Sentencia SL9010-2016/49232 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9010-2016

Radicación 49232

Acta 23

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Rosalba Jeréz Quintana, Eduardo Gómez Guzmán, Arcenio Hernández, Ana Margarita Toro Zamudio y María Gladis Herrera Chaparro contra la sentencia proferida por una Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 31 de mayo de 2010, en el proceso que promovió contra la Fundación Abood Shaio.

I. Antecedentes

Para que se declarara la inaplicabilidad del convenio celebrado entre la Fundación Abood Shaio y la organización sindical denominada “Asociación de Trabajadores Amigos de la Shaio, ATAS”, Rosalba Jeréz Quintana, Eduardo Gómez Guzmán, Arcenio Hernández, Ana Margarita Toro Zamudio y María Gladis Herrera Chaparro demandaron a la primera entidad, para que se declarara ineficaz el plazo acordado para cumplir las obligaciones, por ser contrario a derecho y afectar negativamente sus derechos laborales, y en consecuencia, debe ordenarse el pago de sus primas de vacaciones desde 1999, junto con el reembolso de lo que se les ha venido descontado a sus salarios básicos y la compensación en dinero por dotaciones no entregadas; así como la reliquidación sus prestaciones sociales legales y extralegales desde 1999 y de dominicales y festivos trabajados desde 2000, además el pago de incrementos salariales, la sanción por no pago oportuno de intereses sobre las cesantías y lo descontado por preaviso en la liquidación final (fls. 7 a 19).

Soportaron las anteriores pretensiones en que prestan servicios a la demandada en ejecución de contratos de trabajo celebrados con la misma; que son afiliados al sindicato Anthoc, y por tanto beneficiarios de la convención colectiva de trabajo suscrita con la fundación; que el laudo arbitral del 20 de diciembre de 2000, ordenó el reajuste del salario básico en el 10% de lo devengado en 1999, y desde enero de 2001, el equivalente a la variación del IPC del año 2000; que ante la reticencia de la empleadora para atender lo dispuesto por los árbitros, se vieron en la necesidad de requerirla, empero, solo obtuvieron los aumentos de 2003 y 2004, y no los de los años anteriores; que la empresa dispuso pagarles parcialmente y a plazos los salarios y prestaciones, a lo que no accedieron, e interrumpieron la prescripción con la petición radicada el 17 de diciembre de 2004.

La demandada se opuso al éxito de las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la fecha de vinculación de varios de los demandantes y rectificó otras. Aceptó la vigencia de todos los contratos, excepción hecha de Ana Margarita Toro Zamudio, quien dejó de laborar el 18 de diciembre de 2005. Negó el monto del salario de todos los accionantes y aclaró que el laudo arbitral fue sustituido por el acuerdo de reestructuración empresarial de 30 de noviembre de 2000, “especialmente, por el acuerdo de pago de obligaciones laborales posteriores a la iniciación del acuerdo de reestructuración económica (...) y especialmente, por los de condonación de deudas por beneficios extralegales de 18 de diciembre de 2002” (fls. 178 a 199). Formuló las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, prescripción, pago, firmeza y presunción de legalidad del acto administrativo que aprobó el convenio de condiciones laborales temporales especiales.

II. Sentencia de primera instancia

Fue dictada por el Juzgado Once Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá el 14 de noviembre de 2008 y con ella absolvió a la demandada y dejó las costas a los actores.

III. Sentencia de segunda instancia

Al resolver la apelación interpuesta por los demandantes, el tribunal confirmó la sentencia del a quo e impuso a los apelantes las costas de la alzada.

Tras ubicar el problema jurídico en definir “si el acuerdo de concertación de condiciones laborales que suscribió la organización sindical denominada asociación de trabajadores amigos de la Shaio, ATAS, con la empresa demandada (...), es extensible (...) a los a trabajadores afiliados al sindicato Anthoc, cuando se está en el evento de que la empresa demandada ha ingresado en un proceso de reestructuración, (...)”, y considerar que este convenio tiene pleno respaldo en el artículo 42 de la Ley 550 de 1999, que copió, con apoyo en la Resolución 210 de 2010 (fls. 258 a 265), dedujo que de los 556 trabajadores al servicio de la fundación, 291 están afiliados a ATAS, de suerte “que la representación sindical para todos los efectos laborales la ostenta el referido sindicato (...)”, que no el segundo de los mencionados, tal cual lo preceptúa el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo “ya que (sic), ante la coexistencia de un sindicato de empresa, como es en este caso ATAS, con uno gremial o de industria (...) Anthoc, la representación de los trabajadores para efectos de la contratación colectiva, corresponde al sindicato que agrupe la mayoría de los trabajadores (...)”.

