Sentencia SL9008-2016/72597 de julio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 72597

SL9008-2016

Acta 23

Magistrados ponentes:

Drs. Luis Gabriel Miranda Buelvas, Jorge Luis Quiroz Alemán

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016).

Resuelve la Corte el recurso de anulación interpuesto contra el Laudo Arbitral proferido el 18 de agosto de 2015 por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado por el Ministerio del Trabajo para resolver el conflicto colectivo suscitado entre Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Colfondos S.A. ‘Sintracolfondos’.

I. ANTECEDENTES

1. ‘Sintracolfondos’ formuló el pliego de 40 peticiones que fuera aprobado en Asamblea General Extraordinaria de sus afiliados a la empresa Colfondos S.A. el 9 de abril de 2013 (fls. 134 a 140), el cual no fue solucionado ni total ni parcialmente por las partes en la etapa de arreglo directo (fls. 141 a 143), dando lugar a que el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, mediante Resolución 02104 de 27 de mayo de 2014, ordenara la constitución de un tribunal de arbitramento para que dirimiera el conflicto colectivo de trabajo así generado.

2. El Tribunal quedó integrado por los siguientes árbitros: Juliana Giraldo Lizarazo, por la empresa; Arturo Portilla Lizarazo, por la agremiación sindical; y Luis Jairo Peña, por la autoridad ministerial, quien luego lo presidiría. Una vez posesionados de sus cargos instalaron el Tribunal el 17 de julio de 2015, y el 18 de agosto siguiente profirieron el laudo cuya anulación se pretende, y respecto del cual se negó en providencia de 3 de septiembre de 2015 una aclaración solicitada por el secretario de la agremiación sindical.

II. EL LAUDO ARBITRAL

De los 40 puntos del pliego de peticiones que la agremiación sindical postuló para ante la empresa, el Tribunal de arbitramento, en 5 ítems, negó 21 de ellos y ‘modificó’ los restantes 19, decisiones respecto de las cuales el árbitro designado por la Empresa salvó ‘totalmente’ su voto (fl. 369).

III. EL RECURSO DE LA EMPRESA

La impugnación fue limitada por la empresa recurrente a 7 de los mentados específicos puntos del laudo arbitral (8º, 9º par. 1º, 10, 11, 13, 27 y 31) y a aspectos generales del mismo, por lo que la Corte restringirá su estudio a tales puntos y aspectos de la impugnación, empezando por los segundos por su contenido de carácter genérico.

1. A ese respecto cuestiona la empresa la extralimitación de los árbitros “en la decisión expuesta en el artículo tercero de la parte resolutiva”, por “ser evidente la falta total de competencia de los árbitros para modificar el pliego de peticiones presentado por la organización sindical”, adicionalmente, “por tomar decisiones en el laudo arbitral expedido sobre puntos no solicitados, por contener decisiones que exceden los términos de competencia del arbitraje y ser contrario a la ley siendo su objeto ilícito y no susceptible de arbitraje (numerales 1º y 8º del artículo 39 C.L. 2279 de 1989 derogados Literal c) y numeral 2º artículo 108 de la Ley 1563 de 2012)”.

En términos de la empresa recurrente, la extralimitación de la competencia del Tribunal de Arbitramento fluye de haberse dispuesto en la parte resolutiva del laudo la ‘modificación’ de los puntos del pliego de peticiones, por cuanto ello afecta las facultades de la organización sindical, aparte de que lo prohíbe el artículo 457 del Código Sustantivo del Trabajo.

Agrega la recurrente que esa disposición del Tribunal es contraria a lo dispuesto en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, pues desconoce las prerrogativas adoptadas en la convención colectiva de trabajo suscrita entre ella y el sindicato UNEB.

2. Discrepa la empresa, igualmente, de la equidad debida al laudo arbitral, pues en su entender los razonamientos de los árbitros para modificar los puntos del pliego de peticiones traslucen una manifiesta inequidad “desde una órbita de razonabilidad y desde la órbita financiera”, dado que, aduce: 1º) desatendieron el hecho de que varios de los trabajadores sindicalizados están multiafiliados a organismos sindicales existente al interior de la empresa y que, por tanto, “ya reciben beneficios extralegales provenientes del laudo arbitral proferido por tribunal de arbitramento en el conflicto entre UNEB y Colfondos”, es decir, el laudo atacado duplicó beneficios para los trabajadores afiliados a los distintos entes sindicales que subsisten dentro del ámbito empresarial; 2º) desconocieron el ‘precedente horizontal’ generado en el hecho de que uno de los árbitros hubiera suscrito con anterioridad otro laudo arbitral proferido contra la misma empresa, aun cuando fuere por un conflicto económico promovido por otra agremiación sindical, y laudo en el cual se reconocieron similares beneficios a los aquí otorgados, o lo fueron en menor valor, o se negaron por inequitativos, sin que, alega, obren las razones o motivos de tal distanciamiento, lo que desatiende el criterio jurisprudencial que exige que el laudo considere las convenciones colectivas de trabajo imperantes en la empresa u otros laudos arbitrales que en aquélla tuvieren vigencia; 3º) omitieron considerar su situación financiera y los costos que ya generaba el laudo arbitral proferido en el conflicto económico con la agremiación UNEB, así como precisar el parámetro, medida o soporte de la equidad debida a sus determinaciones, pues, por ejemplo, sin saber la antigüedad de los trabajadores beneficiarios, creó una prima de antigüedad que no existe en el sector en el que se ocupa la empresa, tal cual lo dejó dicho el salvamento de voto del árbitro disidente; 4º) facilitaron una especie de ‘carrusel sindical’ al hacer caso omiso de que apenas 10 meses antes la agremiación sindical UNEB generó otro conflicto económico en la empresa, y conflicto del cual resultaron beneficiados trabajadores afiliados a la asociación gremial parte del presente conflicto, con lo cual se estimula una conflictividad permanente al interior de la misma empresa; 5º) no sopesaron el impacto económico que produce a la empresa el cúmulo de beneficios otorgados en el laudo atacado, y que en un solo año puede llegar a los $ 8.829.189.831, y situación que se ve reflejada en que no haya tenido crecimiento alguno en los últimos 5 años, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de la industria, según los cuadros e indicadores que a continuación agrega, los cuales apuntan a mostrar que en los últimos años el gasto que ha efectuado por empleado ha aumentado y que ha sido superior al crecimiento del IPC, en tanto que sus utilidades han permanecido o han disminuido; y 6º) no tuvieron en cuenta que el laudo arbitral, como toda providencia judicial, debía motivarse, consignándose en su texto los fundamentos que en equidad permitieron al Tribunal adoptar unas u otras decisiones. Por eso debe tenerse presente que el Código General del Proceso en su artículo 1º dice regular toda actividad procesal, actividad procesal en la cual se debe entender incluida la de los árbitros; y que el artículo 280 señala la estructura de la providencia judicial la cual dice aquí no fue observada.

3. Para mayor comprensión de los puntos o ítems específicos del laudo que ataca, se transcriben como sigue:

—“ART. 8º—Procedimiento disciplinario. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, la empresa Colfondos S.A. por intermedio de las personas facultadas en el Reglamento Interno de Trabajo, procederá de la siguiente manera: 1. Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la comisión de la supuesta falta o del día en que se conozcan los hechos que motivan la investigación, se formularán los cargos por escrito. Así mismo se informará al trabajador (a) en esta comunicación, la fecha y la hora de la audiencia en la que podrá rendir sus descargos, este escrito irá acompañado de copia de las pruebas. 2. La audiencia deberá tener lugar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notificó el escrito del numeral anterior, y en ésta se oirá directamente al trabajador (a) inculpado en descargos o justificaciones, quien podrá estar asistido por dos (2) representantes de la organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores de Colfondos S.A. ‘Sintracolfondos’. 3. De la audiencia se dejará constancia escrita en las intervenciones y pruebas. El acta será firmada por los que en ella hayan intervenido y se entregará copia al trabajador (a) inculpado y a los representantes de la organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores de Colfondos S.A. ‘Sintracolfondos’. 4. Si los descargos rendidos por el trabajador (a) no fueren satisfactorios para la empresa Colfondos S.A., podrá sancionarlo, comunicándole por escrito esa decisión dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la realización de la audiencia. La sanción, en caso de ser suspensión el contrato, deberá comenzar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la comunicación. 5. La decisión que toma la empresa Colfondos S.A., siguiendo el trámite establecido en este artículo podrá ser apelada ante el presidente de la compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la decisión. 6. La decisión del presidente, que resuelva el recurso de apelación, deberá comunicarse al trabajador (a) dentro de los cinco (5) días siguientes. 7. No producirá ningún efecto la sanción disciplinaria que omita el procedimiento aquí establecido. 8. Para efectos de este procedimiento, se entienden como días hábiles los días lunes a viernes”

—“ART. 9º—Protección a la maternidad y prohibición de despedir. (…) PAR. 1º—La licencia de maternidad para las trabajadoras se aumentará a 105 días calendario”.

ART. 10.—Prima de invalidez y vejez. A aquellos trabajadores (as) a quienes la entidad de la seguridad social respectiva llegare a reconocer una pensión de invalidez, la empresa Colfondos S.A. otorgará, la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de producirse el retiro de la empresa, por una sola vez; como reconocimiento por los servicios prestados. PAR.—A esta prima tendrán derecho aquellos trabajadores que llevaren más de diez años de servicios continuos a la empresa”.

ART. 11.—Prima de vacaciones. La empresa Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías reconocerá una prima de vacaciones equivalente a ocho (8) días de salario básico mensual por cada período completo de vacaciones. La prima de vacaciones se pagará al trabajador (a) al momento de salir a disfrutar este derecho y también en caso de retiro. PAR. 1º—Esta prima solo se cancelará una vez el período vacacional se cumpla completo, siempre que el trabajador efectivamente disfrute el tiempo de descanso correspondiente a un período completo de vacaciones, por lo cual no habrá pagos proporcionales, ni retroactivos. PAR. 2º—Esta prima se aplicará para períodos de vacaciones disfrutados completamente a partir de la vigencia del presente laudo. El reconocimiento de esta prima excluye cualquier otro beneficio que de(sic) la compañía bajo esta misma modalidad”.

ART. 13.—Prima extralegal anual. La empresa Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías reconocerá a los trabajadores (as) además de la prima legal de servicios, una prima extralegal anual por el valor igual al reconocido como prima legal. PAR. ÚNICO.—Colfondos pagará dicha prima al momento de cancelarse la prima legal, en cada uno de sus períodos”

ART. 27.—Auxilio de defunción. La empresa Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías reconocerá y pagará al trabajador (a) la suma equivalente a cinco millones de pesos ($5.000.000), tal y como está estipulado en el auxilio exequial de la póliza establecida para la protección de dichos riesgos”.

ART. 31.—Permisos sindicales remunerados. La empresa Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, concederá los siguientes permisos remunerados, incluidas las prestaciones legales y extralegales a quienes tuvieren derecho a ellas, de conformidad con la jornada de trabajo: 1. Para los afiliados al sindicato, junta directiva y comisión de quejas y reclamos; sesenta (60) horas en total por cada mes para desarrollar las diferentes actividades propias de su responsabilidad sindical. 2. En igual forma garantizará el permiso sindical que requieran los afiliados al sindicato en las asambleas ordinarias. PAR.—El Sindicato de Trabajadores de Colfondos S.A. ‘Sintracolfondos’, deberá informar por escrito a la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa, con mínimo 48 horas de anticipación: la destinación, asignación y distribución de los permisos citados, los cuales se consolidarán en forma mensual”.

IV. OPOSICIÓN DEL SINDICATO

La agremiación sindical reprocha a la empresa recurrente respaldar su impugnación en circunstancias que han sido objeto de definición jurisprudencial, como lo son la coexistencia de organizaciones sindicales al interior de una misma empresa y la posibilidad de que los sindicatos minoritarios propongan al empleador sus propios pliegos de peticiones.

Para la agremiación sindical el Tribunal no extralimitó sus funciones, pues el procedimiento disciplinario es un mínimo de garantías al trabajador; el pago de una suma adicional a la licencia de maternidad no afecta a la EPS; la prima de jubilación no tiene que ver con el derecho pensional y así fue como la pidió; la prima de vacaciones hizo parte del pliego de peticiones; la prima extralegal no afecta la disposición legal; la prima exequial no duplica beneficios, porque al darse las dos posibilidades debe optarse por la más favorable; y la teoría de que los permisos sindicales conducen al cierre de la actividad laboral es traída de los cabellos.

Según la organización opositora, contrario a lo afirmado por la empresa, sus utilidades netas están vistas en la página web como positivas y el Presidente de la entidad, en entrevista escrita a un diario, dijo que la situación financiera era sólida y prometedora, situación que, por el contrario, no es predicable de sus servidores.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Atendidos los motivos de la impugnación propuesta por la empresa recurrente, importa a la Corte recordar que en conformidad con la jurisprudencia y el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, su competencia está restringida a verificar la regularidad del laudo arbitral recurrido para establecer si el Tribunal al dictarlo: (1º) extralimitó el objeto para el cual se le convocó; o (2º) afectó derechos o facultades reconocidos por la Constitución; o (3º) afectó derechos o facultades reconocidos por las leyes; (4º) o por normas convencionales, a cualquiera de las partes. Además, por la naturaleza de la decisión adoptada por esta especial clase de Tribunales, que es en equidad, (5º) si con ello no se produjo la violación de tan trascendental principio rector de las relaciones surgidas entre empleadores y trabajadores (CST, art. 1º).

Con la anterior previa y necesaria precisión, pasa la Corte al estudio de los aspectos generales y puntos específicos de la impugnación ya anunciados.

1. Para la empresa recurrente, por establecer el Tribunal en la parte resolutiva de su decisión que con ella “modifica los artículos 1º, 2º, 8º, 9º parágrafo primero, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 31 y 39 del pliego de peticiones presentado por la organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores de Colfondos S.A. ‘Sintracolfondos’ a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo”, debe anularse el laudo atacado, por cuanto tal expresión constituye una extralimitación de los árbitros, dado que traduce “tomar decisiones fuera de su competencia”, violar normas que regulan el arbitraje nacional e internacional, pretender regular asuntos ajenos a las temáticas susceptibles de arbitrar, desatender las facultades propias y exclusivas de la organización sindical, y desconocer derechos y prerrogativas sustanciales legales y convencionales ajenas al conflicto.

A ese respecto es suficiente a la Corte decir que ninguna razón asiste a la recurrente en su reproche, habida consideración de que la competencia del Tribunal no lo obliga a aceptar o negar los puntos del pliego de peticiones en los estrictos términos que allí hubieren sido concebidos por la organización sindical y sus afiliados, como ésta parece entenderlo al postular una especie de incongruencia extra o ultra petita del laudo, por el hecho de haberse acogido en parte el pliego de peticiones pero sometido a unas variables, reformas o modificaciones que el tribunal de arbitramento encontró necesario hacer a efectos de producir el fallo en equidad tal y como le fuera encomendado, pues, como en variadas oportunidades la Corte lo ha asentado, si bien el laudo arbitral económico llega a tener la fuerza de sentencia judicial cuando quiera que no fue objeto del recurso extraordinario o habiéndolo sido no fue anulado por la Corte, ello no quiere decir que esté regido por las mismas premisas que regulan la sentencia en derecho, entre ellas, la de la correspondencia entre lo pedido y lo concedido o negado, dado que de por medio está lo que en su criterio y en cuanto a los puntos del pliego de peticiones resulte más apropiado al mantenimiento y logro de la justicia en las aludidas relaciones entre trabajadores y empleadores, desde el concepto del mejoramiento de la condiciones del trabajo (artículos 1º y 467 del Código Sustantivo del Trabajo).

En similares términos a los antedichos así lo asentó la Corte en sentencia de anulación de 6 de mayo de 2003 (rad. 21.153), que fuera reiterado, entre otras muchas, en sentencia de 31 de marzo de 2004 (rad. 23556):

“Así mismo, no encuentra la Corte que la anterior solución de los falladores en equidad desconozca el derecho constitucional de los trabajadores a tener una remuneración mínima vital y móvil, así como tampoco que ella afecte la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores beneficiarios del Laudo, pues, tales derechos deben resguardarse dentro del principio filosófico contenido en el artículo 1º del CST y que inspira el desarrollo y ejecución no solo de nuestra normatividad positiva laboral, sino también la solución de los Conflictos Colectivos del Trabajo, que fue precisamente lo que motivó a los árbitros a adoptar la decisión que aquí se cuestiona y que por ello no desborda sus facultades que, como se sabe, están enmarcadas dentro del principio salomónico de la equidad.

En este orden de ideas, no es del todo cierto que los árbitros estén irreductiblemente obligados por el principio de congruencia, tal y como éste es entendido en materia procesal, ya que, como lo ha expresado la Corte reiteradamente, entre otras decisiones, en la sentencia de homologación del 24 de septiembre de 1990, la circunstancia de que el Tribunal de Arbitramento esté obligado a pronunciarse sobre las peticiones contenidas en el pliego que presenta el sindicato para obtener que se celebre una convención colectiva o se modifique la ya existente —o el presentado por los trabajadores coligados que pretenden la celebración de un pacto colectivo de trabajo—, no significa que los arbitradores que lo integran estén inexorablemente obligados a conceder lo pretendido por la organización sindical o por el grupo de trabajadores, o que necesariamente deban hacerlo en los términos en que fue pedido en el pliego, por cuanto ellos, actuando como amigables componedores que son, pueden, "según la equidad se los aconseje, inclinarse por aceptar en su integridad la petición sindical o rechazarla totalmente, como igualmente pueden conceder de manera parcial la solicitud contenida en el pliego de peticiones o, inclusive, sustituirla adoptando en cambio una fórmula que les parezca más equitativa por consultar no sólo los intereses de los trabajadores sino también los del patrono" (Gaceta Judicial, Tomo CCVI, segundo semestre 1990, pág. 360)”.

En este caso, aunque la recurrente no determina de manera particular y específica cuáles de los mentados puntos del pliego de peticiones que fueron objeto de modificación por parte de los árbitros en su decisión podrían desbordar el marco competencial del Tribunal, por ser lo cierto que su reproche es de orden genérico y referido sencillamente al uso del lenguaje en el laudo arbitral, importa destacar que en manera alguna podrían señalarse como extraños a ajenos al primigenio pliego de peticiones, por cuanto, como lo subraya la organización sindical replicante, guardan coherente correspondencia con las temáticas propuestas en aquél, es así que el artículo 1º fue orientado al campo de aplicación y, como allí se ve, reducido en el laudo; el artículo 2º aludió al reconocimiento sindical de ‘Sintracolfondos’, el cual aparece precisado igualmente en el laudo; el artículo 8º persiguió la delineación de un procedimiento disciplinario, lo cual se cumplió en el laudo; el artículo 9º pretendió aumentar a 120 días la licencia de maternidad, y en el laudo se redujo a 105; la llamada prima de jubilación e invalidez del artículo 10 del pliego se redujo en el laudo de 15 a 5 smmlv; la prima de vacaciones del artículo 11 del pliego se redujo en el laudo de 25 a 8 días de salario básico; la conceptualización de la prima de ubicación o localización del artículo 12 del pliego se redujo en el laudo a su aspecto económico; la prima extralegal anual del artículo 13 del pliego se redujo en su valor en el laudo; la prima de antigüedad del artículo 14 del pliego se redujo notablemente en su valor en el laudo y hasta se negó en parte; el incremento salarial del 8% perseguido en el artículo 16 del pliego fue reducido al IPC causado durante la vigencia del laudo; los montos de vivienda y crédito del artículo 19 del laudo se eliminaron en los montos pretendidos y ajustados a la capacidad de pago del trabajador en el laudo; el auxilio de maternidad perseguido en el artículo 20 del pliego fue reducido a la mitad en el laudo; el auxilio de cena en jornadas nocturnas o mixtas del artículo 23 del pliego se precisó en el laudo; el auxilio de movilización para trabajadores del área comercial del pliego fue resuelto en el laudo de manera casi idéntica a la pedida; el auxilio de defunción del artículo 27 del pliego se ajustó en su valor de referencia en el laudo; el auxilio educativo perseguido en el artículo 28 del pliego se dispuso de manera más económica para la empresa en el laudo; los permisos sindicales remunerados del artículo 31 del pliego fueron reducidos notablemente en el laudo; la cuota del auxilio sindical mencionada en el artículo 32 del pliego fue reducida en el laudo de $ 40.000.000 a $ 8.000.000; y la vigencia del laudo reclamada en el artículo 39 del pliego se ajustó a la época de su expedición.

Por manera que, en modo alguno el Tribunal extralimitó su competencia al resolver la mayor parte del pliego de peticiones en términos comparativamente reducidos a los pretendidos, por consignar en la parte resolutiva del mismo que con ello ‘modificaba’ el pliego de peticiones propuesto por la organización sindical al promover el conflicto económico.

Con todo, no sobra para nada destacar que la reclamada congruencia debida al laudo arbitral, según la recurrente, conforme a las preceptivas de normas que han gobernado o gobiernan el arbitraje nacional o internacional, no tiene respaldo válido, por ser inequívoco que en este caso no se está frente a un laudo arbitral de carácter jurídico o de naturaleza mercantil, sino a un conflicto de intereses cuya regulación es especial, la cual de forma amplia y suficiente se encuentra en las normas del trabajo.

Luego, por donde se vea, se reitera, ninguna razón asiste a la empresa recurrente en este reproche al laudo arbitral impugnado.

2. Los argumentos que la empresa recurrente esgrime con fundamento en la violación por parte del tribunal de arbitramento del llamado principio de equidad, al proferir el laudo arbitral, se pueden reducir a cuatro: la coexistencia de instrumentos extralegales de derechos laborales al interior de la empresa; la afiliación de trabajadores a los diferentes entes sindicales beneficiados por los mentados instrumentos; la motivación del laudo arbitral; y su situación económica y financiera.

En lo que toca con el primero de lo anunciados subtemas, para la Corte tampoco asiste razón a la recurrente, por ser sabido que la pluralidad de convenciones colectivas de trabajo al interior de la misma empresa, o de éstas con laudos arbitrales, o de éstas y aquéllos con pactos colectivos de trabajo, no es asunto que afecte a la equidad debida a las relaciones del trabajo, pues, sin duda, todos ellos son instrumentos laborales, que al lado del contrato de trabajo y de la mera y liberal voluntad del empleador al reconocer ciertas prebendas, pueden constituir fuente de derechos materiales del orden laboral para los trabajadores, lo cual es lo que, en esencia, constituye la razón de ser de premisas constitucionales como las de la concertación laboral, la negociación colectiva y la solución pacífica de los conflictos de trabajo, y premisas constitucionales todas ellas por las que debe propender el Estado (C.P., art. 55). De suerte que, no por la simple existencia de diferentes instrumentos laborales dentro de un mismo ámbito del trabajo es dable predicar la fractura o afectación del principio de equidad en las relaciones subordinadas del trabajo, por el contrario, ellos hacen parte de los medios o mecanismos de derecho a través de los cuales se logran los citados cometidos y se cumplen los aludidos principios.

Lo destacado no quiere decir, en manera alguna, que no deba promoverse, precisamente, que en aras de la invocada concertación laboral los diferentes intereses de los trabajadores se promuevan mediante fórmulas acordadas en coordenadas similares de tiempo y espacio con el objeto de reducir las situaciones de conflicto, y así facilitar la participación de la pluralidad de los extremos subjetivos de la empresa, como la concreción del principio de igualdad laboral. Tal situación fue percibida por la suprema autoridad administrativa, dando lugar a la expedición del Decreto 89 de 20 de enero de 2014, que promueve tal tipo de práctica como potestad y posibilidad de realización de la concertación laboral, en los siguientes términos:

“(…) ART. 1º—Cuando en una misma empresa existan varios sindicatos, estos, en ejercicio del principio de la autonomía sindical, podrán decidir, comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical.

“Si no hubiere acuerdo, la comisión negociadora sindical se entenderá integrada en forma objetivamente proporcional al número de sus afiliados y los diversos pliegos se negociarán en una sola mesa de negociación para la solución del conflicto, estando todos los sindicatos representados en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la convención colectiva.

“Los sindicatos con menor grado de representatividad proporcional al número de sus afiliados, tendrán representación y formarán parte de la comisión negociadora.

“PAR. 1º—La prueba de la calidad de afiliado a uno o a varios sindicatos, se determinará aplicando las reglas contenidas en el Decreto 2264 de 2013.

“PAR. 2º—En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo (…)”.

De ese modo, se repite, la mera existencia de una multiplicidad de instrumentos laborales al interior de una misma empresa no afecta el concepto de equidad.

En lo que tiene que ver con el segundo aspecto, relativo a la pertenencia de los trabajadores de una misma empresa a varias organizaciones de carácter sindical y, por ende, a la hipótesis de aspirarse por un mismo trabajador a la aplicación de los múltiples beneficios laborales que puedan desprenderse de las distintas convenciones colectivas de trabajo que igualmente coexistan en el mismo ambiente de trabajo, ha de decirse por la Corte que tal hipótesis en comento no tiene asidero alguno, por ser claro que las relaciones de trabajo están regidas en materia sustancial por el principio de inescindibilidad, resultando inadmisible tomarse de diversos cuerpos normativos lo que le es más beneficioso al trabajador para de esa manera producir cuerpos híbridos constitutivos de una especie de tercera, cuarta, etc., normatividad, no prevista en lugar alguno, sino que, cuestión bien distinta por cierto, bajo la égida del principio de favorabilidad, al trabajador compete optar por la convención colectiva que de manera integral más le favorezca.

En torno de este tópico, en sentencia de anulación de 26 de febrero de 2014 (Rad. SL-8693-2014 e interna 59713), expresó la Corte:

“Para desestimar esta pretensión, alusiva a la coexistencia de sindicatos en una misma empresa y desde luego, con la supervivencia de varias convenciones colectivas de trabajo y la consecuente hipótesis de que los trabajadores puedan beneficiarse de más de un convenio colectivo de trabajo, todo ello después de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 357 y 376 del CST, modificado el primero por el 26 del D.L. 2351 de 1965, es pertinente recordar que para la negociación colectiva, y con independencia de si tiene o no la condición de mayoritaria, cada organización sindical tiene su propia representatividad, circunstancia que permite afirmar que también pueden adelantar válidamente un conflicto colectivo de trabajo hasta su culminación, y así mismo, que sea posible la existencia de más de una convención colectiva de trabajo en una empresa, lo que significa que ahora nada impide que otra asociación sindical promueva un conflicto colectivo de trabajo, el cual debe o puede culminar en la suscripción de otra convención colectiva, o en casos como el presente, con la expedición de un laudo arbitral.

“Ahora bien, cuando en una empresa coexistan varias convenciones colectivas de trabajo, los trabajadores sólo pueden beneficiarse de una de ellas, la que más convenga a sus intereses, sin que se pueda perder de vista que frente a la suscripción de diversas convenciones por parte no solo de sindicatos minoritarios sino de cualquier organización sindical, cada afiliado en principio será beneficiario de la convención que suscriba el sindicato al cual pertenezca, tal como quedó fijado en la sentencia de anulación con radicación 33988 del 29 de abril de 2008, con lo cual también se descarta la preocupación del recurrente frente a la posibilidad de que los trabajadores promotores del presente conflicto puedan resultar beneficiosos de más de una convención colectiva de trabajo.

“Por manera que no pueden ser de recibo los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la empresa en punto a la inconveniencia de que coexista el laudo arbitral con la convención colectiva, ni en cuanto a la posibilidad de que los trabajadores terminen beneficiándose doblemente de las mismas prerrogativas.

“Ahora bien, no desconoce la Corte que el Gobierno Nacional expidió recientemente el Decreto 089 de 201, que procura que la negociación colectiva de trabajo en aquellos casos en los que se presenta coexistencia de sindicatos en una misma empresa, se lleve a cabo de manera conjunta, con independencia de si alguno agrupa o no a la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, dicho decreto no puede ser observado para el presente asunto, como quiera que el presente conflicto colectivo se inició mucho antes de su expedición, por lo que su aplicación iría en contravía del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre la aplicación inmediata de las leyes sociales, que no tienen efecto retroactivo”.

Así, el ataque enderezado por la recurrente en este sentido resulta en un todo infructuoso.

Por otra parte, la empresa recurrente se duele de la falta de motivación del laudo, pues entiende que siendo un símil de la sentencia judicial se le aplican por tal carácter las reglas comportamentales de aquella. De esa manera, alega, los árbitros deben consignar expresa y suficientemente las razones que los conducen a adoptar una particular determinación.

Tal pregón, como los ya estudiados, no tiene soporte suficiente, pues aparte de desatender la naturaleza del pronunciamiento de los árbitros, que ya se recordó líneas atrás es en equidad, lo cual distancia radicalmente su formulación de los pronunciamientos jurídicos, a los que erróneamente alude la recurrente, lo cierto es que las normas que lo regulan no exigen tal diseño, como para que pueda afirmarse válidamente que la poca motivación del Tribunal de Arbitramento en el laudo arbitral desdiga de su fortaleza o firmeza.

En el fallo de la Corte anteriormente citado, a ese respecto así se razonó:

“Para responder a la inquietud del recurrente, empieza la Sala por recordar que conforme a la jurisprudencia laboral de esta Corte, las decisiones de un tribunal de arbitramento obligatorio como instrumento de solución de los conflictos colectivos económicos, se toman con base en criterios de equidad mas no jurídicos o legales, lo que quiere decir que a los árbitros no se les puede exigir la motivación jurídica de su fallos, precisamente porque los mismos se producen en equidad como ya se anotó, deber que sí lo tienen aquellos que resuelven conflictos jurídicos quienes deben observar el cumplimiento de las normas citadas por el impugnante en relación con la motivación de las sentencias judiciales.

La ausencia de motivación per se no puede ser causa de anulación del laudo arbitral en tanto el ordenamiento jurídico no lo exige, sin embargo ello no quiere decir que nada tengan que decir frente a las decisiones, pues lo más razonable es que lo hagan.

“En la sentencia de homologación del 13 de julio de 1994 radicación 6928, y que reitera la Sala, esto se dijo:

Por otro lado, es lo cierto que ninguno de los artículos del Código Sustantivo de Trabajo que regulan la institución del arbitramento establece como obligación del tribunal de arbitramento la de motivar su decisión, la cual se sabe se produce basándose no en criterios jurídicos o legales sino de equidad. Esto significa que desde el punto de vista estrictamente legal no existe norma que obligue a los arbitradores a fundamentar su laudo, y, por lo mismo, si bien lo más razonable es que así lo hagan y esa es la costumbre seguida por los tribunales que al efecto se constituyen, no podría la Corte anular una decisión arbitral con el argumento de que al dictarse no se expresó en la motivación una razón suficiente en orden a explicar a las partes en conflicto la determinación adoptada. Es necesario distinguir entre el laudo que soluciona un conflicto jurídico, y que por asimilarse a una sentencia judicial debe dictarse con observancia de lo dispuesto en el artículo 136 del Código Procesal del Trabajo, y el laudo que pone fin al conflicto colectivo económico que por mandato del artículo 461 del Código Sustantivo de Trabajo «tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo

“Ese criterio, pacífico por demás, ha sido expuesto entre otras, en la sentencia de anulación del 4 de noviembre de 2004, radicación 24604, en la que se textualmente se dijo:

Ciertamente el Laudo Arbitral no contiene una parte motiva, sino tan solo las decisiones que finalmente adoptaron los árbitros. Pero la verdad es que no existe disposición alguna para que las providencias arbitrales en materia económica tengan las mismas características formales de una sentencia proferida por la jurisdicción ordinaria del trabajo, máxime cuando el fundamento de dichas decisiones es la equidad y no el derecho con el que los jueces ordinarios deciden las controversias sometidas a su consideración. De todas maneras, no puede olvidarse que la función de los árbitros que deben solucionar un conflicto económico es no descuidar la regularidad del laudo y procurar que sus decisiones no afecten los derechos reconocidos a las partes en la Constitución, la ley o la convención colectiva, aspectos que también son de incumbencia de la Corte en tanto actúa como juez de anulación con sujeción al nuevo marco legal que regula dicho recurso, cuyos alcances ya han sido precisados por la Corporación en anteriores oportunidades.

“Al respecto, en sentencia de casación del 27 de enero de 1961, dijo la Corte:

““Si el laudo no sigue escrupulosamente la forma de la sentencia, la omisión no alcanza a configurar un defecto que justifique su devolución al Tribunal de Arbitramento para el solo fin de que repita el fallo con observancia de la formalidad pretermitida. Si es verdad que el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo estimó imperativo el uso de la ritualidad en referencia, la Sala rectifica ese concepto, a su juicio sin asidero legal suficiente. La forma procesal, en cuanto sea de la esencia del acto, debe ser atendida por el juez, como lo debe ser por el árbitro, so pena de nulidad. No es de esta clase la que se examina, sino simplemente autorizada, cuya omisión, por lo mismo, es irrelevante”.

“Pero a pesar de lo anterior, es necesario precisar que lo atrás dicho responde a las orientaciones actuales de la Sala, para lo cual basta remitirse a la sentencia del 21 de agosto de 2003, radicación 22214, en la que expresó:

““No son pocas las ocasiones en las que la Corte se ha pronunciado sobre la motivación de los laudos para concluir que si bien las decisiones de los tribunales de arbitramento deben ser lo más explícitas y claras que sea posible para brindar a las partes un punto de apoyo para controvertirlas, el que así no suceda, no conlleva a que la Corte pueda anularlas, ya que su función, se insiste, es la de velar por la regularidad del fallo, en las condiciones ya vistas.

En tal sentido se ha dicho: “‘…Considera la Corte que cuando un tribunal de arbitramento aduce razones de equidad para conceder o negar una petición contenida en el pliego presentado por un sindicato o por los trabajadores, lo ideal es que exprese con claridad los motivos que lo llevan a tomar la decisión; pero que ello deba ser así no tiene como necesaria consecuencia que la Corte quede habilitada para anular un laudo por el hecho de que los arbitradores se hayan limitado a aludir a los principios de equidad o porque simplemente no los haya invocado, como en el sub examine.

“Indiscutiblemente si los árbitros hubiesen sido más explícitos en la motivación del fallo, con seguridad la decisión se habría mostrado mejor fundada y más convincente; empero, se insiste, que los motivos invocados como sustento de la decisión se hayan expresado brevemente o como en el sub lite, o no se hayan expresado, no es razón suficiente para que la Corte —en ejercicio de su facultad legal de verificar la regularidad del laudo y cuidar de que no se afecten derechos y facultades de las partes reconocidas en la Constitución Política, las leyes y las normas convencionales vigentes— concluya que el tribunal de arbitramento obligatorio extralimitó el objeto para el cual se le convocó, o que efectivamente afectó derechos y facultades de los trabajadores afiliados al sindicato, porque es inherente a la misma decisión que ésta se tome acudiendo a tales principios, esto es, en equidad...

“…Así las cosas, se torna indispensable distinguir entre el laudo que soluciona un conflicto jurídico, el que por asimilarse a una sentencia judicial debe dictarse con observancia de lo dispuesto en el artículo 136 citado, y el que pone fin al conflicto colectivo económico que por mandato del artículo 461 del CST, tiene el carácter de convención colectiva, en cuanto a las condiciones de trabajo, sobre el que no es previsible someterlo a las exigencias del referido artículo 136, entre otras, a las motivaciones jurídicas exigidas por el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 134 del Decreto Extraordinario 2282 de 1989, para las decisiones judiciales.

“No obstante, y a pesar de que esta clase de laudos debería ser lo suficientemente motivado, lo cierto es que ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo prevé la obligación de motivarlos y por ende, no podría la Corte con este argumento anular una decisión de esta naturaleza.

“…En consecuencia, no es de recibo para la Corte, que un laudo arbitral proferido para la solución de un conflicto económico, deba ser sustentado en los términos establecidos para las sentencias judiciales, so pena de nulidad.”. (Rad. 16545)””.

A lo anotado sólo cabría agregar que siendo adoptado el laudo arbitral ‘en equidad’, esto es, no con referencia a un marco jurídico predeterminado sino, cuestión diferente, con el propósito de que llegue a ser tal, por ser considerado como fuente material futura de derechos y obligaciones para el mundo del trabajo, es mínimamente lógico que su procedencia no devenga más que de los puntos que las partes en conflicto no hubieren solucionado en la etapa de arreglo directo; de las pruebas que se hubieren aportado y practicado, para lo cual los árbitros cuentan con las más amplias facultades instructivas dentro del plazo que les hubiere sido concedido por la ley o por las partes para ello (arts. 456 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo); de los marcos de la Constitución Política, la ley y la convención colectiva de trabajo en cuanto a los derechos y facultades de las partes en conflicto; de la justicia como finalidad primordial en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social (artículo 1º ibídem); y, por supuesto, de su objeto: el de “fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo” (art. 467 ibídem), sobre el entendido de que sus cláusulas se proferirán, por regla general, ‘in meius’ a las preexistentes. Luego, compete al recurrente en anulación, o acreditar que los mentados marcos competenciales o de derechos o facultades preexistentes han sido violados en éste, o que sus disposiciones emergen ‘inequitativas’, de donde los juicios de tal valor que se presume se hubieren así adoptado emergen inválidos.

De lo dicho fluye equivocado el cuestionamiento que al aspecto motivacional del laudo arbitral hiciera la empresa recurrente.

De otro lado, en cuanto al último aparte de este acápite de la impugnación de la empresa, cabe observar que si bien ataca globalmente las disposiciones del laudo que benefician económicamente a los trabajadores afiliados, para lo cual alude a que los árbitros no sopesaron el impacto económico que produce a la empresa el cúmulo de beneficios otorgados en el laudo atacado, que en un solo año puede llegar a los $ 8.829.189.831, y situación que se ve reflejada en que no haya tenido crecimiento alguno de esa naturaleza en los últimos 5 años, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de la industria, según los cuadros e indicadores que a continuación agrega, los cuales apuntan a mostrar que en los últimos años el gasto que ha efectuado por empleado ha aumentado y que ha sido superior al crecimiento del IPC, en tanto que sus utilidades han permanecido o han disminuido, viene pertinente al caso resaltar, por una parte, que el laudo atacado no concedió en términos iguales o mayores a los pretendidos en el pliego de peticiones alguno de sus puntos, sino que, por el contrario, negó buena parte de los 40 solicitados y apenas accedió a los restantes bajo el concepto de ‘modificación’ de lo perseguido, y que tradujo o en ajustarlos a las posibilidades de la empresa o en disminuirlos notablemente en cuanto a su monto, tal cual ya se destacó al resolver el referido cuestionamiento, de donde resulta incuestionable inferir que para ese efecto los árbitros tomaron en cuenta la situación económica y financiera de la empresa, partiendo de los medios de prueba que en tal sentido les fueron aportados en su momento, al punto que estudiaron conceptos como la retroactividad y la retrospectividad de los conceptos económicos en discusión en el conflicto para, al final, negarlos (artículo cuarto del laudo, folio 364). Y por otra, que la recurrente no hace el esfuerzo de detallar el presunto impacto económico que uno a uno de los conceptos económicos del trabajo reconocidos pudiere producir en su presupuesto como para que su pasivo laboral fuere susceptible de ser calificado de ‘inequitativo’, por desconocer el espíritu de coordinación económica que debe suponerse reina sus relaciones con sus servidores, o el equilibrio social que tales erogaciones deben mantener entre las mismas, tal cual ya se ha dicho son interpretaciones del concepto de equidad laboral.

Consecuencia de lo hasta aquí anotado es que no se anulará el fallo atacado en lo atinente a los aspectos genéricos analizados.

3. Los puntos específicos del laudo que fueron atacados por la empresa recurrente en el recurso extraordinario, se abordan como sigue:

En primer lugar, la previsión de un procedimiento disciplinario a través del laudo arbitral, que tienda a garantizar un mínimo proceso previo a la determinación que el empleador adopte como mecanismo de saneamiento de la relación subordinada de trabajo o incluso de solución del vínculo laboral, pero también de defensa del trabajador, y aún de concertación laboral, es tema pacífico en la jurisprudencia como del resorte de los árbitros cuando así hubiere sido plantado en el pliego de peticiones y no hubiere sido solucionado directamente por las partes en conflicto.

Sobre ese particular basta traer a colación lo expuesto por la Corte en sentencia de 26 de febrero de 2014 ya mencionada:

La Corte ya ha expuesto su criterio, el cual reitera en esta oportunidad, en punto a la facultad de los árbitros de establecer un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones o al despido, y no ha encontrado razones que conduzcan a colegir que esta clase de decisiones constituyan una extralimitación en la competencia de los árbitros al tenor del artículo 458 del CST, sino que por el contrario, ello garantiza un debido proceso tendiente a garantizar al trabajador la estabilidad en el empleo y para que previamente a su desvinculación por justa causa, tenga la oportunidad de presentar sus descargos y que sea una comisión paritaria la encargada de revisar la veracidad de los motivos que invoca la empresa para finiquitar el contrato de trabajo con justa causa.

“La cláusula también prevé la posibilidad de que el trabajador pueda o no someter su situación de permanencia en la empresa a dicho Comité, con lo cual se demuestra que ello no es una camisa de fuerza para el empleado.

“Adicionalmente la norma tampoco limita la potestad del empleador de terminar un contrato de trabajo con justa causa, de haberlo hecho lo árbitros limitarían esa facultad lo que desde luego rebasaría el marco de sus competencias.

“Así lo ha dejado expuesto la Corte en la sentencia 55501 del 4 de abril de 2012, en la que expuso:

“En cuanto al establecimiento que ese artículo del laudo hizo de un procedimiento disciplinario que debe seguirse en la empresa Omnitempus Ltda., que pertenece al sector privado, y que es aplicable tanto para sanciones como para despidos con justa causa, la citada disposición consagra un debido proceso y no desborda las atribuciones y facultades de los árbitros. Además, ese trámite extralegal no limita la potestad que tiene el empleador de dar por terminado el contrato de trabajo cuando exista una justa causa para ello; incluso la propia compañía puede hacer uso a su favor de ese procedimiento disciplinario, a efectos de verificar si se presenta o no la falta grave que amerite tomar la drástica decisión de despedir al trabajador.

“Por tanto, no se anulará este artículo”.

De consiguiente, por no ser contrario al objeto del laudo arbitral, ni desbordar la competencia del Tribunal de Arbitramento, ni desconocer los derechos o facultades de las partes consagradas en la normatividad preexistente, y muchísimo menos el concepto de equidad laboral, no se anulará el punto atacado.

En segundo lugar, la llamada “licencia de maternidad” a que se refiere el artículo 9º, Parágrafo, del modificado pliego de erá de 105 días calendario, tampoco resulta contraria al objeto del laudo peticiones en el tercero de los artículos de la parte resolutiva del laudo, que se decidió por el tribunal arbitral, pues fue parte de los puntos del pliego de peticiones, no se solucionó directamente por las partes en conflicto y no viola los marcos normativos ya anunciados.

Cierto es que la Corte había considerado que los árbitros no pueden generar obligaciones propias de la esfera de la seguridad social, por estar éstas concebidas en normas de orden público de carácter general, y que cualquier adición o complementación de aquéllas debe ser fruto del acuerdo de las partes en conflicto.

Sobre tal tópico, expuso la Corte en sentencia de anulación de 14 de febrero de 2012 (53095), lo siguiente:

“En efecto, la Ley 100 de 1993 que introdujo en Colombia el Sistema de Seguridad Social Integral y sus Decretos Reglamentarios, prevén el marco mínimo de las obligaciones del empleador y de las entidades que administran el sistema respecto de los trabajadores de aquel, así como las prestaciones asistenciales y económicas que surgen de su afiliación, por lo que los Árbitros no tienen vocación legítima para imponer la extensión de coberturas adicionales de aquellos que regula la citada Ley, pues esa materia debe ser fruto de un acuerdo entre las partes, mas no de imposición en Laudo Arbitral”.

Y en la sentencia de 4 de diciembre de ese mismo año 2012 (Radicación 55501), como lo recuerda la empresa recurrente, precisó:

“En efecto, no está dentro de la esfera de los árbitros crear obligaciones en materia de seguridad social a cargo del empleador, que se encuentren asignadas a los entes a quienes por ley corresponde asumir el riesgo. Es el caso del pago de las incapacidades por salud, que en tratándose del régimen contributivo lo es de conformidad con lo preceptuado en el artículo 206 de la Ley 100 de 1993 y demás normas reglamentarias.

“Serán las partes involucradas en el conflicto colectivo las llamadas a convenirlibremente, si -además del subsidio económico que cubren por ley las entidades del Sistema de Seguridad Social, esto es, la empresa promotora de salud (EPS) o la administradora de riegos profesionales (ARP), según se trate de una enfermedad general o común, o un accidente o enfermedad profesional-, elempleador debe reconocer y pagar una suma adicional por incapacidades. En tal evento, se especificará hasta qué número de días, periodicidad y monto o porcentaje distinto o mayor al legal se obliga el empleador a reconocer, aun cuando posteriormente la empresa descuente parte del valor de la correspondiente autoliquidación de aportes o efectué directamente el cobro a que haya lugar.

“Sobre esta clase de beneficios que conceden los árbitros, la Corte en sentencia de anulación del 8 de febrero de 2006 radicado 28372, señaló “al crear pagos adicionales para las cotizaciones, incapacidades y anteojos, desvirtúa y resquebraja la “armonía” propia de la seguridad social integral, concebida en pro de los ciudadanos en sus diferentes etapas de la vida y contingencias, desde antes de nacer y hasta las consecuencias de su deceso” (resalta la Sala).

No obstante, tal criterio ha venido siendo morigerado por la doctrina de la Sala, sobre el entendido de que la convención colectiva de trabajo, y, por ende, su sucedáneo el laudo arbitral —que se produce cuando quiera que las partes no logran superar directamente las diferencias que dieron lugar al conflicto de intereses—, son actos jurídicos sustanciales que tiene por objeto mejorar las condiciones del empleo y el trabajo (CST, art. 467), por consiguiente, que contribuyen a la regulación de la paz laboral y la productividad en la empresa. De manera que bien se puede obtener a través de tales actos mejoras o adiciones a las cláusulas legales previstas en la normatividad general de la seguridad social.

Esta postura de la Corte que permite ciertas adiciones o complementos de las prerrogativas previstas por el sistema general de seguridad social integral por vía de la solución de los conflictos económicos del trabajo fue condensada en sentencia de anulación de 24 de febrero de 2016 (SL3269-2016 e interna 74545), en los siguientes términos:

“(…) Por ello, hoy en día, existe una jurisprudencia consolidada que acepta la posibilidad de los árbitros de pronunciarse y conceder prestaciones adicionales a las previstas en el sistema de seguridad social, respetando, eso sí, las normas imperativas de orden público, lo cual implica: (i) acatar lo dispuesto en A.L. 01/2005 en lo que hace a la prohibición de laudar en torno a condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones; (ii) evitar alteraciones y desajustes en la estructura, organización y funcionamiento de los subsistemas de seguridad social, como pueden ser la sustracción, traslado o reasignación de obligaciones y responsabilidades establecidas en la ley, modificación del monto y porcentaje de las cotizaciones; (iii) no imponer al empleador cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema, por ejemplo, servicios del plan obligatorio de salud.

“A la luz de las reflexiones precedentes y en lo que al caso en estudio concierne, es fácil concluir que la cláusula arbitral cuestionada resulta completamente válida, ya que indiscutiblemente representa una mejora en los derechos sociales de los trabajadores, pues adicional al porcentaje que por concepto de incapacidad temporal debe reconocer la EPS, el empleador debe entregar otro tanto, cuya cifra varía en función del número de días de incapacidad, así: 13.4% adicional al 66,66% reconocido por la EPS hasta completar un 80% del IBC, desde el día 31 hasta el 89 de incapacidad; y un 16.6% adicional al 50% reconocido por la EPS hasta completar un 66,66% del IBC, a partir del día 90 y hasta el 180 de incapacidad.

“Nótese que a diferencia de la cláusula examinada en la sentencia CSJ SL17654-2015, en este caso el 100% del valor de la incapacidad no se le está asignando al empleador, sino que, por el contrario, se respeta el porcentaje que por ley deben reconocer las empresas promotoras de salud y, de forma paralela, tal porcentaje se complementa con otro tanto a cargo del empleador. Con ello, se mantiene intacta la distribución de responsabilidades del sistema, ya que no se libera a los entes de salud de las obligaciones que por ley les corresponde de reconocer las prestaciones económicas derivadas de enfermedad general y, sin alterar esa estructura, se entra a fijar un pago adicional”.

Siguiendo tal derrotero, la fórmula del laudo que adiciona la ‘licencia de maternidad’ permitiendo a la trabajadora obtener un total de 105 días por tal concepto no constituye, en criterio de la Corte, una violación de las disposiciones constitucionales o legales pertinentes al trabajo o la seguridad social, o de las facultades de las partes en conflicto, o de la misma equidad, pues siendo ésta el descanso de la actividad laboral que la ley —actualmente el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, en la forma como fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1468 de 30 de junio de 2011— concede a la trabajadora en estado de embarazo, equivalente a 14 semanas remuneradas con el salario que se devenga al entrar a su disfrute, el que se adicione en una semana más (7 días), a cargo por supuesto de la empresa, lo que se traduce es en un mejor estar de aquélla en esa específica circunstancia que, aparte de contribuir al incremento del cuidado del recién nacido y la salud de la madre trabajadora, genera un mejor ambiente laboral en la empresa.

Así las cosas, no se anulará la disposición contenida en el artículo tercero del laudo atacado, en cuanto modificó el artículo 9º del pliego de peticiones y en su parágrafo 1º concibió que “la licencia de maternidad para las trabajadoras se aumentará a 105 días calendario”.

En tercer lugar resulta pertinente indicar que el reconocimiento de una suma de dinero, como la que el Tribunal de Arbitramento estableció a título de ‘prima de invalidez y vejez’ y pretendida en el artículo 10 del pliego de peticiones, por el retiro de la empresa cuando se accede a las prestaciones de vejez o invalidez, condicionada a que el trabajador cuente con por lo menos 10 años de servicio, de ninguna manera puede verse como propia del ya aludido sistema de seguridad social integral, y menos como comprendida en el Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 2005, pues, de ninguna forma puede verse como una “condición pensional diferente” a las que refiere el parágrafo 2º del artículo 1º del citado acto legislativo como proscritas de las convencionales colectivas de trabajo, laudos arbitrales, pactos colectivos o acuerdo jurídico alguno, por no ser jurídicamente válido confundir el reconocimiento de una pensión como ‘condición’ para acceder a la prestación establecida, con una ‘condición’ para acceder al derecho pensional previsto en el mentado sistema de seguridad social Integral. Por lo dicho, no se anulará el punto en discusión.

En un cuarto lugar viene apropiado recordar que la ‘prima de vacaciones’ concebida por el laudo como modificación del artículo 11 del pliego de peticiones, ya se dejó dicho, no fue asunto ajeno o extraño a aquél, que es el reproche que le hace la censura, dado que allí se persiguió en monto equivalente a 25 días hábiles de promedio salarial, en tanto que en el laudo se dejó en apenas 8 días de salario básico mensual por cada período de vacaciones completo. Así, la razón no está de parte de la empresa impugnante y por tanto se mantendrá tal cual.

En quinto lugar, es del caso asentar que la empresa recurrente confunde la imputación de pagos de las primas anuales o de navidad al valor de la prima de servicios de que trata el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, con la previsión del pago de una suma de dinero, “además de la prima legal de servicios”, a título de “prima extralegal anual por el valor igual al reconocido como prima legal”, en el artículo 13 del pliego de peticiones en la forma como fue modificada por el artículo tercero del laudo arbitral, pues con ello desconoció que la disposición legal no prohíbe tal tipo de estipulaciones, simplemente ordena que el valor de aquellas primas se impute al valor de la prima de servicios, con la posibilidad de que “si la prima de servicios fuere mayor deberá pagar[se] el complemento”, con lo cual no extraña que se prevean primas extralegales que se concedan al trabajador además’ de la prima de servicios del precepto anunciado. No se anulará la prestación discutida.

En sexto lugar cabe decir que al prever el artículo tercero del laudo atacado que el auxilio exequial de que trataba el artículo 27 del pliego de peticiones se concedería por la empresa recurrente “tal y como está estipulado en el auxilio exequial de la póliza establecida para la protección de dichos riesgos”, que la Corte observa a folio 213 del expediente, no es que se hubiere creado una ‘duplicidad’ de beneficios, sino, llanamente, que el Tribunal de Arbitramento dejó claro que a los trabajadores afiliados a la agremiación sindical se les extendería el beneficio previsto en la indicada póliza de vida de grupo ya citada, con lo cual se debe entender que es aquel beneficio y no otro adicional, lo cual no riñe con la naturaleza del laudo, pues en este pueden considerarse beneficios restringidos a otros instrumentos de derechos laborales, como lo es sin duda el plan de beneficios extralegales de la compañía de que dio cuenta la apoderada de la empresa en la comunicación de folios 208 a 211 y que acompañó con copia de la dicha póliza de seguros. Por lo anterior, no se anulara el punto en discusión.

Y en séptimo lugar ha de afirmarse que la aseveración de la recurrente de que los permisos sindicales remunerados, como aquellos de los que da cuenta el artículo tercero del laudo atacado, en la forma como modificó el artículo 31 del pliego de peticiones, competen en su concesión al empleador, pues pueden producir la parálisis parcial o total de la empresa, no puede ser compartida por la Corte desde la perspectiva de que la preceptiva del laudo restringió los mismos a la obligación de la empresa de concederlo para específicas actividades sindicales: desarrollar actividades propias de la actividad sindical y para acudir a las asambleas generales.

Por tanto, cabe decir que conforme con la jurisprudencia vigente el laudo arbitral puede imponer al empleador la concesión de permisos remunerados a los miembros del sindicato con el objeto de desarrollar y atender las tareas propias de la representación sindical, dentro de criterios de necesariedad, razonabilidad, proporcionalidad y equidad. Ello por ser obvio que la empresa debe facilitar a los representantes de los trabajadores el desempeño rápido y eficaz de sus funciones, como a éstos a su participación en determinadas asambleas, sin que por tal razón se perjudique su adecuado funcionamiento.

Así se precisó en sentencia de anulación de 28 de octubre de 2009 (Rad. 40534):

“(…), para que ello proceda, dentro de los varios aspectos a tener en cuenta por el Tribunal de arbitramento, entre otros, advirtiendo que cada caso en particular deberá examinarse, es menester que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea sólo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical y, que esa decisión resista un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como que el permiso sea racional y equitativo, deberán tenerse en cuenta por parte del tribunal, varios aspectos “… entre otros, advirtiendo que cada caso en particular deberá examinarse, es menester que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea sólo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical y, que esa decisión resista un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como que el permiso sea racional y equitativo”.

Luego, los permisos concedidos no pueden desbordar los mentados criterios, pues ello pone en peligro el desempeñó eficaz de la empresa. Y en sentido contrario, si tienen por objeto la actividad sindical, resultan proporcionados o razonables en su número y oportunidad, y no pueden calificarse de inequitativos, el laudo arbitral está llamado a preverlos, si fuere uno de los puntos en discusión en el conflicto colectivo y no apareciere solucionado directamente por la empresa y la organización sindical en conflicto, situación que fue la que aquí aconteció.

En consecuencia, no se anulará la disposición atacada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO ANULAR del laudo arbitral proferido el 18 de agosto de 2015 por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado por el Ministerio del Trabajo para resolver el conflicto colectivo suscitado entre Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Colfondos S.A. ‘Sintracolfondos’.

Cópiese, notifíquese, publíquese y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas, salvamento voto parcial.