Sentencia SL856-2013 de diciembre 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40760

SL856-2013

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 40

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

El ad quem determinó que la inconformidad de la parte actora de cara a la sentencia de primera instancia, consistía en que, según criterio del apelante, dejar de reconocer los salarios y prestaciones extralegales del pacto colectivo que venían gozando los actores, por el hecho y desde el momento en que estos adquirieron la calidad de sindicalizados, era un acto discriminatorio por razones del ejercicio de la libertad sindical, y que ni el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, ni los títulos II y III, capítulo I de la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo, para el apelante, determinaban que, para los trabajadores que adhirieron al pacto colectivo y que después hicieren uso del derecho constitucional de pertenecer a una organización sindical, implicaba la renuncia a los derechos que ya hacían parte del contrato de trabajo.

En respuesta a la inconformidad planteada por el impugnante, el ad quem negó las pretensiones de la demanda por estimar, de una parte, que hubo ausencia de prueba sobre la rebaja de los salarios y prestaciones de los actores y de que sus garantías fueron desmejoradas desde el momento en que ellos ingresaron al sindicato y que, ante esto, la Sala no podía hacer suposiciones.

El recurrente en casación se duele de que el tribunal no hubiese dado por probado, a pesar de estarlo, el que los demandantes, por haber hecho uso del derecho constitucional fundamental de asociación sindical, fueron desmejorados en sus condiciones de trabajo, específicamente con la suspensión del pago de las prestaciones sociales extralegales que venían gozando en cumplimiento del pacto colectivo de trabajo suscrito el 10 de septiembre de 1999. Y, para demostrar su acusación, el censor señala, como medios probatorios no apreciados, la demanda, la contestación y la confesión del representante legal de la accionada obtenida en la diligencia de interrogatorio de parte, entre otros.

Sea lo primero advertir por la Sala que esta precisión deja sin piso lo dicho por el replicante sobre la ausencia de indicación de las pruebas cuya valoración era objeto de glosa con la impugnación.

1. Error de hecho del tribunal al no dar por demostrada la desmejora sufrida por los actores con ocasión de la fundación del sindicato.

En lo que atañe al yerro fáctico endilgado al juez colegiado, encuentra la Sala que basta ver el interrogatorio absuelto por la demandada (fls. 666 y ss.), para establecer que fue un hecho aceptado por esta que los actores venían siendo beneficiarios del pacto colectivo de 1999 y que lo fueron hasta cuando unos decidieron fundar el sindicato Sintradanaranjo, y los otros, adherirse a él posteriormente. Igualmente, se establece que la demandada decidió no seguir aplicando el pacto colectivo a los actores desde el momento en que pasaron a ser sindicalizados, porque, a su juicio, tal condición era un impedimento para beneficiarse de dicho acuerdo colectivo. Para más ilustración, a continuación se trascribe la confesión del representante de la demandada sobre el particular:

A la pregunta 4, contestó: “... debido a que el pacto colectivo fue aplicado a los trabajadores no sindicalizados de Danaranjo, incluyendo los demandantes y a partir del 16 de enero de 2002 los demandantes se sindicalizaron por lo que no tenían derecho a las condiciones del pacto colectivo del año 1999”. A la 5, admitió ser cierta la orden de tutela del Tribunal Superior de Bogotá y precisó que el fallo de tutela de 2002, “... ordenó restablecer los derechos contenidos en el pacto contenido a los trabajadores sindicalizados, pero el fallo referido no ordenó que tal decisión producía efectos retroactivos, expresamente dispuso restablecer tales beneficios, es decir se volvieron a establecer desde el 9 de octubre de 2002 en adelante”.

La Sala no se remite al texto de la contestación, pues es de recordar que la demanda se dio por no contestada en razón a que el escrito de respuesta fue presentado de forma extemporánea.

Por tanto, al no caber duda sobre que a los actores no se les aplicó más el pacto colectivo desde que se sindicalizaron, hecho confesado por la demandada, no se requería de más prueba para deducir que los actores ciertamente sufrieron una mengua en sus derechos laborales, por cuanto es evidente que no siguieron recibiendo los beneficios contenidos en el pacto.

Más aun cuando, en el presente caso, el tránsito a la condición de trabajadores sindicalizados fue a raíz de la fundación de un sindicato, lo que, necesariamente, indica que todavía no había convención colectiva, pues es bien sabido que esta no surge de inmediato con el nacimiento de la organización sindical, sino que su celebración amerita de un proceso de negociación que toma su tiempo.

