Sentencia SL9003-2016/51833 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9003-2016

Rad.: 51833

Acta 23

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

Magistrado ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por Luzmila Henao López en nombre propio y en representación de su menor hijo J.M.H., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 31 de enero de 2011, dentro del proceso que promovieron contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

I. Antecedentes

Ante el juzgado diecisiete laboral del circuito de Medellín, Luzmila Henao López, en nombre propio y en representación de su menor hijo J.M.H., demandó al ISS para que fuera condenado a reconocerles y pagarles en su condición de cónyuge e hijo, la pensión de sobrevivientes a partir del 22 de julio de 2004 cuando falleció el asegurado José Nelson Morales López, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

Fundamentó sus pretensiones en que contrajo matrimonio con el asegurado el 14 de abril de 1973, momento a partir del cual compartieron lecho, techo y mesa hasta el 22 de enero de 2004 cuando falleció por causas de origen común; que al momento de su deceso contaba con 972 semanas “todas ellas cotizadas antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993”…; que aunque reclamó al demandado la pensión de sobrevivientes, “no se le ha dado respuesta”, a pesar de asistirle derecho a dicha prestación en aplicación del principio de la condición más beneficiosa por haber cotizado su cónyuge más de 300 semanas antes de la entrada en vigencia del sistema general del pensiones.

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos aceptó el vínculo matrimonial entre el asegurado y la actora, la fecha de su deceso, y la reclamación administrativa, precisando que aun en el evento de llegar a acreditar la actora que el asegurado cotizó 972 semanas, en todo caso hubiera tendido que contestarle negativamente su solicitud pensional “por cuanto el causante había cotizado 0 semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento, cuando el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal b), del numeral 2 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, exige que el causante debe haber cotizado en dicho lapso de tiempo, 50 semanas”. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, improcedencia del cobro de los intereses moratorios por violación al principio constitucional de la inescindibilidad de la norma, prescripción, buena fe, compensación, incongruencia jurídica de la condena en costas e improcedencia de la indexación de las condenas.

II. Sentencia de primera instancia

Fue proferida el 26 de febrero de 2010, y con ella el juzgado absolvió al demandado de todas las pretensiones de demanda y condenó en costas a la parte actora.

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación de la parte actora, el proceso subió a la Sala del Tribunal Superior de Medellín, corporación que mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la decisión de a quo, imponiendo a la apelante las costas.

El tribunal, con fundamento en los registros civiles de matrimonio y nacimiento dio por demostrado la calidad de beneficiarios de los demandantes, y con base en la historia laboral determinó que el causante cotizó al ISS en periodos interrumpidos desde el 17 de marzo de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1994, 972.5714 semanas y 6, 1428 en el año 1995, para un total de 978,7142 semanas. Y que “si bien se demostró que el señor Morales López fue beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional entre el 1º de mayo de 1998 hasta el 30 de junio de 2001 (fls. 108 y 134-137), el Consorcio Prosperar en el oficio 7264, indicó que el afiliado fue retirado del programa por falta de pago de sus aportes, por lo que solicitó al Instituto de Seguros Sociales la devolución del subsidio estatal”, razón por la que no era posible validar el tiempo que aportó inicialmente el Consorcio Prosperar, por cuanto se trataba de cotizaciones incompletas, dado que el causante no había cancelado la porción del aporte que le correspondía. Igualmente, estableció que el ISS mediante Resolución 004938 de 2010, negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con fundamento en que el asegurado José Nelson Morales López no había cotizado la densidad mínima para dejar causado el derecho, ordenando en consecuencia “el pago a favor de J.M.H. de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en cuantía de $ 6.103.518”.

Seguidamente indicó que como el causante falleció el 22 de enero de 2004, la norma aplicable para resolver la situación objeto de estudio era la vigente para ese momento, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, precisando que si bien había cotizado 978,7142 semanas entre el 15 de marzo de 1971 y marzo de 1995, ninguna de estas fueron cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores a su fallecimiento.