Trascribió un pasaje de la sentencia de casación de 3 de junio de 2009, reiterativa de la de 29 de abril de 2008, radicado 33988, y concluyó que si bien, Anthoc no firmó el acuerdo de condiciones laborales especiales, “esa circunstancia no puede servir de pretexto para desconocer lo que allí se convino en relación con los derechos laborales de los trabajadores afiliados a tal organización sindical, por cuanto el mismo fue convenido con quien ostenta la representación sindical para todos los efectos laborales, como lo es ATAS”, a más que el referido acuerdo fue autorizado por la entidad administrativa competente, en los términos de los artículos 42 de la Ley 550 de 1999 y 7º del Decreto 063 de 2002, mediante actos administrativos que gozan del atributo de la presunción de legalidad.

IV. Recurso de casación

Fue interpuesto por los demandantes, concedido por el tribunal y admitido por la Corte.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida y, una vez convertida en tribunal de instancia, revoque totalmente la del a quo y, en su lugar, se acojan las pretensiones de la demanda inicial.

Con base en la causal primera del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, formula dos cargos, que se resolverán conjuntamente, en tanto persiguen idéntico fin, se dirigen por la misma vía y comparten similitud en su argumentación. Fueron replicados en oportunidad.

VI. Cargos primero y segundo

En el primero, por vía directa, acusa a la sentencia de interpretar erróneamente “el artículo 42 de la Ley 550 de 1999, que trajo como consecuencia la aplicación indebida del artículo 357, numeral segundo del Código Sustantivo de Trabajo, lo que llevó al juzgador a determinar que la organización sindical ATAS estaba legalmente autorizada para firmar acuerdo de condiciones laborales eliminando la convención colectiva de otra organización sindical”.

En el segundo, por la misma senda, denuncia “Interpretación errónea del artículo 6º del Decreto 63 de 2002, norma que reglamentó el artículo 42 de la Ley 550 de 1999. Error que trajo como consecuencia la interpretación errónea del artículo 42 de la Ley 550 de 1999 y la aplicación indebida del artículo 357 numeral segundo del Código Sustantivo”.

En la demostración de la primera acusación, expone que a consecuencia de la infracción directa por intelección equivocada del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, se produjo aplicación indebida del artículo 357, numeral 2º, del Código Sustantivo del Trabajo, lo que llevó al tribunal a concluir que la representación del sindicato ATAS era suficiente para afectar las prerrogativas de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la fundación y Anthoc.

Dice que en la Ley 550 de 1999 se tomaron medidas especialísimas para los procesos de reestructuración económica empresarial, y que aunque su artículo 42 se refiere a la representación sindical, se trata de reglas ajenas a las del estatuto sustantivo laboral, en la medida en que esta especie de trámite no es propiamente judicial. A pesar de ello, prosigue, el ad quem consideró equivocadamente que la única posibilidad de representación sindical era la que traía el numeral 2º del artículo 357 del CST, declarado inexequible.

Insiste en que hubo interpretación errónea de la preceptiva mencionada, pues la Ley 550 de 1990 es especial cuando de esta clase de actuaciones se trata; empero, el tribunal estimó aplicable la norma del Código Sustantivo del Trabajo, olvidando que estas regulan la materia en el marco de un proceso de negociación colectiva. De contera, se llegó a colegir que la representación de ATAS fue legítima, dado el carácter mayoritario que halló acreditado.

En síntesis, en la demostración del segundo cargo, expone que el artículo 6º del Decreto 63 de 2000 es especial, “pues solo opera cuando se trate de “acuerdos” suscitados dentro de procesos de reestructuración de los establecidos en la Ley 550 de 1999”, por lo cual no es admisible, pretextando interpretación armónica, permitir que mediante actas extraconvencionales, se borraran derechos extralegales de los demandantes, con lo cual, aplicó indebidamente el numeral 2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo. Así finaliza:

Para el caso bajo análisis, por la errónea interpretación del artículo 6º de este Decreto 63 de 2002 (anterior al acuerdo celebrado con ATAS), el Honorable Tribunal consideró válido el “Convenio” celebrado con una sola de las organizaciones sindicales cuando esta norma exige que cada una de las organizaciones sindicales o cada uno de los trabajadores no sindicalizados debe aceptar o no el acuerdo, Como Anthoc (asociación sindical a la que pertenecen mis mandantes) ni los demandantes aceptaron dicho “Convenio” celebrado con Anthoc, no les era aplicable.

Téngase en cuenta que en Shaio solo se realizó un acuerdo de condiciones laborales temporales bajo la Ley 550 de 1999 con una sola de las organizaciones sindicales existentes en la Shaio. Nunca se celebró uno de esos acuerdos con Anthoc, organización sindical a la cual pertenecían las demandantes y aun así les aplicó el “acuerdo” celebrado con otra organización sindical, se desconoció de esta manera, lo consagrado en este decreto. Desde el principio mencionamos y así quedó probado, que Anthoc en representación de mis mandantes no acogió el convenio celebrado con ATAS. Tampoco lo aceptaron las demandantes.

VII. Réplica

Arguye insuficiencia en la declaración del alcance de la impugnación, dado que no precisa qué es lo que debe hacerse con el fallo del a quo, una vez se anule el del tribunal, de suerte que dado el carácter dispositivo del recurso extraordinario, está vedada toda actuación oficiosa de la Corte.

También, dice, es insuficiente el señalamiento de las normas infringidas, puesto que las denunciadas no registran los derechos impetrados en la demanda inicial; es decir, no son normas sustanciales. Igualmente, reprocha que no se cuestionara desde lo fáctico, el contenido de las resoluciones que aprobaron el acuerdo de reestructuración empresarial, el cual sigue sirviendo de apoyo a la sentencia gravada.

Aduce que aunque el ataque se endereza por la senda de lo jurídico, la sustentación se basa, esencialmente, “en el desentrañamiento de las mayorías sindicales que condujeron a la aprobación del convenio”, así como “En el análisis sobre su contenido, aplicación y efectos frente a la universalidad de los trabajadores, sindicalizados o no”, por manera que la presentación y demostración incurre en una antinomia que los torna “inapreciables”.

Critica que los impugnantes no indicaran de qué manera el ad quem interpretó erróneamente los preceptos legales, ni precisara cuál es la hermenéutica adecuada de los mismos. De otra parte, sostiene, que se le hace “penoso” rectificar a los recurrentes, en cuanto afirman que el artículo 42 de la Ley 550 de 1999 no tiene contenido laboral y que el sentenciador hizo bien al escoger, de entre 2 normas con vocación de ser aplicadas, “la norma que mayor espectro protector le ofrece”. Por último, copia un fragmento de la sentencia de anulación 33988.

VIII. Consideraciones

En punto a las glosas técnicas formuladas como inhabilitantes para un análisis de fondo de los cargos, la razón no está de lado de la demandada.

No se encuentra inconveniente en que la censura solicite que en sede de instancia, una vez quebrada totalmente la sentencia gravada y revocada íntegramente la de primer grado, se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda inicial, toda vez que esa es la función que justamente debe ejercer la Corte en esa sede, de acuerdo con lo que resulte procesalmente.

Aunque, desde luego, el fallo cuestionado tiene unos pilares fácticos sobre los que se aplicaron las normas jurídicas sustanciales, el sendero directo de confrontación seleccionado por los demandantes supone conformidad con las inferencias probatorias del tribunal, pero nada más, de suerte que si no se confuta el carácter mayoritario del sindicato que celebró el acuerdo de condiciones laborales temporales especiales, y se opta por controvertir la aplicación y el alcance de las normas relativas de la representación sindical, la vía apropiada es, sin duda, la directa.

Con relación a los reparos que se le hacen a la proposición jurídica, debe precisarse que con las normas indicadas por la censura en cada uno de los cargos, se estima suficiente en tanto algunas de ellas fueron la base del fallo recurrido.

Superado lo anterior, debe decirse que dada la vía de ataque escogida, no se controvierten los supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal, tales como que mediante Resolución 44 de 2003, el otrora Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorizó el convenio de condiciones laborales temporales suscrito entre la demandada y la organización sindical denominada Asociación de Trabajadores Amigos de la Fundación Abood Shaio.

El problema jurídico abordado en el presente contencioso no es novedoso en esta sede, toda vez que en procesos adelantados contra la misma demandada, con idéntico escenario fáctico e igual contexto jurídico, esta Sala de la Corte ya ha juzgado como desacertados los fallos en los que el juzgador de segunda instancia ha resuelto en similar sentido a como se hizo en esta ocasión. En sentencia CSJ SL915-2013, radicación 40965, se discurrió y resolvió en los siguientes términos:

La controversia se plantea en torno a establecer si como lo plasmó el tribunal, el acuerdo de condiciones laborales suscrito al interior de un proceso de reestructuración empresarial entre la empresa y la organización señalada, obliga a todos los trabajadores, o si, por el contrario, únicamente vincula a quienes son sus afiliados.

Si bien, el tribunal, estimó inaplicable la Sentencia C-063 del 30 de enero de 2008 que declaró inexequible el numeral 2º del artículo 357 del CST (alusivo a la representación sindical), con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, bajo el entendido que dichas decisiones tienen efectos hacia el futuro “a menos que la Corte resuelva lo contrario”, pasó por alto que el punto central de proceso era la viabilidad del convenio temporal finiquitado a raíz del proceso de reestructuración empresarial invocado por la fundación demandada.

Validez de los convenios temporales de condiciones laborales especiales en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 550/1999

La Ley 550 de 1999, o ley de reestructuración o reactivación empresarial, implementó medidas de intervención estatal en el campo empresarial, con el objeto de regular la liquidación de empresas, la consecuente disminución del empleo, y reactivarlas procurando aliviar su carga financiera, mejorar sus perspectivas de producción, y ser otra vez sujetos de crédito con capacidad de pago, tal como quedó plasmado en la correspondiente exposición de motivos, en la que en uno de sus apartes se señaló:

(...).

Fue así que la Ley 550 de 1999 previó entre otras disposiciones de intervención que tienen que ver con los derechos laborales. Aquellas, al ser examinadas por la Corte Constitucional, fueron calificadas como el marco legal definitorio y “apropiado para lograr la reestructuración del pasivo laboral de las empresas en crisis, y contribuir con ello a su reactivación y a la preservación de las fuentes de empleo....”(1), con la finalidad de que las empresas y los trabajadores acordaran condiciones especiales y temporales en material laboral que faciliten su reactivación y viabilidad.

Esto también se deriva de la exposición de motivos del entonces proyecto de ley, en la que se lee:

“(...) Un elemento esencial de la reactivación empresarial está constituido por la conservación del empleo. Por esa razón, se estimula la concertación de empresarios y trabajadores acerca de condiciones laborales especiales y temporales que contribuyan a la recuperación de la empresa, cuyo fortalecimiento interesa simultáneamente a todos los acreedores, comenzando por sus trabajadores y pensionados. En esta materia, otra vez, se pone de relieve que se interviene para la reactivación de la empresa, punto convergente de los intereses de empresarios y trabajadores”(2).

En lo que al sub lite interesa, el texto definitivo del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, que regula la concertación de condiciones laborales de forma temporal y especial, es del siguiente tenor:

“ART. 42.—Concertación de condiciones laborales temporales especiales. Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales, concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales convenios tendrán la duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, [pactos colectivos], contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos arbitrales.

La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud (en ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma).

El incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo, en la forma y con las consecuencias previstas en esta ley”.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-1319 de 2000 halló exequible el citado artículo 42 de la Ley 550 de 1999, salvo las expresiones entre paréntesis que se declararon inconstitucionales.

Allí al abordarse el estudio de si las convenciones colectivas de trabajo una vez perfeccionadas, podían ser modificadas (ello por la aplicación prevalente de los convenios temporales y especiales celebrados por una empresa en reestructuración y el sindicato que legalmente representara a los trabajadores), se explicó, con apoyo en jurisprudencia relacionada con los artículos 467 y 480 del Código Sustantivo de Trabajo, que tales acuerdos colectivos pueden ser modificados, una vez expire su vigencia y mediante el mecanismo de la negociación colectiva “para adaptarlas a las necesidades e intereses, tanto de los patronos como de los trabajadores”(3) y que son revisables mientras están en vigor “cuando por circunstancias imprevisibles varíen sustancialmente las circunstancias económicas que se tuvieron en cuenta al momento de su celebración”(4).

Así la Corte Constitucional expresó que tal modificación de las convenciones colectivas de trabajo, se puede dar de manera ordinaria o extraordinaria; la primera, en tiempos de normalidad económica, que se presenta en el marco de la negociación colectiva; y la segunda, cuando por razones no previstas han variado las circunstancias económicas presentes al momento de su celebración, lo que impone su revisión para no alterar el equilibrio económico de las relaciones laborales.

El Tribunal Constitucional consideró que los acuerdos modificatorios de una convención colectiva vigente, encaminados a restablecer el equilibrio económico afectado por circunstancias nuevas e imprevistas, mediante los cuales empleadores y trabajadores acuerdan “suspender o reducir temporalmente derechos laborales antes reconocidos, no resulta contrario a la Carta. En efecto, los derechos laborales que se reconocen en las convenciones colectivas son de naturaleza extralegal y una vez adquiridos no pueden ser desconocidos unilateralmente por el empleador, ni eliminados por leyes posteriores, pero ello en sí mismo no impide una concertación para acordar su suspensión total o parcial, como lo propone la normatividad demandada”(5). Agregó que “Por ello, las normas acusadas que, como medidas de intervención económica en asuntos laborales, permiten que dentro de los acuerdos de reestructuración destinados a lograr la recuperación de empresas en crisis se incluyan convenios temporales concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a los trabajadores, suscritos con el fin de suspender total o parcialmente prerrogativas económicas que excedan del mínimo legal, no desconocen derechos adquiridos. Para la Corte esta posibilidad no está proscrita por las normas superiores”(6) (resalta la Sala).

En la mencionada sentencia de exequibilidad, adicionalmente se decidió que lo que sí contradice la Constitución es la expresión contenida en el inciso segundo del referido artículo de la Ley 550 de1999, según la cual “En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma” e igualmente la expresión “pactos colectivos” contemplada en el primer inciso de la mencionada norma. Ello por cuanto el convenio de concertación de condiciones laborales especiales en comento, no puede ser impuesto a los trabajadores no sindicalizados que no deseen participar en él, o respecto de aquellos que se benefician de un pacto colectivo, pues no es dable obligar a estos “a ser representados por el sindicato al que no convinieron en asociarse”.

En este orden de ideas, son válidos los acuerdos de reestructuración, entre ellos el convenio temporal de condiciones laborales especiales autorizado por la Ley 550 de 1999 precepto 42, celebrados entre la empresa y el sindicato que legalmente represente a los trabajadores, que prevalecerá sobre lo pactado en las convenciones colectivas de trabajo vigentes, y cuyo campo de aplicación comprende en general a los trabajadores sindicalizados, y solo excepcionalmente a los no sindicalizados cuando estos últimos manifiesten su deseo de participar en tal convenio, sin que de ninguna manera pueda aplicarse preferencialmente respecto a un pacto colectivo.

De ahí que es completamente legal y constitucional, que en virtud de dichos convenios que persiguen evitar la liquidación de la empresa y lograr la recuperación económica o financiera de la misma, los empleadores y trabajadores sindicalizados puedan suspender o reducir temporalmente beneficios o prerrogativas laborales reconocidas con antelación en una convención colectiva de trabajo.

Representación sindical para la celebración de los convenios temporales de condiciones laborales especiales.

En cuanto al tema de la representación sindical para la suscripción de esta clase de convenios, como se desprende del texto del artículo. 42 de la Ley 550 de1999 y lo determinó la Corte Constitucional al estudiar su exequibilidad mediante la multicitada Sentencia C-1319/2000, la concertación de condiciones laborales temporales especiales debe llevarse a cabo con el “sindicato que legalmente pueda representar” a los trabajadores de la empresa en crisis (resalta y subraya la Sala), lo que significa que en virtud de que la norma en cuestión se remite a lo que “legalmente” se tuviera establecido en materia de representación sindical, habrá de observarse la normativa que regía para el momento en que se suscribió el convenio temporal de condiciones laborales, a efectos de determinar cuál sindicato o sindicatos eran los facultados para celebrar esos acuerdos dentro del proceso de reestructuración o reactivación empresarial, y cuáles trabajadores quedaban sometidos a ellos.

El artículo 357 del CST, subrogado por el D.L. 2351de 1965, en su artículo 26, contemplaba tres eventualidades de representación sindical. La primera que prohibía en una misma empresa la coexistencia de dos o más sindicatos de base —hoy denominados de empresa—, disponiendo que si por cualquier motivo llegaran a coexistir, subsistiría el que tuviera un mayor número de afiliados, el cual debía admitir a los miembros de las otras asociaciones sin restricción alguna; el segundo, que “[C]uando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa” (resalta la Sala), y el tercero regulaba el evento de que ninguno de los sindicatos coexistentes agrupara la mayoría de los trabajadores de la empresa, en cuyo caso se establecía que la representación sindical correspondía conjuntamente a todos ellos, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expidiera el gobierno.

La Corte Constitucional al resolver la demanda contra la norma aludida 357 del CST, en Sentencia C-567 del 17 de mayo de 2000, declaró inexequible lo relativo a la representación sindical, contenido en los numerales 1º y 3º del artículo 26 del D.L. 2351de 1965, por ser contrarios a la Constitución Política. Posteriormente, en decisión C-063 del 30 de enero de 2008, declaró inconstitucional la segunda de tales disposiciones, de allí que no solo el sindicato mayoritario tiene la titularidad y legitimidad para promover y llevar hasta su terminación un conflicto colectivo, sino que cada sindicato, así sea minoritario, tiene por sí mismo la representación sindical y la legitimidad para tales efectos.

La posibilidad de que varias asociaciones sindicales puedan promover conflictos colectivos que culminan con la suscripción de una convención colectiva o la expedición de un laudo arbitral, lleva igualmente a la factibilidad de que coexistan en una empresa más de una convención colectiva de trabajo. Pero en tal caso los trabajadores solo podrán beneficiarse de una de ellas, conforme tuvo la oportunidad de estudiarlo y definirlo la Sala en sentencias de anulación del 29 de abril de 2008 y 28 de febrero de 2012, radicados 33988 y 50795, respectivamente; sin duda ello también debe observarse para efectos de la representación sindical en la suscripción de los acuerdos de reestructuración como el que ocupa la atención de la Sala, que busca reactivar o recuperar a la fundación demandada, concertando con sus trabajadores plazos para el cumplimiento de obligaciones o la suspensión y/o reducción temporal de algunos derechos o prerrogativas extralegales que antes se habían reconocido.

Sin embargo, lo anterior debe armonizarse con lo preceptuado en el Decreto 63 del 18 de enero de 2002 artículo 6º, que reglamentó la Ley 550 de 1999, y se refirió a la representación de los trabajadores en la concertación de esas condiciones laborales temporales especiales, en los siguientes términos:

“Artículo 6º.

“Representación de los trabajadores. La representación de los trabajadores sindicalizados corresponderá al sindicato al cual estos pertenezcan.

“En el evento de que exista más de una organización sindical, la representación de los trabajadores corresponderá a cada uno de los sindicatos, sin perjuicio de que estos, de común acuerdo, decidan que solo uno de ellos los represente.

“Cuando existan trabajadores no sindicalizados, el convenio laboral temporal especial será sometido a consideración de cada uno de ellos, quienes en forma individual podrán adoptarlo”.

De conformidad con lo explicado en precedencia, los <acuerdos de restructuración> que incluyan convenios laborales temporales, se deben celebrar con el sindicato que legalmente represente a los trabajadores sindicalizados, lo cual si acontece en vigencia del artículo 357 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el D.L. 2351 de 1965 artículo 26 numeral 2º y antes de la reglamentación consagrada en el Decreto 63 de 2002 artículo 6º, será el sindicato mayoritario; pero si se produce en vigencia de esta última normativa y cuando en la empresa exista más de una organización sindical, cada una representara a sus afiliados, lo cual está acorde con lo decidido en la sentencia de inexequibilidad C-063 del 30 de enero de 2008 ya reseñada.

En efecto, a partir de la expedición de la norma especial aplicable para definir la representación de los trabajadores en esta clase de acuerdos de reestructuración que involucran convenios laborales temporales especiales, valga decir, el citado Decreto 63 de 2002 que reguló expresamente la situación de la existencia de varios sindicatos, es claro que cada uno de ellos ejerce su propia representación, salvo que estos decidan de común acuerdo que uno solo de ellos los representa a todos. Y ello con independencia de que exista un sindicato mayoritario.

De tal modo que un acuerdo de esta naturaleza celebrado entre un sindicato mayoritario y una empresa en restructuración económica, en vigencia de dicho precepto legal —que se repite es de carácter especial y plenamente aplicable en estos casos—, obliga únicamente a sus afiliados. Y ese u otro cualquiera de los sindicatos podría celebrar un acuerdo de esa naturaleza, vinculante para trabajadores no afiliados a él, solamente cuando tal organización sindical obtenga la representación de otro u otros sindicatos coexistentes. Igualmente, podría cobijar a los trabajadores no sindicalizados, si ellos individualmente aceptan adoptar tal convenio.

A diferencia de la “negociación colectiva” que se desarrolla de manera ordinaria, en la que una convención colectiva de trabajo celebrada con un sindicato mayoritario se extiende a todos los trabajadores de la empresa sean o no sindicalizados, los denominados “convenios de condiciones laborales temporales y especiales”, a los cuales se llega por una situación extraordinaria de crisis de la empresa, no es posible aplicarlos por extensión a los trabajadores pertenecientes a otras organizaciones sindicales, por cuanto debe primar la regulación especial contenida en el Decreto 63 de 2002 en materia de representación, máxime que tales acuerdos o convenios buscan suspender total o parcialmente prerrogativas laborales que excedan el mínimo legal, lo cual no puede afectar a los minoritarios que no participen en la concertación de esas condiciones temporales o transitorias.

Mucho menos es factible imponer tal convenio a los trabajadores no sindicalizados, ya que es sabido que ellos no pueden estar representados por ningún sindicato, menos aun cuando se están beneficiando de un pacto colectivo. Por ello la Corte Constitucional, como atrás se reseñó, en la Sentencia C-1319/2000 al declarar inexequibles algunas expresiones del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, dejó claro que para que a estos trabajadores se les aplique el “convenio de condiciones laborales temporales y especiales”, se requerirá que cada uno de ellos lo adopte o acepte.

De conformidad con lo expuesto, además cabe resaltar que la fundación al contestar la demanda aceptó que “los demandantes pertenecen a otro sindicato” (fl. 185); particularmente afirmó que Stella Medellín Bohórquez, Graciela Otalora Cuervo y María Yenny Ovies Fierro, eran afiliadas a “Anhoc y Astrashaio”; respecto de Bernardita Suárez Rodríguez y Rosalbina Preciado de Montaña certificó que eran afiliadas a “Anthoc”. En comprobantes de pago que obran a folios 275 y ss., 297 y ss. 306 y ss. 317 y ss. y 326 y ss., se advierte que a las actoras se les descontaba del salario, la cuota correspondiente como afiliadas a “Anthoc”, esto prueba en forma fehaciente que no pertenecían a “ATAS” y por tanto no era el sindicato llamado a representarlas.

Lo que significa, que las demandantes tienen derecho a que todas las prerrogativas, beneficios, aumentos o incrementos salariales, prestaciones sociales y/o acreencias legales y extralegales, se les cancelen y liquiden en la forma, plazos, monto y condiciones en que se venían reconociendo y sufragando antes de la firma y ejecución del acuerdo o convenio laboral temporal especial a que se ha hecho mención a lo largo de esta decisión y que no aplica para los afiliados al sindicato minoritario Anthoc, comoquiera que para su negociación o concertación no participó esa organización sindical a la cual pertenecían las promotoras del proceso, sino que para ellas debe observarse es lo estipulado en las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre Anthoc y la Fundación Abood Shaio de las cuales eran beneficiarias, y/o los laudos arbitrales que en relación a esas negociaciones colectivas se hubieran proferido durante el tiempo en que se ejecutó el acuerdo de reestructuración empresarial.

En este orden de ideas, el tribunal cometió los yerros jurídicos endilgados, al estimar que el acuerdo cuestionado por haber sido suscrito por el sindicato mayoritario ATAS, cobijaba a las trabajadoras demandantes afiliadas a la organización sindical minoritaria Anthoc, que no participó en su negociación o concertación. También erró por no tener en cuenta que para los efectos de la Ley 550 de 1999 artículo 42, han de considerarse las reglas de representación de los trabajadores contempladas en el artículo 6º del D.R. 63 de 2002 artículo 6º, en virtud de las cuales no era posible someter o imponer el citado convenio de condiciones laborales temporales especiales a los afiliados de la referida organización minoritaria.

No solo en el precedente trascrito, sino en otros varios, como en CSJ SL16268-2014, CSJ SL 4109 - 2014, CSJ SL 995 - 2014, CSJ SL810- 2013, esta Sala de la Corte ha dejado sentado el criterio de que en vigencia del Decreto 63 de 2002, cuando coexistan sindicatos, la concertación de condiciones laborales especiales en el marco de un acuerdo de reestructuración, la representación está en cabeza de cada uno de ellos, sin importar el carácter mayoritario de uno en particular.

En consecuencia, son fundados y prósperos los cargos. No se imponen costas por el recurso extraordinario.

Antes de dictar la sentencia de instancia, para mejor proveer, se torna indispensable oficiar a la demandada para que en el término de quince (15) días remita con destino al proceso lo siguiente:

1. Certificación de lo devengado y pagado a los actores a título de salario básico, prestaciones sociales legales (cesantías —sean anticipos, consignación a fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), extralegales (bonificación de semana santa, prima de vacaciones, prima extralegal de servicios, incentivos de vacaciones, permisos remunerados), desde el año 1999 hasta la fecha en que se cumpla lo ordenado. Se precisará el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Copia de las liquidaciones finales o definitivas de prestaciones sociales y demás derechos laborales, pagadas a los demandantes cuya relación laboral no se encuentra vigente.

3. Constancias de entrega de dotaciones legales y extralegales a los accionantes desde 1999 hasta la fecha, así como toda compensación en dinero efectuada por salario en especie y casino por ese mismo lapso.

4. Certificación de lo sufragado a cada demandante por trabajo dominical y festivo desde 1999 hasta la fecha de expedición de la certificación.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 31 de mayo de 2010 por una Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Rosalba Jeréz Quintana, Eduardo Gómez Guzmán, Arcenio Hernández, Ana Margarita Toro Zamudio y María Gladis Herrera Chaparro contra la Fundación Abood Shaio.

Para mejor proveer, se dispone oficiar a la demandada para que, en un término de quince (15) días, remita con destino al proceso lo siguiente:

1. Certificación de lo devengado y pagado a los actores a título de salario básico, prestaciones sociales legales (cesantías —sean anticipos, consignación a fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), extralegales (bonificación de semana santa, prima de vacaciones, prima extralegal de servicios, incentivos de vacaciones, permisos remunerados), desde el año 1999 hasta la fecha en que se cumpla lo ordenado. Se precisará el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Copia de las liquidaciones finales o definitivas de prestaciones sociales y demás derechos laborales, pagadas a los demandantes cuya relación laboral no se encuentra vigente.

3. Constancias de entrega de dotaciones legales y extralegales a los accionantes desde 1999 hasta la fecha, así como toda compensación en dinero efectuada por salario en especie y casino por ese mismo lapso.

4. Certificación de lo sufragado a cada demandante por trabajo dominical y festivo desde 1999 hasta la fecha de expedición de la certificación.

Costas, como se dijo.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.

1 C. Const., C-1319/2000.

2 Exposición de motivos al Proyecto de Ley 145 de 1999 Cámara. Gaceta del Congreso 390. Martes 26 de octubre de 1999, pág. 14.

3 C. Const., C-1319/2000.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.