Sentencia SL8673/2017 de abril 26 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL8673-2017

Rad.: 45496

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 14

Santa Marta, veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

X. Consideraciones

Los dos cargos se analizan de manera conjunta, a pesar de que se encaminan por diferente vía, en la medida en que denuncian la infracción de las mismas normas y, por la estructura de sus argumentos, merecen una respuesta racionalmente armónica.

En los dos cargos se denuncia la infracción de disposiciones sustanciales del Código Sustantivo del Trabajo, relativas a la ineficacia de algunas cláusulas, la protección al trabajo y las obligaciones del empleador, de manera que se cumple con el presupuesto de señalar la violación de alguna norma legal sustancial de alcance nacional “… que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”. Asimismo, en la medida en que el cargo cita al menos una norma sustantiva del alcance nacional, no le asiste razón a la réplica en sus objeciones técnicas, respecto a la proposición jurídica.

Ahora bien, frente al fondo de la acusación, en lo que al ámbito jurídico concierne, propio del segundo cargo, no es cierto que el tribunal hubiera negado la posibilidad de que en el marco del derecho del trabajo se configurara una oferta de trabajo, con efectos jurídicos vinculantes. Contrario a ello, dicha corporación admitió expresamente la referida figura, solo que, estimó que, como el contrato de trabajo mismo, debía contener elementos mínimos para que se hiciera exigible, como “… su plazo, su objeto, y su precio o remuneración”, que, en este caso, no se podían inferir o presumir de la carta enviada por el rector de la institución a la demandante. En ejercicio de dicha disertación, asimismo, el tribunal concibió la aplicación del artículo 845 del Código de Comercio, solo que, se repite, concluyó que “… ningún elemento esencial del negocio jurídico, contiene la carta dirigida por el rector a la actora”.

Por lo mismo, lógicamente, el tribunal no pudo haber incurrido en las infracciones jurídicas que se le achacan, pues nunca negó que la “… oferta laboral o la oferta de trabajo futuro…” tuviera efectos jurídicos. La censura tampoco controvierte la referida inferencia jurídica en la integridad de sus elementos y, específicamente, nada dice en torno a la regla reivindicada en la sentencia gravada, con arreglo a la cual la oferta debe contener los mismos elementos esenciales del contrato de trabajo, como el plazo, el objeto y la remuneración.

Precisado lo anterior, partiendo de tales premisas jurídicas, desde el punto de vista fáctico, para la Sala el Tribunal tampoco incurrió en los errores de hecho que se denuncian en el primer cargo, al inferir que nunca se dio una oferta de trabajo, con todos los elementos que consideró esenciales, ni tampoco se produjo la prórroga del contrato de trabajo que se venía ejecutando hasta el 30 de noviembre de 2004.

En efecto, en el documento de folio 16, fechado 30 de noviembre de 2004, en el que se fundamenta de manera principal la acusación, se puede ver que el rector de la Academia La Salle San Benildo le presentó a la demandante sus felicitaciones y agradecimientos por la labor cumplida en la institución. En esos términos, le indicó:

Antes que nada quiero agradecerle toda la labor desempeñada por usted como docente en el presente año, y tener la satisfacción del deber cumplido que se ve reflejado en el crecimiento moral, espiritual, psicológico, intelectual y humano de nuestros estudiantes.

Quiero además felicitarlo, por su trabajo, por su entrega incondicional, por sus aportes y profesionalismo en su labor como educador de la niñez y la juventud a usted encomendada en el presente año.

Por lo tanto, le comunico que quiero contar una vez más con sus servicios como docente para el año académico 2005. (Resalta la Sala).

En esta última manifestación, en la que recaba la censura, no puede verse más que la intención o el querer del representante legal de la institución de contar nuevamente con los servicios de la demandante, para el nuevo año escolar –2005–, como lo dedujo el tribunal, pero nunca una oferta de trabajo concreta y determinada, con los presupuestos mínimos que dicha corporación estimó indispensables, como el término y la modalidad de contratación, el precio y la labor a realizar.

Evidentemente, de la expresión “… quiero contar una vez más con sus servicios…” no se deriva más que una invitación, que podía materializarse o no, dependiendo de que las partes lograran ponerse de acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato, lo que no ocurrió en este caso. De manera que es cierto que, como lo infirió el tribunal, de allí no era posible “… deducir si este querer del rector iría a conservar los mismos términos y condiciones laborales y económicas del contrato anterior ejecutado en el año 2004 por las mismas partes”. Ningún componente del documento o alguna otra evidencia dan soporte racional a la suposición del censor, conforme a la cual la institución le ofreció a la demandada las mismas condiciones laborales que ya tenía. En ello nada influye el hecho de que en vinculaciones anteriores se le hubiera dicho que sería llamada si se le necesitaba, pues lo cierto es que no le fue ofrecido nada, de manera concreta.

Y es que en términos naturales y obvios, no es lo mismo desear o tener la determinación de ejecutar alguna acción, que ofrecer la celebración de un contrato, en ciertas circunstancias particulares, por lo que el tribunal también acertó al concluir que “… la actora confundió la expresión del deseo del rector del colegio, de que ella se vinculara nuevamente para el año escolar 2005, con una verdadera oferta de trabajo”.

Tampoco podía inferirse de dicha manifestación alguna prórroga del contrato de trabajo anterior que, por el contrario, como lo resalta la réplica, estaba regido por el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo; fue sometido a un término que finalizaba el 30 de noviembre de 2004 (fl. 12); su culminación fue avisada a la trabajadora el 30 de octubre de 2004, de acuerdo con el documento de folio 20; y fue liquidado con la venia de las dos partes, como consta a folio 49.

La demandante fue consciente de las anteriores realidades, pues en la carta de folio 19, que se considera erróneamente apreciada en el primer cargo, simplemente manifestó que estaría en disposición de continuar sus labores, pero con las mismas condiciones previstas para el año 2004, con el incremento salarial correspondiente, y mostró su inconformidad porque los referidos términos no fueron respetados.

En torno a la lectura de la contestación de la demanda, lo que la censura le pone de manifiesto a la Corte es una suerte de vicio procesal, por no contar con los requisitos que le son esenciales, que debió haber sido discutido en el trámite de las instancias y que no puede ser atendido en el ámbito del recurso extraordinario de casación.

Resta decir que la prueba testimonial no es calificada en la casación del trabajo y que, al no haber sido demostrado algún yerro sobre la valoración de la prueba calificada, no es posible abordar su estudio.

El tribunal, como consecuencia, no incurrió en los errores jurídicos y fácticos que se le endilgan.

Los cargos son infundados.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000.oo), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora Luz Marina Roa de Romero contra la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, como propietaria de la institución Academia La Salle San Benildo.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».