideró que al no haberse precisado las actividades de dirección o confianza que debía desarrollar, la clasificación no producía los efectos previstos en la ley.

Como basta leer el artículo 70 de los estatutos de las empresas públicas municipales de Barranquilla para establecer que todos los empleados de la misma tienen el carácter de trabajadores oficiales “con excepción del gerente, los subgerentes y jefes de división”, se impone concluir en lo desacertado de la apreciación probatoria del tribunal que lo llevó a dar por probado de manera contraevidente el carácter de trabajador oficial de quien ocupaba un cargo específicamente clasificado entre las excepciones a la regla general de vinculación con las empresas industriales y comerciales, que es la naturaleza jurídica que tiene la demandada, según el juez de alzada.

Como lo recuerda la recurrente, la Corte al resolver un cargo similar al que ahora se estudia en sentencia del 20 de octubre de 1995 (Rad. 7722), expresó lo siguiente: “... los propios estatutos de la accionada, aprobados por el gobierno municipal, seleccionaron entre las varias actividades desarrolladas por la entidad los tres cargos en que el factor de dirección y confianza adquiere un grado superlativo, para deducir, en obedecimiento al mandato legal, que solamente quienes los desempeñaran adquirían la condición de empleados públicos, lo que no sólo está avenido con la ley, sino también con la lógica...”.

Para corregir el error del tribunal resulta conveniente destacar que en su fallo invoca la sentencia de la Corte fuera de contexto, pues las consideraciones de la misma están referidas a un caso en el que la clasificación de los cargos que debían desempeñar empleados públicos no fue precisada en los estatutos de la Electrificadora de Antioquia, sino en una resolución de su junta directiva que ni siquiera fue aprobada por el gobierno...”.

Cómo las anteriores directrices son perfectamente aplicables al caso en particular, se concluye que el tribunal no pudo cometer el yerro jurídico endilgado.

Ahora bien, determinar si en los estatutos de la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia están o no relacionadas las específicas actividades del cargo de “ingeniero de maquinaria y equipo”, desempeñado por el actor y establecer si las mismas corresponden a actividades de dirección y confianza que puedan ser desarrolladas por empleados públicos, implicaría que la Sala tuviera que adentrarse en el análisis del contenido de los medios probatorios obrantes en el plenario. Pero por tratarse de una cuestión meramente fáctica, su estudio no es posible efectuarlo a través de la senda directa, que fue la escogida por el censor.

En virtud de lo anterior, el cargo no sale avante.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte recurrente, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 30 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso adelantado por Hernando Flautero Parra contra el Fondo Pasivo Social de la Empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Costas como quedó indicado en la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».