Sentencia SL087-2018 de febrero 7 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Magistrado Ponente:

Martín Emilio Beltrán Quintero

SL087-2018

Rad.: 51340

Acta 01

Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

X. CONSIDERACIONES

El recurrente pretende a través de los tres cargos, esencialmente, que se declare la existencia de una sola relación laboral con la demandada principal Proactiva Oriente S.A. ESP, sociedad para la cual prestó sus servicios, de manera ininterrumpida, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 14 de septiembre de 2004, a través de las empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado accionadas, las que, en su decir, son responsables solidariamente de todas las obligaciones y acreencias laborales que se declaren dentro del proceso.

El Tribunal fundamentó su decisión absolutoria, básicamente, en dos puntos: i) en que se demostró la existencia de varias relaciones laborales entre la demandante y las empresas de servicios temporales demandadas, pero que, al observarse que éstas carecían de autorización legal para actuar como tales, se debía concluir que dichas relaciones con Proactiva Oriente S.A. ESP fueron de carácter civil y, por lo mismo, era improcedente cualquier reclamo contra ella; y ii) que el vínculo que existió entre la actora y las cooperativas de trabajo asociado lo fue en su condición de asociada, mas no de trabajadora, por lo que las normas llamadas a regular las controversias surgidas de dicha relación, eran las de la ley del cooperativismo y no las del Código Sustantivo del Trabajo, de lo que concluyó que la jurisdicción laboral no era la competente para resolver las mismas.

Si bien se hará el estudio conjunto de los cargos, la Sala abordará, de forma separada, los dos temas discutidos contra la decisión del tribunal, así:

1. Las empresas de servicios temporales (EST).

Tal y como lo adujo el recurrente, el ad quem estableció que las empresas de servicios temporales Sertempo Cali S.A. y Temporal S.A. no tenían autorización legal del Ministerio de la Protección Social para actuar como tales, por lo que coligió que entre éstas y Proactiva Oriente S.A. ESP, como principal demandada, existieron relaciones de carácter civil y, en consecuencia, a la actora no se le podía tratar como una trabajadora en misión. Por ende, el hecho de que hubiera estado vinculada por un tiempo mayor a un año, no le generaba responsabilidad a la referida Proactiva Oriente S.A. ESP, razón por la que absolvió a esta última y a las empresas de servicios temporales.

Una vez verificadas las piezas procesales y las pruebas que se acusaron por la censura como erróneamente apreciadas o dejadas de valorar, se encuentra lo siguiente:

• El certificado de existencia y representación legal de la empresa Sertempo Cali S.A., obrante a folios 75 a 77 del cuaderno del juzgado, revela que el objeto social de la misma recae en «la prestación de servicios consistentes en el suministro de personal temporal en misión, a terceras personas beneficiarias y según requerimientos de éstas, para colaborarles en el desarrollo de sus actividades; personal suministrado en misión, que será directa y exclusivamente contratado por la sociedad».

• El certificado de existencia y representación legal de la empresa Temporal S.A., obrante a folios 124 a 126, deja ver que su objeto social es «suministrar a empresas comerciales, corporaciones [...] personal en misión capaz de desempeñar con idoneidad labores propias acordes a las necesidades de cada empresa».

• A folio 74, se aportó certificación del Ministerio de la Protección Social, en la que se autoriza a Sertempo Cali S.A. para prestar servicios temporales.

• En las respuestas a la demanda principal, presentadas por Sertempo Cali S.A. y Temporal S.A., obrantes a folios 89 a 96 y 127 a 134, respectivamente, aluden a su condición de empresas de servicio temporal y su principal objeto, cual es el suministro de personal en misión.

• Los contratos de trabajo celebrados entre la demandante y las empresas de servicios temporales accionadas, dan cuenta que aquélla prestó sus servicios a Proactiva Oriente S.A. ESP, a través de Sertempo Cali S.A. entre el 9 de noviembre del año 2000 y el 7 de noviembre de 2002, y a través de Temporal S.A., desde el 8 de noviembre del mismo año hasta el 7 de agosto de 2003 (fls. 85 y 116 a 117, respectivamente,). Ello mismo se desprende de las respectivas liquidaciones de prestaciones sociales, en las que figuran tales temporales como empleadoras (fl. 84 Sertempo Cali S.A. – fl. 118 Temporal S.A.); de la constancia expedida por Horizontes Pensiones y Cesantías S.A., donde se relaciona el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, a favor de la actora, por parte de las EST y durante los periodos mencionados (fls. 2 a 13 del cuaderno del Juzgado); y de los contratos de prestación de servicios suscritos entre Proactiva Oriente S.A. ESP con Sertempo Oriente S.A. ESP (fls. 163 a 165) y con Temporal S.A. (fls. 158 a 162), para el suministro de personal.

