Sentencia SL89-2018/59077 de febrero 7 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Rad. 59077

Acta 01

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

«EXTRACTOS: IV. Recursos de casación

Interpuestos por el Consorcio de Remanentes Telecom representante del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en liquidación - PAR, integradas por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. - Fidupopular S.A.; y así mismo por Colombia de Telecomunicaciones S.A. ESP, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolver. Por cuestión de método, la Sala iniciará por estudiar el formulado por el citado consorcio.

(…)

VII. Consideraciones

Cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, como aquí ocurre, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que incurrió la colegiatura, en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia en la decisión impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia a lo que sí lo está, yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.

En el sub lite, conforme se desprende de la demanda de casación, el censor persigue quebrar parcialmente la determinación de segunda instancia, en cuanto se condenó al Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR, cuyo vocero es el Consorcio Fiduciario Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, conformado por la Fiduciaria Popular S.A. - Fiduciar S.A. y la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A., al pago de la suma de ciento catorce millones doscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos ($ 114.261.369), por concepto de indemnización por despido y, en su lugar, obtener su absolución, para lo cual, en este cargo propuesto por la vía de los hechos, el recurrente le endilga al Tribunal dos yerros fácticos, los cuales persiguen, básicamente, que se determine que el ad quem desconoció que al promotor del proceso le fue cancelada la indemnización por terminación el contrato de trabajo que en derecho le correspondía percibir.

La sentencia recurrida, en este punto en particular, está cimentada en que encontrándose establecido que el contrato de trabajo que tenía el demandante con Telecom finalizó sin justa causa, a éste le asiste derecho al pago de la indemnización por despido, la cual, liquidada de acuerdo al tiempo de servicio del accionante y conforme al literal d) del artículo 5º de la Convención Colectiva de Trabajo 1994-1995, asciende a la suma de $ 114.261.369, a la cual se condenó.

Así las cosas, la controversia gira en torno a determinar, desde el punto de vista fáctico, si el Tribunal se equivocó, según lo afirma la censura, al no advertir que la entidad empleadora le canceló al señor Vanegas Heredia la indemnización por despido injusto que en derecho le correspondía, de modo tal que no se le adeuda suma alguna.

Precisa destacar que en sede de casación no es materia de discusión, lo siguiente: i) que el accionante laboró para Telecom, por el periodo comprendido entre 24 de marzo de 1987 y el 26 de julio de 2003; ii) que la relación finalizó por despido sin justa causa; y iii) que el último salario promedio diario que percibió el actor fue por la suma de $ 173.544.

Al remitirse la Sala a las pruebas y a la pieza procesal que fue denunciada por el censor, queda al descubierto el yerro fáctico con el carácter de protuberante por parte del Tribunal, porque la documental que milita a folios 722 a 723, que corresponde a la liquidación de prestaciones definitivas (excluyéndose la cesantía) e indemnización, muestra que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones le canceló a Pedro Alonso Vanegas Heredia, la suma de $ 117.614.107, teniendo en cuenta un tiempo de trabajo de 16 años, 3 meses y 27 días por tales conceptos, de la cual $ 114.192.268 lo fue por indemnización por despido, quantum al que el Tribunal refirió en su decisión, pero no fue tenido finalmente en cuenta para descontarlo del valor total que consideró se le adeudaba al actor por este rubro.

Incluso, del análisis de la demanda inaugural, la cual también denuncia el censor como erradamente apreciada, se desprende que el mismo demandante, de forma clara y precisa, confesó que la empleadora le canceló la suma atrás referida, pues de ello dio cuenta en el hecho decimotercero, en el cual expresamente manifestó “Esa entidad le pagó a mi poderdante la suma de $ 117.514.107 m/cte., anexando cuatro folios que dicen contener la liquidación de prestaciones definitivas e indemnización, excluyendo las cesantías”, supuesto fáctico que guarda plena correspondencia con lo pretendido en el proceso, en el que explícitamente se solicitó en el numeral 5º del acápite de pretensiones la “reliquidación de la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa y pago de su diferencia, con base en las normas establecidas por las convenciones colectivas de trabajo (1994-1995, art. 5º)”, situación de la que no se percató el Tribunal al condenar por la totalidad del valor de la indemnización por despido sin justa causa, sin descontar lo que ya había sido sufragado al trabajador.

De lo examinado, surge con toda claridad el error fáctico en que incurrió el juez colegiado, al no tener en cuenta en su decisión que la empleadora, a la terminación del vínculo contractual laboral le pagó al accionante la cantidad de $ 114.192.268 a título de indemnización por despido injusto, suma que debía ser descontada del valor que en derecho le correspondía recibir, que tal como lo definió el Tribunal, corresponde al quantum de $ 114.261.369, ello acorde al tiempo trabajado, tal como a continuación se explica.

El artículo 5º de la convención Colectiva de Trabajo 1994-1995, respecto de la cual no se discute su aplicación al asunto objeto de debate, textualmente dice:

Estabilidad para los trabajadores oficiales vinculados a partir 1º de enero 1993.

A los contratos celebrados a término indefinido con los trabajadores oficiales vinculados a planta de personal de las empresas a partir del 1º de enero de 1993, no se les aplicará el plazo presuntivo ni las cláusulas de reserva. Cuando la terminación de estos contratos obedezca a una decisión unilateral de la empresa o en el evento que no se comprobare dentro del proceso judicial la ocurrencia de la justa causa invocada, el trabajador únicamente tendrá derecho al pago de una indemnización de acuerdo con la siguiente tabla:

a) Cuarenta y cinco días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un (1) año;

b) Si el trabajador tuviere más de (1) año de servicio continuo y menos de cinco (5), se le pagará quince (15) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción;

c) Si el trabajador tuviera cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de diez (10), se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a) por cada uno de los años de servicio subsiguiente al primero, y proporcionalmente por fracción y

d) Si el trabajador tuviera diez (10) años o más de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) días adicionales de salarios sobre) los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción.