Por tanto, no fue el caso de que los actores dejaron de gozar del pacto colectivo, para pasar a beneficiarse de una convención colectiva; situación está que corrobora que los actores sí sufrieron una reducción de sus derechos laborales, al no seguir recibiendo más los beneficios del pacto colectivo, a cambio de nada.

De lo anterior se sigue que el ad quem sí se equivocó al estimar que no había prueba de la situación de desmejora sufrida por los actores desde el mismo momento en que ingresaron al sindicato, pues es evidente que se trataba de un hecho que fue aceptado por la propia demandada. Así las cosas, prospera el segundo cargo, sin que sea un obstáculo para su éxito el que hubiese denunciado, bajo la modalidad de la vía indirecta, la “falta de aplicación” del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, pues ya la jurisprudencia de esta sala tiene aceptado, en asuntos excepcionalísimos, que por la vía indirecta se puede acusar la sentencia por “falta de aplicación” de un precepto, como modalidad de aplicación indebida, pero solo cuando el error ostensible de hecho, conlleva a que se inaplique la disposición legal que convenía al caso(1).

El artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo no fue objeto de mención alguna por el tribunal, pues el ad quem al considerar no probada la desmejora de los derechos laborales de los actores, dejó de lado cualquier razonamiento sobre la incorporación de los derechos extralegales a los contratos de trabajo de los actores que se desprende del citado artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en principio, de cara a los contenidos en la convención colectiva, pero que igualmente se extiende respecto a los provenientes de un pacto colectivo por remisión del artículo 481 ibídem. Por tanto, bien se podía acusar la falta de aplicación de la citada disposición, la cual es evidente que convenía al caso.

2. Violación directa del artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo a la luz del bloque de constitucionalidad.

Otra razón más que tuvo el tribunal para desechar los argumentos de la alzada fue la de considerar que, según el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, “... el pacto colectivo se celebra entre empleadores y trabajadores no sindicalizados y se aplica exclusivamente a los últimos que lo hayan suscrito o se adhieran posteriormente a ellos”. Resaltado de esta Sala.

Es decir, en criterio del tribunal, conforme a la lectura que hizo de la citada disposición, se requiere ser no sindicalizado, sin excepción alguna, para gozar de los derechos del pacto colectivo, premisa esta que lo condujo a hacer suya la decisión absolutoria del a quo, quien también había considerado que la determinación de la demandada en no reconocer más a los demandantes los derechos contenidos en el pacto gozaba de todo sustento legal, en razón a que, a su juicio, la calidad de trabajadores sindicalizados que comenzaron a ostentar los actores reñía por incompatible con la naturaleza del pacto colectivo, el cual, en su criterio, se predica exclusivo de los trabajadores no sindicalizados.

En el primer cargo, el censor le critica al juez de apelaciones la mencionada interpretación, por estimar, en síntesis, que conlleva una situación discriminatoria por motivos sindicales para el caso de los demandantes.

Esta Sala no comparte la posición del juez colegiado de cara a la interpretación dada al artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo. Es suficiente citar textualmente el mencionado artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, para establecer que dicho precepto no prohíbe continuar beneficiándose del pacto en el evento de que los trabajadores parte del acuerdo tomen la decisión de ejercer el derecho a la libertad sindical:

ART. 481.—Celebración y efectos. <Artículo modificado por el artículo 69 de la Ley 50 de 1990.> Los pactos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones establecidas en los títulos II y III, capítulo I, parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, pero solamente son aplicables a quienes los hayan suscrito o adhieran posteriormente a ellos.

El artículo 481 en cuestión tiene como fin establecer las normas que han de regular los pactos colectivos celebrados entre el empleador y los trabajadores no sindicalizados.

Con tal reglamentación, el legislador está reconociendo, implícitamente, la libertad de los empleadores para celebrar pactos colectivos con aquellos trabajadores suyos, cuyo deseo es mantenerse al margen del sindicato, y a la vez está brindando una oportunidad a quienes libremente optan por no asociarse para mejorar las condiciones laborales, al igual que la tienen los sindicalizados mediante la convención colectiva.

Según el texto de la citada norma, los pactos colectivos se regulan por los preceptos contenidos en los títulos II y III, capítulo I, parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, pero con la particularidad que solamente se aplican a quienes los hayan suscrito o se adhieran posteriormente a ellos.