Se tiene entonces que, de la correcta apreciación de las pruebas en conjunto, se desprende que la demandante, efectivamente, prestó sus servicios a la accionada Proactiva Oriente S.A. ESP, a través de las empresas de servicios temporales, debidamente constituidas y registradas, además de evidenciarse que su objeto social corresponde con esta clase de entidades, entre el 9 de noviembre de 2000 y el 7 de agosto de 2003, así: i) con Sertempo Cali S.A., entre el 9 de noviembre del 2000 y el 7 de noviembre de 2002; y ii) con Temporal S.A., desde el 8 de noviembre de 2002 hasta el 7 de agosto de 2003.

Lo anterior lleva a la Sala a concluir que se encuentra acreditada la existencia de una primera relación laboral entre la accionante y Proactiva Oriente S.A. ESP, a través de las empresas de servicios temporales, por un periodo de dos años y medio aproximadamente, pues, si bien hubo cambio de empresa de servicios temporales (8 de noviembre de 2002), lo cierto es que la actora continuó ejerciendo idénticas funciones, bajo igual cargo y para la misma sociedad usuaria, es decir, para Proactiva, sin solución de continuidad, lo que implica un periodo que supera el máximo de un año permitido en el numeral 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y el parágrafo del artículo 13 del Decreto 24 de 1998, modificado por el artículo 2 del Decreto 503 de 1998, cuando es sabido que no podía la empresa usuaria prorrogar el contrato con la EST por un término superior a 12 meses, ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación de ese servicio, toda vez que se desvirtúa completamente la temporalidad del mismo, advirtiéndose, por el contrario, su vocación de permanencia, donde el usuario se convierte en un verdadero empleador y, en tales condiciones, se desdibuja la legalidad y legitimidad de esta forma de vinculación laboral. Al respecto, se ha pronunciado la Corporación, en CSJ SL1170-2017, rad. 45951, reiterada en CSJ SL13918-2017 rad. 51429, cuando precisó que:

[...]

En efecto, contrario al alcance que el tribunal dio en su sentencia a la normativa citada, cumplido el plazo legal de seis (6) meses, más la prórroga que autoriza el parágrafo del artículo 13 del Decreto 24 de 1998, el banco usuario no podía prorrogar el contrato inicial, ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales, para la prestación del servicio a cargo de la demandante, pues al exceder los precisos términos de temporalidad establecidos por el legislador, socavó la legalidad y la legitimidad de esa forma de vinculación laboral de aquélla, convirtiéndose en su verdadero y directo empleador.  

De la anterior manera explicó esta Sala de la Corte el tema del límite cronológico de la vinculación de trabajadores en misión y de las consecuencias de su transgresión, en la SL17025-2016, radicación 47977, del 16 de noviembre de 2016, debiéndose recordar que tanto la normativa que se viene comentando, como la jurisprudencia, procuran salvaguardar el trabajo permanente y evitar que el trabajo en misión, a través de empresas de servicios temporales, sea utilizado de manera abusiva por empleadores que pretendan implementarlo para realizar actividades que están por fuera de los específicos supuestos de hecho de los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990.  

De suerte que el tribunal se equivocó de manera garrafal al no haberse percatado de la existencia del vínculo laboral mencionado y su real duración o temporalidad (superior a un año), que hace que la demandada principal se convierta en la verdadera empleadora de la actora.

Ahora bien, en lo atinente a las consecuencias jurídicas para las EST que actúen sin la autorización legal para ello, la Sala encuentra que el numeral 3º del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo establece que quien «celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas».

Esto mismo lo sostuvo la Sala en CSJ SL, 24 abr. 1997, rad. 9435, reiterada en CSJ SL, 17 oct. 2007, rad. 29546, cuando se afirmó que:

[...]

Pero esta irresponsabilidad laboral del usuario con referencia a los trabajadores en misión, supone que la EST funcione lícitamente, o por mejor decir que su actividad se halle autorizada por el Ministerio del Trabajo (L. 50/90, art. 82), pues de lo contrario la EST irregular solo podría catalogarse como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 35-2 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma que el usuario ficticio se consideraría verdadero patrono y la supuesta EST pasaría a responder solidariamente de las obligaciones laborales conforme al ordinal 3º del citado artículo del Código Sustantivo del Trabajo.

De todo lo anterior, la Sala evidencia los errores fácticos y jurídicos cometidos por el tribunal, al haber concluido que la relación entre Proactiva Oriente S.A. ESP y las EST era de carácter civil, por no contar con las autorizaciones legales para actuar como empresas prestadoras de servicios temporales, y así absolver a las mismas, pues, como quedó visto, se acreditó que éste es precisamente el objeto social de las EST codemandadas y, además que se pone de presente que Sertempo Cali S.A. contaba con la licencia o autorización de funcionamiento y de actualización de la póliza de garantía de cumplimiento, lo que ratifica su calidad.

