Sentencia SL8716 de julio 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 38010

SL8716-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 23

Bogotá, D.C., dos de julio de dos mil catorce .

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

En esencia, en el cargo se plantea que el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en la forma en la que fue modificado por el Decreto 2282 de 1989, contiene una estructura gramatical cerrada y clara, que “ …no adolece de oscuridad ni de ambigüedad alguna…”, por lo que la regla por virtud de la cual la presentación de una demanda solamente interrumpe el término de prescripción, si se logra notificar dentro del lapso allí establecido, en este caso noventa días, no da lugar a excepciones derivadas de interpretaciones laxas, que no son admisibles y que desatienden el tenor literal de la norma.

Frente a dicho tema, esta Sala de la Corte ha previsto en su jurisprudencia que entre la presentación de una demanda y su notificación pueden generarse diversas eventualidades, que no son imputables a quien funge como demandante y que, por lo mismo, no pueden redundar en su perjuicio. En tal orden, contrario a lo argüido por la censura, ha admitido excepciones a la regla prevista en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y, concretamente, como lo dedujo el tribunal, ha aceptado que “…la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado…”.

Dichas excepciones a la regla de interrupción de la prescripción están fundadas en la prevención de conductas reprochables desde todo punto de vista, que tienden al abuso de la disposición por parte de los deudores y, en materia laboral, en una protección especial para el trabajador que acude a tiempo a reclamar sus derechos y que realiza todas las acciones que están a su alcance para lograr la notificación de la demanda, por lo que no se le puede sancionar con la prescripción, a pesar de haber actuado diligentemente.

Entre otras, en la sentencia CSJ SL, 12 feb. 2004, rad. 21062, se precisó la posición de la Sala en torno al tema, de la siguiente forma:

Se desestima, entonces, el cargo, sin que ello impida, como lo recuerda el opositor, agregar que con relación a la aplicación del artículo 90 del código de procedimiento civil en sentencia del 18 de febrero de 1998, radicación 10166, esta Sala de la Corte expuso:

“(...) En lo relacionado con la segunda parte del cargo, esto es, la acusación sobre la forma como el ad quem interpretó el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil —que debe asumirse es el del texto original de ese estatuto procesal, atendida la fecha de presentación de la demanda—, en perspectivas de la tardanza en la notificación del auto admisorio de la demanda por morosidad atribuible al juzgado de primera instancia, encuentra la Corte que el juzgador de segundo grado no incurrió en las transgresiones hermenéuticas que se le endilgan, pues a partir de los supuestos fácticos que determinaron su decisión, los cuales no discute el impugnador, el entendimiento que le dio a tales normas atienden su genuino sentido y es armónica con los principios que informan el derecho del trabajo.

“En efecto, en sentencias de julio 31 de 1991 (rad. 4336) y mayo 15 de 1995 (rad. 7343), en los que se analizó un punto de similares características al presente, esta Corporación sentó el criterio que expone el ad quem respecto a los artículos 90 y 91 del código de procedimiento civil, que en lo concerniente a lo aquí discutido conserva semejanza con la reforma que a los mismos introdujo el Decreto 2282 de 1989, y que es el siguiente:

“Entre los principios cardinales del proceso, a cuyo imperio han de contribuir por igual en todas sus actuaciones el juez, las partes y sus apoderados se encuentran en primerísimo lugar los de la lealtad, probidad y buena fe que ha de presidir todas las actuaciones judiciales, para cuyo eficaz cumplimiento su observancia, prevención y sanción se impusieron como específico deber al juez (CPC , art. 39, num. 4º), y a las partes y a sus apoderados, cual aparece en los artículos 71, numeral (es) 1º y 2º, y 74 del Código de Procedimiento Civil.