Ahora, al examinar el caso al amparo del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que de paso reprodujo, indicó que a aun cuando el asegurado era beneficiario del régimen de transición, por haber nacido el 3 de junio de 1950 y contar con 43 años de edad el 1º de abril de 1994, cuando en entró en vigencia la Ley 100 de 1993, lo que permitía que se le aplicara el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, que exigía para adquirir el derecho a la pensión de vejez acreditar 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o 1000 semanas aportadas en cualquier tiempo, al revisar la historia laboral “se tiene que el periodo comprendido entre el 3 de junio de 1990 y el 3 de junio de 2010- años anteriores al cumplimiento de la edad, el causante cotizó 182,1428 semanas, y como se dijo anteriormente no se demuestran las 1000 semanas”.

Por otra parte, indicó que el principio de la condición más beneficiosa se ha aplicado en eventos en los cuales el causante fallecía en vigencia de la Ley 100 de 1993, y no reunía el requisito de las 26 semanas, pero sí los contemplados en el Acuerdo 049 de 1990; sin embargo, en el caso que analizaba, se había dado un tránsito legislativo de mayor complejidad al haber sido regulada la pensión de sobrevivientes en el Acuerdo 049 de 1990, Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, donde jurídicamente resultaba imposible desconocer tales regulaciones hasta encontrar la que se acomodara a las circunstancias fácticas, pues así lo había considerado esta Corporación, entre otras, en las Sentencias del 3 de diciembre y 2007, Radicación 28876, y 20 de noviembre de 2007, Radicación 30356.

IV. Recurso de casación

Fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la censura que la Corte case la sentencia recurrida, y en sede de instancia revoque la absolutoria del juzgado para que en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, oportunamente replicados, que se resolverán a continuación:

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia de interpretar erróneamente “el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1º, 2º, 11, 12, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993 y aplicación indebida del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, artículos 48 y 53 de la C.N.”.

En la demostración, luego de aludir a la protección del núcleo familiar del asegurado o pensionado fallecido, dispuesto por la seguridad social a través de la pensión de sobrevivientes, critica la interpretación que le dio el tribunal al artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en tanto dicha disposición, de entre las varias hipótesis que contemplaba para que los causahabientes accedieran a dicha prestación, estaba la de haber satisfecho el número mínimo de semanas cotizadas en el régimen de prima media, pues a eso se refería la norma cuando expresaba que “el afiliado haya cotizado el número “afiliado haya cotizado el número de semanas mínimos (sic) requerido en el régimen anterior a su fallecimiento” con lo cual indudablemente se estaba refiriendo al régimen del ISS, que exigía como densidad mínima de aportes de 500 semanas para acceder a la pensión de vejez, y que por virtud del régimen de transición, podía accederse hasta el año 2010 o hasta el 2014 según el caso.

Por lo que “si el afiliado tuviere 500 semanas dentro de los 40 y los 60 años y fallece, la muerte le habilita la edad (L. 12/1975), y allí se trataría de un derecho adquirido que él transmite a sus derechohabientes, derecho que en los términos del artículo 58 de la Constitución Política Nacional es inmutable”, de ahí que el Tribunal no pudiera cuestionar “si el fallecido era beneficiario del régimen de transición, porque como atrás se puntualizó, el querer del legislador era recoger los pronunciamientos y decisiones de la altas cortes sobre la condición más beneficiosa y pedir como en efecto lo fue, que al menos el asegurado hubiere cotizado 500 semanas (número superior a 300 que es aquel con el cual se venía condenando a satisfacer pensiones de sobrevivientes atendiendo al tránsito el postulado constitucional aludido), suficiente para acceder a una pensión en el tránsito de legislación”, pues en ese sentido se había pronunciado esta corporación en sentencia del 24 de mayo de 2011, Rad. 37951, reiterada entre otras, en las sentencias con Rad. 42628 y 43218.