Así mismo, quedó demostrado que la consecuencia jurídica para las EST que actúen sin autorización legal no es la de convertir los vínculos existentes en relaciones civiles y menos aún de dejar desamparadas a las personas que presten sus servicios a aquellas, pues tal y como se dejó esbozado, el efecto de dicha situación es que la empresa usuaria se convierta en verdadera empleadora y las empresas de servicios temporales en intermediarias solidariamente responsables.

2. Cooperativas de trabajo asociado (CTA).

También estableció el tribunal en su decisión, que no existió subordinación entre la demandante y la empresa Proactiva Oriente S.A. ESP, cuando aquella prestó sus servicios a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colombia Amiga; y que la relación se dio entre la empresa usuaria y la mencionada cooperativa, mas no con la accionante «[...] pues en ningún momento dicha empresa pagaba sueldos, prestaciones o cualquier otro emolumento, para ello se entendía directamente con las cooperativas».

Al respecto, acusó la recurrente la sentencia del ad quem, por violar, entre otros, los artículos 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º y 6º del Decreto 468 de 1990 que reglamentan las normas de cooperativas de trabajo asociado contenidas en la Ley 79 de 1988, disposiciones que establecieron la definición, características, autonomía administrativa y la responsabilidad en la realización de las labores en tales entes, así como el artículo 3º del Decreto 2879 de 2004, que prevé las prácticas prohibidas o no autorizadas de tales cooperativas.

Sostuvo la censura que, en las consideraciones de la decisión, incurrió el tribunal en protuberantes errores de hecho, al dar por demostrado la inexistencia de una relación de subordinación jurídica entre la actora y Proactiva Oriente S.A. ESP; al no dar por demostrado que la demandante había prestado servicios con los medios de producción, los equipos y las herramientas de trabajo de la sociedad demandada; y al no haberse percatado que no se le exigió el curso previo de formación en cooperativismo.

En torno a los citados errores, se advierte que le asiste razón a la recurrente, pues del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de Proactiva Oriente S.A. (fls. 353 y 354), que entiende la Sala se refiere a la confesión contenida en sus respuestas, en particular a la pregunta catorce que se le formuló, respecto a si la empresa que representaba era la propietaria de los vehículos, oficinas, carros recolectores y elementos de trabajo utilizados para cumplir la concesión en la que prestó sus servicios el demandante, lo que indicó fue: «Los equipos de trabajo son de Proactiva». Se observa que tal aseveración demuestra la acusación del censor, siendo un hecho trascendente que no le mereció atención al ad quem en su decisión, pues tal prueba no fue analizada, situación que conlleva una grave omisión probatoria.

De otro lado, a folio 243 del cuaderno del juzgado, reposa la comunicación enviada por la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colombia Amiga a la actora, donde le «finalizan el convenio de trabajo asociado» y le agradecen por haber prestado «el servicio para la Empresa PROACTIVA ORIENTE S.A. ESP, contribuyendo así al engrandecimiento de nuestra institución», lo cual es una clara expresión de la aceptación de los servicios prestados y labores que la actora le cumplía a Proactiva, cuando es bien sabido que las cooperativas de trabajo asociado no pueden actuar como intermediarias laborales enviando trabajadores en misión. Ello, acorde con lo establecido en la Ley 50 de 1990.

Además, tal como lo ha reiterado la Sala, acreditada la prestación personal del servicio en favor de Proactiva Oriente S.A. ESP, opera la presunción legal de existencia del contrato de trabajo, consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, para tener por demostrada la subordinación o dependencia laboral, cuya carga de la prueba, para desvirtuarla corresponde a quien se beneficiaba del servicio, en este caso, a Proactiva Oriente S.A. ESP. En torno al tema, en Sentencia CSJ SL4027-2017, Rad. 45344 se precisó:

[...]

En efecto, cabe recordar, que el principio protector de la primacía de la realidad, consistente en darle prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica, más que a la forma que resulte del documento contractual o cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes, lleva necesariamente a sostener que son aquellas particularidades que se extraen de la realidad las que se deben tener en cuenta y no otras a fin de determinar el convencimiento diáfano del juez con respecto a los servicios prestados por una persona natural y que se reclaman en una acción judicial, que configuren un contrato de trabajo. 

De ahí que, para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral. 

Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado quien presta el servicio, que se traduce en un traslado de la carga probatoria. Ello tiene fundamento en el carácter tuitivo o protector de las normas del derecho al trabajo, que le otorgan a quien alega su condición de trabajador, una ventaja probatoria consistente en probar la simple prestación del servicio a una persona natural o jurídica, para que se presuma esa relación contractual laboral. 

En similares términos se pronunció la Sala, en un asunto en el que se discutía la existencia de un vínculo laboral, con aplicación del principio protector de primacía de la realidad sobre las formalidades, frente a un trabajador asociado respecto de la cooperativa, en Sentencia CSJ SL6621-2017, rad. 49346, cuando se precisó:

[...] 

