Sentencia SL086-2018 de febrero 7 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN

SL086-2018

Radicación: 51315

Acta 1

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

Dado el sendero escogido no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: i) que el 25 de enero de 1999 el demandante solicitó al Instituto demandado la pensión especial de vejez por exposición a altas temperaturas, para efectos de que se le concediera la prestación con la disminución de la edad de que trata el artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990; ii) que con Resolución 5416 de 1999 le fue negado tal beneficio por no acreditar el número de semanas requeridas en actividades de alto riesgo; y iii) que al actor se le reconoció por parte del ISS pensión de vejez, mediante Resolución 14814 de octubre 25 de 2000, a partir del 27 de mayo de igual año.

Tampoco se discute en sede de casación el derecho que tiene el actor a la pensión especial de vejez reclamada, que los jueces de instancia encontraron acreditado, por virtud de haber estado expuesto a altas temperaturas al realizar las actividades que tenía a su cargo, y por ello no es objeto de controversia que laboró 1.313 semanas en tales condiciones.

La temática que somete el recurrente a consideración de la Sala, desde el punto de vista jurídico, se circunscribe en determinar el momento a partir del cual nace y se hace exigible el derecho a la pensión de vejez por actividades de alto riesgo, por lo que el recurrente dirige toda su argumentación a criticar la conclusión del tribunal de no ordenar el pago de las mesadas causadas entre el «27 de julio de 1998 fecha en que se causó el derecho a la pensión especial hasta el 27 de abril de 2000 cuando se reconoció la pensión de vejez ordinaria», que el ad quem estimó estaban prescritas.

Previamente a abordar el estudio del tema de la prescripción, se hace necesario aclarar que bajo la normatividad aplicable a este asunto, Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, existe una sola pensión de vejez en el régimen de prima media, lo que significa que la denominadas «pensiones de vejez especiales», reguladas por el artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990, corresponden a una misma y única pensión, tal como lo dejó sentado la Sala en Sentencia CSJ SL, de 6 de julio de 2011, radicación 38558, en la que se adoctrinó:

[…] existe una sola <pensión de vejez> en el régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales, y conforme a sus reglamentos se tiene derecho a ella, cuando el afiliado reúna los requisitos consagrados en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, valga decir, 60 o más años de edad si se es varón, o 55 o más años de edad si se es mujer, y un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo».

Conforme a tales reglamentos, la edad para obtener el derecho a esa pensión de vejez se disminuye para cierta categoría de trabajadores, cuya salud se encuentra comprometida o tienen un desgaste orgánico prematuro, al desempeñar actividades de alto riesgo expresamente contempladas por el legislador, en consideración a las particulares características de los oficios que realizan y de las condiciones en que lo hacen, por su peligrosidad y prolongada exposición; lo que implica poderse pensionar antes de la edad mínima requerida.

A esa prerrogativa para casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se le ha denominado “Pensiones de vejez especiales”, y está regulada por el artículo 15 del aludido Acuerdo 49 de 1990, que en su parte pertinente reza:

De ahí que tanto el artículo 12 como el 15 del referido Acuerdo 49 de 1990 aluden a la misma pensión de vejez, simplemente que para las personas que desempeñan las actividades de alto riesgo que previó el legislador, el reconocimiento de la prestación se hace de forma anticipada, en razón a que se disminuye la edad para el nacimiento del derecho.

Aclarado lo anterior, para despachar el cargo se considera conveniente efectuar las siguientes precisiones:

— Imprescriptibilidad del derecho pensional y la vocación prescriptible de las mesadas pensionales.

Conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte, el status de pensionado o el derecho a la pensión en sí mismo no prescribe. Al respecto en Sentencia CSJ SL8544-2016, radicación 45050, se dijo:

[…].

La imprescriptibilidad del derecho pensional y la vocación prescriptible de las mesadas pensionales obedece, además, a lo siguiente: respecto al estado jurídico de pensionado, si bien puede predicarse su existencia y la consecuente posibilidad de que sea declarado judicialmente, junto con todos sus componentes definitorios, no puede aseverarse su exigibilidad y, por ende, su vocación prescriptible, dado que, se itera, no existe un plazo específico para solicitar la definición de los estados jurídicos que acompañan a los sujetos de derecho.