“(…) Acorde con tales postulados éticos, recogidos como normas de obligatorio cumplimiento por la legislación positiva, observa esta Sala que la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente por negligencia del Juzgado o por actividad elusiva del demandado, ya que repugna al ordenamiento jurídico que el actor que obra con rectitud y satisface las cargas procesales que sobre él pesan tenga, sin embargo, que soportar consecuencias jurídicas desfavorables por conductas reprochables a la incuria de funcionarios judiciales o a maniobras de la parte contraria, que, posteriomente, resultase beneficiada de su propia conducta contraria a derecho.

“Precisamente, en este mismo sentido, expresó la Corte, Sala de Casación Civil, que la sola interposición de la demanda no interrumpe la prescripción salvo que el retardo en notificar a éste (el demandado) no se deba a culpa del demandante (…) sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del Juzgado encargo (sic) de hacerla, casos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda”.

“(…) Tiene igualmente por sentado esta Corporación, que en el proceso laboral, por aplicación supletiva de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, ha de incorporarse en lo pertinente, el art. 90 de este Código, pero sin que ello signifique en manera alguna que los principios propios del derecho laboral se vean disminuidos o menguados pues dada su propia naturaleza son de orden público. En efecto, en sentencia de 23 de abril de 1985, expresó lo siguiente: De acuerdo con reciente jurisprudencia de la Sala el artículo 90 del Código de procedimiento Civil es aplicable en materia laboral, con apoyo en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, pero sin que en los juicios del trabajo sea aplicable el condicionamiento previsto por esa norma procesal civil, en virtud del principio de la gratuidad (CPT, art. 39). En materia laboral, en consecuencia, una vez admitida la demanda se considera interrumpida la prescripción desde la fecha en que fue presentada (…)”.

“En consecuencia, con fundamento en lo antes transcrito, para la corporación el tribunal no incurrió en la errónea interpretación que del artículo 90 del código procesal civil denuncia la censura en el cargo. Como tampoco es dable afirmar que dicho juzgador entendió equivocadamente el artículo 91 ibídem, pues, además, examinado el contenido del auto que decidió en segunda instancia el incidente de nulidad (fls 55 y 60, cdno. 2), se colige que el mismo ciertamente abarca la notificación del auto admisorio de la demanda, pero por razones no adjudicables al demandante, motivo por el cual ante tal evento también es aplicable el razonamiento jurisprudencial expuesto en las sentencias antes referidas”. (negrillas fuera de texto).

Por lo anterior, en el plano estrictamente jurídico propio de la vía seleccionada para formular la acusación, el tribunal no incurrió en algún desatino interpretativo al sostener que “…no puede entonces de manera irresponsable y remitirnos a la literalidad de la norma, declararse que ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, cuando no ha sido por una actitud negligente que al demandado se le haya notificado el auto admisorio de la demanda con posterioridad a los 120 días que exige la norma”.

Ahora bien, aunque la Corte también ha dicho que el demandante tiene que cumplir ciertas cargas procesales precisas, tendientes a lograr la notificación efectiva, para que se puedan aplicar las pautas jurisprudenciales en cita, como el pago de las expensas y velar por la designación de un curador ad litem, (Ver CSL SL, 18 sep. 2012, rad. 40549, CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 31995), en este caso el tribunal dio por sentado el cumplimiento de tales cargas, así como el ocultamiento de la demandada para evadir la notificación, y esas constituyen premisas fácticas que no es posible analizar por la vía directa por la que se encaminó la acusación.

Por último, contrario a lo que expone la censura, el hecho de que, en los términos del artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el demandado que se oculta tenga derecho a que se le designe un curador para la litis o deba ser emplazado, so pena de que se quebrante su derecho de defensa, no desvirtúa la validez de la regla jurisprudencial por virtud de la cual se puede dar lugar a la interrupción de la prescripción, si se demuestran conductas tendientes a evadir la notificación de la demanda dentro del término previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de dos situaciones diferentes. La primera medida tiende a conformar debidamente el contradictorio y evitar violaciones al derecho de defensa, mientras que la segunda pretende preservar los derechos sustanciales de un demandante que ha actuado diligentemente.