De tal manera que es por remisión del mismo artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, en arreglo a lo dispuesto en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, al igual que sucede con la convención colectiva, que el pacto colectivo, una vez es suscrito por el trabajador o este se adhiere a él, sirve para fijar las condiciones de rigen los contratos de trabajo, y así venía sucediendo en el caso de los actores, con el pacto colectivo celebrado el 10 de septiembre de 1999.

Más del citado artículo 481, ni de otra disposición a las que remite este, se desprende que el pacto se deja de aplicar automáticamente cuando el trabajador deja su condición de no sindicalizado a consecuencia de su decisión de fundar un sindicato o de adherirse a él posteriormente, como se deriva de la interpretación equivocada que hizo el ad quem.

Adicionalmente, al interpretar la norma en cuestión, el ad quem no hizo distinción alguna para resolver el caso de los demandantes, debiendo hacerla para armonizar la regla de que los pactos colectivos son aquellos que se celebran entre el empleador y los no sindicalizados (regla que ciertamente se deduce del artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo), con las garantías constitucionales de la no discriminación contenida en el artículo 13 de la norma superior y del derecho de asociación sindical del artículo 39 del mismo compendio normativo, y, en concordancia con el inciso 4º del artículo 53 y el artículo 93 ibídem, con los convenios 111, 87 y 98 de la OIT, y con la prohibición establecida para los empleadores en el numeral 4º del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo que les impide “limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación”.

La inteligencia dada por el ad quem a la citada norma le otorgó legitimidad al proceder de la empresa consistente en suspender automáticamente el reconocimiento de los derechos contenidos en un pacto colectivo, por el solo hecho de que los trabajadores suscriptores de este fundaron un sindicato o se adhirieron a él posteriormente, no obstante que, con este proceder del empleador, clara y directamente, se dio como resultado la exclusión injustificada de los actores de los derechos extralegales, pues ellos dejaron de recibir los beneficios de tal naturaleza sin que pasaran a beneficiarse de convención colectiva alguna, lo que, evidentemente, implicaba una notoria desmejora de sus condiciones laborales a causa del ejercicio de la libertad sindical. De tal manera que de aceptarse la lectura realizada por el ad quem de la norma en comento se estaría prohijando la discriminación en el empleo (C 111) por motivos sindicales y desconociendo igualmente el artículo 1º del Convenio 98 de la OIT.

A la luz del Convenio 111 de la OIT, ratificado por Colombia, se entiende por discriminación en el empleo cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación (art. 1º). Bajo esta perspectiva, es discriminación cualquier distinción o exclusión, por motivos ilegítimos, que altere la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo. La exclusión de los beneficios extralegales por fundar un sindicato, tiene un motivo claramente ilegítimo y altera la igualdad de cara a los derechos extralegales.

De aceptarse tal cual la interpretación errada que hizo el tribunal, sin matiz alguno para el caso de que el no sindicalizado beneficiario del pacto muta a sindicalizado por tomar la decisión de fundar o adherirse a un sindicato, sin que aún haya convención de la cual se pasen a beneficiar, aparte de no corresponder al texto literal de la citada disposición y de tener efectos discriminatorios, según lo ya visto, se estaría, también, dando vía libre a la obstrucción al ejercicio del derecho de asociación sindical y se incurriría en flagrante contradicción con los artículos 39, 53 y 93 de la Constitución y los convenios 87 y 98 de la OIT(2).

La Constitución, en su artículo 39, reconoce el derecho de sindicalización a todos los trabajadores, salvo a los miembros de la fuerza pública; y, en el artículo 93, ordena que los derechos contenidos en dicha Carta se interpretarán de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, en consonancia con el inciso 4º del artículo 53 del mismo conjunto de normas superiores que dice que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte del derecho interno.

Es decir que la igualdad de oportunidades que desarrolla el legislador de cara a los trabajadores no sindicalizados, al lado de la libertad del empleador para celebrar pactos colectivos con estos trabajadores(3), mediante la fijación de las normas que regula el pacto colectivo en el mencionado artículo 481, no debe entenderse en contra o en perjuicio del ejercicio del derecho fundamental de la libertad sindical(4). Por ende, se ha de rechazar cualquier solución al caso que limite la realización de este derecho fundamental, pues, a luz del artículo 1º del Convenio 98 de la OIT que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto(5), el reconocimiento de la libertad sindical por el artículo 39 de la Constitución y el Convenio 87 implica también el deber de protección adecuada contra todo acto que disuada o sancione su ejercicio. Reza el artículo 1º del aludido convenio 98 lo siguiente:

“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

(a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;

(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.

En este orden de ideas, entra en conflicto con el bloque de constitucionalidad citado entender que, como del artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo se desprende que el pacto colectivo es aquel que se celebra entre el empleador y sus trabajadores no sindicalizados, en consecuencia los trabajadores favorecidos con un pacto, por el solo hecho de ejercer el derecho de asociación sindical fundando un sindicato o adhiriéndose a él, pierden los beneficios del pacto de forma automática, como sucedió en el caso de los actores. Esta consecuencia es notoriamente inconstitucional.

Igualmente, va en contravía de lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978:

“En ningún caso la existencia de un pacto colectivo en una empresa impedirá al sindicato de sus trabajadores presentar pliego de peticiones y suscribir convención colectiva”.

Al condicionarse la continuidad del derecho de beneficio del pacto colectivo de los actores, al hecho de seguir siendo no sindicalizados, a pesar de que su conversión en sindicalizados no conllevaba ser beneficiarios de una convención colectiva, en razón a que, para ese momento, no la había todavía, se obstaculizaría directamente la formación del sindicato e, indirectamente, el que pueda haber una convención colectiva, en contravía de lo dispuesto del citado artículo 61.

Conforme al ordenamiento jurídico que comprende desde el bloque de constitucionalidad, se concluye que ciertamente, según el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, el pacto colectivo es aquel acuerdo celebrado entre el empleador y sus trabajadores no sindicalizados, pero el trabajador beneficiario de un pacto colectivo no pierde de inmediato el derecho a seguir gozando de tales prebendas por el solo hecho de fundar o afiliarse a un sindicato, en razón a que no puede sufrir un perjuicio por ejercer el derecho de asociación sindical.

Conviene precisar que, de lo anterior, no sigue que el trabajador tenga el derecho a seguir recibiendo los beneficios de un pacto colectivo indefinidamente, aun en el caso en que opte por beneficiarse de la convención colectiva, con el argumento de que ya fueron incorporados al contrato de trabajo, como lo da a entender el censor en parte de su argumento. Pues esto tampoco se deduce del tantas veces mencionado artículo 481 en concordancia con el artículo 467 ibídem, ni del resto de normas atrás mencionadas.

La interpretación que sugiere la censura desnaturalizaría el propósito de la regulación de los pactos colectivos cual es el de otorgar igualdad de oportunidades a los trabajadores no sindicalizados para mejorar sus derechos laborales de orden legal, de cara a los sindicalizados que lo pueden hacer con la convención colectiva. Así mismo, se agravaría, sin justificación razonable, la situación del empleador que ha ejercido la libertad de celebrar pactos colectivos con sus trabajadores.

Ciertamente el artículo 481 establece que los pactos colectivos solo se aplican a los que los suscriban o se adhieran posteriormente a ellos; y el artículo 467 aplicable a los pactos colectivos por remisión de aquel señala que los pactos fijan las condiciones de los contratos de trabajo durante su vigencia, por lo que estos se entienden incorporados a los contratos de trabajo; sin embargo, esto no implica que la incorporación de los derechos del pacto al contrato de trabajo se tornen en cláusulas pétreas, pues si el trabajador libremente opta por acogerse a los beneficios convencionales, ya no hay razón para seguir gozando de los efectos del pacto colectivo, ya que cuenta con los mecanismos propios de los sindicalizados para mejorar sus derechos laborales.

Dicho de otro modo, para el caso del sub lite, el trabajador convertido en sindicalizado seguirá beneficiándose del pacto que ha suscrito, o al cual se ha adherido, hasta tanto se beneficie de la convención colectiva.

En este caso, como las cláusulas del pacto son sustituidas por las cláusulas de la convención colectiva, a raíz de la libre elección del trabajador, en principio, no se atenta contra los derechos de libertad sindical ni de igualdad de trato en el empleo.

Otro argumento para no compartir la aplicación indefinida del pacto, es el de que los beneficios convencionales y los del pacto colectivo, por su naturaleza, son incompatibles dado que la razón de ser del segundo, de brindar igualdad de oportunidades a los no sindicalizados frente a los sindicalizados, se perdería, y continuar con tal protección se volvería desproporcionado. Aunado a que sería perjudicial para los propios trabajadores, en razón a que ya ningún empleador haría uso de la libertad de celebrar pactos colectivos con los no sindicalizados, pues tarde o temprano se vería obligado a sostener los derechos del pacto junto con los derechos de la convención colectiva.

Distinto sería que el empleador desee seguir ejerciendo la libertad de reconocer beneficios extralegales de forma unilateral, pero, en todo caso, le está vedado hacer distinciones entre sindicalizados y no sindicalizados en detrimento de la libertad de asociación sindical.