En efecto, en uno de sus tramos, la prestación del servicio se hizo a través de la figura del contratista independiente y, en otro, se redimensionó hacia un esquema de trabajado cooperado, de modo que el devenir del vínculo jurídico tuvo momentos fuertes de inflexión. 

[...] 

Ciertamente, la inferencia del tribunal relativa a que en el trayecto en que el demandante estuvo vinculado a las cooperativas, no se constató la existencia de actos subordinantes, es desacertada.  

Para derrotar esta inferencia basta con remitirse a la carta suscrita el 3 de septiembre de 2004 por el Presidente de Médicos Asociados S.A. (fl. 50), Alfonso Castillo Arias, en la cual el citado tomó la decisión de despedir al accionante con el siguiente mensaje: 

He recibido su amable carta, la cual he leído con mucho detenimiento. Muchas gracias por el mensaje tan claro que me envía. De igual manera, el contenido muestra una franca incompatibilidad entre su forma de pensar y las políticas de la empresa, por lo tanto, me veo en la penosa necesidad de prescindir de sus amables servicios.  

En consecuencia, le ruego el favor de entregarle el servicio al Dr. Gabriel Pardo. 

Le reitero mi profundo agradecimiento por su valiosa colaboración durante todo el tiempo que hizo parte del staff de Médicos Asociados S.A. 

La anterior determinación no se hizo efectiva por razones que la Sala desconoce, sin embargo, su contenido denota que la empresa accionada podía disponer, a su arbitrio, de la fuerza de trabajo del demandante y prescindir de sus servicios al igual que lo hace un empleador en el marco de una relación de trabajo dependiente.  

Y, a no dudarlo, esta manifestación es una clara expresión del poder de dirección y organización del empresario, que le permite contratar libremente a sus trabajadores y, salvo algunas excepciones, dar por terminados los contratos de trabajo, con la correspondiente compensación al trabajador por la pérdida de su empleo. Naturalmente, en un genuino régimen de trabajo cooperado, la facultad de retirar a sus asociados es exclusiva de la organización solidaria y debe ejercerla con arreglo a sus reglamentos y al procedimiento de exclusión. 

[...] 

Si la relación de trabajo asociado es horizontalmente entre los asociados, y entre estos y la organización solidaria, ninguna injerencia debe tener la empresa contratante en la situación laboral del personal de la CTA. 

Finalmente, sin que requiera una profunda disquisición, concluye la Sala que, en este asunto, la subordinación con Proactiva Oriente S.A. ESP no se desvirtúa con el hecho de que el beneficiario del servicio no sea quien efectúe el pago de la retribución por el mismo, como lo consideró el juzgador de segundo grado, pues resulta lógico que si se pretendió esconder la verdadera relación laboral en un vínculo cooperado, haya sido la respectiva cooperativa, en este caso la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colombia Amiga, quien efectuara los pagos correspondientes, a título de compensaciones, todos ellos directamente retributivos del servicio prestado por la recurrente a Proactiva, pues bien sabido es que cualquier formalidad escrita, como la contenida en los documentos obrantes en el proceso, que llevaron a concluir que la calidad de la actora era de asociada de las cooperativas, se derruye ante la contundente realidad de un trabajo subordinado y dependiente en favor de la empresa beneficiaria, en este caso, de Proactiva Oriente S.A. ESP, máxime que no se demostró que la accionante actuara como asociada, sin que sea suficiente acoger lo que muestra el documento de folio 245, relacionado con el «convenio de trabajo asociado», ante la contundencia de las demás pruebas que descartan tal calidad.

Encontrándose plenamente acreditada la prestación personal del servicio e, incluso, signos de dependencia, y que la empresa Proactiva era la propietaria de las herramientas de trabajo, sin que se desvirtuara en forma alguna esa subordinación jurídica que diferencia una relación laboral de una cooperada o asociativa, caracterizada por la autogestión, el autogobierno y la relación con sus socios, conforme lo establece la legislación cooperativa, debió, entonces, declararse la existencia del vínculo de trabajo.

Ahora bien, en torno a las restantes demandadas, cabe precisar lo siguiente:

Respecto de la Precooperativa de Trabajo Asociado Proactivos Asociados, ninguna de las pruebas calificadas denunciadas acreditan la vinculación de la accionante con Proactiva Oriente S.A. ESP, desde el 8 de agosto de 2003 hasta el 30 de abril de 2004, a través de ese ente cooperado, pues con lo único que se cuenta en el proceso es la relación de aportes al sistema pensional en el que aparece que dicha cooperativa cotizó para la actora por el periodo comprendido entre agosto de 2003 y abril de 2004, de lo cual no se desprende per se la prestación del servicio en beneficio de la citada sociedad usuaria, con quien la demandante pretende que se declare la existencia de una relación laboral. Lo anterior ha sido reiterado por la Sala, entre otras, en la CSJ SL15929-2017, rad. 50889, cuando sostuvo:

[...]

En efecto, frente al primer aspecto, la afiliación del actor al Instituto de Seguros Sociales no es suficiente para tener por probada la presencia de un vínculo contractual de carácter laboral, menos cuando aparece cancelado un solo ciclo, ya que para ello se requiere que confluyan los elementos esenciales previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, valga decir, la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia de éste respecto del empleador, y un salario como retribución de la prestación del servicio. Al respecto, vale la pena rememorar lo dicho por la Sala de Casación Laboral en Sentencia CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 24313, en la que se manifestó: 

«[...] Y lo sostenido por el ad quem, en cuanto a que para cierta época aparezca afiliado el actor al ISS, no es suficiente para demostrar la existencia del contrato de trabajo al ser ello apenas un «mero indicio de ese tipo de vinculación», no resulta un razonamiento equivocado, habida consideración que como lo ha reiterado la Corte de tiempo atrás «...el hecho de la afiliación al seguro social, no demuestra por sí sólo el contrato de trabajo, pues para la estructuración de este, se requiere la coexistencia de los elementos del contrato de trabajo» (Sent. del 18 de mar. de 1994, rad. 6261)».  

Así mismo, cabe precisar que, en lo que respecta a la confesión ficta del representante legal de la precooperativa codemandada, prueba denunciada por la censura, no es dable darle la connotación de confesión, como quiera que actuó mediante curador ad litem, ello con arreglo al artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, hoy 205 del Código General del Proceso.

En cuanto a Copesión Ltda., como llamada en garantía, tampoco existe documento alguno que pruebe, siquiera sumariamente, que tuvo relación laboral con la demandante, por lo que resulta innecesario llevar a cabo algún tipo de análisis frente a la accionada principal Proactiva Oriente S.A. ESP.

Concluye entonces la Sala, que el tribunal sí cometió los errores protuberantes fácticos y jurídicos que le endilga la recurrente, por lo que los cargos resultan fundados y se procederá así a casar la sentencia impugnada.

Sin costas en el recurso extraordinario

XI. SENTENCIA DE INSTANCIA

La señora Nancy Verdugo Soto, en la apelación interpuesta contra el fallo absolutorio de primer grado, manifiesta, en síntesis, lo expuesto en el libelo introductorio, esto es, que laboró directamente, como operaria de barrido, para la empresa Proactiva Oriente S.A. ESP, sin solución de continuidad, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 14 de septiembre de 2004, a través de las distintas EST y CTA codemandadas. Por lo mismo, solicita la declaración de existencia de una relación laboral con la citada sociedad, como usuaria y verdadera empleadora para que, en solidaridad con las demás llamadas a juicio en su calidad de simples intermediarias, respondan por todas las acreencias que se llegaren a demostrar.

Para desatar este recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, además de las consideraciones vertidas en la esfera casacional, cabe precisar que con la prueba calificada, quedó demostrado:

a. Debido a que la duración del contrato de trabajo celebrado entre la demandante y las empresas de servicios temporales (desde el 9 de noviembre del año 2000 hasta el 7 de agosto de 2003), sobrepasó el límite de un año establecido en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 para la figura del trabajo en misión, la empresa usuaria, en este caso Proactiva Oriente S.A. ESP, se convirtió en la verdadera empleadora y las EST pasaron a ser simples intermediarias de una primera relación laboral.

b. En virtud de que la demandada principal Proactiva, como la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colombia Amiga codemandada, no acreditaron que la demandante fuera la asociada de esta última y, por el contrario, lo que quedó demostrado en el plenario fue que en ese periodo se desarrolló un contrato de trabajo realidad con la primera de las mencionadas, que tuvo vigencia desde el 1º de mayo hasta el 14 de septiembre de 2004, la Sala concluye que entre dichas partes existió una segunda relación laboral.

c. La Sala evidencia una interrupción entre los anteriores vínculos laborales, de aproximadamente ocho meses, pues entre el 8 de agosto de 2003 y el 30 de abril de 2004, no se logró establecer que la demandante hubiera prestado los servicios a Proactiva Oriente S.A. ESP, directa o indirectamente.

En razón de lo expuesto, la Sala no encuentra acreditada la única relación laboral que se pregona y se pretende en la demanda inicial, esto es, la sostenida directamente con Proactiva Oriente S.A. ESP, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 14 de septiembre de 2004, puesto que, como ya quedó dilucidado, existe una interrupción significativa (del 8 de agosto de 2003 al 30 abril de 2004), que conduce a concluir que, en realidad, existieron dos vínculos laborales: uno a través de las empresas de servicios temporales y otro mediante el uso de las cooperativas de trabajo asociado.