VII. Cargo segundo

Acusa similares preceptos a los señalados en el primer cargo, aun cuando en la modalidad de infracción directa, y en su demostración además de reiterar lo allí expuesto, insiste en que no le era dable al tribunal “aquí pedir la fecha de nacimiento del asegurado…” pues bastaba que el asegurado hubiere cotizado “por lo menos la densidad mínima de cotizaciones en el régimen de prima media en tiempo anterior al deceso, sin haber recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez”.

VIII. Réplica

Advierte sobre la legalidad de la decisión censurada, al haber definido el tribunal la situación al amparo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, como única norma aplicable dada la fecha de fallecimiento del causante, apoyada en la jurisprudencia de esta Sala de Casación.

IX. Consideraciones

La Sala procederá al estudio conjunto de los dos cargos que se elevan contra el fallo del tribunal en atención a que se orientan por el sendero de puro derecho, denuncian similar elenco normativo y persiguen idéntico objetivo.

Teniendo en cuenta la senda directa de los cargos, no es materia de controversia en sede de casación, la condición de beneficiarios de los demandantes del asegurado; que el afiliado José Nelson Morales López falleció el 22 de enero de 2004; que durante los últimos tres años no cotizó ninguna semana; que en toda la vida laboral aportó 978,7142 semanas y 182,1428 entre el 3 de junio de 1990 y 3 de junio de 2010, y que no es viable acudir al principio de la condición más beneficiosa.

Sobre la interpretación del parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la Corte, tiene dicho, como se observa, entre otras, en la sentencia CSJSL, 6629-2015, del 28 mayo de 2015, Rad. 47966, lo siguiente:

“En Sentencia CSJ SL 31 de agosto de 2010, Rad. 42628, reiterada en las de 25 de enero y 22 de febrero de 2011, Rad. 43218 y 46556 respectivamente, sostuvo esta corporación que cuando el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 hacía alusión al número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media, comprendía para los beneficiarios del régimen de transición, las previstas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, que naturalmente incluye la hipótesis de las 500 semanas. Esto dijo textualmente la Sala:

“Así las cosas, conforme se anotó con antelación, debe entenderse que la alusión efectuada al número mínimo de semanas de que trata el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es el fijado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la propia Ley 797 de 2003.

“Sin embargo, ello será así siempre y cuando que el afiliado no sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, en tal caso, y en tratándose de un afiliado al Seguro Social, por razón de los beneficios de ese régimen se le debe aplicar, en materia de densidad de cotizaciones, el régimen al cual se encontrara afiliado para el 1º de abril de 1994, que lo es el Acuerdo 049 de 1990, en particular su artículo 12, por así disponerlo el señalado artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

“Y lo anteriormente expuesto es así porque, en primer término, como quedó visto, las normas vigentes de ese acuerdo forman parte del régimen de prima media con prestación definida y, en segundo lugar, deben utilizarse en materia de edad, número de semanas cotizadas y monto de la prestación, para los beneficiarios del régimen de transición pensional.

“No obstante que el legislador contempló esta otra forma de acceder a la prestación periódica de supervivencia, naturalmente quien pretenda acogerse a los beneficios del parágrafo en comento debe demostrar que cumple los requisitos allí exigidos, esto es, que el afiliado tenía acumulado en su haber el número de aportes exigido en el régimen de prima media para consolidar el derecho a la pensión de vejez”.

Ahora, como el tribunal, al aplicar el citado parágrafo, y advertir que el causante era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consideró que las quinientas (500) semanas de cotización debían contabilizarse estrictamente en los 20 años anteriores al cumplimiento de los sesenta (60) años de edad, hecho que en la situación del afiliado fallecido no podía ocurrir por cuanto su deceso ocurrió antes de dicho cumplimiento, sin duda se apartó del genuino sentido que la Sala de Casación Laboral ha observado frente al citado parágrafo, en tanto que las aludidas quinientas (500) semanas, para los beneficiarios del régimen de transición, deben contabilizarse en los veinte (20) años anteriores a la fecha del fallecimiento del afiliado.

En ese orden, no se necesitan de consideraciones adicionales para encontrar fundado el cargo. Al decidir en instancia, la Corte observa:

Al revisar la historia de cotizaciones del causante, adjuntada por el Instituto de Seguros Sociales, se observa lo siguiente:

Entre el 22 de enero de 1984 y el 8 de agosto de 1993, le aparecen cotizados 3.226 días, que arrojan un resultado de 460.86 semanas. Igualmente aparecen cotizaciones entre el 10 de marzo de 1994 y el 31 de diciembre del mismo años, que dan 291 días, equivalentes a 41.58 semanas. Asimismo, también le figura una cotización de fecha 13 de marzo de 1995, que el ISS le contabiliza como 1.86 semanas. Al sumar las semanas anteriormente referenciadas, el resultado es de 504.3, cantidad que les confiere el derecho a los demandantes para acceder a la pensión de sobrevivientes que reclaman. Como el ISS propuso la excepción de prescripción, y la pensión fue reclamada el 16 de marzo de 2009, tal como fue expresado por dicho Instituto en la Resolución 004398 del 19 de marzo de 2010, están prescritas las mesadas causadas entre el 23 de enero de 2004 y el 16 de marzo de 2006.

La liquidación de la prestación es como sigue:

1
 

2
 

En consecuencia, se revocará la decisión del juzgado diecisiete laboral del circuito de Medellín del 26 de marzo de 2010, para en su lugar condenar al Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a reconocer a Luzmila Henao López en calidad de cónyuge y en representación de su hijo menor J.M.H., la suma de $ 102.512.098.13, por concepto de mesadas atrasadas de la pensión de sobrevivientes causadas por la muerte de su cónyuge y padre Jorge Nelson Morales López, en proporción del 50% para cada uno desde el 16 de marzo de 2006 hasta el 2 de agosto de 2011, fecha esta en la que el menor cumplió la mayoría de edad sin acreditar los requisitos exigidos por la ley para continuar devengándola hasta los 25 años de edad. Por tanto, la cuota parte que correspondía al menor acrecentará la de su progenitora, quien en consecuencia deberá recibir el 100% de la pensión desde el 2 de agosto de 2011.

De otro lado, ante la evidencia de la causación del derecho que aquí se pretende, hay lugar a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 17 de julio de 2009 hasta el 31 de mayo de 2016, los que se liquidan de la manera como sigue:

3
 

Sin costas en el recurso de casación. Las de las instancias son a cargo del Instituto de Seguros Sociales.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 31 de enero de 2011, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luzmila Henao López en calidad de cónyuge y representación de su menor hijo J.M.H, contra Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

En sede de instancia, revoca la proferida el 26 de febrero de 2010 por el juzgado diecisiete laboral del circuito de Medellín, y en su lugar dispone:

1. CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a reconocer a Luzmila Henao López en su propio nombre y en representación de su hijo menor J.M.H., la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su cónyuge y padre Jorge Nelson Morales López, en forma proporcional del 50% para cada uno, desde el 16 de marzo de 2006 hasta el 2 de agosto de 2011, fecha esta en la que el menor cumplió la mayoría de edad sin acreditar los requisitos exigidos por la ley para continuar devengándola hasta los 25 años de edad. Por tanto, la cuota parte que correspondía al menor acrecentará la de su progenitora, quien en consecuencia deberá recibir el 100% de la pensión desde el 2 de agosto de 2011.

2. CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar la suma de $ 102´512.098.13, por concepto de mesadas atrasadas de la pensión de sobrevivientes desde el 16 de marzo de 2006 hasta el 31 de mayo de 2016.

3. CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar la suma de $ 65´744.304.03 por concepto de intereses moratorios desde del 17 de julio de 2009 hasta el 31 de mayo de 2016.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: (Gerardo Botero Zuluaga, Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Fernando Castillo Cadena, Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Rigoberto Echeverri Bueno, Luis Gabriel Miranda Buelvas) 

Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala.