Sentencia SL8719-2014 de julio 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL8719-2014

Radicación 40856

Acta 23

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., dos de julio de dos mil catorce.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. —Colfondos— (hoy Citi Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías) contra la sentencia proferida por la Sala Civil —Familia— Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 20 de febrero de 2009, corregida mediante providencia de 12 de marzo de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Hernán Enrique Guzmán Estrada, Marinela y Hernán Camilo Guzmán Suárez promovieron contra el Instituto de Seguros Sociales y la recurrente.

I. Antecedentes

Hernán Enrique Guzmán Estrada, actuando en su propio nombre, así como en representación de sus menores hijos Marinela y Hernán Camilo Guzmán Suárez, demandó a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. —Colfondos— y al Instituto de Seguros Sociales, para que, previos los trámites del proceso ordinario, fueran condenadas, «en forma solidaria, conjunta o separada», a reconocerles y pagarles la pensión de sobrevivientes de Elvia Cecilia Suárez Muñoz, en sus calidades de cónyuge e hijos, respectivamente, a partir del 26 de junio de 2000, junto con las mesadas adicionales y los reajustes legales; los intereses moratorios; lo ultra y extra petita; y las costas del proceso.

Señaló que contrajo matrimonio católico con Elvia Cecilia Suárez Muñoz el 12 de julio de 1984; que de esa unión nacieron Marinela y Hernán Camilo Guzmán Suárez; que la señora Suárez Muñoz prestó sus servicios para el municipio de Momil, Córdoba, durante 10 años aproximadamente, «donde cotizó inicialmente al Instituto de Seguro Social o irregular traslado a Colfondos S.A.» (sic); que su cónyuge había estado afiliada al sistema de seguridad social en pensiones hasta el 25 de junio de 2000, fecha de su fallecimiento; que él y sus menores hijos dependían económicamente de la afiliada fallecida, con quien convivieron de forma ininterrumpida; que solicitaron ante el ISS la pensión de sobrevivientes y esta les fue negada con el argumento de que la causante se encontraba afiliada a Colfondos, sin explicar «si lo que existió fue un traslado irregular a ellos (ISS) o si simplemente se llevaron esas cotizaciones al Seguro por error del Ente patronal encargado de efectuar las cotizaciones, que supuestamente deberían hacerse a Colfondos»; que el ISS envió a Colfondos los documentos presentados para obtener el reconocimiento de la prestación reclamada y esta entidad «se limitó a manifestar que la documentación enviada por el ISS no tenían (sic) el significado de solicitud formal».

El ISS no contestó la demanda (Folio 167).

Colfondos, por su parte, se opuso a las pretensiones. Dijo que los hechos no le constaban o no eran tales. Propuso las excepciones de mérito de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido y la genérica. Asimismo, llamó en garantía a la Aseguradora de Vida Colseguros S.A. Dicho llamamiento fue aceptado por la juez de conocimiento.

La Aseguradora de Vida Colseguros S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que no le constaba ninguno de los hechos y propuso la excepción de fondo de inexistencia de obligación de Colfondos frente a los derechos reclamados por los demandantes. Con relación al llamamiento en garantía, manifestó que no podía ser condenada a pagar una suma superior a la señalada en la póliza colectiva de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes para el financiamiento y pago de las pensiones de invalidez y/o supervivencia de los afiliados de Colfondos. Aceptó el hecho relacionado con el contrato de seguro que celebró con esta entidad de seguridad social; lo demás dijo que no era un hecho. Propuso las excepciones de mérito de límite del amparo contratado y la genérica.

Por auto de fecha 24 de mayo de 2005, el juzgado de conocimiento ordenó integrar «como Litisconsorcio Facultativo o Necesario al Municipio de Momil» (sic) (Folio 137).

El municipio de Momil manifestó que eran las entidades de seguridad social demandadas las que debían reconocer la pensión de sobrevivientes solicitada en el escrito gestor. Aceptó el hecho relacionado con el vínculo laboral con la causante y no se pronunció sobre los demás. No propuso excepciones.

II. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de julio de 2008, el Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Montería condenó a Colfondos a reconocer y pagar a los demandantes la pensión de sobrevivientes de Elvia Cecilia Suárez Muñoz, a partir del 25 de junio de 2000, «en la cuantía prevista en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993», junto con las mesadas adicionales, los reajustes de Ley y los intereses moratorios, precisando que los menores Marinela y Hernán Camilo Guzmán Suárez disfrutarían de la prestación hasta cuando alcanzaran la mayoría de edad o hasta cuando cumplieran 25 años de edad en caso de que se encontraran estudiando. Absolvió a las demás entidades convocadas al proceso de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

III. Sentencia de segunda instancia

Apeló Colfondos. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil —Familia— Laboral, en la sentencia aquí acusada, revocó la de primera instancia en cuanto había absuelto a la llamada en garantía, Aseguradora de Vida Colseguros S.A., de todas y cada una de las pretensiones de la demanda para, en su lugar, condenarla a pagar el monto o la suma adicional que hiciere falta para financiar la pensión de sobrevivientes reconocida a los actores. Confirmó la sentencia del a quo en todo los demás.

Consideró el ad quem que el asunto a resolver era «lo concerniente a que (sic) entidad le corresponde asumir el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente dentro del presente asunto y si la entidad Colseguros S.A. está obligada al llamado en garantía para responder por las sumas adicionales que se requiera para completar el capital necesario correspondiente al afiliado y genere pensión de sobrevivientes»; que la Ley 100 de 1993 había establecido que todas las personas eran libres de escoger el régimen al cual querían pertenecer; que por ello, la señora Elvia Cecilia Suárez Muñoz había actuado «con todo el derecho en trasladarse de régimen y fondo de pensión, por ello ha apreciado la Superintendencia Bancaria que una vez realizado este traslado, la nueva entidad administradora tiene la obligación de informarle a la anterior las solicitudes de traslados presentadas».

Luego de transcribir un aparte de una circular de la Superintendencia Bancaria dirigida a las entidades administradoras de pensiones y cesantías, que no identificó con número ni fecha, así como el artículo 16 del Decreto 692 de 1994, el juez colegiado estimó que era a Colfondos a quien le correspondía informar al ISS sobre el traslado de régimen de la afiliada fallecida, con el fin de que esta entidad realizara «los respectivos traslados de saldos a la cuenta individual»; que también era obligación de Colfondos, una vez había verificado que no se estaban realizando los aportes correspondientes a la causante, requerir al empleador para que los cancelara; que con el documento visible a folio 54 del expediente, Colfondos había reconocido como su afiliada a la señora Elvia Cecilia Suárez Muñoz y «como quiera que al momento del deceso esta se encontraba legalmente afiliada a la AFP Citi Colfondos S.A. se considera que no le asiste razón al apelante en pretender que no le corresponde el pago de la presente pensión de sobreviviente», lo cual se corroboraba con el hecho de que se estuviera tramitando un bono pensional tipo A «con destino al régimen escogido por la señora en su momento, admitiendo una vez más la calidad de afiliada de la señora Suárez Muñoz»; que como el pago de los aportes correspondían exclusivamente al empleador, la Ley había otorgado las herramientas necesarias a las Administradoras de Fondos de Pensiones para que adelantaran las acciones de cobro correspondientes en caso de incumplimiento por parte del empleador, por lo que los beneficiarios de la afiliada fallecida no tendrían por qué asumir las consecuencias que se generaran por el incumplimiento, la mora o el pago irregular de los aportes correspondientes. Seguidamente el juez de apelaciones copió los artículos 22 de la Ley 100 de 1993 y 39 del Decreto 1406 de 1999, así como un pasaje de la sentencia T-344 de 2005 de la Corte Constitucional, para concluir que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada se encontraba a cargo de Colfondos.