Así las cosas, el cargo es infundado.

IX. Segundo cargo

Acusa al tribunal de haber aplicado indebidamente “…el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en el procedimiento del trabajo en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, violación de esta norma de procedimiento cuya consecuencia final fue la infracción directa del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos 29 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la aplicación indebida de los artículos 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Precisa que dicha infracción se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Haber dado por probado, sin estarlo, que la Corporación Universidad Libre se había ocultado para impedir la notificación del auto admisorio de la demanda;

2. Haber dado por probado, sin estarlo, que la Corporación Universidad Libre, como parte contraria de Manuel Medina Pareja, había efectuado maniobras reprochables para impedir la práctica de la notificación personal del auto admisorio de la demanda;

3. No haber dado por probado, estándolo, que desde el 2 de diciembre de 1994, día que terminó el contrato, hasta el 11 de noviembre de 1998, día que fue solicitado el emplazamiento de la Corporación Universidad Libre, transcurrieron más de tres años:

4. Haber dado por probado, sin estarlo, que el contrato de trabajo de Manuel Medina Pareja terminó como consecuencia de una sanción para cuya imposición debía seguirse el procedimiento acordado en la cláusula 4 de la convención colectiva de trabajo;

5. Haber dado por probado, sin estarlo, que el procedimiento para imponer una sanción acordado en la cláusula 4 de la convención colectiva de trabajo debía seguirse para dar por terminado el contrato de trabajo de Manuel Medina Pareja;

6. No haber dado por probado, estándolo, que Manuel Medina Pareja, siendo rector de la seccional del Atlántico, sin estar autorizado para ello, suscribió un contrato como docente que únicamente firmó él en condición de trabajador; y

7. No haber dado por probado, estándolo, que según los estatutos de la Corporación Universidad Libre la función de nombrar al personal docente corresponde al Consejo Directivo Seccional y no al rector seccional.

Relaciona como pruebas erróneamente apreciadas el contrato de trabajo aportado con la demanda (fl. 2), la carta de terminación del contrato de trabajo (fl. 3), la liquidación del contrato de trabajo (fl. 5), el oficio del 23 de noviembre de 1994 y la carta del 24 de noviembre de 1994, suscritos por Juanita Gutiérrez Fontalvo (fls. 7 y 8), el aviso con informe manuscrito a su respaldo (fl. 27), el informe del 11 de noviembre de 1998 (fl. 28), el memorial del apoderado de la parte demandante del 11 de noviembre de 1998 (fl. 30), el informe secretarial y auto del 26 de noviembre de 1998 (fl. 31), el aviso entregado el 2 de febrero de 1999 (fl. 32), la convención colectiva de trabajo (fls. 51 a 80), el oficio de 21 de octubre de 1994 (fl. 101) y los testimonios de Juanita Gutiérrez Fontalvo (fls. 42 a 45) y Augusto Casalins Parejo (fls. 45 y 46). De igual forma, como pruebas dejadas de valorar el acta de posesión del 29 de septiembre de 1993 (fl. 47) y el Acuerdo 1 del 27 de julio de 1994 (fls. 81 a 98).

En desarrollo del cargo, dentro del título de “primer grupo de errores, el censor expone que el tribunal se equivocó al tener por demostrado que la Universidad Libre se había ocultado y había efectuado maniobras reprochables para impedir la notificación personal del auto admisorio de la demanda, así como al no admitir que entre la terminación de la relación laboral y la notificación de la demanda transcurrieron más de tres años. Añade que, de todas maneras, de haber sido cierto que la demandada se había ocultado para evadir la notificación, lo procedente era nombrarle un curador ad litem y proceder al emplazamiento.