Por lo dicho en precedencia, atendiendo a las pretensiones del libelo introductorio, y en virtud de que el juez está en capacidad de fallar minus petita, se declarará como única relación laboral la última sostenida entre las partes, cuyos extremos temporales se encuentran comprendidos entre el 1º de mayo y el 14 de septiembre de 2004, y se procederá a liquidar las respectivas acreencias, pues, de lo contrario, de tomarse dos vínculos, se estaría modificando la causa petendi, que impide declarar la existencia de varios contratos de trabajo. Así lo ha sostenido la Sala, entre otras, en la CSJ SL14969-2017, rad. 52813, cuando precisó que:

[...]

Por otra parte, si bien no se desconoce que en asuntos como el presente, en que las pretensiones están cimentadas en una única relación, se debe tomar el último vínculo de carácter continuo que ató a las partes, tal como se expuso en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 19 oct. 2006, rad. 27371, en donde se puntualizó: 

Cosa diferente ocurre con el contrato celebrado a partir del 1º de agosto de 1993, que venció el 30 de enero de 1994, pues el siguiente se celebró un mes después, el 1º de marzo de 1994, de donde, por lo prolongado de la interrupción del servicio, no es posible inferir que la intención de las partes era continuar con una misma relación de trabajo y que apenas se trataba de una mera formalidad. 

Como quiera que las pretensiones de la demanda inicial están cimentadas sobre la base de una sola relación de trabajo, se tendrán en cuenta para reexaminar las condenas de primera instancia, los extremos comprendidos entre el 1º de marzo de 1994 y el 30 de noviembre de 2002, que corresponden a la última relación laboral continua sostenida por las partes (Resalta la Sala). 

Ahora bien, procede la Sala a realizar los respectivos cálculos de rigor frente a esa última relación laboral, para lo cual se tomará el salario mínimo legal vigente para la época, por no aparecer demostrado uno distinto, ello de cara a las pretensiones de la demanda inicial así:

1. Salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar: la demandada Proactiva Oriente S.A. ESP, la cual tiene a su cargo el pago de las respectivas acreencias por ser la verdadera empleadora, no acreditó en el proceso haber cancelado suma alguna por estos conceptos y, en consecuencia, procede su condena así:

a. Salarios:

SL087-2018CSJ fig 1
 

b. Prestaciones sociales y vacaciones:

SL087-2018CSJ fig 2
 

SL087-2018CSJ fig 3
 

SL087-2018CSJ fig 4
 

SL087-2018CSJ fig 5
 

2. Indemnización por despido injusto: como quiera que la cooperativa, para poner fin al vínculo con la demandante, que finalizó el 14 de septiembre de 2004 adujo como motivo simplemente la terminación de la relación «autogestionaria» que dice se desarrolló (fl. 243), y dado que quien resultó ser la verdadera empleadora fue la empresa usuaria, la terminación del contrato de trabajo se torna injusta, teniendo derecho a la indemnización respectiva (art. 28 de la L. 789/2002):

SL087-2018CSJ fig 6
 

3. Indemnización moratoria: La parte actora reclama el reconocimiento de la indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo. Dicha indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo tiene un carácter eminentemente sancionatorio, pues se genera cuando quiera que el empleador se sustrae, sin justificación atendible, al pago de salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador a la terminación del vínculo laboral.

Se debe recordar que, acorde con la jurisprudencia, la buena fe equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de probidad y honradez del empleador frente a su trabajador que, en ningún momento, ha querido atropellar sus derechos, lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de integridad o pulcritud.

Del mismo modo, es pertinente anotar que la simple negación de la relación laboral no exonera, per se, al empleador demandado de la indemnización moratoria, como tampoco la demostración del contrato de trabajo trae consigo inexorablemente que se imponga dicha sanción.

En efecto, la absolución de esta clase de indemnización, cuando se discute la existencia del vínculo contractual laboral, no depende de la negación del mismo por parte del accionado, al dar contestación al libelo demandatorio, ni la condena de esta súplica pende exclusivamente de la declaración de su existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a la instancia, habida consideración de que en ambos casos se requiere del examen de la conducta del empleador, a la luz de la valoración probatoria que atañe las circunstancias que rodearon el desarrollo y finalización del contrato, a fin de poder determinar si la postura de éste resulta o no fundada, conforme a la prueba arrimada.

En el caso bajo estudio, el haz probatorio es suficiente para poner en evidencia que la parte demandada actuó desprovista de buena fe y lealtad al no pagarle a la actora todos los derechos que emergen de una vinculación subordinada y dependiente, pues no resulta plausible que tuviera la firme convicción de encontrarse amparada por una relación de cooperativismo, dadas las condiciones que rodearon la situación laboral de la actora, y la forma en que se desarrolló el contrato.

