Sentencia 46540 de diciembre 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL 898 - 2013

Rad.: 46540

Acta 40

Bogotá D.C., cuatro de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones de la Corte

Dada la orientación jurídica del cargo, se encuentra fuera de toda discusión: i) que el actor frente a quien se admitió el recurso de casación, es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) que en razón a lo anterior, le fue reconocida por el instituto demandado, una pensión de jubilación con la edad, tiempo de servicios y monto establecido en la Ley 33 de 1985.

Así las cosas, en el sub examine el problema jurídico se contrae a determinar si el ingreso base de liquidación de su pensión, es el establecido en la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, el de la Ley 33 de 1985 —como lo estimó el tribunal—, o si, por el contrario, el mismo se encuentra regentado por las disposiciones del sistema general de pensiones.

Respecto al tema del salario base de liquidación de las pensiones de aquellas personas beneficiarias del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ha sido criterio reiterado de la Sala, que corresponde al establecido en el inciso 3º del artículo 36 ibídem, salvo que a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones —1º de abril de 1994— al trabajador le faltare 10 años o más para adquirir el status de pensionado, evento en el cual el IBL se determina conforme a lo preceptuado en el artículo 21 de la ley precitada.

Frente al tema controversial, esta Corporación en sentencia del 15 de febrero de 2011 (rad. 44238), sostuvo:

“En efecto, en la sentencia de 16 de diciembre de 2009 (Rad. 34863), que reiteró la de 17 de octubre de 2008 (Rad. 33343), esta corporación dijo:

“En lo referente al primer tema, esto es si procede liquidar la pensión de jubilación del actor, en su condición de servidor del sector público, beneficiario del régimen de transición, con base en el salario del último año de servicio, la Sala tiene definido que la finalidad de los regímenes de transición previstos por el legislador, con ocasión de los cambios normativos que han regulado el sistema pensional en el país, han tenido el propósito de beneficiar a quienes tenían la expectativa cercana de consolidar el derecho, propósito que se reflejó en el régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que no conservó en su integridad las normas que regulaban la causación del derecho pensional en los diferentes regímenes existentes, que asumió, a su entrada en vigencia, para quienes tenían una expectativa relativamente cercana de adquirir la pensión.

Este régimen solamente mantuvo, de las normas anteriores al Sistema General de Pensiones, tres aspectos concretos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión; de tal modo que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por las disposiciones legales precedentes, sino que pasó a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho, por el inciso 3 del artículo 36 citado.

En relación con este tema, la Sala tuvo oportunidad de reiterar el criterio jurisprudencial referido en la sentencia proferida el 17 de octubre de 2008, radicada con el número 33343, en la que se anotó lo siguiente:

Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del sistema general de pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.

(...).

De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.

Y es claro, además, que al ingreso base de liquidación de la pensión se le quiso continuar otorgando una naturaleza jurídica propia, no vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es otro elemento de ésta, pero diferente e independiente; pues al paso que el ingreso base corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión debe entenderse como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada.

Lo dicho en la jurisprudencia transcrita, en cuanto a que el régimen de transición respetó para sus beneficiarios la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación establecidos en la normatividad anterior aplicable a aquéllos, se desprende del contenido literal de los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de los cuales también se entiende claramente que las demás condiciones y requisitos se encuentran regulados en la propia Ley 100, dentro de los cuales está el ingreso base de liquidación, gobernado por el artículo 21, para quienes les faltara más de 10 años para adquirir el derecho al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Seguridad Social, que es la disposición específica que regula el IBL de las pensiones previstas en dicha ley, en los siguientes términos:

Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.

Como se dijo en líneas anteriores, la anterior regla de liquidación no se aplica para quienes al 1º de abril de 1994 les faltara menos de 10 años para adquirir el derecho, pues, según el inciso 3º de la Ley 100 de 1993, que establece la excepción a dicha regla, el IBL de estas personas será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior, actualizado con la variación del índice de precios al consumidor.

De suerte que, en materia de ingreso base de liquidación para personas beneficiadas con el régimen de transición, hay que distinguir entre quienes al 1º de abril de 1994, les faltaba menos de diez años para adquirir el derecho, caso en el cual se les aplicara el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y quienes, para la misma fecha, les faltaba 10 años o más, evento en el que el IBL se liquidará de conformidad con el artículo 21 de la citada ley, es decir, con base en el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años al reconocimiento de la prestación o el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, si resulta superior al anterior, siempre y cuando el afiliado haya cotizado 1250 semanas como mínimo’”.

En este orden de consideraciones, el ad quem se equivocó al estimar que el IBL de la pensión del demandante se encuentra gobernado por la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, en la medida que la transición solamente invoca el respeto de tres aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión de tal modo que las demás condiciones y requisitos de la prestación, serán las consagradas en el Sistema General de Pensiones, que en lo que concierne al salario base de liquidación es el establecido en el inciso 3º del artículo 36 de la norma ejusdem —para aquellos a quienes les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho—, o el previsto en el artículo 21 de la misma ley —para aquellos a quienes les faltare mas de 10 años para adquirir el derecho—.

Por lo anterior, el cargo debe prosperar y por ende se casará parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la condena proferida por el a quo a favor de Abel Garzón y en contra del ISS.

De las costas, no habrá lugar a ellas toda vez que el cargo salió avante.

X. Sentencia de instancia

Como consideraciones de instancia, bastan los argumentos esbozados en la esfera casacional, que son suficientes para revocar parcialmente la sentencia de primer grado, proferida el 1º de diciembre de 2008 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto condenó al ISS a pagar a favor de Abel Garzón, la suma de $96.622.672,95, y en su lugar, absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones impetradas por ese demandante.

En torno a las costas de las instancias, no se causan en la alzada y las de primer grado corren a cargo del demandante.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 26 de febrero de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso adelantado por Bertha Alicia Martínez de Moreno y otros contra el Instituto de Seguros Sociales, únicamente en lo que atañe al demandante Abel Garzón y, no la casa en lo demás.

En sede de instancia,

RESUELVE:

1. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2008 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto condenó al ISS a pagar a favor de Abel Garzón, la suma de $96.622.672,95.

2. Absolver al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda impetrada por Abel Garzón.

3. Condenar en costas de primera instancia al demandante Abel Garzón. Sin costas en la segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».