Lo anteriormente discurrido conlleva a que los cargos cobren éxito. En consecuencia se casará la sentencia y sin costas en el presente trámite.

Es de advertir que los demás razonamientos del tribunal no le quedan sirviendo de sostén al fallo impugnado, en razón a que versan sobre reflexiones que claramente no venían al caso, pues el apelante no estaba alegando discriminación por la coexistencia de un pacto colectivo y una convención colectiva en la empresa. Por tanto, esto no hace parte de la ratio decidendi de la sentencia y, por este motivo, mal pueden considerarse sustento de esta.

Fallo de instancia

El a quo, luego del examen de los antecedentes del caso y del fallo de tutela del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, del 9 de octubre de 2002, proferido dentro del proceso adelantado entre las mismas partes del presente proceso, determinó que “los argumentos que en su momento sirvieron de base para incoar la acción de tutela guardan ostensible similitud con los fundamentos de esta demanda, pues el tema jurídico resulta ser el mismo, solo que ahora se reclama por esta vía aquellos derechos dejados de reconocer en el fallo de tutela ya que sus efectos fueron a futuro, y se aduce un incumplimiento de la accionada a lo dispuesto en dicha decisión”. A lo cual agregó:

“En este orden de ideas corresponde a esta oficina determinar si le asiste o no razón a la parte actora para reclamar aquellos derechos contenidos en el pacto colectivo de trabajo y que perdieron los demandantes al momento de vincularse a la organización sindical” (fl. 728).

Sobre la base de lo anterior, se retoma que, conforme a los hechos 6.7 al 6.9 de la demanda, los anexos de esta (fls.187 y ss.) y las respuestas del representante legal de la entidad en la diligencia de interrogatorio de parte (fl. 667), los demandantes adquirieron la condición de sindicalizados entre el 16 al 21 de enero de 2002. Y que, según folios 603 y siguientes, la sentencia de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó restablecer los derechos del pacto a los demandantes, ya referida, tiene fecha 9 de octubre de 2002. Además, que el a quo estimó vigentes los contratos de trabajo de los actores para la fecha del fallo, 30 de enero de 2007 (fl. 317).

Conforme a los parámetros anotados, se estudiarán los derechos extralegales de los actores causados desde el 16 de enero de 2002 (según la situación de cada actor) hasta el 9 de octubre de 2002, los cuales evidentemente no fueron reconocidos por la empresa, pues, de acuerdo con el interrogatorio absuelto por el representante de esta (fl. 667), se los dejó de reconocer desde que se sindicalizaron por estimar que, dada esta nueva condición, no le eran aplicables las disposiciones del pacto suscrito en 1999; y si bien, en esa misma oportunidad, admitió que el fallo de tutela del 9 de octubre de 2002, había ordenado restablecer los derechos del pacto a los trabajadores sindicalizados, expresó su criterio sobre que “... el fallo referido no ordenó que tal decisión producía efectos retroactivos, expresamente dispuso restablecer tales beneficios, es decir se volvieron a establecer desde el 9 de octubre de 2002 en adelante”, y que, por esto, no les reconoció la prima de antigüedad ni de vacaciones antes del mencionado fallo de tutela.

Por las razones ya expuestas en sede casación, esta Sala no comparte la conclusión (fl. 729) del juez de primera instancia sobre que “... desde el punto de vista normativo la determinación de la empresa de no reconocer más a los demandantes esos derechos contenidos en el pacto colectivo goza de todo sustento legal, en cuanto la calidad de trabajadores sindicalizados que comenzaron a ostentar los actores, riñe por incompatible con la naturaleza del pacto colectivo del cual se predica es exclusivo de los trabajadores sindicalizados”.

El a quo, para sustentar la citada posición, si bien hizo alusión a la ponderación constitucional entre el ejercicio del derecho fundamental de asociación sindical y la libertad patronal de celebrar pactos colectivos contenido en la Sentencia C-009 de 1994, de donde extrajo el deber de los jueces de dar protección y garantía al ejercicio de la libertad sindical frente a cualquier acción tendiente a vulnerar o desestabilizar las organizaciones sindicales, concluyó que, en el caso del sub lite, la empresa no vulneró el mencionado derecho fundamental, pues estimó que “no estaba demostrado en el expediente un exceso de la empresa a la libertad para suscribir pactos colectivos” (fl. 731).

El a quo no compartió lo sostenido por la parte demandante sobre que la inclusión en el pacto de cláusulas de advertencia de la pérdida de sus beneficios por convertirse en trabajador sindicalizado era una amenaza para los trabajadores. En criterio del juzgador de primera instancia, aún sin estas cláusulas, “... la consecuencia jurídica de pérdida del derecho sería idéntica, pues es la propia ley quien (sic) así lo dispone”, dado que, según su interpretación del artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, “... la naturaleza jurídica de los pactos colectivos se dirige exclusivamente a trabajadores no sindicalizados”. Resalta del a quo.

Justamente, el error del a quo radicó en considerar que era el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo el que generaba la consecuencia de la pérdida de los derechos del pacto por el solo hecho de que el trabajador fundase un sindicato.

Ya esta Sala, en sede de casación, determinó que si bien del artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo se desprende que el pacto colectivo es aquel que se celebra entre el empleador y sus trabajadores no sindicalizados, es inconstitucional deducir de esta premisa que los trabajadores favorecidos con un pacto, por ejercer el derecho de asociación sindical fundando un sindicato o adhiriéndose a él, cuando todavía no pasan a beneficiarse de convención colectiva alguna, pierden los derechos derivados del pacto de forma automática; como fue el caso de los actores.

También, dejó en claro que es errado interpretar que el citado artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la consecuencia adversa para el no sindicalizado que funda o se adhiere a un sindicato, aplicada por la empresa y avalada por el a quo, pues ya quedó visto que la finalidad de dicho precepto es la de fijar el régimen de los pactos colectivos que celebra el empleador con los no sindicalizados, más no la de regular la consecuencia, en particular, del no sindicalizado beneficiario del pacto colectivo que decide sindicalizarse.

Frente al vacío normativo para resolver la situación de los demandantes se ha de acudir a los principios de protección del derecho de asociación sindical y de la no discriminación por motivos sindicales contenidos en el bloque de constitucionalidad conformado por los artículos 13, 39, inciso 4º del artículo 53 y 93 de la norma superior, junto con los convenios 111, 87 y 98 de la OIT, y resolver el caso con una regla que garantice los derechos fundamentales que están en juego.

De todo lo atrás expuesto, fluye la regla según la cual si el no sindicalizado beneficiario del pacto decide pasar a ser sindicalizado, tendrá derecho a seguir recibiendo los beneficios del pacto, hasta tanto sea favorecido con una convención colectiva; de esta manera se conjura cualquier discriminación por motivos sindicales. Pues la incompatibilidad, en esta situación especial de transición, está en que se llegue a ser beneficiario de ambos conjuntos de beneficios de origen extralegal, más no, entre el goce del pacto colectivo y el cambio al estatus de sindicalizado.

En este orden ideas, no se requería de más prueba, opuesto a lo dicho por el a quo, para efectos de establecer que la empresa sí se excedió en el ejercicio de la libertad de celebrar pactos, cuando, so pretexto de la aplicación de los parágrafos primero y tercero de la cláusula primera del pacto colectivo y del artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, según lo confesado por ella en el interrogatorio de parte, dejó de reconocer las prerrogativas allí concedidas a los demandantes por el solo hecho de haber pasado a ser sindicalizados; pues no hay duda de que, con este comportamiento, el empleador, además de mandar un mensaje disuasorio del ejercicio del derecho de asociación a los demás trabajadores que seguían siendo no sindicalizados, estaba tomando represalias contra los trabajadores que decidieron dar ese paso.

No se podía estimar, como lo hizo el a quo, “que no hubo un ataque de la empresa a la organización sindical” y que esta “no evitó por medio de amenazas su conformación”, dado que, a su juicio, al fin de cuentas, ellos sí pudieron fundar el sindicato. Para resolver el problema planteado, el juez de primera instancia debió examinar todo el contexto de la realidad fáctica, la cual muestra que sí hubo la afectación de tal derecho en cabeza de los actores, puesto que su ejercicio les trajo de inmediato consecuencias negativas.

Ciertamente, a pesar de la oposición del empleador, ellos lograron formar el sindicato; pero también es evidente que, a raíz de esto, ellos tuvieron que soportar el despojo de los derechos extralegales que venían gozando en virtud del pacto colectivo de 1999, situación que se mantuvo hasta cuando la sentencia de tutela ordenó el restablecimiento de sus derechos.

Conforme a las reflexiones jurídicas atrás expuestas, la empresa debió seguir reconociendo a los accionantes los derechos del pacto colectivo de 1999 en la medida que se fueran causando y hasta tanto se celebrara una convención colectiva que los cobijara, pues ni legal ni constitucionalmente le estaba permitido suspenderles tales beneficios por el solo hecho de pasar a ser sindicalizados.

Aunado a todo lo anterior, encuentra la Sala que tampoco era cierto que el pacto colectivo tuviera consagrada la incompatibilidad de los derechos del pacto con la sola condición de ser sindicalizado. En dicho pacto lo que se estableció fue la incompatibilidad entre recibir los beneficios de la convención colectiva y los derechos del pacto, la cual justamente concuerda con lo dicho por esta Sala. El texto de los parágrafos primero y tercero (fls. 696 y 697) es como sigue:

“Parágrafo primero: en un todo con el artículo 481 (texto vigente) del Código Sustantivo del Trabajo es requisito indispensable de parte de los trabajadores para suscribir el presente pacto, no estar afiliados a ninguna organización sindical; en consecuencia, si uno o varios de los trabajadores beneficiarios de este llegare a afiliarse a un sindicato, cesarán automáticamente para estos todos los beneficios en él contenidos, incluidos naturalmente los aumentos salariales, eliminándose toda posibilidad para tales trabajadores de quedar amparados al mismo tiempo por el pacto y cualquier convención colectiva, así sea de forma parcial.

(...).

Parágrafo tercero: la afiliación de un trabajador beneficiario del presente pacto a una organización sindical, sin dar aviso en los siguientes dos días a la empresa para efectos del parágrafo anterior, se considera falta grave que faculta a la empresa para terminar unilateralmente con justa causa el contrato de trabajo, de acuerdo con el artículo 7º literal a) numeral 6º del Decreto 2351 de 1965. Por considerarse un acto de enriquecimiento sin justa causa por aprovechamiento simultáneo de dos normatividades incompatibles por mandato legal”. Resaltado de la Sala.

Así pues, sin necesidad de mayor ejercicio argumentativo, la interpretación que corresponde a tales parágrafos, a la luz del ordenamiento jurídico, es la de que los trabajadores beneficiaros del pacto dejan de recibir los derechos en él contenidos solo cuando el paso de no sindicalizado a sindicalizado lo acompaña la calidad de acreedor de los beneficios de una convención colectiva, en razón a que las prerrogativas de uno y otro acuerdo son incompatibles. De darse este evento, el trabajador deberá comunicar de inmediato al empleador para efectos de que proceda acorde con la incompatibilidad existente; de no dar este aviso, el trabajador incurrirá en falta grave constitutiva de justa causa de terminación del contrato de trabajo.

Por tanto, tampoco tuvo razón el empleador al invocar el pacto para actuar ante los demandantes como lo hizo, pues, de acuerdo con lo visto, aplicó la suspensión de los derechos del pacto a una situación distinta a la enunciada en el citado acuerdo. Este proceder es un indicio grave de que la empresa no actuó llevada por el deseo de cumplir los citados parágrafos del acuerdo de 1999, si no que su real intención fue la de tomar represalias en contra de los demandantes a consecuencia de su iniciativa de fundar un sindicato y de que los demás trabajadores reconsideraran cualquier propósito en este sentido.

Precisado lo anterior, lo que sigue es descender al caso concreto de los demandantes para efectos de resolver sobre las condenas que ellos solicitan.

Al emprender dicho propósito, encuentra la Sala que las documentales de folios 248 al 593, allegadas por la empresa con la contestación de la demanda correspondientes a los contratos de trabajo de cada uno de los demandantes, así como al histórico de pagos de salarios y prestaciones sociales de cada uno de estos en los tres últimos años en ese entonces, no fueron incorporadas debidamente al plenario, en razón a que aquella no se tuvo en cuenta por haber sido presentada en forma extemporánea.

En vista de que las referidas documentales son necesarias para proferir condena en concreto se asumen de oficio y, mediante auto para mejor proveer, se ordena su incorporación al plenario, y se pone en conocimiento de las partes la mencionada incorporación para los fines pertinentes.

Cumplido lo anterior, el expediente volverá al despacho para efectos de proferir condena de segunda instancia en concreto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Su­prema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 21 de noviembre de 2008 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso instaurado por los 21 recurrentes seguidamente relacionados contra Danaranjo S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

 

1Reynaldo Acosta Parra
2Pablo Antonio Ángel Montañez
3Margarita Casto Reyes
4Magda Jeannette Córdoba Rodríguez
5Libardo Cruz Rodríguez
6Arcelia Díaz de Alarcón
7Efraín Estupiñán Gómez
8Jorge Eduardo Galindo Monroy
9Dora Garantiva Rueda
10Jairo García González
11Estrella Gómez Bonilla
12Ana Julia Loaiza Castrillón
13Néstor Martínez Veloza
14Carlos Mario Mendoza Ancines
15Julio Novoa Alfonsopedro
16María Luz Pedraza Sánchez
17Willian Antonio Peñuela Duque
18Orlando Eduardo Rodríguez Gamboa
19Mirtha Trinidad Rodríguez Valenzuela
20Manuel Rojas Peñuela
21Liliana Aminta Sarmiento

 

En sede de instancia, se dicta el siguiente auto:

Incorpórense al plenario de las documentales obrantes a folios 248 al 593, y se pone en conocimiento de las partes esta decisión, para los fines pertinentes.

Cumplido lo anterior, el expediente volverá al despacho para efectos de proferir condena de segunda instancia en concreto.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(1) Ver radicado 21526 del 19 de abril de 2004

(2) “la Corte [Constitucional] estima necesario precisar, una vez más que, según los artículos 53 inciso 4º, 93 y 94 de la Constitución Política, el contenido y alcance del derecho de asociación sindical ha de fijarse con arreglo a los convenios y tratados sobre derechos humanos, específicamente ha de tenerse en cuenta el Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, conjunto de reglas obligatorias, que a su vez se encuentra complementado por el Convenio 98 de la misma organización, que regula lo relativo a la aplicación de los principios del derecho de asociación y libertad sindical”. Sentencia C-1491 de 2000 de la Corte Constitucional.

(3) “... debe reiterar una vez más esta Corporación que la libertad de celebrar pactos colectivos está limitada por normas constitucionales y legales. En efecto, la sumisión de los patronos a la Constitución no solo se origina en los artículos 1º, 4º numeral 2º, y 95 superiores, sino en la ley en cuanto los obliga a acatarla y le imponen como deberes respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, defender los derechos humanos y propender al logro y mantenimiento de la paz, lo cual se traduce en el establecimiento de relaciones laborales justas en todo sentido, además del reconocimiento y respeto de los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales”. Ibídem.

(4) Es pertinente traer a colación, por esta Sala, lo dicho por la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, CEACR, respecto al caso colombiano sobre el tema: “La comisión recuerda que en su observación anterior se refirió a la necesidad de garantizar que los pactos colectivos no sean utilizados para menoscabar la posición de las organizaciones sindicales y la posibilidad en la práctica de celebrar convenciones colectivas con estas... La comisión toma nota de que por su parte, el Gobierno indica que la celebración de pactos colectivos, permitidos por la legislación, en ningún caso impedirá al sindicato presentar pliego de peticiones y suscribir convención colectiva, siempre de conformidad con la Sentencia C-345 de 2007 de la Corte Constitucional según la cual “las negociaciones directas entre empleadores y trabajadores no sindicalizados no pueden atentar contra la negociación colectiva y los derechos sindicales”. El Gobierno subraya que el único caso en el que un mismo empleador puede firmar una convención colectiva de trabajo y un pacto colectivo se da cuando el sindicato representa a menos de una tercera parte de los trabajadores de la empresa. El Gobierno señala que en 2008 se depositaron 209 pactos colectivos, 15 por ciento más que el año anterior en que se depositaron 182. En cuanto a los convenios colectivos, en 2008 se depositaron 261, 3 por ciento más que 2007, en que se depositaron 254. A este respecto, al tiempo que recuerda que los pactos colectivos negociados directamente con los trabajadores no deberían ser utilizados para menoscabar la posición de las organizaciones sindicales, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas tendientes a estimular y promover el pleno desarrollo y uso de la negociación colectiva voluntaria, de conformidad con el artículo 4º del convenio y de garantizar que la firma de pactos colectivos negociados directamente con los trabajadores solo sea posible en ausencia de sindicato y que no se realice en la práctica con fines antisindicales”. Observación de la CEACR del 2009 publicada en la 99ª reunión de la CIT en el 2010, http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2317785,102595,Colombia,2009

(5) “... debe reiterar una vez más esta corporación, que el constituyente de 1991 elevó a canon constitucional la mayoría de los principios y valores consagrados en las recomendaciones y convenciones de la OIT, en especial los acuerdos o convenciones 87 sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicalización de 1948, 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva; y, el 151 sobre la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, y que han sido incorporados a la legislación colombiana en virtud de las leyes 26 y 27 de 1976 y 411 de 1997”. Ibídem.