Con relación a la responsabilidad de la llamada en garantía, el ad quem reprodujo un aparte de la póliza suscrita «por City Colfondos S.A. y Colseguros S.A.», así como el numeral 1 del artículo 77 de la Ley 100 de 1993, después de lo cual concluyó que:

«Sobre el punto es del caso señalar que aunque no se encuentra establecido dentro del proceso cuanto (sic) es el monto adicional que deba cancelar la aseguradora; sí se encuentra probado que la aseguradora mediante póliza asumió la responsabilidad de cubrir esos valores, por lo que el monto adicional que deba pagar corresponderá a lo que arroje el trámite luego del procedimiento interno establecido para ello, por las entidades contratantes. Por tanto se procederá a revocar la sentencia en este aspecto, condenando a la llamada en garantía, Aseguradora Colseguros S.A., al pago del monto o suma adicional que hiciere falta para financiar el monto de la pensión de sobrevivientes reconocida a los actores...».

IV. Recurso de casación

Interpuesto por Colfondos, concedido por el tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y, en su lugar, «absuelva a mi representada de las condenas al pago a favor del demandante de la pensión de sobrevivientes, de las mesadas adicionales y de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100, y en su lugar se imponga dichas condenas al Instituto de Seguros Sociales, y se provea en costas como en derecho corresponda».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado por la parte demandante y enseguida se estudia.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia del Tribunal de violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 9, 10, 13, 14, 22, 35, 46, 47, 74 y 141 de la Ley 100 de 1993; 11, 12, 13, 16, 17 y 37 del Decreto 692 de 1994; 13, 44, 45 y 48 de la Constitución Política; 177 y 659, numeral 7, del Código de Procedimiento Civil; y 212 del Código Sustantivo del Trabajo.

Afirma que la anterior violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Elvia Cecilia Suárez Muñoz para el día 25 de junio del año 2.000, fecha de su fallecimiento, se encontraba válidamente afiliada a Colfondos.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que se encuentre (sic) en trámite un bono pensional tipo “A”, con destino al presunto régimen escogido por la causante.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la señora Elvia Cecilia Suárez Muñoz para el día 25 de junio del año 2.000, fecha de su fallecimiento, se encontraba válidamente afiliada al Instituto de los Seguros Sociales ISS.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la señora Elvia Cecilia Suárez Muñoz para el día 25 de junio del año 2.000, se encontraba cotizando al Instituto de los Seguros Sociales ISS para los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la señora Elvia Cecilia Suárez Muñoz durante el último año anterior a su fallecimiento, cotizó al Instituto de los Seguros Sociales ISS, un lapso superior a veintiséis (26) semanas.

Dice que los anteriores errores de hecho se produjeron como consecuencia de la apreciación errónea de la certificación de fecha 6 de octubre de 2004, expedida por Colfondos (Folio 54), así como de la falta de apreciación de: i) La constancia de 8 de octubre de 2004, expedida por el Departamento Nacional de Afiliación y Registro del Instituto de Seguros Sociales (Folio 85), ii) el cuadro que relaciona los traslados «fecha ingreso pensión» de la causante (Folio 86), iii) la historia laboral – relación de novedades de la señora Elvia Suárez Muñoz (folio 87), y iv) el interrogatorio de parte que rindió el demandante, Hernán Enrique Guzmán Estrada (Folio 173).

En la demostración aduce el censor que el Tribunal se equivocó al haber considerado que la causante, señora Elvia Cecilia Suárez Muñoz, se encontraba válidamente afiliada a Colfondos para la fecha de su muerte, pues si bien tuvo en cuenta la constancia visible a folio 54 del expediente, donde se señala que aquella se había afiliado a dicho fondo el 15 de abril de 1997, omitió hacer referencia a la constancia expedida por el ISS el 8 de octubre de 2004 (Folio 85), donde se indica que la afiliada fallecida se había vinculado a esta entidad de seguridad social, como afiliada cotizante en pensión, el 20 de enero de 1999, esto es, con posterioridad a su afiliación a Colfondos en el año 1997; que el juez plural también omitió referirse a la historia laboral de la causante, visible a folios 86 a 87, «donde de manera irrefragable se acredita que se afilió a esta institución el día 20 de enero de 1999, y que por esta razón, efectúo (sic) cotizaciones incluso hasta el mes de su fallecimiento»; que el juez plural también erró al no mencionar siquiera el interrogatorio de parte absuelto por el actor, donde este manifestó que la señora Elvia Cecilia Suárez se encontraba afiliada al ISS para el momento de su deceso.

Agrega la censura que carece de respaldo probatorio la afirmación del ad quem, en cuanto aseguró que se encontraba en trámite el bono pensional tipo A de la causante, pues no hizo mención a una prueba siquiera «de donde emane ese equivocado aserto, y ello constituye una razón adicional para colegir el desacierto protuberante de que la causante al momento de su fallecimiento se encontraba afiliada a Colfondos»; que si el Tribunal no hubiera cometido «los garrafales desaciertos fácticos denunciados», no habría aplicado indebidamente las normas señaladas en la proposición jurídica y, por lo tanto, hubiese revocado las condenas impuestas por el juzgado; que no puede soslayarse que el documento de folio 54 solamente acredita que las cotizaciones sufragadas a Colfondos fueron únicamente del mes de enero de 1997; y que «las efectuadas luego de su afiliación posterior al ISS, incluso en el último año anterior a su fallecimiento, son superiores a las 26 semanas legalmente requeridas».

VII. La réplica

Presenta oposición al cargo. Aduce que la acusación se encuentra planteada como un alegato de instancia; que no obstante que el cargo se encaminó por la vía directa, el censor lo fundamenta con argumentos de estirpe jurídica, «como los relacionados con la validez de la afiliación»; que el censor omite demostrar los defectos valorativos de la decisión acusada y no indica qué es lo que cada una de las pruebas relacionadas en el cargo en realidad acredita; que la acusación no logra desvirtuar los pilares fácticos de la decisión impugnada, es decir, que la causante se había trasladado a Colfondos; que este no es un caso de multiafiliación, sino «de un simple traslado tanto de administradora como de régimen»; que cuando se presenta una afiliación válida a una administradora de fondos de pensiones pero por error se envían los aportes a otra, aquella no se libera de su responsabilidad en el reconocimiento de la pensión; que no hay prueba de que en enero de 1999 la causante se hubiera afiliado al ISS y, en todo caso, su traslado en esa época sería ilegal pues se habría hecho antes de 3 años, «por donde subsistiría la afiliación a Colfondos que sería la última legalmente válida».

VIII. Consideraciones

Esta Sala de la Corte ha sido reiterativa en señalar que cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la equivocada estimación de las pruebas o de su no valoración no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquel que tenga la connotación de manifiesto. Dicha calidad surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de dislates en el examen de los medios de prueba, lo que, como se verá más adelante, no ocurre en el presente caso.

El Tribunal estimó que Colfondos era la entidad obligada a reconocer y pagar la prestación solicitada por los demandantes por cuanto dicha entidad de seguridad social, mediante el documento visible a folio 54 del expediente, había certificado que la causante era su afiliada. Reforzó dicha conclusión con el argumento de que se encontraba en trámite un bono pensional tipo A con destino al régimen que en su momento había escogido la afiliada y en que si esta había efectuado cotizaciones de manera irregular al ISS, era obligación de Colfondos informarle a aquella entidad sobre el traslado de régimen con el fin de que «efectuara los correspondientes traslados de saldos a la cuenta individual», además de que también era deber de Colfondos ejercer las acciones de cobro correspondientes al verificar que no se estaban sufragando los aportes de manera oportuna.

Para atacar la sentencia del juez colegiado, la censura señala que el Tribunal no tuvo en cuenta los documentos que militan a folios 85, 86 y 87 del expediente. Los dos primeros son unas constancias de afiliación de la causante al ISS y el tercero consiste en la historia laboral de aquella, de los que, afirma el recurrente, se desprende que la señora Elvia Suárez Muñoz se encontraba afiliada a esta entidad pública de seguridad social para la fecha de su fallecimiento.

Puestas así las cosas, debe determinar la Sala si el juez de apelaciones cometió un yerro fáctico, con la connotación de protuberante, ostensible y manifiesto, al dar por sentado que al momento de su deceso, la causante se encontraba válidamente afiliada a Colfondos y no al ISS.

De las pruebas que la censura relaciona en el ataque como no apreciadas, o apreciadas con error, se observa objetivamente lo siguiente: En el folio 54 del informativo milita una certificación expedida por Colfondos, el 6 de octubre de 2004, donde se da fe de lo siguiente:

Que la señora Suarez Muñoz Elvia Ceicilia (Q.E.P.D.), con cédula de ciudadanía No. 26.012.816, se afilia al Fondo de Pensiones Obligatorias en 19970415 (...).

Estima la Sala que el Tribunal no apreció con error el citado medio probatorio al concluir de él que, al momento de su óbito, la causante se encontraba válidamente afiliada a la AFP Colfondos, pues no otra cosa podía deducirse de ese documento. En efecto, el contenido de la constancia aludida resulta diáfano en cuanto a que la afiliada fallecida se había afiliado a ese fondo privado el 15 de abril de 1997, máxime si se tiene en cuenta que la propia entidad que expidió la citada certificación fue quien la solicitó como prueba y la allegó al proceso, afirmando que en ese documento «se observa como fecha de Afiliación de la Fallecida a Colfondos el día 15 de Abril de 1997...» (Folio 101).

De otra parte, a folio 85 del expediente obra una constancia expedida por el ISS, el 8 de octubre de 2004, en la que se manifiesta:

Que el Señor (a): Elvia Suarez Mu oz (sic) identificado (sic) con el numero (sic) de documento 26012816 C Figura con Vinculaciones al Instituto de Seguros Sociales, como Afiliado cotizante en pensión inactivo Registrada el 20/01/1999 (...).

Esta información, es decir, la afiliación de la causante al ISS, de fecha 20 de enero de 1999, aparece reiterada en el documento de folio 86; en el folio 87 del expediente aparece la historia laboral de la afiliada fallecida, expedida por el ISS, donde se observa que la trabajadora cotizó a esta entidad de seguridad social, para el riesgo de vejez, entre el mes de enero de 1999 y el mes de junio de 2000, con el empleador municipio de Momil, de forma ininterrumpida.

De otra parte, al absolver interrogatorio de parte, el actor manifestó que era cierto que para la fecha de su defunción, la causante se encontraba afiliada al ISS.

En el contexto que antecede, estima la Sala que es cierto que el ad quem no valoró estos medios de convicción, como lo afirma el censor, ya que no se refirió a ellos en la sentencia impugnada, por lo que, en este aspecto, el cargo es fundado.

Ahora bien, no obstante la falta de apreciación de las pruebas que la censura denuncia como no valoradas y que acaba de evidenciarse, no procede la casación de la sentencia recurrida, ya que en sede de instancia la Corte arribaría a la misma conclusión a la que llegó el ad quem, esto es, que la entidad obligada al reconocimiento de la pensión solicitada por los demandantes es Colfondos, tal como pasa a explicarse.

Si bien es cierto que al absolver interrogatorio de parte, el actor manifestó que al momento de su deceso, la señora Elvia Cecilia Suárez Muñoz estaba afiliada al ISS, también lo es la prueba documental que demuestra que estaba afiliada a Colfondos.

De otra parte, cumple precisar que la omisión de valoración probatoria que acaba de evidenciarse no tuvo ninguna incidencia en la decisión impugnada, pues no obstante que el juez plural no tuvo en cuenta los documentos reseñados, de los cuales podría inferirse que la causante se afilió al ISS en el mes de enero de 1999, es decir, con posterioridad a su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Colfondos, lo cierto es que de conformidad con el artículo 15 del Decreto 692 de 1994, la señora Elvia Cecilia Suárez Muñoz no podía trasladarse válidamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida antes de 3 años de producirse su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, esto es, antes del 15 de abril de 2000.

En estas condiciones, la eventual afiliación de la causante al ISS en el mes de enero de 1999, carece de validez por mandato del artículo 17 del Decreto 692 de 1994, según el cual es válida la última afiliación efectuada dentro de los términos legales y las demás no serán válidas ni legítimas, debiéndose proceder a transferir la totalidad de los saldos a la administradora cuya afiliación resulte válida, tal como lo precisó esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 4 Jul. 2012, Rad. 46106, al señalar que:

1. La múltiple afiliación se presenta cuando no puede ser válida la última si no se realiza dentro de los términos previstos en la ley. El artículo 17 del Decreto 692 de 1994 al prohibir la múltiple vinculación, señaló que el afiliado solo podrá trasladarse de régimen o de administradora de pensiones, cuando dicho cambio se lleve a cabo en los plazos que para tal efecto se tiene[n] fijados, resultando válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales; las demás no serán válidas ni legítimas, debiéndose proceder a transferir la totalidad de los saldos a la administradora cuya afiliación resulte válida.

2. Para el traslado de régimen, que es el punto que interesa al recurso extraordinario, una vez efectuada la selección inicial, los afiliados al sistema general de pensiones solo podrán trasladarse de régimen transcurridos tres (3) años conforme a lo estipulado en el artículo 15 del Decreto 692 de 1994. Con la entrada en vigencia del artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, ese término se amplió a cinco (5) años.

De acuerdo con lo dicho, es evidente que carece de toda validez la eventual afiliación de la causante al ISS en el mes de enero de 1999, como lo señala la oposición.

En cuanto al argumento de la demandada de que los aportes de la causante se pagaron al ISS, por lo que sería esta entidad la responsable de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes, debe señalarse que en sentencia CSJ SL, 26 Jun. 2012, Rad. 40811, esta Sala de la Corte adoctrinó que si bien, conforme al artículo 11 del Decreto 692 de 1994, la manifestación escrita del afiliado, de su elección al momento de la vinculación o traslado, que debe hacer el trabajador a su empleador, tiene como objeto que este efectúe las cotizaciones a que haya lugar; y no por su falta el respectivo acto carece de validez, pues, en este caso, no se discute que la afiliación se dio, mediante el diligenciamiento del formulario previsto en el mencionado artículo, de donde, según lo dispone el artículo 12, ibidem, la administradora debía comunicar al solicitante y al empleador, dentro del mes siguiente, si la vinculación no cumplía con los requisitos mínimos establecidos y «Si dentro del mes siguiente a la solicitud de vinculación, la respectiva administradora no ha efectuado la comunicación prevista en el inciso anterior, se entenderá que se ha producido dicha vinculación por haberse verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para el efecto».

Comoquiera que no hay evidencia de que la administradora hubiera hecho comunicación alguna, dentro del mes siguiente a la afiliación, según el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, modificado por el Decreto 1161 de 1994, esta empezó a producir efectos «desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se efectuó el diligenciamiento del correspondiente formulario».

Ahora bien, la administradora no puede trasladar al afiliado la responsabilidad por no haber efectuado el recaudo de los aportes, así no le hubiere informado su traslado al empleador, pues conforme al artículo 24 de la Ley 100 de 1993, esa es su responsabilidad, así el empleador, como ocurre en este caso, no se encuentre en mora por haber efectuado el pago a un tercero, pues esta circunstancia no enerva la obligación que tenía la administradora de adelantar las gestiones necesarias para que el empleador le efectuara directamente los pagos y para que el ISS le hiciera el traslado de los que legalmente le correspondían.

Tan no se encontraba cesante en el pago, que, según lo dispone el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, en el caso de la múltiple afiliación, como es el presente, «será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia Bancaria».

En consecuencia el cargo no sale avante.

Sin costas en casación al ser fundado el cargo.

Sin costas en el recurso extraordinario.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil —Familia— Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 20 de febrero de 2009, corregida mediante providencia de 12 de marzo de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Hernán Enrique Guzmán Estrada, Marinela y Hernán Camilo Guzmán Suárez promovieron contra el Instituto de Seguros Sociales y la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. —Colfondos—.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.