Acorde a lo anterior, estando por fuera de discusión que el accionante laboró del 24 de marzo de 1987 al 26 de julio de 2003, sin que tampoco se hubiera alegado interrupción alguna en la prestación del servicio, se tiene que el tiempo total de trabajo corresponde a 16 años, 4 meses y 2 días, por lo que la liquidación de la indemnización por despido se rige por lo dispuesto en el literal d) del citado artículo extralegal, lo que se traduce en que la suma a cancelar asciende a $ 114.261.369, que corresponde a un total de 658.4 días, tal como lo determinó el ad quem, y en razón a que el salario diario del actor era de $ 173.544, cifra sobre la cual tampoco existe controversia.

Así las cosas, se genera una diferencia a favor del promotor del proceso únicamente por valor de sesenta y nueve mil ciento un pesos ($ 69.101), que se explica en que la empleadora, pese a que el señor Vanegas Heredia trabajó desde el 24 de marzo de 1987 hasta el 26 de julio de 2003, lo que equivale, como ya se dijo, a 16 años, 4 meses y 2 días, para la liquidación de la indemnización solo tuvo en cuenta un total de 16 años, 3 meses y 27 días.

De esta manera, como el ad quem cometió el yerro fáctico endilgado, con el carácter de ostensible, el cargo prospera, razón por la que se casará parcialmente el fallo de segunda instancia, sólo en cuanto modificó el ordinal primero de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá y, en su lugar, condenó a la demandada a pagar al accionante la suma de ciento catorce millones doscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos ($ 114.261.369), por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

No se casa en lo demás.

VIII. Recurso de casación Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP

En lo que respecta al recurso de casación interpuesto por Colombia de Telecomunicaciones S.A. ESP, no se hace necesario su estudio, porque tiene la misma finalidad perseguida por el Consorcio de Remanentes Telecom, al pretender mediante un único cargo, dirigido por la senda de los hechos, demostrar con las mismas pruebas ya estudiadas por la Corte con antelación, que el Tribunal se equivocó al “ordenar, nuevamente el pago de la suma indemnizatoria, siendo que ya había sido cubierta por la sociedad demandada en cuantía de $ 114.192.268”, propósito que ya se logró con la demanda de casación de Colombia de Telecomunicaciones S.A. ESP - Telecom.

Aunado a lo anterior, cabe agregar, que la condena en este proceso, que a través del recurso de casación se revisa, no fue impuesta a la codemandada sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, por razón a que la única parte condenada es el Consorcio de Remanentes Telecom, representante del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en liquidación —PAR—, integradas por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. - Fidupopular S.A., que recurrió en casación, y logró el mismo cometido que se persigue con esta otra demanda, esto es, absolver o en su defecto reducir la cuantía de la diferencia por concepto de indemnización por despido.

Sin costas en el recurso de casación.

IX. Sentencia de instancia

Para decidir en instancia, frente a la acusación que prosperó resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede de casación, y en atención a que la indemnización por despido sin justa causa del actor, corresponde realmente a la suma $ 114.261.369 y no a $ 114.192.268, que fue lo que la empleadora le canceló al demandante, se modificará la sentencia del a quo que ordenó al demandado a pagar a la demandada la cantidad de “sesenta y seis millones seiscientos cuarenta y un mil sesenta y siete pesos ($ 66.641.067) correspondientes a la diferencia entre la indemnización cancelada y lo que se debió pagar”, para en su lugar, condenar al Consorcio de Remanentes Telecom representante del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en liquidación - PAR, integradas por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. Fidupopular S.A., a cancelar la verdadera diferencia que arroja el valor de sesenta y nueve mil ciento un pesos ($ 69.101), que corresponde al mayor valor adeudado por ese concepto.

En consecuencia, se modificará el fallo de primer grado, en los términos antedichos.

Sin costas en el recurso de casación. Las de la primera instancia serán a cargo de la demandada condenada, sin que haya lugar a las mismas en la alzada, por no haberse causado.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de junio de 2012, en el juicio promovido por Pedro Alonso Vanegas Heredia contra la Fiduciaria La Previsora - Fiduprevisora S.A., representante del Patrimonio Autónomo de Pensiones - PAP, Colombia de Telecomunicaciones S.A. ESP y el Consorcio de Remanentes Telecom representante del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en liquidación —PAR—, integradas por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. -Fidupopular S.A., solo en cuanto modificó la decisión de primera instancia que condenó a la última entidad citada al pago de $ 66.641.067 y, en su lugar, la condenó a cancelar la suma de $ 114.261.369 por indemnización por despido sin justa causa. NO LA CASA en lo demás.

En sede de instancia, MODIFICA la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, el 2 agosto de 2010, en cuanto condenó a la “Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A. administradoras del Patrimonio Autónomo Remanentes de Telecom a pagar al señor Pedro Alonso Vanegas Heredia identificado con C.C. 19.469.496 la suma de sesenta y seis millones seiscientos cuarenta y un mil sesenta y siete pesos ($ 66.641.067) correspondientes a la diferencia entre la indemnización cancelada y lo que se debió pagar de acuerdo con el artículo 6º de la Convención Colectiva de Trabajo”, para en su lugar, CONDENAR a esta demandada del pago de sesenta y nueve mil ciento un pesos ($ 69.101), por el mayor valor adeudado por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».