Sentencia 45059 de julio 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 45059

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL8935-2014

Acta 24

Bogotá, D. C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y su réplica.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y en su lugar condene al instituto al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, y en defecto de esta a la indemnización sustitutiva.

Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, así:

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia por la vía directa:

en la modalidad de interpretación errónea del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en relación con los artículos 9º numerales 2º y 6º, 47 y 48 de la Ley 90 de 1946, en relación con el artículo 13 de la C. N. como violación de medio, en consonancia con el artículo 259 y 260 de Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y 33 ibídem, así como también con el numeral 6º de artículo 9º de la prenombrada Ley 90 de 1946.

En el desarrollo asevera el impugnante que:

… en el caso concreto nos encontramos ante dos situaciones diferenciadas: los trabajadores que tienen derecho a acceder a una pensión de vejez cuando coticen 500 semanas durante los 20 años anteriores a la edad mínima para acceder a tal derecho, y los trabajadores que coticen 1.000 semanas en cualquier tiempo. Nos hallamos ante una diferencia de trato por parte de la norma, al permitir que trabajadores con menos semanas cotizadas puedan acceder al derecho de pensión siempre que lo hagan dentro de un término de tiempo anterior a la edad mínima para acceder a tal derecho, mientras que trabajadores con un número mayor de semanas cotizadas en cualquier tiempo han de alcanzar las 1.000 semanas aun cuando hayan sobrepasado las 500 semanas, por no haberlas cotizado durante los últimos 20 años anteriores a edad mínima para acceder a la pensión. Esta diferencia de trato no se justifica constitucionalmente, pues no encontramos siquiera el primer requisito al que hay que atender en un juicio de proporcionalidad para permitir una limitación al derecho a la igualdad. Si no hay un fin constitucional que merezca la limitación al derecho a la igualdad, en nada nos sirve continuar el juicio de proporcionalidad respectivo. No queda sino alegar una excepción de inconstitucionalidad.

Además de lo arriba expresado, se justifica aceptar una interpretación conforme a lo establece el principio de favorabilidad que rige en materia laboral, en virtud del cual ha de preferirse la interpretación que resulte más favorable al trabajador; en tal sentido, cuando la aplicación exegética de la norma resulta violatoria del derecho a la igualdad, ha de preferirse so pena de incurrir en una actuación inconstitucional, aquella interpretación que no coloque al trabajador en una situación desventajosa no justificada a la luz de la Carta fundamental y que por obvias razones resulta ser más favorable. Esto es, si en virtud de la norma el trabajador no tiene derecho a acceder a una pensión al no poderse colocar en la situación de hecho prevista en la primera parte de la norma, en donde se requiere un mínimo de 500 semanas cotizadas durante los 20 años anteriores a la edad mínima, se vería obligado a sujetarse a la otra situación de hecho prevista en la norma en virtud de la cual, ha de cotizar 1.000 semanas, hallándose en consecuencia en una situación que afecta injustificadamente su derecho a la igualdad.

VII. Réplica

El instituto opositor sostiene que la interpretación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, no puede ser otra que la adoptada por el tribunal, la cual no viola el derecho de igualdad, pues a todos aquellos que pretendan acceder a la pensión de vejez bajo esta legislación, se les exigen las 500 semanas acreditadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimento de los requisitos.

VIII. Cargo segundo

Acusa la sentencia por vía directa en:

la modalidad de infracción directa, del artículo 9º numeral 2º de la Ley 90 de 1946, acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, en relación con el mismo artículo 9º numeral 6º, en relación con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 hogaño, en relación con los artículos 33 y 36 de la Ley 100 de 1993. Todo lo anterior, en relación con el artículo 13 de nuestra Carta Política.

En la demostración afirma el censor:

Como lo decíamos en el primer cargo, los decretos del ejecutivo son legítimos en tanto respondan a la ley, la cual a su vez encuentra legitimación en la Constitución. ‘Al Gobierno incumbe concretar la normatividad jurídica que dichas materias reclaman y lo hace por medio de decretos que deben ajustarse a los parámetros o ‘marcos’ dados por el legislador en la respectiva ley’. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-465 de julio 16/92. M. P. Ciro Angarita Barón)’, de tal suerte que, si en la ley marco del Seguro Social y concretamente en la disposición no solo inobservada por el ad quem sino también inaplicada para el sub judice cuando ha debido hacerlo como era su obligación radicando aquí su violación de la ley sustancial, se determinó con toda claridad que un número de semanas previo financiaba el riesgo correspondiente, no podría entonces el ejecutivo en virtud de la facultad dada por esa misma ley marco, pretender extender esa prerrogativa para considerar ese número de semanas previo dentro de un periodo de aportación como generador de ese derecho, cuando la ley “cuadro” solo le permitía establecer tal número de semanas previas sin limitación o condicionamiento alguno. Desarrollar no significa actuar en contravía, pues la generalidad no es indeterminación, y por tal, la actividad del ejecutivo actúa ayudado por la ley marco siempre que se atenga a ella.

Por ello, es que estimamos que el tribunal superior llega al yerro comentado, pues de haber tenido en cuenta dicha normativa al presente asunto habría comprendido con todo respeto, que el número de semanas previo es el que causa el derecho a la pensión, pues la financiación del riesgo se sucede por virtud de las aportaciones previas, y no porque ellas correspondan o se sucedan según se ha considerado por parte del tribunal superior y por esa alta corporación interpretando el alcance del artículo 12 del Acuerdo 049, lo cual fue motivo de controversia por parte nuestra en el cargo precedente.

IX. Réplica

El replicante aduce que si bien la Ley 90 de 1946 dio origen al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ha ido perdiendo vigencia respecto a los requisitos para otorgar prestaciones, pues los reglamentos de la entidad han delimitado y establecido las condiciones para ser beneficiario, las cuales deben ser respetadas por los jueces al momento de deferirlas.

X. Cargo tercero

Acusa la sentencia por vía directa por:

infracción directa del artículo 57 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad, en relación con el artículo 9º numerales 2º y 6º de la Ley 90 de 1946, en consonancia con los artículos 47 y 48 ibídem, en relación con los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 33 y 36 de la Ley 100 de 1993.

La acusación se sustenta de la siguiente forma:

De haber no solo observado el tribunal superior sino particular y especialmente de haberlo referido y concretamente aplicado al sub lite la aludida disposición en relación con la demás normativa indicada en el presente cargo, habría considerado sin temor a equívocos con todo respeto, que el número de semanas sufragado por el trabajador asegurado demandante, era más que suficiente para causar precisamente el derecho procurado, en el entendido de que conforme a esta (art. 57), la temporalidad y durante la cual se requeriría el mínimo propuesto para acceder a dicha prestación, desaparece, por lo que, necesariamente debe tenerse en cuenta ello y por ende concluir como lo hemos venido proponiendo que dichas semanas mínimas financian el derecho y por tanto, a él se accede por ello y no porque esas semanas mínimas tengan que cotizarse o correspondan al término de veinte (20) años y que nos hemos referido con amplitud en los cargos precedentes.

La norma en cita, le permite al juzgador de segundo grado, considerar y evaluar que el derecho a la pensión, no se causa precisamente por una temporalidad de sus aportes, sino por cuanto el aporte ha de corresponder a un mínimo que financie precisamente el riesgo correspondiente.

XI. Réplica

El opositor sostiene que no puede reclamarse la aplicación de preceptos que no se encuentran vigentes y que por el año de nacimiento del actor, de todos modos no regirían su situación.

XII. Consideraciones

La Sala procederá al estudio conjunto de los tres primeros cargos que se elevan contra el fallo del tribunal en atención a que se orientan por la vía de puro derecho y persiguen idéntico objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998.

El tribunal fundamentó su decisión en que el demandante si bien tenía la edad, no cumplió el número mínimo de semanas previsto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de ese año, para efectos de adquirir el derecho a la pensión de vejez; y en la hipótesis a la que concretamente se refirió esto es, a la de las 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima dijo que brillaba por su ausencia prueba en ese sentido, pues de la historia laboral aportada al proceso (fls. 145 a 149) se derivaba que en ese periodo de tiempo sólo había cotizado 205 semanas.

La censura radica su inconformidad en que la pensión debió ser reconocida porque el demandante demostró haber sufragado en toda la vida laboral 731 semanas es decir, más de las 500 a que hace referencia dicha normatividad, que en todo caso podían ser cotizadas en cualquier tiempo y no necesariamente en el interregno de los 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, por cuanto de conformidad con el numeral 6º del artículo 9º la Ley 90 de 1946, con ese guarismo de cotizaciones la prestación deprecada se encuentra financiada.

1. Se ha de precisar que acusa la censura al tribunal por la supuesta interpretación errónea del artículo 12 de Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, pues en su criterio dicho precepto es inconstitucional y por lo tanto debió ser inaplicado invocando la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Sobre este aspecto habría que reprocharle al censor la modalidad de violación a la que se acoge, porque en estricto rigor no sería un yerro de hermenéutica sino una eventual aplicación indebida por no ser la normativa que regularía el caso. Tampoco cabe dicho sea de paso, la invocación que se hace en la primera acusación de la violación medio, que por sabido se tiene, hace referencia a la transgresión de normas procesales que por ninguna parte aparecen en la proposición jurídica.

No obstante esos desatinos, de todas maneras la acusación no tiene fundamento, pues la Corte de manera reiterada se ha referido a dicho canon y le ha hallado justificación en la necesidad que había de dar cobertura frente al riesgo de vejez a quienes se afiliaban al Instituto en una época tardía de su vida laboral o que no habían gozado de empleo permanente, y que de todas maneras resultaba más beneficioso para ciertos afiliados que se les diera la oportunidad de acceder de manera excepcional a la prestación por vejez con sólo reunir 500 semanas de cotización y no las 1.000 que por regla general exigían los reglamentos del instituto, así tuvieran que ser sufragadas en los 20 años precedentes al cumplimiento de las edades mínimas. Dijo la Corte textualmente sobre el tema:

No puede pretender el recurrente que no se le aplique el reglamento del ISS sino la Ley 90 de 1946, en cuanto al número de semanas que requiere el derecho a la pensión de vejez, porque esta última ley no determina ese número sino que se remite a los reglamentos del ISS para los requisitos de edad y de aportes que den lugar a tal derecho. Y el reglamento determina ese número de semanas en 1.000, sin sujeción a condición alguna; presupuesto que la demandante no acreditó y que es más favorable que tener que laborar durante 20 años para un mismo empleador obligado a asumir el pago de pensiones, como antes lo exigía la legislación pertinente, que era a todas luces más desventajosa para los trabajadores en general. El hecho de que el mismo reglamento contemple también la posibilidad de pensionarse con 500 semanas siempre y cuando sean cotizadas durante los últimos 20 años anteriores a la fecha de cumplir la edad mínima exigida, lo cual favorece a un buen número de trabajadores que no tienen que cotizar las mil semanas requeridas, no constituye un perjuicio para los trabajadores por exceso en la reglamentación, sino todo lo contrario; de donde tampoco puede admitirse, como lo interpreta el recurrente, que atente contra el principio de igualdad de los trabajadores, el cual, en su concepción jurídico constitucional, se opone a la discriminación en el terreno laboral proveniente de fenómenos sociológicos o de sicología social, de carácter cultural y colectivo, las creencias íntimas o las actividades legítimas del trabajador; pero nunca sería impedimento para favorecer, sin discriminar, a los trabajadores que durante un lapso determinado cumplan un número también determinado de cotizaciones” (CSJ SL, 3 de mar. de 1999, Rad. 11.428, reiterada recientemente en la SL-2108-2014).

También se pronunció la Sala sobre la sujeción a la Constitución y a la ley del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 acusado, en armonía con decisiones de constitucionalidad proferidas por el Consejo de Estado y la Sala Plena de esta Corte cuando fungía como juez de la Carta, en los siguientes términos:

Todo el anterior recuento lo hace la Sala para puntualizar que lo que pretende el recurrente es: 1. que no se aplique la normatividad reglamentaria del ISS, que atañe al seguro de invalidez, vejez y muerte por el exceso imputado a ella en la introducción del requisito de las 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad pensional, o de formulación de la solicitud prestacional; 2. que no se apliquen los preceptos en comento porque, según su criterio, los mismos infringen principios constitucionales como el de igualdad ante la ley.

Planteada la situación así, debe anotarse que sobre la normatividad sustantiva que refiere el acusador para apuntalar su ataque, ya existen pronunciamientos sobre su constitucionalidad y legalidad vertidos por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 9 de septiembre de 1982, cuando ejercía la guarda de la Constitución Política, y por el Consejo de Estado en providencia del 26 de septiembre de 1996.

Efectivamente, la Sala Plena de esta corporación, en el fallo arriba memorado, declaró la exequibilidad de los siguientes preceptos legales, concernidos con el caso bajo examen: artículo 259 inciso 2º del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 72 inciso 2º y 76, incisos 1º y 2º de la Ley 90 de 1946; artículo 8º inciso 2º, artículo 24 y artículo 48 literal e) del Decreto 1650 de 1977, mientras el Consejo de Estado, en el segundo de los fallos referidos, se abstuvo de anular el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Así las cosas, es evidente que no le asiste razón al impugnante al pretender plantear cuestionamiento en torno a la sujeción a derecho de las normas de seguridad social sobre las que discurre su acusación, pues, se insiste, las mismas ya han sido examinadas y por su atenimiento a la Constitución y a la ley continúan vigentes y, por ende, podían y tenían que ser aplicadas por el juzgador de segunda instancia para la decisión de la controversia. (CSJ SL, 9 feb. 1999, Rad. 11.208).

Así las cosas, la inconformidad de la censura carece de asidero jurídico.

2. Por lo demás, no pudo configurarse la pregonada infracción directa del artículo 9º numeral 2º de la Ley 90 de 1946, de una parte porque dentro de la filosofía que orientó dicha normatividad no estuvo la de definir las exigencias en número de semanas para acceder a las prestaciones sino fijar los parámetros generales dentro de los cuales habría de moverse el instituto para determinarlas; y de la otra, y es lo más importante, porque para cuando se expidió el Decreto 0758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de ese año, dicho artículo había dejado de regir toda vez que fue derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971, entonces, mal podría el acuerdo haber desconocido un precepto ya derogado, el que por las mismas razones, no gobierna el derecho del aquí recurrente.

En cuanto al artículo 57 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad, que se acusa por infracción directa, tampoco resulta aplicable al sub lite, pues hacía referencia a pensiones de vejez de asegurados nacidos antes de 1917 que no es la hipótesis de esta contienda.

No puede olvidar el recurrente que para la eventual prosperidad de una acusación por infracción directa de una determinada norma sustantiva, es presupuesto indispensable que sea la que gobierne la controversia, de lo contrario la imputación indefectiblemente está condenada al fracaso.

3. Finalmente, la hermenéutica impartida por la Corte al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, se orienta a exigir, para que se estructure el derecho a la pensión de vejez en cuanto al número de cotizaciones un mínimo de 1.000 semanas en toda la vida laboral o 500 “durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas”.

Como el sentido de la norma es claro, no es posible desatender el tenor literal so pretexto de consultar su espíritu, en los términos del artículo 27 del Código Civil, máxime que la hipótesis de las 500 semanas es la “excepción” frente a la regla general que reclama el cumplimiento de 1.000 semanas en cualquier tiempo, por lo tanto su lectura debe efectuase de manera taxativa e inequívoca como lo señaló la Corte en la Sentencia SL-2108-2014, ya citada.

Conviene rememorar la Sentencia CSJ SL, 14 nov. 1996, Rad. 8456, donde se dejaron las siguientes enseñanzas:

En efecto, resulta claro que cuando la aludida disposición exige a quien pretenda obtener la pensión de vejez, que a más del cumplimiento de la edad mínima, haya pagado determinado número de semanas de cotización durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, evidentemente está fijando un plazo dentro del cual deben cancelarse las correspondientes cotizaciones, término que en el sub-lite se enmarca entre el cumplimiento de la edad mínima correspondiente y 20 años atrás. De modo que no procede la distinción propuesta por el recurrente en el sentido de dar un alcance diferente a los vocablos dentro y durante, como que ambos suponen claramente un límite en el tiempo para efectuar esas cotizaciones.

No puede olvidarse que la opción ordinaria de intensidad de cotizaciones en el régimen del ISS para efectos del seguro de invalidez, vejez y muerte ha sido de 1.000 semanas, de tal suerte que obtener pensión con solo 500 semanas de cotización es excepcional y encuentra su razón en la necesidad de beneficiar a quienes no iniciaron su vinculación con la seguridad social a una edad temprana o pasaban por largos períodos de desempleo, lo que en circunstancias normales les impediría acreditar las mil semanas.

Por ello es claro y lógico, a juicio de la Sala, que con arreglo al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 —Decreto 758 del mismo año, la segunda hipótesis de un mínimo de quinientas semanas sufragadas no puede cumplirse en cualquier tiempo (pues ello está reservado al otro evento en que se exige un número de cotizaciones superior), sino durante el preciso lapso de veinte años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas: 55 años para las mujeres y 60 años para los varones.

Gramaticalmente “duración” denota el espacio de tiempo en que ocurre algo, por lo que siendo clara esa expresión normativa en el precepto aplicable, no puede desatenderse su tenor literal so pretexto de consultar un espíritu, que, por lo demás, no se corresponde con el que verdaderamente inspiró a los redactores de la norma.

Como no se discute y no podía serlo, en estas acusaciones de orientación jurídica, que el actor cotizó en toda la vida laboral 731 semanas de las cuales sólo 205 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad, no satisface las exigencias del artículo 12 de Acuerdo 049 de 1990, y en esa medida el fallo del tribunal aparece acertado.

Por las razones anteriores, se desestiman los cargos.

XIII. Cargo cuarto

Acusa la sentencia por vía indirecta en la modalidad de:

interpretación errónea del artículo 12 literal b) del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en relación con el artículo 9º numerales 2º y 6º y 47 y 48 de la Ley 90 de 1946, en relación con los artículos 33 y 36 de la Ley 100 de 1993 y de los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Todo lo anterior en relación con el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Cita como errores manifiestos de hecho los siguientes:

1. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que el trabajador asegurado demandante financió el riesgo correspondiente para causar el derecho a la pensión vitalicia por vejez.

2. No tener por demostrado, cuando lo está, que el trabajador asegurado demandante, accede a la pensión procurada, por cumplir con el requisito de semanas previo, en forma por demás superior a ese mínimo, para causar el derecho a dicha pensión.

3. No tener por demostrado, sin embargo lo está, que el trabajador asegurado demandante, pagó en cotizaciones sufragadas, un derecho que exige como tal, y no pretende que en su favor se le reconozca una dádiva por parte de la demandada.

4. No dar por demostrado, no obstante estarlo, que el trabajador asegurado demandante, sufragó más de ese mínimo de cotizaciones previas para acceder a su pensión y por lo tanto ésta se le debe reconocer a su favor.

5. No dar por demostrado, cuando lo está, que el trabajador asegurado demandante, solo estaba obligado a sufragar un mínimo de quinientas (500) semanas de cotizaciones, para acceder a la pensión vitalicia solicitada, habiendo cotizado un total (sic) setecientas treinta y un (731) según lo reporta e informa el mismo Seguro Social.

6. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que dichas semanas cotizadas, son previas al cumplimiento de la edad límite inicial y a partir de la cual debía acceder a la pensión procurada.

7. No tener por demostrado, cuando lo está, que la pensión vitalicia de vejez pedida por el trabajador asegurado demandante, se le debe reconocer y a partir de la fecha en (sic) cumple sus sesenta (60) años de edad, si se tiene en cuenta que a dicha fecha, se certifica por la encartada, un total de setecientas treinta y un (731) semanas válidamente cotizadas por el actor.

Denuncia como erróneamente apreciados:

a) Copia de la Resolución 021076 del 09 de septiembre de 2002 (fls. 2, 47, 86 y 87 cdno. ppal.).

b) Copia de la petición formulada por el actor a la encartada (fls. 3 a 5 cdno. ppal.).

c) Contestación a la demanda formulada por el trabajador asegurado demandante, por medio de la cual se reconoce por su parte que en efecto este, cotizó un total de 731 semanas (fls. 27 a 33 cdno. ppal.).

d) Interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, en cuanto se acepta por esta que el trabajador asegurado demandante cotizó un número de semanas superior a las quinientas (500) con antelación a la fecha en que cumple sus sesenta (60) años de edad (fls. 69 y 70 cdno. ppal.).

e) Copia de historia laboral y/o certificado de semanas y categorías proveniente del ISS y que certifican sobre el total de semanas efectivamente cotizadas por el trabajador asegurado demandante (fls. 71 a 79 y del 92 a 96 cdno. ppal.).

f) Copia de registro civil de nacimiento del trabajador asegurado demandante (fl. 97 cdno. ppal.) y que proviene de la propia entidad demandada.

g) Copia de liquidación definitiva de prestaciones sociales a nombre del actor por parte de quien fuere su empleador y que de contera certifica el tiempo laborado por dicho trabajador a su servicio (fl. 101 cdno. ppal.) y que proviene del mismo Seguro Social.

h) Copia de aviso de entrada del trabajador y que proviene del ISS, por el cual se certifica la fecha y a partir de la cual fue inscrito el trabajador asegurado demandante al Seguro Social, esto es, a partir del 01 de enero de 1967 (fl. 112 cdno. ppal.).

i) Copia de aviso de inscripción como pensionado del actor al ISS (fl. 113 cdno. ppal.).

Asevera para fundamentar la acusación, lo siguiente:

El tiempo de cotizaciones efectivamente realizado por el actor y así reportado por la encartada (731 semanas), corresponde a un periodo de aportaciones equivalente a catorce (14) años, esto es, superior al que equivaldría el de quinientas (500) semanas, pues este, corresponde a un tiempo aproximado a diez (10) años, por lo que, resulta ilógico, incongruente y en un todo contrario a derecho con el respeto usual, que se le diga que no tiene derecho a la pensión, cuando cotizó un número superior de semanas a esas quinientas (500) que según lo dicho por el tribunal superior, correspondía hacerlo durante los veinte (20) años anteriores al cumplimiento de su edad mínima para acceder a la pensión. Es decir, si con quinientas (500) semanas cotizadas en el lapso de veinte (20) años, tiene derecho a la pensión, no se entiende ¿cómo no tiene derecho a la susodicha pensión? cuándo, el mismo Seguro Social reporta aportes sufragados por el actor y con antelación a su edad de sesenta (6)0) años, equivalente a 14 años de aportaciones y que le significan un total efectivo de 731 semanas, que deberían ser suficientes y que lo son, para causar la pensión deprecada, pues un número mayor de aportes no puede significar nada diferente que tener un mayor derecho en el entendido de que el propio Seguro Social, estipuló en su ley marco, que con un número mayor de aportaciones, aspira el trabajador a una pensión mayor, por suerte que, reitero, las aportaciones efectivamente sufragadas por el actor y así reconocidas por la encartada, deben ser motivo de generación de su derecho y por ende del reconocimiento de ésta a favor del trabajador asegurado demandante.

XIV. Réplica

El replicante dice que este cargo presenta falencias técnicas porque equivoca la modalidad de violación de la ley, y de todas maneras no existe yerro fáctico en el tribunal dado que los documentos obrantes en el expediente no muestran nada distinto a lo concluido en la sentencia, en cuanto a que el asegurado cotizó 731 semanas en toda la vida laboral y menos de 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.

XV. Consideraciones

Este cargo encaminado por la vía indirecta presenta graves deficiencias de técnica que imposibilitan su estudio de fondo.

En efecto, en la proposición jurídica se construye la acusación por interpretación errónea de varios preceptos, cuando esta modalidad de trasgresión legal es propia de la vía de puro derecho.

Adicionalmente, los errores fácticos que se le atribuyen al tribunal son en realidad, en su gran mayoría, imputaciones de orden jurídico que de todas maneras ya fueron respondidas con ocasión de los cargos precedentes.

Por lo demás, desde el punto de vista de los hechos lo que sería relevante en este caso, es la demostración a través de prueba calificada de que el actor cumple las exigencias del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez; pero esa tarea no la verifica el censor que no desvirtúa el pilar fáctico esencial del tribunal referente a que en los 20 años anteriores a la edad mínima el asegurado registra sólo 205 semanas, razonamiento que respalda la legalidad del fallo gravado que viene amparado por las presunciones de acierto y conformidad con la ley.

Por lo dicho se desestima la acusación.

XVI. Cargo quinto

Acusa la sentencia por vía indirecta, en la modalidad de:

interpretación errónea, del artículo 14 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, como violación de medio, en relación con el artículo 145 del C.P. del T. y de la S.S., en relación con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Refiere como errores fácticos manifiestos:

1. No dar por demostrado, cuando lo está, que el trabajador asegurado demandante, solicitó y en subsidio o en defecto de la prestación principal, el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

2. No tener por demostrado, no obstante estarlo, que dicha solicitud prestacional fue formulada ante la encartada.

3. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada acepta que la solicitud y encaminada al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva si le formulada por el actor.

4. No tener por demostrado, cuando lo está, que la prueba contentiva de tal solicitud prestacional, fue de público conocimiento de la encartada, sin que ésta hubiese discutido o cuestionado su legalidad, eficacia y procedencia de dicha prueba.

5. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que la encartada no obstante habérsele formulado dicha solicitud prestacional subsidiaria, hasta la fecha no ha resuelto la misma de manera favorable a las pretensiones del actor.

6. Tener por demostrado, sin estarlo, que el actor no formuló dicha solicitud prestacional, en el entendido de que la encartada no probó por el contrario, la inexistencia de dicha solicitud prestacional.

7. Dar por demostrado, cuando no lo está, que el ISS reconoce el derecho procurado a favor del actor, pero, que no lo reconoce por no tener una reclamación formulada por este, cuando acontece todo lo contrario. Es decir, que si existe reclamación en tal sentido.

Enumera como erróneamente apreciadas:

a) Copia de reclamación administrativa para pensión y en subsidio indemnización sustitutiva de la pensión de vejez formulada por el actor ante la encartada (fls. 3 a 5 cdno. ppal.).

b) Demanda instaurada por el actor (fls. 11 a 23 cdno. ppal.).

c) Contestación a la demanda formulada (fls. 27 a 32 cdno. ppal.).

d) Original de oficio de fecha 2 de abril de 2007 que proviene de la encartada y por medio del cual hace constar: ‘En respuesta a su oficio 1346 del 5 de octubre de 2006, me permito comunicarle que revisada la base de datos no figura que el Seguro Social le haya reconocido o cancelado indemnización por vejez al asegurado citado en el asunto’ (fl. 131 cdno. ppal.) (negrillas y subrayas al margen).

e) Copia de Oficio 1346 suscrito por el juzgado 15 laboral del circuito y con destino al Seguro Social, por medio del cual se solicita: ‘... se sirvan remitir la información solicitada mediante Oficio 0134 respecto de certificar si ha sido efectuado pago al demandante por concepto de indemnización sustitutiva de pensión...’ (fls. 132 y 133 cdno. ppal.) (resalto y subrayo fuera del texto original).

f) Copia de oficio suscrito por el juzgado 15 laboral Nº 0134 (fl. 135 cdno. ppal.).

g) Copia de historia laboral y/o certificado de semanas y categorías del actor (fls. 92 a 96 y 145 a 149 cdno. ppal.).

En la demostración expone:

Incurre el honorable tribunal en el yerro endilgado, toda vez que considera que el actor no formuló la petición encaminada al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, cuando acontece todo lo contrario, esto es, que sí existe solicitud en tal sentido formulada por el actor y que precisamente tal petición cuya prueba obra al plenario, tal y como quedo visto con antelación, no fue tenida en cuenta por parte del juzgador funcional, cuando ha debido hacerlo. De haberlo hecho como era su obligación, incuestionablemente habría llegado a una conclusión distinta pues el actor si formulo ella y en tal virtud cumplió con el requisito de ley.

De otra parte, tampoco ha tenido en cuenta o si lo hizo no lo fue en la forma debida, de que la encartada no solo no prueba sino que no deniega que la dicha solicitud prestacional hubiese sido formulada o elevada ante sus huestes por el trabajador asegurado demandante, pues cuando se le requirió por el juzgador de primer grado, nunca denegó tal eventualidad y por el contrario reconoce implícitamente no solo la existencia de tal derecho en su favor sino que este no se le ha reconocido, amén que tampoco al contestar la demanda formulada ni niega la existencia de tal solicitud y mucho menos descalifica la probanza allegada con la demanda instaurada y a través de la cual se demuestra que si se formuló dicha solicitud prestacional.

XVII. Réplica

Dice el opositor que esta acusación contiene errores insuperables, porque siendo encaminada por la vía indirecta el impugnante cita la modalidad de interpretación errónea; por lo demás, ningún esfuerzo se hizo para demostrar el derecho a la indemnización sustitutiva. Agrega que independientemente de lo anterior, el instituto reconoció el derecho en la resolución donde resolvió sobre la solicitud de pensión, quedando pendiente únicamente su reclamación en debida forma.

XVIII. Consideraciones

En esta oportunidad el impugnante incurrió de nuevo en la impropiedad de erigir la acusación indirecta en la modalidad de interpretación errónea que como se vio, no es afín cuando de lo que se trata es de atribuirle al tribunal desvíos de valoración probatoria o de análisis relacionados con los hechos del proceso.

Además, sucede que el tribunal no pudo incurrir en desatinos fácticos respecto de la pretensión subsidiaria de indemnización sustitutiva, pues no se pronunció sobre ella; sólo hizo referencia al tema cuando aludió a los aspectos analizados por el juez de primer grado, pero sin abordarlo en lo que fueron sus propias consideraciones, por no haber sido extremo del recurso de apelación.

Ahora, si de todas maneras el recurrente estimaba que debía existir pronunciamiento al respecto, lo procedente era solicitar una sentencia complementaria en los términos del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de la integración dispuesta por el artículo 145 del estatuto procesal laboral y de la seguridad social, no siendo el recurso de casación el remedio procesal pertinente en esos eventos.

Se desestima la acusación.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $3’150.000. Por Secretaría tásense las demás costas.

XIX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Francisco Alfonso Arévalo Soler contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».