En efecto, no es dable considerar que la citada accionada tenía la creencia de que la relación, a partir del 1º de mayo de 2004, estaba regida por un vínculo distinto al laboral, aun cuando obren documentos en el que aparece la señora Nancy Verdugo Soto vinculada a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colombia Amiga, dado que las pruebas que apreció el Tribunal, miradas en conjunto con las que dejó de valorar, como ya se explicó, son contundentes en acreditar la presencia de signos indicativos de subordinación o dependencia laboral con Proactiva Oriente S.A. ESP, quedando así desvirtuado el contrato de asociación.

Lo anterior significa, que no tiene cabida sostener que el actuar de la demandada estuvo amparado en una contratación legítima o autorizada por la ley, por cuanto a la luz de la primacía de la realidad, lo que aparece demostrado en el proceso es que se acudió a utilizar una contratación prevista por la ley para desfigurar la que en realidad se ejecutó, con evidente perjuicio de la trabajadora, lo que la despoja de toda conducta de buena fe.

En anteriores oportunidades, la Sala ha concluido, frente a hipótesis similares a las aquí analizadas, por ejemplo, en la sentencia de la CSJ SL8564-2016, 22 jun. 2016, rad. 49808, lo siguiente:

[...]

En ese orden, tan crucial modificación en lo que a la naturaleza del nexo jurídico respecta, y la permanencia de las condiciones materiales en que se venía ejecutando la vinculación, no ameritan respuesta diferente del juzgador a la de colegir un comportamiento alejado de las reglas de la buena fe y la lealtad que deben imperar en todo contrato, tal cual lo tiene definido esta Sala de Casación, por ejemplo en Sentencia 25713 de 6 de diciembre de 2009, según la cual «no podrá considerarse que en quien ha acudido a la fraudulenta utilización de la contratación con una cooperativa de trabajo asociado exista algún elemento que razonablemente pueda ser demostrativo de buena fe de esa persona, porque si realmente ostenta la calidad de empleadora, se estará en presencia de una conducta tendiente a evadir el cumplimiento de la ley laboral, lo que, en consecuencia, amerita la imposición de sanciones como la moratoria debatida en el presente proceso». 

Aquí cabe resaltar, que la relación de vinculación de la accionante con la Cooperativa de Trabajo Asociado Colombia Amiga, fue utilizada indebidamente y en contravención a la ley para el suministro o provisión de personal, actividad que en Colombia está reservada a las empresas de servicios temporales autorizadas por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo previsto en la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006. Además, se recalca el yerro cometido por el juzgador de primera instancia en su decisión, al haber concluido que dicho vínculo fue lícito por no haber superado el límite de un año establecido en el artículo 77 de la mencionada ley, pues no le era dable a dicha instancia tratar a dicha cooperativa como una empresa de servicio temporal, menos aun cuando, a lo largo de sus considerandos, el a quo insistió en la prohibición legal que tienen las cooperativas de trabajo asociado para suministrar mano de obra temporal a terceros beneficiarios.

En consecuencia, se condenará a la suma diaria de $ 11.933, a partir del día 15 de septiembre de 2004 y hasta que se cubran los salarios y las prestaciones sociales adeudadas, por concepto de indemnización moratoria, en los términos del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo en su redacción original, por cuanto el salario devengado por la actora es equivalente al salario mínimo (par. 2º del art. 29 de la L. 789/2002).

4. Horas extras y festivos: la demandante se limitó a afirmar en el libelo introductorio, que nunca le cancelaron horas extras ni dominicales. Sin embargo, tal manifestación resulta insuficiente para realizar su estudio en esta instancia, pues no cumplió con la carga probatoria, relativa a demostrar que, efectivamente, laboró tiempo suplementario, por lo que no se fulmina condena por este concepto.

5. Indemnización por el no pago de cesantías: en cuanto a la indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitada en el recurso de apelación, constituye una pretensión que no fue solicitada en la demanda inicial, por lo que no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues desborda la competencia de la Corte actuando como tribunal de instancia.

6. Aportes a la seguridad social integral: en lo que tiene que ver con los aportes a la salud, la Sala ha considerado que no es dable cancelar directamente al trabajador los aportes a la seguridad social que en su oportunidad no efectuó el empleador, porque, sólo en algunos eventuales casos previamente definidos en la ley, es que se pueden devolver aquellos efectuados de más, pero no puede ordenarse el pago directo de los que debieron hacerse y no se realizaron. Del mismo modo, tiene adoctrinado la Corte que lo que procede frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales, es la reparación de perjuicios que el trabajador acredite haber sufrido por esa omisión del empleador, o el reintegro de los gastos que se vio obligado a llevar a cabo por no tener la atención y cubrimiento de tales riesgos (Sent. CSJ SL14152-2017, rad. 51899).

Lo anterior significa que los aportes en salud implican que la correspondiente EPS asumiera los pagos propios del subsistema de salud en caso de haberlo requerido la trabajadora, pero como en el sub lite no se invocó ni acreditó que se haya producido daño a la salud que irrogara pago alguno, al igual que un perjuicio por la falta de afiliación al riesgo de salud, como tampoco que se hubiera dado erogación alguna por parte de la demandante por este concepto, no se impondrá condena alguna.

En lo atinente a las pensiones, se debe precisar que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003, son afiliados al sistema general de pensiones:

l. En forma obligatoria: 

Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley, Así mismo, los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. 

El artículo 17 de la misma Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, dispone:

ART. 17.—Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. 

De acuerdo con lo anterior, como la empresa demandada Proactiva no afilió a la trabajadora demandante a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), ni pagó los aportes correspondientes a pensiones, debe asumir la obligación de su pago, pues no existe razón válida para exonerarla de tal obligación y, en tales condiciones, se proferirá condena al respecto, para sufragarlos a la AFP Horizonte, por el tiempo de duración del nexo laboral que aquí se declarará y con base en el salario demostrado por la actora, según la liquidación que realice el fondo de pensiones respectivo.

7. Indexación: en la medida en que la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales es incompatible con la indexación, no se condenará por éste concepto en relación a las acreencias que le dieron lugar, puesto que ambas son mecanismos de actualización de las deudas laborales. Por ello, solo se accederá a su condena respecto de la indemnización por despido injusto y por las vacaciones, cuya indexación arroja lo siguiente:

SL087-2018CSJ fig 7
 

Las anteriores acreencias, tal y como lo ha ordenado la Sala de Casación Laboral en casos como el aquí analizado (CSJ SL12707-2017, rad. 39230), estarán a cargo de la verdadera empleadora, en este caso, de Proactiva Oriente S.A. ESP. Se autorizará a esta última para que descuente del monto de la condena las sumas que la accionante Nancy Verdugo Soto hubiera recibido durante la duración del contrato laboral en cuestión, esto es, entre el 1º de mayo y el 14 de septiembre de 2004, lo anterior por cuanto como lo puso de presente la demandada principal al contestar el líbelo demandatorio, no puede haber «dos pagos por la misma causa», ya que tanto las EST y las CTA, cancelaron acreencias a la actora.

Quedan así despachadas las pretensiones de la accionante y resuelto el recurso de apelación interpuesto.

Por las resultas del proceso, se declararán no probadas las excepciones propuestas, en especial la de prescripción y buena fe, por cuanto en relación con el último vínculo laboral, se demandó en el término trienal que tratan los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, y porque la verdadera empleadora procedió de mala fe.

En consecuencia, actuando la Sala como tribunal de instancia, revocará totalmente el fallo del a quo para, en su lugar, declarar la existencia del contrato de trabajo en los términos antedichos e impartir las respectivas condenas y absoluciones en la forma explicada.

Sin costas en la alzada. Las de primera instancia estarán a cargo de la parte demandada Proactiva Oriente S.A. ESP.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 18 de febrero de 2011, en el proceso ordinario laboral que NANCY VERDUGO SOTO instauró contra PROACTIVA ORIENTE S.A. ESP y, solidariamente, contra las codemandadas SERTEMPO CALI S.A., TEMPORAL S.A., PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROACTIVOS ASOCIADOS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBIA AMIGA y la llamada en garantía COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SION COPESIÓN LTDA.

Sin costas en casación.

En sede de instancia,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, el 30 de julio de 2010, y en su lugar, DECLARAR la existencia de una verdadera relación laboral entre la demandante Nancy Verdugo Soto y la demandada Proactiva Oriente S.A. ESP, desde el 1º de mayo hasta el 14 de septiembre de 2004.

2. CONDENAR a Proactiva Oriente S.A. ESP a reconocer y cancelar a la actora las sumas de: $ 1.599.067 por salarios insolutos; $ 339.092 por prestaciones sociales y vacaciones; $ 358.000 por indemnización por despido injusto; $ 49.361 por indexación de las vacaciones; $ 265.223 por indexación de la indemnización por despido sin justa causa; y la suma diaria de $ 11.933 desde el 15 de septiembre de 2004, hasta que se cancelen efectivamente los salarios y prestaciones sociales adeudados, como indemnización moratoria.

3. ORDENAR a Proactiva Oriente S.A. ESP a pagar a la señora Nancy Verdugo Soto, los aportes en pensión a la AFP Horizonte ocasionados entre el 1º de mayo y el 14 de septiembre de 2004, teniendo en cuenta el último salario promedio establecido en el proceso en la suma de $ 358.000 mensuales, aplicándole a esta suma los porcentajes establecidos para liquidar los aportes en pensión, por el tiempo de duración del nexo laboral declarado, según la liquidación que realice el fondo de pensiones respectivo.

4. AUTORIZAR a la demandada Proactiva Oriente S.A. ESP a descontar de la condena, las sumas que la señora Nancy Verdugo Soto hubiera recibido en el periodo comprendido entre el 1º de mayo al 14 de septiembre de 2004.

5. ABSOLVER de las demás pretensiones.

Costas como quedó dicho en la parte motiva de este proveído.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas».