Sentencia SL9018-2017/47151 de junio 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9018-2017

Rad.: 47151

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 22

Bogotá, D.C., veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el Instituto de los Seguros Sociales, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

IX. Consideraciones

Se estudian conjuntamente los dos cargos propuestos, por cuanto están dirigidos por la misma vía, la directa, aun cuando bajo modalidades de violación diferente; existe identidad en la proposición jurídica planteada, persiguen un mismo propósito y se valen de similares argumentos para procurar el quebrantamiento del fallo atacado.

Los reproches expuestos por la censura son infundados, en razón a que el tribunal sí aplicó el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, y a pesar de no haber hecho mención expresa del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, sí hizo referencia a los efectos de las sentencias de constitucionalidad, mismos que son regulados por esta disposición.

Por dirigirse los ataques por la vía de puro derecho, se encuentran por fuera de discusión los hechos establecidos por el juzgador de segunda instancia, esto es: i) Que el compañero permanente de la demandante, José de Jesús Zapata Montoya, falleció el 13 de abril de 1989, por razones de origen laboral, ii) que la accionante convivió por más de tres años con el fallecido, a saber, desde el año de 1974, iii) que de la unión entre el afiliado y la accionante, nació Esmeralda Lucía Zapata Taborda, iv) que durante la convivencia con el finado, la demandante mantuvo vigente el matrimonio con el señor José Guillermo Delgado, y, v) que la demandante reclamó la pensión de sobrevivientes el 26 de abril de 2002.

Pues bien, el descontento del recurrente consiste en que el Tribunal aplicó el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, para reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante, teniendo en cuenta la inexequibilidad de la expresión “siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato”, declarada por la sentencia de la Corte Constitucional C-482 de 1998. Argumenta, que el juzgador de segunda instancia le dio un efecto “aún más retroactivo al dispuesto en la sentencia”, sostiene que la norma que se debió aplicar fue la vigente para la fecha de la muerte del afiliado, esto es, en su estado original.

Frente al tema cumple señalar, que el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, el cual sólo vino a ser derogado por el Decreto 1295 de 1994, y por lo tanto, estaba vigente para la fecha del deceso del afiliado, consagraba:

Para los efectos del artículo anterior, los ascendientes legítimos y naturales del asegurado tendrán unos mismos derechos, siempre que, por otra parte, llenen los requisitos exigidos en su caso; ya a falta de viuda, será tenida como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato; si en varias mujeres concurren estas circunstancias, sólo tendrán un derecho proporcional las que tuvieren hijos del difunto.

Sin embargo, posteriormente la Corte Constitucional en sentencia Corte Constitucional C-482 de 1998 declaró la inexequibilidad de la expresión “siempre que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato”, y respecto a los efectos de la misma en el tiempo, expresó en la parte considerativa lo siguiente:

8. Los argumentos expuestos conducen a declarar la inconstitucionalidad de la expresión “siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato”. La pregunta que ahora debe responderse es si la sentencia debe tener efectos únicamente hacia el futuro, o también hacia el pasado.

La Corte estima que la sentencia debe tener efectos retroactivos a partir del momento en que entró a regir la Constitución de 1991, es decir, el 7 de julio de 1991. Dos razones conducen a esta conclusión: la primera, que desde la entrada en vigor de la Constitución era evidente la inconstitucionalidad del precepto acusado, puesto que en la Carta se le dio expresamente igual valor a las uniones de hecho y a las uniones originadas en el matrimonio. Y la segunda, que el derecho a la pensión de sobreviviente está vinculado en la mayoría de los casos a la satisfacción de las necesidades mínimas de las familias que han perdido los ingresos que aportaba el miembro fallecido. Es decir, el derecho a la pensión de jubilación responde a las necesidades de seguridad social de personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, a las cuales debe atender de manera especial el Estado.

En consecuencia, se determinará que aquellas personas a las que les fue negada la pensión de sobreviviente en razón de la expresión acusada, luego de la entrada en vigencia de la actual Constitución, tienen derecho a obtener el reconocimiento de la aludida pensión, para poder recibir las mesadas respectivas, salvo el caso de aquellas respecto de las cuales ya hubiere operado el fenómeno de la prescripción.

Y en la parte resolutiva, determinó que:

Segundo. Las personas que, con posterioridad al siete de julio de 1991 no hubieren podido sustituirse en la pensión del fallecido, por causa de la aplicación del texto legal que ha sido declarado inconstitucional, podrán, a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes el reconocimiento de su derecho a la sustitución pensional.

Ahora bien, en relación con los efectos retroactivos de la decisión citada en precedencia, esta Corporación ya tuvo la oportunidad de pronunciarse. Así es, como en sentencia Corte Suprema de Justicia SL-4200-2016, se estimó:

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-482 de 1998 declaró inexequible esta regla, con la siguiente aclaración: “Las personas que, con posterioridad al siete de julio de 1991 no hubieren podido sustituirse en la pensión del fallecido, por causa de la aplicación del texto legal que ha sido declarado inconstitucional, podrán, a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes el reconocimiento de su derecho a la sustitución pensional”.

Y en sentencia Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, 12 de diciembre 2007, radicación 31613, se consideró:

Así pues, el caso no podía, ni puede, ser resuelto bajo una legislación distinta a la señalada, así el Tribunal se hubiere equivocado al citar la norma pertinente. Y ello es así, sin que para nada incida el fallo C-482 proferido por la Corte Constitucional el 9 de septiembre de 1998, dado que los efectos retrospectivos allí señalados sólo operan para los compañeros que, por no ser solteros durante la convivencia marital, se les hubiere negado la pensión de sobrevivientes deferida después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, en los precisos términos del aludido fallo de inexequibilidad parcial. (Negrilla de la Sala)

De lo dicho en precedencia, se puede concluir que no le asiste razón al censor; realmente, el Tribunal no excedió los efectos retroactivos de la sentencia de constitucionalidad mencionada, al tener en cuenta la inexequibilidad de la expresión “siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato” para reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante, en razón a que, al reclamarse por primera vez la prestación el 26 de abril de 2002, y ser negada la misma, todo con posterioridad al 7 de julio de 1991, y no existir cosa juzgada al respecto, le eran aplicables al caso los efectos del control de constitucionalidad de la norma.

Por las razones anteriores, no prosperan los cargos.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de siete millones de pesos ($7.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de abril de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Lucía de los Dolores Taborda Madrigal contra el Instituto de Seguros Sociales, sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».