Sostiene, por otra parte, que cuando se solicitó el emplazamiento de la demandada no se puso de presente la hipótesis del ocultamiento y que, aún si se entendiera que ello fue así, debió haberse comprobado sumariamente tal hecho. Asimismo, que para el 11 de noviembre de 1998, cuando se presentó el memorial por el apoderado de la parte demandante pidiendo el emplazamiento, ya habían transcurrido los tres años previstos legalmente como término de prescripción.

Recalca que el fundamento de la decisión del tribunal estuvo informado por unos “postulados éticos” aplicables a la falta de notificación oportuna de la demanda, por la conducta negligente del juzgado o por la actividad elusiva de la demandada, de manera que, alega, dicha corporación dio por demostrado que la corporación Universidad Libre “…impidió la práctica de la notificación personal y se ocultó a fin de impedir que ella se llevara a cabo, y que, por haber eludido la notificación personal, debía considerarse que con la sola presentación de la demanda quedó interrumpida la prescripción…”, a la vez que explica que de ninguna de las piezas del proceso “…resulta el menor atisbo de ocultamiento de la persona jurídica hoy recurrente en casación”.

Dice, en tal sentido, que los informes manuscritos por el empleado judicial autorizado para realizar la notificación y los informes del secretario del juzgado no tienen la virtud de demostrar el hecho del ocultamiento y que, de todas formas, así se tuviera por demostrado ese hecho, lo que procedía era la designación de un curador ad litem y, con posterioridad, el emplazamiento del demandado, pues “…tales informes no permitirían “presumir que la entidad demandada desde un principio evadió dicha notificación”; y menos servirían esos informes para “presumir” un hecho que tendría que haberse probado fehacientemente si, como aquí sucedió, ese ocultamiento “presumido” constituía el único fundamento probatorio de la decisión de no declarar probada la excepción de prescripción oportunamente propuesta”.

Apunta que el hecho de que transcurrieran más de tres años entre la terminación del contrato de trabajo y la solicitud de emplazamiento, además de que no se efectuó alguna maniobra reprochable tendiente a evitar la notificación, son realidades que se reflejan de manera manifiesta en la carta del 2 de diciembre de 1994, el aviso con nota manuscrita al reverso, el informe del 11 de noviembre de 1998, el memorial del 11 de noviembre de 1998, el informe secretarial y el auto de 26 de noviembre de 1998, que ordenó el emplazamiento de la demandada, y el aviso recibido el 2 de febrero de 1999.

Dentro del capítulo que denomina “segundo grupo de errores”, el censor señala que el cuarto y quinto errores de hecho dimanan de la lectura de la cláusula 4 de la convención colectiva de trabajo, pues allí fue excluido expresamente el despido del procedimiento establecido para imponer una sanción, de manera que quedó bajo la potestad de la comisión creada en la cláusula 2 del acuerdo, por lo que nunca se pactó que la consecuencia de no haberse seguido el procedimiento para imponer sanciones fuera la inexistencia del despido. Alega, en ese sentido, que resulta apenas elemental deducir que la demandada no estaba en la obligación de formular algún “cargo”, a quien simplemente se le dio por terminado el contrato de trabajo por la culminación del año académico.

Destaca que el tribunal incurrió en dos errores garrafales, a saber: i) no haber advertido que el procedimiento establecido en la cláusula 4 de la convención colectiva solo resultaba aplicable cuando se quería imponer una sanción diferente al despido, de manera que se debía formular un cargo y darle la oportunidad al trabajador de rendir descargos; ii) y no percatarse de que, por ser el demandante un profesor catedrático al que se le terminaba el contrato de trabajo por culminación del año académico, no procedía la formulación de cargos, ni mucho menos oír al trabajador en descargos, para después aplicar una sanción.