Sin embargo, como el pago de la pensión es de tracto sucesivo y por regla general de carácter vitalicio, se admite la prescripción trienal de las mesadas pensionales exigibles que no se hubieran cobrado por su beneficiario durante el término prescriptivo del derecho laboral y de la seguridad social. Lo que quiere decir que en relación con cada una de las mesadas pensionales, si puede sostenerse su exigibilidad, para a partir de allí, empezar a contar el término de prescripción, conforme al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que reza «las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible» (resalta la Sala).

Así las cosas, el cómputo del plazo prescriptivo para mesadas pensionales, se contrae al momento que se van causando y no se reclaman, pero cuando se niega el derecho a la pensión la reclamación de las mesadas para hacerlas exigibles inicia desde el momento en que el interesado tiene la posibilidad de hacer valer su derecho, esto es, cuando satisface las exigencias previstas por el legislador, en cuanto al tiempo de servicios establecido y la edad mínima requerida, instante en el cual, el pretendido derecho a las mesadas se hace exigible, pues precisamente el soporte de la prescripción extintiva se produce por la inercia del acreedor de reclamar en el término de tres (3) años, su reconocimiento y pago, ello sin perjuicio de la suspensión de la prescripción.

— Prescripción de las mesadas pensionales tratándose de la pensión especial de vejez por exposición a altas temperaturas.

Como ya se explicó, las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años si prescriben, conforme al momento en que la obligación se hace exigible, estudio que a continuación se realizará de cara a la pensión especial de vejez implorada.

En relación a este punto, el tribunal sostuvo que el parágrafo primero del artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990, establece «una directriz al interior del Instituto de Seguros Sociales para que reconozca este tipo de pensiones, pero ello no obsta para que si dicha institución no cumple con tal deber, el posible beneficiario de la pensión pida su reconocimiento judicial una vez considere que cumple con los requisitos de edad y semanas cotizadas que la norma contempla», momento en que se hace exigible la obligación.

La censura por su parte sostiene que el tribunal incurrió en un desvió interpretativo del citado parágrafo primero del artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990, en tanto, afirma que el verdadero alcance de esa disposición es que para poder acceder a la pensión de vejez de alto riesgo se requiere de la calificación por parte de la entidad de previsión social o la judicial, en donde se establezca que el trabajador estuvo expuesto a una de las actividades que tal disposición refiere y, en consecuencia, solo hasta que ello se produzca se hace exigible el derecho a la pensión especial, lo que trae consigo, para el recurrente, la aplicación indebida del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al declarar el ad quem prescritas unas mesadas pensionales, pese a que estas solo resultan exigibles a partir de la ejecutoria de la sentencia que determine que al actor estuvo ejerciendo una actividad que implicó exposición a altas temperaturas.

Ahora bien, para la Sala el nacimiento del derecho a la pensión especial de vejez de alto riesgo objeto de estudio, se estructura cuando se reúnen los requisitos mínimos exigidos en la ley para acceder a la prestación, que no son otros que el cumplimiento de un número de semanas mínimo desempeñando alguno de los oficios previstos en el citado artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990, junto con la edad requerida, sin que se exija previamente que una autoridad técnica, científica o judicial determine que el trabajador, para el caso en particular, estuvo expuesto efectivamente a altas temperaturas.

En relación con la correcta hermenéutica del parágrafo primero del artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990, el cual textualmente dice: «Para la aplicación de este artículo, las dependencias de salud ocupacional del ISS calificarán, en cada caso, la actividad desarrollada previa investigación sobre su habitualidad, equipos utilizados y la intensidad de la exposición», debe destacarse que la Sala ya fijó el correcto entendimiento de dicho precepto en Sentencia CSJ SL, de 20 de noviembre de 2007, radicación 31745, en los siguientes términos:

[…].

El parágrafo 1º del artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es del siguiente tenor:

[…] Estima la Sala que dicha disposición como tampoco el artículo 2º del Decreto 1281 de 1994 corregido por el artículo 1º del Decreto 745 de 1995 que regularon el tema posteriormente, establecieron una tarifa especial de prueba para el juez laboral, quien conforme lo dispone el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, por regla general “…no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”.

Como se desprende del texto legal trascrito y de las disposiciones citadas que lo reemplazaron posteriormente, la exigencia está encaminada a que la demostración de la exposición a los factores de riesgo se hiciera ante las dependencias de salud ocupacional del ISS o la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respectivamente, lo que no impide que el tema se debata ante la jurisdicción del trabajo, en procura del reconocimiento de una pensión especial derivada de la exposición a tales factores, por tratarse de un asunto evidentemente sometido a su competencia, conforme al artículo 2º del Código Procesal del Trabajo.

Lo anterior conduce a que no se pueda tener como fecha de exigibilidad de las mesadas correspondientes a la pensión especial de vejez, la calificación por parte de la entidad de previsión social sobre el desarrollo de actividades de alto riesgo del afiliado, así sea negativa, ya que la demostración de la exposición a altas temperaturas es posible lograrla por otros medios probatorios, y por tanto, la fecha que debe tomarse para reclamar el derecho y las mesadas no es otra que cuando se reúnan los requisitos legales mínimos para obtener el beneficio.

La circunstancia de que el ISS no hubiera resuelto en forma favorable al afiliado la solicitud de la pensión, no impide que el titular del derecho ejerza una actividad tendiente a obtener su reconocimiento, ora a través de los recursos pertinentes reclamando directamente ante la entidad o demandando judicialmente, con lo cual se interrumpe la prescripción.

Cabe recordar que la prescripción se configura por la inactividad del beneficiario durante el lapso consagrado en la ley, del ejercicio de la acción, haciendo presumir el abandono del derecho; y se justifica por motivos de orden práctico, en tanto se pretende que las relaciones jurídicas no se mantengan inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas en el tiempo se solucionen, por esta razón se le limita el derecho de acción para que sea ejercido en un término razonable en aras de la seguridad jurídica.

En efecto, la Corte tiene señalado que la prescripción, como modo de extinguir las obligaciones, ha sido concebida como una excepción legítima al postulado de la irrenunciabilidad de derechos, en cuanto propende por la realización de otros valores como la aludida seguridad jurídica y el ejercicio responsable de tales derechos. Así lo sostuvo en Sentencia SL16798-2015, radicación 43128, al puntualizar:

[…].

Una interpretación armónica de la norma en cita y del artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo permite afirmar que si bien los derechos establecidos en las disposiciones laborales son mínimos y, por regla general, irrenunciables, también lo es que existen eventos excepcionales en los cuales se ofrece la posibilidad de que puedan ser objeto de dimisión, disposición o elección. Lo cual es enteramente entendible en la medida que, si bien es cierto, el legislador con sujeción a la Carta Política tiene un amplio margen para establecer los beneficios mínimos de los trabajadores, también lo es que, goza de libertad para establecer restricciones, excepciones y condicionamientos a los mismos, así como alternativas o niveles de protección de un determinado derecho, a fin de garantizar su racionalidad en las relaciones del trabajo.

Es que solo a partir de este entendimiento del principio de irrenunciabilidad es que pueden concebirse instituciones como la prescripción y la transacción o la conciliación sobre derechos inciertos y discutibles, las cuales de cara al principio protectorio y los fines y valores constitucionales resultan igualmente legítimas: la primera, para brindar seguridad jurídica y garantizar una prontitud en el ejercicio de los derechos laborales por parte de los trabadores y, la segunda, para evitar conflictos en las relaciones sociales y facilitar el saneamiento de las controversias en el marco de una justicia consensual.

Adicionalmente, debe destacar la Sala, que si bien la existencia jurídica de un hecho es susceptible de demandarse en cualquier tiempo, pues deriva del ejercicio del derecho público de acción, como lo sería en el presente asunto el declarar que el actor laboró expuesto a altas temperaturas, ello no impide que el juez considere extinguidos los derechos a las mesadas pensionales que de aquella situación emanan, dado el retardo en el ejercicio de la acción. Así, en Sentencia CSJ SL, 6 de febrero de 1996, radicación 8188, y que ha sido reiterada, entre otras, por las sentencias CSJ SL, 6 de septiembre de 2012, radicación 39347 y CSJ SL 6380-2015, en donde si bien se discutía la «declaración del despido injusto» en casos donde se reclamaba el derecho a la pensión sanción que es imprescriptible, tales consideraciones resultan plenamente aplicables al presente asunto, pues también se trata de hechos que fundamentan la pretensión respecto de un derecho pensional. Allí se razonó:

[…].

De los “hechos” que fundamentan la pretensión que se hace valer en juicio sólo cabe predicar su existencia o inexistencia, lo cual sucede también con los “estados jurídicos” cuya declaratoria judicial se demande -como los que emanan del estado civil de las personas-, respecto de los cuales adicionalmente se puede afirmar que se han extinguido. La jurisprudencia ha dicho que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. Por eso ha declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación y por ello la acción que se dirija a reclamar esa prestación puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario. “Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, mas no su prescripción”, dijo la Corte (Cas., dic. 18/54). También la ley tiene establecido que la prescripción es un medio de extinguir los derechos, con lo cual los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones no comprenden los estados jurídicos, como el de pensionado.

La recurrente no cuestiona esos postulados, pero dice que no existe la “posibilidad perpetua de que judicialmente se reconozca la existencia de un hecho y de que puedan deducirse las consecuencias legales de ese hecho mediante la imposición de las condenas consiguientes a quien se pruebe que fue el autor del hecho que haya perjudicado a otro” y que por ello la ley ha señalado plazos concretos para el ejercicio eficaz de las acciones judiciales.

La posibilidad de demandar en cualquier tiempo está jurídicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo público de acción. La prescripción extintiva por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido —como obligación civil, mas no natural— por no haberse ejercido durante cierto tiempo.

Es claro, en consecuencia, que cualquier persona en ejercicio de la acción —entendida como derecho subjetivo público— puede demandar en cualquier tiempo que se declare judicialmente la existencia de un derecho que crea tener en su favor. El derecho público también se manifiesta en el ejercicio del derecho de excepcionar.

Los hechos que le dan fundamento a una pretensión, por ser imprescriptibles, deben ser admitidos o rechazados por el juez antes de pronunciarse sobre la excepción correspondiente por lo cual, tratándose de la acción que se promueva para que se declare que el despido se ha producido con o sin justa causa, de manera legal o ilegal, no puede concluir con una decisión inhibitoria. El derecho que la ley le atribuya al hecho, debe ser declarado por el juez antes de pronunciarse sobre su extinción, pues ese derecho corresponde al ámbito de las obligaciones civiles y aun cuando, como tal, se haya producido su extinción por cualquiera de los medios ordinarios que la ley establece (pago, transacción, confusión, compensación, prescripción etc.), subsistirá la obligación del deudor como obligación puramente natural (resalta la Sala).

Por lo dicho, tampoco resulta de recibo lo manifestado por el recurrente, en el sentido de que a la exigibilidad de las mesadas atrasadas de una pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, se le dé el mismo tratamiento jurisprudencial de la pensión de invalidez, en cuanto a que solo a partir de que es calificada la persona como invalido puede optar por su derecho, sin que se vea afectado por el fenómeno de la prescripción, en tanto, es desde ese momento en que surge la posibilidad de reclamar y por ende poder contabilizar el plazo extintivo, habida cuenta que son dos pensiones distintas, con exigencias, requisitos y condiciones diferentes para su nacimiento.

En efecto, mientras que en la pensión especial de vejez de alto riesgo, como ya se dijo, su nacimiento, para el caso en particular, se estructura cuando se reúnen los requisitos mínimos exigidos en la ley para acceder a la prestación, esto es, la edad y el número de semanas requeridas desempeñando alguno de los oficios previstos en el artículo 15 del Acuerdo 49 de 1990; en cambio en el evento de la pensión de invalidez, resulta indispensable la calificación y definición de la pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50%, por la autoridad competente para ello, pues es a partir de ese momento en que se adquiere la certidumbre de la existencia del estado de invalidez, tal como se expuso en Sentencia SL5703-2015, en la cual se dijo:

[…] que el hecho dañoso debe ser calificado y categorizado por una autoridad de orden técnico y científico para que adquiera la calidad de relevante jurídicamente hablando, no basta la ocurrencia de dicho hecho dañoso —estructuración del estado de invalidez— para que la obligación adquiera la connotación de ‘exigible’, sino que agregado a ello se requiere que el daño sea ‘cierto’, esto es, que no esté en un plano meramente eventual e hipotético, por manera que tal certidumbre sólo se obtiene a través del diagnóstico o determinación de la autoridad competente para ello, en este caso, de la juntas de calificación de invalidez, regionales y nacional, a voces de los artículos 42, 43 —declarados exequibles por Sentencia C-1002-2004— y 69 de la Ley 100 de 1993, en las forma como han sido modificados y reglamentados por normatividades posteriores —actualmente la Ley 1562 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1352 del mismo año.

En tal sentido, es claro para la Corte que no es simplemente la fecha de la producción del daño o afectación a la salud e integridad de la persona o trabajador, reconocida en términos normativos como fecha de estructuración, esto es, como aquella en que «se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva» (D. 917/99, art. 3º por el cual se modificó el D. 692/95, art. 3º), la que permite tornar tal condición en ‘exigible’ respecto de las prestaciones económicas pensionales previstas a cargo de los entes de seguridad social, sino que, adicional a ello, y fuera obviamente del cumplimiento de las demás condiciones de orden contributivo exigidas para ese mismo propósito por el sistema pensional —artículo 39 de la Ley 100 de 1993, vr. gr.—, se requiere que dicha condición sea ‘determinada’, es decir, definida o diagnosticada por la autoridad técnica y científica autorizada por la ley para tal efecto, de suerte que, en tanto ello no ocurra, dicho daño a la salud e integridad de la persona o trabajador no puede calificarse jurídicamente como ‘cierto’, en otros términos, no es dable tener a la persona o trabajador afectado en su salud e integridad personal como ‘declarada en estado de invalidez’, tal cual explícitamente lo refiere el mentado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para seguir con el mismo ejemplo.

La certidumbre del daño a la salud e integridad de la persona o el trabajador sólo puede tener la trascendencia jurídica requerida a efectos de la persecución de las prestaciones asistenciales y económicas del sistema de seguridad social, cuando quiera que éste se exterioriza en virtud de los mecanismos previstos en la ley ya enunciados, de forma tal que, quien lo padezca, adquiera válidamente conciencia de su incapacidad y, por ende, se ponga en la posibilidad real de reclamar aquéllas. A partir de allí es cuando, igualmente, resulta dable, jurídicamente, reprochar su inactividad como acreedor de las mentadas prestaciones del sistema. De suerte que en tanto no se produzca la determinación del estado de invalidez a través de dichos mecanismos, bien puede asentarse que la acción para la reclamación de tales derechos no ha nacido, por ende, en manera alguna puede predicarse que han prescrito —actio non nata non praescribitur—. Y si la acción judicial para el pago de las aludidas prestaciones económicas y asistenciales no ha nacido, pues el del reconocimiento del estado de pensionado es imprescriptible por su carácter vitalicio, menos aún puede sostenerse válidamente que las mesadas pensionales como prestaciones económicas derivadas de dicho estado pueden verse afectadas por el cuestionado fenómeno letal liberatorio.

En suma, para la Corte, el plazo prescriptivo de la acción tendiente al pago de la pensión de invalidez, que no de su reconocimiento pues ella es imprescriptible, se insiste, empieza a correr desde que el afectado ha tenido ‘conocimiento acabado’ de su estado de invalidez laboral, o sea, no simplemente desde cuando se causa el infortunio o se advierten los primeros síntomas de la afectación a la salud o integridad de la persona o trabajador, sino desde cuando queda firme la ‘determinación’ de la incapacidad o invalidez laboral que a ese respecto profiere la correspondiente junta de calificación de invalidez.

Por tanto, el razonamiento del censor al pretender equiparar el momento en que nace y se hace exigible el derecho a la pensión de alto riesgo con el de la invalidez, es desacertado.

Por otra parte, de aceptar la otra tesis propuesta por el actor, en cuanto a que «solo puede reclamarse el derecho [a la pensión especial de vejez] a partir de la calificación positiva realizada en las (sic) instancia judicial», con la decisión de fondo, se estaría desconociendo la inveterada jurisprudencia en torno al carácter declarativo y no constitutivo de las sentencias judiciales, dado que estas reconocen una realidad existente con antelación a la fecha de la decisión, lo que quiere decir que los efectos de esta clase de providencias se surten a partir del momento en que nació el derecho. Sobre el particular, basta traer a colación lo asentado por la Corte en sentencia CSJ SL, 14 de agosto de 2012, radicación 41522, donde se explicó:

[…].

Con todo, interesa recordar que para la jurisprudencia de la Corte, los plazos de los términos prescriptivos empiezan a correr, como lo dice expresa, explícita e inequívocamente la ley, desde cuando las obligaciones se hacen exigibles (verbigracia, CST, art. 488 y CPT y SS, art. 151) y la exigibilidad de las obligaciones se predica desde cuando estando sometidas a plazo o condición, acaece aquél o se cumple ésta, es decir, desde cuando sean puras y simples. Para ese efecto, basta traer a colación lo asentado por la Corte en sentencia de 14 de agosto de 2012, radicación 41.522, en los siguientes términos:

[…].

A ello cabría agregar que por muy sugestiva que parezca la tesis que pregona un carácter ‘constitutivo’ a las sentencias que dirimen los conflictos del trabajo cuando quiera que, entre otros aspectos, resuelven sobre la naturaleza jurídico laboral del vínculo que ata a las partes, no explican a satisfacción, pues ni siquiera lo hacen con el aludido concepto de ‘sentencia constitutiva’, el por qué se generan derechos y obligaciones hacia el pasado de un status laboral que apenas vendría a ser ‘constituido’ mediante esa clase de sentencia, por ser sabido que esta tipología de providencias crea, extingue o modifica una determinada situación jurídica, esto es, genera una ‘innovación’ jurídica, es decir, una situación jurídica que antes no existía, produciendo así sus efectos ‘ex nunc’, o sea, hacia el futuro, pues es allí donde nacen, se extinguen o se modifican las obligaciones y derechos derivados de esa ‘nueva’ situación jurídica; en tanto, que las sentencias ‘declarativas’, como lo ha entendido la jurisprudencia, son las que reconocen un derecho o una situación jurídica que ya se tenía con antelación a la misma demanda, eliminando así cualquier incertidumbre acerca de su existencia, eficacia, forma, modo, etc., frente a quien debe soportar o cargo de quien se pueden exigir determinadas obligaciones o derechos derivados de la dicha situación o estado jurídico, por manera que, sus efectos devienen ‘ex tunc’, esto es, desde cuando aquella o aquel se generó. Tal el caso del estado jurídico de trabajador subordinado, por ser igualmente sabido que para estarse en presencia de un contrato de trabajo solamente se requiere que se junten los tres elementos esenciales que lo componen: prestación personal de servicios, subordinación jurídica y remuneración, de forma que, desde ese mismo momento dimanan, en virtud de la ley primeramente, y de la voluntad o la convención colectiva de trabajo, si a ello hay lugar, los derechos y obligaciones que le son propios.

Ahora bien, tampoco surge fácilmente explicable ante tan sugestiva tesis, cómo es que respecto de los derechos laborales de quien teniendo una relación subordinada de trabajo, pero simulada o desdibujada por la apariencia de otra clase de relación jurídica, los términos de prescripción empiezan a correr cuando queda en firme la sentencia que ‘constituye’ el estatus de verdadero trabajador subordinado; en tanto que, los términos de prescripción de los derechos laborales del trabajador subordinado que inicia y desarrolla su relación sin discusión alguna sobre la naturaleza jurídica de su vínculo, corren a partir de la exigibilidad de cada uno de ellos. En otros términos, cómo es que mientras el punto de partida del término prescriptivo de los derechos del trabajador regular se cuenta desde cuando se debe o se tiene que cumplir la respectiva obligación patronal, el del trabajador que labora bajo la apariencia de otra relación queda sujeto a la presentación de la demanda por parte de éste y al reconocimiento de su verdadero estatus de trabajador por sentencia judicial en firme. Lo deleznable del razonamiento que pretendiera dar respuesta a los anteriores interrogantes releva de comentario mayor a la debilidad del argumento de que las sentencias que ‘reconocen’ el contrato de trabajo como el que ‘en realidad’ se desarrolló y ejecutó entre las partes en litigio es de naturaleza ‘constitutiva’ y no meramente ‘declarativa’, como hasta ahora se ha asentado por la Corte.

— Caso concreto.

En el sub lite es claro que con la decisión del Instituto de Seguros Sociales de negar la pensión especial de vejez por exposición a altas temperaturas al actor, lo que ocurrió a través de Resolución 5416 de septiembre de 1999, se generó una situación que podía ser controvertida por éste, porque para ese momento ya tenía cumplidos los requisitos para acceder a tal prestación, conforme se definió en las instancias y no es objeto de discusión en la esfera casacional, lo que significa que el término de prescripción de la acción en este asunto no podía ser contabilizado, como lo pretende el recurrente, solo a partir de que obtuviera una calificación administrativa o judicial a su favor, relativa a que el trabajador demandante estuvo expuesto a altas temperaturas.

Sin embargo, como hubo una inactividad del accionante durante los tres años que refiere el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, empezó a operar la prescripción para cada una de las mesadas pensionales no reclamadas, por tratarse de prestaciones periódicas y, como la demanda inaugural fue presentada el 30 de agosto de 2007 (fl. 17), es decir, más de siete años después de que le fue negado el derecho mediante Resolución 5416 de 1999, notificada a éste el 8 de noviembre de ese mismo año, tal como lo estableció el ad quem, se tiene que el fenómeno prescriptivo indudablemente cobijó las mesadas que aquí se reclaman, causadas en el periodo comprendido entre el «27 de julio de 1998 fecha en que se causó el derecho a la pensión especial hasta el 27 de abril de 2000 cuando se reconoció la pensión de vejez ordinaria», además que la parte actora no alegó una eventual interrupción o suspensión de la prescripción en el lapso reclamado.

Así las cosas, queda incólume la inferencia del tribunal en relación con la exigibilidad del derecho, para efectos de contabilizar en el presente proceso, la prescripción de las mesadas pensionales que se causaron.

Del mismo modo, téngase en cuenta, que la censura no controvirtió la otra conclusión del juez colegiado que obtuvo en gracia de discusión, según lo dijo, de que en el evento de aceptarse que «la prescripción para estos casos se cuenta a partir de la emisión de la calificación de la habitualidad de la actividad de alto riesgo», lo cierto era que mediante Resolución 5416 de septiembre de 1999 el ISS determinó que el demandante no había laborado en actividades que generen derecho a la pensión especial y, por tanto, negó la prestación, de manera que, transcurridos tres años, «para el año 2002 comenzaban a prescribir las mesadas correspondientes al pretendido derecho pensional que fue negado», lo que hace que la decisión de segundo grado en ningún sentido sea viable su modificación.

Por último, debe la Sala reiterar que así le asista el derecho al actor a la pensión especial de vejez deprecada, no es posible por la situación particular que se estudió, ordenar el pago de las mesadas retroactivas, por las razones que verificó la segunda instancia, esto es, haber operado el fenómeno de la prescripción y por estar el demandante disfrutando de la pensión de vejez desde el 27 de mayo de 2000 (fl. 175).

En consecuencia, por todo lo expuesto, el tribunal no cometió los errores jurídicos que se le endilga, y por ende el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante y a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.750.000, que se incluirán en la liquidación que realice el juez de primera instancia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 15 de diciembre de 2010, en el proceso ordinario laboral que instauró OMAR CAICEDO contra GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»