Sentencia SL8595-2015/55730 de julio 15 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 55730

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 21

Bogotá, D.C., quince de julio de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Victoria Eugenia Quintero Marín, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 23 de noviembre de 2011, en el juicio que le promovió la recurrente al Instituto de Seguros Sociales.

De conformidad con la petición elevada conjuntamente por el vicepresidente jurídico - secretario general de la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones— y el director jurídico nacional del Instituto de Seguro Sociales, obrante a folios 40 y 41 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesora procesal del extinto Instituto a la referida administradora, de conformidad con el Decreto 2013 de 2012 y 60 del C.P.C., aplicable a los procesos del trabajo y de la seguridad social, en virtud de la remisión analógica señalada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I. Antecedentes

La señora Victoria Eugenia Quintero Marín demandó al Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que fuera condenado a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez, a partir del 28 de febrero de 2008, así como las mesadas atrasadas, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante adujo que nació el 28 de febrero de 1949, por lo que cumplió 55 años de edad el mismo día y mes de 2004; que el 19 de octubre de 2009, radicó ante la entidad solicitud de reconocimiento de pensión de vejez, la cual fue negada, mediante la Resolución 5494 de 2010; que cotizó para el instituto accionado un total de 4426 días, es decir, 632 semanas las cuales se encontraban dentro del periodo de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad; que padecía diabetes mellitus II, insuficiencia renal crónica, cardiopatía isquémica e hipertensión arterial; que por este motivo, inició los trámites de calificación de invalidez ante el departamento de medicina laboral del ente demandado; que, mediante Resolución 2581 de 13 de abril de 2011, este determinó que tenía un 69.97% de pérdida de la capacidad laboral, a partir del 28 de febrero de 2008; y que el 14 de junio de 2011 presentó solicitud de reconocimiento de la prestación de invalidez, pero a la fecha no había sido resuelta.

Al dar respuesta a la demanda (fls.27-30 del cuaderno principal), el ente accionado se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, los reconoció como ciertos. En su defensa propuso las excepciones de mérito que denominó prescripción, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 27 de octubre de 2011 (fls.42 del cuaderno principal), absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

III. Sentencia de segunda instancia

Al conocer del proceso, por apelación interpuesta por la demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo de 23 de noviembre de 2011 (fls. 46-47 del cuaderno principal), confirmó el proferido por el a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a resolver era si resultaba procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa al caso de la actora, para el reconocimiento de la prestación de invalidez cuando la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral se había dado en vigencia de la Ley 860 de 2003; que se encontraba plenamente demostrado que a folio 12 del expediente obraba el dictamen de 13 de abril de 2011 del departamento de medicina laboral del instituto demandado, en el que se determinaba la pérdida de la capacidad laboral de la demandante en el 69.97% con fecha de estructuración del 28 de febrero de 2008; que, igualmente, a folio 2 y 3 del plenario, constaba que la citada había cotizado al Instituto un total de 384.71 semanas y laborado al Estado un total de 1737 días, tal como obraba a folio 8, y que dentro de los tres (3) años anteriores al estado de invalidez no contaba con cotización alguna, según se desprendía de la planilla que obraba a folios 2 y 3.

Agregó que, en cuanto al principio de la condición más beneficiosa, el criterio jurisprudencial no resultaba pacífico, pues presentaba discusión en su aplicabilidad; que este principio, de todas formas, resultaba ser aplicable desde el punto de vista legal, constitucional y desde el derecho internacional; que la jurisprudencia había admitido la operatividad de esta figura en el caso de las personas que habiendo cumplido con un número elevado de cotizaciones, antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, esto era, de 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al estado de invalidez o, en su defecto, 300 semanas en cualquier tiempo, tal como lo contemplaba el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no llenaban las exigencias de la Ley 100 de 1993.

Observó que la apelante alegaba la aplicación del Acuerdo 49 de 1990 en virtud de la condición más beneficiosa; que era necesario indicar, como primera medida, que la estructuración del estado de invalidez de la actora se había producido en vigencia de la Ley 860 de 2003, normatividad que, resaltó, fue a la luz de la cual se analizó la procedencia del derecho por parte de la entidad demandada; que lo cierto era que cuando se aplicaba de manera excepcional el principio de la condición más beneficiosa no le resultaba dable al juzgador buscar la norma que hubiera regido la materia en eventos remotos, sino que debía aplicarse la inmediatamente anterior a la que regulaba el caso; que no resultaba razonable jurídicamente efectuar un ejercicio histórico anterior a la norma aplicable al caso; que, en efecto, se notaba que la estructuración de la invalidez había ocurrido en el año 2008 y la normatividad que regía la materia era la Ley 860 de 2003, motivo por el cual la aplicación del principio de la condición más beneficiosa conllevaba a que se analizara el caso a la luz del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, pero no en las disposiciones previstas en el Acuerdo 49 de 1990; que esta posición había sido sostenida por esta corporación.

Agregó que, en esa medida, no tenía “cabida la aplicación del prenotado principio en el evento de la Ley 860 de 2003 frente al artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, por cuanto ésta última pues no se exigía niveles de densidad de cotizaciones bajos para acceder a la pensión de sobrevivientes (sic) en relación con los más exigentes pretendidos por el legislador en la nueva disposición”; que como conclusión resultaba acertada la decisión del a quo, respecto del marco normativo en el caso, pues era improcedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, toda vez que resultaba equivocada la postura de la apelante en cuanto a que debían aplicarse las disposiciones del Acuerdo 49 de 1990, el cual era muy anterior a la Ley 860 de 2003, por cuanto era la normatividad vigente a la ocurrencia del evento de invalidez y debían cumplirse las exigencias allí contempladas.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, “en lugar del fallo casado, se sirva declarar que la señora Victoria Eugenia Quintero es el (sic) beneficiaria de la pensión de invalidez con base del (sic) principio de la condición más beneficiosa y como consecuencia de ello: Primero: Que se declare que la señora Victoria Eugenia Quintero cuenta con 300 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994. Segundo: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al Instituto de Seguros Sociales, al pago de la pensión de invalidez a partir del 28 de febrero de 2008. Tercero: Que se condene al Instituto de Seguros Sociales, al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados sobre las mesadas pensionales atrasadas. Cuarto: Se condene al Instituto de Seguros Sociales, al pago de las costas y agencias en derecho que genere este proceso”.

Con tal propósito formula un cargo, que denominó “Primer cargo”, por la causal primera de casación, que fue replicado y, enseguida, se estudia.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de infracción directa, los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en relación con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de 1991, lo que, dice, condujo a la aplicación indebida de los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración del cargo, luego de transcribir los artículos 6 del Acuerdo 49 de 1990 y 1º de la Ley 860 de 2003, resalta que sí se puede aplicar el primero frente a la segunda por mandato del artículo 53 de la Constitución Política cuando señala que la ley, los contratos, los acuerdos y los convenios del trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana, ni los derechos de los trabajadores; que esta norma constitucional consagra el principio de la condición más beneficiosa lo cual comporta que la norma anterior se aplica de preferencia a la nueva si es más beneficiosa al afiliado, dado que, en principio, se supone que las normas expedidas con posterioridad serán más favorables, pero no en menoscabo de los trabajadores; que por este motivo debe aplicarse el Acuerdo 49 de 1990 que señala como requisitos para acceder a la pensión de invalidez 150 semanas en los tres (3) años anteriores al estado de invalidez o 300 en cualquier tiempo; que, adicionalmente la jurisprudencia de las Altas Cortes indica que dichas semanas deben ser cotizadas antes de la Ley 100 de 1993, tal como ocurre en el presente asunto, pues la demandante, subraya, contaba con 632 semanas al momento en que se generó su pérdida de la capacidad laboral de las cuales 300 habían sido cotizadas ante de la entrada en vigencia de la ley del sistema de seguridad social integral, tal como se podía comprobar en la historia laboral aportada por el ISS.

Manifiesta que la línea jurisprudencial de esta corporación en materia de condición más beneficiosa admite la aplicación de este principio constitucional, tal como puede verse reflejado en la Sentencia CSJ SL, 25 jul. 2005, rad. 24242, de la cual cita extenso aparte; que en igual sentido se pronunció la Corte Constitucional en las sentencias T-78, T-77, T-69, T-80 de 2008; que no resulta lógico que una prestación se niegue cuando a pesar de contar con más de 20 años de cotización no se acreditara 25 semanas durante los últimos 3 años, pues lo cierto es que una prestación de invalidez, se puede financiar realmente con 6 años de cotización y no con 25 semanas; que, finalmente, resulta inaceptable que un juez de instancia fundamente su decisión en una sentencia que se aleja completamente de lo pretendido en la demanda inicial, es decir, donde se ventilaba otro tipo de prestación económica, pues “lo pretendido por la suscrita es que con base en el principio de favorabilidad y la proporcionalidad se aplique el Decreto 758 de 1990, ya que mi mandante a pesar de contar con la fidelidad al sistema no cuenta con las 50 semanas de cotización durante los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración, pero sí cuenta con casi 20 veces dichas 50 semanas y ya al año de 1994 contaba con más de 1000 semanas cotizadas”.

VII. Réplica

Afirma que el escrito de la demanda de casación se asemeja a un alegato de instancia y presenta graves e insuperables deficiencias de técnica, motivo por el cual la Corte no puede pronunciarse de fondo en el asunto; que en el alcance de la impugnación no se indica cómo debe actuar la Sala frente a la decisión de primer grado; que la Corte no puede pronunciarse de oficio; que como el fundamento de la sentencia del tribunal se basó en la jurisprudencia de la Corte, el único concepto de violación admisible es la interpretación errónea; que aun si se pudiera estudiar de fondo el ataque lo cierto es que la demandante no sufragó 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, además de que no puede computarse al tiempo de servicio cotizado al ISS el que fue servido al sector público y la citada no tenía el derecho a la luz de ninguna normatividad.

VIII. Consideraciones

Encuentra la Corte que lo reprochado por la censura al juez de segundo grado es el haber desconocido el principio constitucional de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Carta Política y desarrollado por la jurisprudencia, porque no aplicó las disposiciones del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a la luz del cual la demandante había acreditado las exigencias para el reconocimiento de la pensión de invalidez pretendida en el juicio.

Como el cargo se enfoca por la vía del puro derecho, no se encuentran discusión los presupuestos fácticos del fallo impugnado, relativos a que: i) el dictamen del departamento de medicina laboral del instituto demandado de 13 de abril de 2011 determinó que la demandante sufría una pérdida de la capacidad laboral en el 69.97%, con fecha de estructuración del 28 de febrero de 2008, ii) la actora cotizó un total de 384.71 semanas para el ISS y laboró para el Estado 1737 días y iii) dentro de los tres (3) años anteriores al estado de invalidez, la citada no contaba con cotización alguna al sistema general de pensiones.

Frente a la inconformidad de la censura, no se encuentra que el ad quem haya cometido error alguno en su decisión, por cuanto la mayoría de la Sala ha sostenido de tiempo atrás que la norma que regula la prestación de invalidez es la que se encuentra vigente al momento en que se estructura el estado de invalidez y que, en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, se permite dar efectos a la norma inmediatamente anterior, sin que le sea dable al fallador efectuar una búsqueda histórica en las leyes precedentes, a fin de encontrar la más conveniente al caso particular en estudio.

Bajo este entendido, se ha asentado que los casos de pensión de invalidez que, en principio, están gobernados por la Ley 860 de 2003, por haber ocurrido la estructuración de la invalidez en su vigencia, pueden ser analizados, por mandato del principio de la condición más beneficiosa, a la luz de las exigencias de la Ley 100 de 1993, por ser la normatividad inmediatamente anterior a aquélla, para determinar si se cumplen con las mismas, pero que este análisis jurídico no avala, de ninguna manera, que el juez examine la situación fáctica con base en las disposiciones del Acuerdo 49 de 1990, anteriores a la Ley 100 de 1993, pues un entendimiento en tal sentido desnaturaliza dicho principio constitucional y afecta de manera grave la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento jurídico.

En efecto, recientemente, en un caso de similares dimensiones al que hoy estudia la Sala en contra del Instituto demandado, en la Sentencia SL9780-2014, se dijo:

“Todo el esfuerzo argumentativo de la censura está encaminado a demostrar que en este caso era posible definir el derecho a la pensión de invalidez reclamada en el proceso, a la luz de lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, a pesar de que la estructuración del estado de invalidez se hubiera dado en vigencia de la Ley 860 de 2003 y por virtud del principio de la condición más beneficiosa.

No se discute, en ese sentido, el hecho de que el demandante estructuró su estado de invalidez el 30 de junio de 2006 y que dentro de los tres años anteriores a su muerte no realizó cotización alguna para el sistema general de pensiones.

En tales condiciones, el tribunal no incurrió en las infracciones jurídicas que denuncia la censura, pues esta Sala de la Corte ha explicado con suficiencia que la norma llamada a regular la pensión de invalidez es, por regla general, la que se encuentra vigente en el momento en que se estructura el estado de invalidez. En este caso, al corresponder dicho suceso al 30 de junio de 2006, como bien lo dedujo el juzgador de segundo grado, la norma aplicable era el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, es cierto que en sentencias como la CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, la mayoría de la Sala clarificó que es posible la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en aras de permitir la aplicación del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, a aquellas situaciones gobernadas por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

No obstante, al mismo tiempo, la Sala descartó que en dichos supuestos pueda dársele aplicación a las previsiones del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, como lo reclama el censor, puesto que, adoctrinó, el principio de la condición más beneficiosa no supone una búsqueda histórica de normas con el fin de conseguir aquella que se acomode de mejor manera a las circunstancias personales de cada asegurado, sino la aplicación excepcional de la norma inmediatamente anterior a la que regula por principio la situación. Dijo la Sala:

“Como lo anterior implica un cambio de criterio de la Sala frente a la pensión de invalidez, cuando el estado de invalidez se estructura en vigor del artículo 1º de Ley 860 de 2003 y para el momento en que entró a regir este nuevo ordenamiento legal se tenían satisfechos los requisitos de la norma precedente, se rectifica y recoge cualquier pronunciamiento que en contrario se hubiera proferido, aclarando que lo expresado también tendría plena aplicación en lo concerniente a la pensión de sobrevivientes y la Ley 797 de 2003, para efectos de ampliar los alcances del mencionado principio legal y constitucional de la condición más beneficiosa a legislaciones posteriores a la Ley 100 de 1993.

3. Caso concreto:

El afiliado demandante para la fecha de estructuración de la invalidez, que como está comprobado se produjo el 1º de junio de 2004, no tenía 50 semanas cotizadas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a ese hecho, pues como lo estableció el tribunal y no es materia de controversia en sede de casación, en ese lapso del 1º de junio de 2000 al 1º junio de 2004, no cotizó ninguna semana.

Como atrás quedó explicado, para poder aplicar el principio de la condición más beneficiosa de acuerdo con el criterio jurisprudencial que se está fijando, es necesario que el afiliado cumpla con la densidad de semanas de la norma inmediatamente precedente en las hipótesis que se han señalado, para este caso en particular el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que es la disposición que fue modificada o remplazada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, no siendo en consecuencia cualquier otra norma anterior. En sentencia del 9 de diciembre de 2008 radicado 32642, al respecto se especificó que “no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho” (resalta la Sala).

De ahí que, el hecho indiscutido de que el actor tenga más de 300 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994 cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, no tiene para este asunto en particular ninguna incidencia, en la medida que bajo el amparo de la llamada condición más beneficiosa, los requisitos para acceder a la pensión de invalidez no son los contenidos en el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, sino los previstos en el artículo 39 de la Ley 100.

Pero sucede, que el promotor del proceso no satisface la densidad de semanas exigida por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, en los términos antes descritos, ya que no cuenta con el mínimo de 26 semanas cotizadas dentro del año previo a la estructuración al estado de invalidez que en este caso ocurrió el 1º de junio de 2004, ni con las 26 semanas dentro del año anterior a la fecha de entrada en vigencia del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, es decir, para el lapso del 29 de diciembre de 2002 al 29 de diciembre de 2003, si se tiene en cuenta que en los tres últimos años a la invalidez tiene cero (0) semanas de cotización.

Así las cosas, en el asunto en particular, no hay lugar a conceder la pensión de invalidez implorada en los términos de la norma que en un comienzo gobierna la situación pensional del accionante (artículo 1º de la Ley 860 de 2003), ni tampoco es dable acudir al principio de la condición más beneficiosa para tener en cuenta los requisitos de la norma inmediatamente precedente, que lo es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, por no tener siquiera las 26 semanas de cotización allí exigidas” CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674 (Ver también CSJ SL, 17 jul. 2012, rad. 41785, y CSJ SL, 2 oct. 2012, rad. 42623).

Tampoco resultaba aplicable, para este caso en particular, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, cuya utilización excepcional, como ya se dijo, ha sido aceptada por la mayoría de la Sala en situaciones gobernadas por la Ley 860 de 2003, pues el asegurado no cumplía con los presupuestos necesarios para ello, en la medida en que había dejado de cotizar al sistema y no tenía 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de su estado de invalidez.

En las anteriores condiciones, el tribunal no aplicó de manera indebida el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, ni desfiguró los alcances del principio de la condición más beneficiosa, en los términos en los que ha sido precisado por la jurisprudencia mayoritaria de esta Sala de la Corte.

A la luz de estas consideraciones y bajo los supuestos fácticos asentados por el tribunal, en cuanto a que la demandante perdió su capacidad laboral en un 69.97% y estructuró su estado de invalidez el 28 de febrero de 2008, no habiendo cotizado ninguna semana dentro de los tres (3) años anteriores a dicha fecha, la Corte no encuentra que el fallador haya incurrido en algún error jurídico, pues al no haber acreditado la densidad de semanas de la Ley 860 de 2003 que, en principio es la que regula el caso, conforme al criterio mayoritario de la Sala, solo procedía analizar el caso a la luz de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, por ser la normatividad inmediatamente anterior a aquélla, frente a la cual, debe resaltarse, tampoco la demandante acredita las exigencias, toda vez que, al haber cotizado al sistema general de pensiones tan solo hasta el mes de mayo de 2000, no cumple con 26 semanas durante el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, para acceder a la prestación económica, en los términos de la Ley 100 de 1993, tal como en efecto se observa en la historia laboral de folios 2 a 4 del cuaderno principal.

De este modo, resulta equivocado el razonamiento de la censura, en cuanto a que en el caso debía darse aplicación al Acuerdo 49 de 1990, pues el principio constitucional de la condición más beneficiosa no avala la utilización de cualquier norma precedente o pretérita, como la invocada por la recurrente, a fin de aplicarla por ser la más conveniente a sus circunstancias particulares, por lo que siendo éste el entendimiento que el fallador de segunda instancia fijó en el asunto, no incurrió en ningún yerro jurídico en la sentencia impugnada que amerite la intervención de esta corporación, por lo que la misma permanecerá amparada bajo las presunciones de acierto y legalidad.

Finalmente, vale la pena resaltar que de todas formas la demandante tampoco acredita las semanas mínimas exigidas para la pensión de vejez, establecidas en el Acuerdo 49 de 1990, el cual le resulta aplicable por ser beneficiaria del régimen de transición, toda vez que de conformidad con el reporte de semanas de folios 2 a 6 del cuaderno principal, acredita en todo el tiempo laborado y durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 55 años, tan solo 384.71 semanas.

En consecuencia, el cargo resulta infundado.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000).

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Victoria Eugenia Quintero Marín contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.