Finalmente, dentro del título de «tercer grupo de errores», el censor afirma que de la sola lectura del Acuerdo 1 de 27 de julio de 1994, resulta evidente que designar el personal docente de la institución es una función del consejo directivo seccional y no del rector, que no tenía dentro de sus funciones la de celebrar contratos, por lo que, dice, los errores de hecho seis y siete están demostrados, pues el demandante no podía firmar un contrato, sin tener facultades para ello. Explica que el demandante suscribió el contrato para autonombrarse en el cargo de docente, con un “torticero proceder”, y que ello se demuestra con el documento del 21 de octubre de 1994, en el que se le aceptó la renuncia como rector.

Aduce que los errores en la prueba calificada legitiman el examen de los testimonios de Juanita Gutiérrez Fontalvo y Augusto Casalins Parejo, quienes, razona, “…no hacen otra cosa que alegar en causa propia su estabilidad como trabajadores de la Corporación Universidad Libre, y se valen de la ocasión para refrendar los actos que, en detrimento de la universidad, realizó cada uno de ellos en el cargo directivo que en ese momento ocupaban”. Precisa que la primera de las testigos aceptó que el demandante era docente catedrático y que el contrato de trabajo no había sido firmado por el empleador, por lo que debía reputarse inexistente, ya que un contrato es por esencia un acuerdo de voluntades.

Enfatiza, finalmente, en que las referidas pruebas lo único que demostraban era el “montaje” del demandante para autonombrarse en el cargo de docente de tiempo completo y que el testimonio de Augusto Casalins Pareja acredita la condición del demandante como rector que, por disposición del Acuerdo 1 de 1994, no podía mejorar sus condiciones laborales, pues hacía parte del Consejo Directivo Seccional.

X. Réplica

Señala que la notificación oportuna de la demanda fue impedida por la demandada, quien mostró desprecio por el llamado oportuno que le realizó el juzgado de conocimiento; que la lectura de la convención colectiva no tiene incidencia alguna en la decisión del tribunal; y que no se demostraron las conductas irregulares del demandante, que se plantean en el cargo.

XI. Consideraciones

En el cargo se reprochan tres aspectos fácticos de la decisión del tribunal que serán analizados en el mismo orden en el que fueron propuestos: i) tener por cierto que la demandada ejecutó acciones tendientes a impedir la notificación del auto admisorio de la demanda; ii) asumir que la convención colectiva de

trabajo exigía un procedimiento disciplinario para terminar la relación de trabajo de un docente, por la culminación del periodo académico, y que la consecuencia de su inobservancia era la inexistencia del despido; iii) y no advertir que la presunta vinculación del actor como docente de tiempo completo provino de acciones desleales de él mismo, para las cuales no tenía competencia.

1. En torno al primero de los temas planteados, el tribunal dedujo que la demandada “…desde un principio evadió dicha notificación [del auto admisorio de la demanda] para posteriormente después de un nuevo aviso que le fue fijado el 2 de febrero de 1999 notificarse personalmente de dicho auto el 8 de marzo de la misma anualidad y alegar la no notificación dentro de los 120 días”.

Al analizar las pruebas calificadas y elementos del proceso que se mencionan en el cargo la Corte encuentra:

A folio 27 obra un «aviso» remitido a la demandada, en el que se le exhorta a comparecer a notificarse de la providencia por medio de la cual se había admitido la demanda, so pena de que se le designara un curador ad litem y se procediera al emplazamiento. Al reverso de dicho documento, fue sentado un registro por virtud del cual el 21 de enero de 1998, el notificador del juzgado se trasladó a las instalaciones de la demandada y fue atendido por la secretaria “…donde me informaron que se encontraba fuera de la ciudad [el representante legal] por lo tanto hice entrega del aviso…” .

En similares términos, a folio 28 obra una constancia, esta vez del 11 de noviembre de 1998, en la que se registra que el notificador nuevamente se trasladó a las instalaciones de la universidad demandada y fue atendido por el secretario general, “…quien me dijo que no me podía atender [el representante legal] porque se encontraba en una reunión…”, de manera que le informó la posibilidad de que la entidad fuera emplazada.

A folio 30 obra un memorial en el que el apoderado de la parte demandante le suplica al juzgado que proceda al emplazamiento de la demandada, en vista de que no se había logrado la notificación personal. Como consecuencia de ello, el secretario del juzgado suscribió informe del 26 de noviembre de 1998 en el que anota que “…a pesar de los intentos realizados por el notificador del juzgado, a fin de notificar el auto admisorio de la presente demanda, esto no ha sido posible…” El juez de primera instancia, a su vez, el mismo día, ordenó que se notificara a la demandada, en los términos del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual se remitió aviso (fl. 32). No obstante, la demandada compareció al despacho y se notificó personalmente de la demanda el 8 de marzo de 1999.

Del conjunto de pruebas señaladas, se puede evidenciar objetivamente que, en efecto, la entidad demandada impidió la notificación del auto admisorio de la demanda a través de excusas y desatenciones para con el funcionario judicial encargado de las diligencias necesarias para tales efectos. También es posible concluir que la parte demandante asumió las cargas procesales que le eran propias, pues las comunicaciones del juzgado fueron remitidas oportunamente y, ante la conducta evasiva de la demandada, solicitó su emplazamiento y la designación de un curador ad litem.

En tal orden, como lo concluyó el tribunal, la parte demandante no podía cargar con los efectos de la excepción de prescripción, por conductas que no le eran atribuibles y que respondían a un proceder cuestionable de la institución demandada.

La Corte debe resaltar en este punto que hechos tales como los probados en el proceso, en los que se deja clara la desatención de un empleado judicial, con excusas poco razonables como una reunión del representante legal de una empresa, así como la falta de comparecencia a un despacho judicial para recibir una notificación, a pesar de estar requerido para ello, además de que efectivamente pueden catalogarse como conductas tendientes a evadir una notificación, impactan de manera muy negativa la majestad, seriedad y dignidad de la justicia y no pueden ser aceptadas desde ningún punto de vista.

En los anteriores términos, el tribunal no incurrió en algún error de hecho manifiesto al concluir que la demandada había realizado acciones tendientes a evitar la notificación oportuna del auto admisorio de la demanda.

En lo que tiene que ver con la consecuencia del «ocultamiento»de la demandada, en el cargo primero se explicó que no resultaba excluyente la interrupción de la prescripción desde la presentación de la demanda, por las razones de justicia que allí se plasmaron, con la necesidad de efectuar un emplazamiento y designar un curador para la litis, en aras de que no se quebrantara el derecho de defensa.

Por lo mismo, en cuanto a este tópico, el cargo es infundado.

2. En la parte que titula “segundo grupo de errores”, el censor parte del error inexcusable de asumir que el tribunal interpretó erróneamente la cláusula 4 de la convención colectiva de trabajo (fl. 53), que entre otras se refiere a los trabajadores administrativos y no a los docentes, para inferir que resultaba necesario seguir un trámite disciplinario antes de despedir al demandante.

Contrario a ello, dicha corporación se limitó, en este punto, a prohijar el análisis del a quo, que, a su vez, se había remitido de manera correcta al análisis de la cláusula 50 (fl. 67), que preveía un procedimiento, aplicable esta vez sí a los docentes, “…para imponer una sanción, desde la simple llamada de atención, hasta el despido…” .

En ese sentido, el tribunal no pudo haber incurrido en la errónea valoración de la cláusula 4 de la convención colectiva, pues nunca la tuvo en cuenta dentro de sus consideraciones, entre otras, se insiste, porque regulaba los contratos de trabajo de los servidores administrativos y no del personal docente. Tampoco incurrió en algún error protuberante al deducir la necesidad de un procedimiento previo al despido, pues así lo preveía claramente la cláusula 50 de la convención colectiva de trabajo, sobre cuya lectura no se formula reparo alguno.

Así las cosas, frente a este tema, el cargo también resulta infundado.

3. Por último, en lo que tiene que ver con la designación del actor como docente de tiempo completo, la Corte tampoco advierte que el tribunal hubiera incurrido en algún error de hecho manifiesto.

En este punto, el tribunal dio por demostrado que el demandante había estado vinculado inicialmente como docente catedrático, pero que, a partir del 1º de septiembre de 1994, se había producido una modificación de la relación laboral, por virtud de la cual pasó a ser docente de tiempo completo, además de que dicha variación había sido validada por la jefe de personal y consentida por la entidad demandada.

Ahora bien, es cierto que dentro del Acuerdo 1 de 1994 (fl. 92) se consigna como función del consejo directivo de la demandada la de “…designar al personal docente de las unidades académicas”, además de que dentro de las funciones del rector no está enlistada la de nombrar docentes (fls. 93 y 94). No obstante, el tribunal nunca concluyó que el demandante hubiera suscrito el contrato de trabajo (fl. 2) como empleador, o que se hubiera “autonombrado”, sin tener la competencia para ello, sino que asumió que había firmado en calidad de trabajador y que, en torno a la voluntad de la demandada, ella había sido expresada en la cláusula adicional impuesta por la jefe de personal y, en últimas, consentida por la demandada. Esta última inferencia a su vez, no es suficientemente controvertida en el cargo y, en realidad, es la que sirve de sostén fundamental a la decisión del tribunal.

El documento de folio 101 nada dice frente al tipo de relación laboral que mantuvo el actor en su condición de docente, pues se limita a aceptar su renuncia como presidente – rector, así como a exaltar su “…excelente labor al frente de la universidad…” Igual situación puede predicarse del acta de folios 47 y 48, en la que se deja consignada la posesión del demandante como “…Rector Nacional ante la Seccional de Barranquilla…”.

Por lo demás, como ya se dijo, en el cargo no se controvierten suficientemente las inferencias del tribunal por virtud de las cuales la jefe de personal de la entidad, Juanita Gutiérrez Fontalvo, prohijó la designación del demandante como docente de tiempo completo, debido al aumento de su carga académica, e informó de tal hecho a las autoridades pagadoras, para que se hicieran los ajustes respectivos en la nómina de docentes, así como al presidente de la demandada, que, por otra parte, no adoptó «…las medidas pertinentes sino que por el contrario avaló dicha vinculación». Dichas inferencias, por otra parte se derivaban diáfanamente de los documentos de folios 7 y 8, de manera que no lucen abiertamente equivocadas y conservan la presunción de acierto y legalidad de la sentencia gravada.

Vale decir por último que, al no haberse demostrado algún error manifiesto fundado en la prueba calificada, no le resulta dable a la Corte analizar los testimonios de Juanita Gutiérrez Fontalvo y Augusto Casalins Parejo.

Como conclusión, el cargo es infundado.

XII. Tercer cargo

Acusa al Tribunal por aplicar indebidamente el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, como consecuencia, aplicar indebidamente el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en relación con los artículos 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo.

En la demostración del cargo, el censor afirma que aun cuando el tribunal tuvo claro que en la demanda no se había pedido la indexación de las sumas pretendidas, decidió ordenarla de manera totalmente equivocada. Explica que la orden de reintegro conlleva al pago de los salarios dejados de percibir, no a título de indemnización, sino como contraprestación a los servicios prestados, por la ficción de que el contrato se mantuvo sin solución de continuidad, y razona:

Así las cosas, resulta claro que el tribunal no estaba facultado para ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, pues el juez de segunda instancia no puede fallar ni extra ni ultra petita, conforme lo ha entendido la jurisprudencia laboral incluso después de haber sido proferida sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la expresión “de primera instancia” que, con muy buen sentido y para no violar el derecho de defensa del demandado, traía el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y además de no estar facultado el juez de segunda instancia para sentenciar por fuera o más allá de lo pedido – aun en el evento de que los hechos hayan sido discutidos en el juicio -, en este específico caso en que se resolvió por los jueces de instancia reintegrar a Manuel Medina Pareja “al cargo que venía desempeñando al momento del despido o a otro de igual o superior categoría”, se muestra abiertamente impertinente la aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, por cuanto la orden judicial de restablecer el contrato y condenar al pago de los salarios y prestaciones sociales como si el vinculo (sic) laboral hubiera existido por todo el tiempo, produce la reparación integral del daño que haya podido habérsele irrogado a quien fue despedido.

Por esta última razón de entrañar la sentencia judicial que ordena el restablecimiento del contrato de trabajo, la reparación integral de cualquier daño que haya sufrido el trabajador, se muestra totalmente contraria a la equidad, además de ser abiertamente ilegal, la sentencia impugnada en casación.

Adicionalmente, debe anotarse que no cabe considerar que la ilegal sentencia haya observado “los criterios técnicos actuariales”, ya que el proceso brilla por su ausencia el dictamen técnico de un perito actuario.

XIII. La réplica

Arguye que una interpretación sistemática de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política permite que los jueces, en cualquier instancia, decreten la indexación de los salarios, como una fórmula justa y acoplada a la jurisprudencia constitucional sobre la movilidad del salario.

XIV. Consideraciones

Efectivamente, como lo reclama la censura, el tribunal ordenó la indexación de las sumas que fueron objeto de condena, a partir de la fecha en la que ocurrió el despido y hasta el momento en el que se hiciera el pago efectivo de las mismas, “…de manera oficiosa, con el propósito de lograr el equilibrio económico de la condena…” También resulta evidente que dicha pretensión no fue incluida dentro de la demanda, ni adicionada en la primera audiencia de trámite o considerada por el juzgador de primer grado, por virtud de las facultades ultra y extra petita.

Por lo mismo, el tribunal incurrió en la infracción del artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues dicha norma no lo autorizaba para ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos en la demanda, por lo que, al ordenar el pago indexado de las condenas, actuó sin competencia funcional. Así lo ha concluido la Sala en decisiones anteriores como la CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 41471, en la que se anotó:

En torno a la decisión tomada por el ad quem respecto de la condena por indexación, sobre la cual recae la única objeción de los cargos subsidiarios que se examinan, se observa que, en efecto, esa condena no fue objeto de pretensión alguna en la demanda inicial (fl. 1), ni en la primera audiencia de trámite (fl. 86), y tampoco se pronunció sobre ella el juzgador de primer grado en uso de la facultad de fallar extra o ultra petita, de tal suerte que el sentenciador de segunda instancia carecía de competencia funcional para pronunciarse respecto de ella, por lo que al disponer su pago en la sentencia que resolvió los recursos de apelación interpuestos por las partes incurrió en violación del principio de congruencia, al suponer la existencia de una reclamación que en realidad no existió.

Así las cosas, el cargo es fundado y se casará parcialmente la decisión recurrida, en cuanto dispuso la indexación de las sumas que fueron materia de condena.

XV. Sentencia de instancia

En sede de instancia, valen las mismas consideraciones atrás expuestas para negar el recurso de apelación de la parte demandante y confirmar la decisión del juzgador de primer grado, en cuanto se abstuvo de decretar la indexación, por no haber sido pedida en la demanda.

Sin costas en el recurso de casación. Las de las instancias a cargo de la parte demandada.

XVI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 11 de julio de 2008 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Manuel Medina Pareja contra la Universidad Libre – Seccional Atlántico, en cuanto dispuso la indexación de las sumas que fueron materia de condena. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, se confirma la decisión del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla del 19 de febrero de 2002, en cuanto se abstuvo de decretar la indexación de las sumas pedidas en la demanda.

Sin costas en el recurso de casación. Las de las instancias a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».