Sentencia SL-905-2013 de noviembre 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL-905-2013

Rad.: 37865

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 40

Decisión de instancia

Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Se considera

En relación con la inconformidad planteada en el recurso de apelación que interpusiera el demandante contra la sentencia absolutoria de primer grado, que se contrae básicamente a la vigencia de la relación laboral del demandante para el momento en que se presentó la demanda inicial con que se dio apertura a esta controversia, y la determinación de los extremos temporales que echó de menos el a quo, lo que permite impartir las condenas del caso (fls. 97 y 98, cdno. del juzgado), tuvo éxito parcialmente en la alzada que, como quedó visto, revocó la decisión apelada para imponer algunas condenas a cargo de la sociedad demandada y su socio Óscar Jaime Jacobs Torres, aun cuando aquellas fueron liquidadas solo hasta el 19 de marzo de 2002, fecha de presentación de la demanda.

Encontrándose definido en la esfera casacional, que el contrato de trabajo del demandante estaba ejecutándose para la data de presentación de la demanda introductoria, veamos sí es posible determinar en sede de instancia, que dicho trabajador continúo laborando y hasta cuando específicamente, conforme a la información suministrada y el material probatorio obrante en el proceso, de lo cual depende que se declare que el vínculo contractual aún está vigente o que finalizó ulteriormente, con la consecuente liquidación de las condenas a una fecha posterior a la tomada por el tribunal, y al respecto se observa lo siguiente:

1. La parte demandada informa a la Corte que el demandante no se encuentra actualmente laborando con la Escuela Vial de Conducción, toda vez su contrato de trabajo finalizó en el “año 2002”, pero que no cuenta con la información “del día y el mes exacto de dicha terminación contractual, debido a que los archivos físicos correspondientes al período 1994-2009, fueron hurtados de nuestra sede el día 23 de marzo de 2009”. Para demostrar esa aseveración aportó copia de la correspondiente denuncia penal presentada por el representante legal de la empresa ante la Fiscalía General de la Nación el 8 de junio de 2011, en el que se deja constancia del hurto ocurrido el “23 de marzo de 2009, en el establecimiento, en calle 56 Nº 56-92 pisos 1-2, donde se sustrajeron entre otros: los libros de contabilidad, registros, hojas de vida, actas de información contable, certificados de la escuela, de los años 1994 a 2009” (fls. 76 a 81, cdno. de la Corte).

2. No existe en el plenario ninguna prueba documental que demuestre que durante los años 2003 y subsiguientes, el actor estuviere prestando servicios personales y subordinados a la sociedad demandada, por lo cual no resulta procedente establecer, como lo sugiere la parte actora, que el contrato de trabajo aún se encuentra vigente, por estar durante todo este tiempo “disponible” “para el primer momento que sea llamado a trabajar”. Es más, en el escrito de apelación el apoderado del demandante advierte que el señor José William Sánchez Quintero no volvió a prestar servicios, pues “después de la demanda no lo volvieron a llamar a dictar clases de conducción, pero naturalmente que ha estado siempre disponible, nunca se ha negado a ejecutar o laborar durante una hora de clase” (fl. 97, cdno. ppal.).

La única documental que refiere a una fecha de terminación del contrato de trabajo, data del 15 de noviembre de 2000, en el que se le comunica al accionante de su finalización a partir del 31 de diciembre de ese año (fl. 34, cdno. del juzgado), determinación que finalmente no se hizo efectiva, porque en la contestación de la demanda inicial que hizo la empleadora el 10 de septiembre de 2002 (fl. 54, cdno. del juzgado), la empresa admitió como cierto al dar respuesta a los hechos dieciséis y diecisiete, que el actor luego del 31 de diciembre de ese año continuó laborando y que relación laboral con el demandante estaba vigente, pues aún se encontraba trabajando para la sociedad demandada (fl. 52 ibídem). Del mismo modo, la comunicación dirigida por el accionante a la sociedad demandada, reclamando el pago o consignación de la cesantía al respectivo fondo, data de una fecha anterior al 2003, esto es, “marzo 1º de 2002” (fl. 36 ídem).

Con los dichos de los testigos no se logra corroborar lo aseverado por la parte actora. En efecto, si bien el deponente Joaquín Emilio Vélez Argáez da cuenta de la relación laboral del actor con la sociedad convocada al proceso, no le consta personalmente hasta cuándo pudo haber laborado, ya que se retiró antes en el año 2001, aun cuando afirmó que luego se enteró que “él continuó trabajando por un año larguito más” (fl. 76). El declarante Gonzalo Arango, también compañero de trabajo, al igual que el anterior testigo cuando se desvinculó de la Escuela de Conducción en el año 1999, dice que el demandante siguió laborando y por ende no le consta nada de ahí en adelante (fl. 80). El señor René Nicolás Pérez Navarro aseguró que el actor era instructor de conducción de la sociedad demanda, y que tenía conocimiento que “William Sánchez ya no está trabajando allá pero trabajó muchos años” (fl. 81).

Lo anterior significa, que tal como quedó definido en sede de casación y está confesado por la empleadora accionada desde la contestación de la demanda, el contrato de trabajo del demandante estaba vigente para la data en que se instauró la presente acción judicial, e incluso hasta la fecha en que se contestó el libelo (sep. 10/2002). Igualmente con la información y pruebas reseñadas se llega a la conclusión de que la relación laboral sí finalizó y por ello a la fecha no se encuentra ejecutándose, y más bien, por los dichos de los testigos, es dable colegir que su retiro laboral se produjo efectivamente en el año 2002.

3. Se comprobó que el actor comenzó a laborar con la empresa demandada desde el 1º de febrero de 1999 y se conoce que el actor prestó sus servicios hasta el año 2002, no siendo dable tomar como extremo final alguna fecha específica que hubiera señalado el demandante y que fuera posible ubicar dentro del anterior espacio temporal, toda vez que lo sostenido por esa parte era que el contrato de trabajo continuaba vigente para el momento en que se presentó la demanda genitora.

La jurisprudencia adoctrinada de esa Sala ha fijado el criterio según el cual, en estos casos, en que no se conocen con exactitud los extremos temporales, se podrían dar por establecidos en forma aproximada, cuando se tenga seguridad sobre la prestación de un servicio en un determinado período, para así poder calcular los derechos laborales o sociales que le correspondan al trabajador demandante. Al respecto, en sentencia de la CSJ Laboral del 22 de marzo de 2006 Rad. 25580, reiterada en decisiones del 28 de abril de 2009 Rad. 33849 y 6 de marzo de 2012 Rad. 42167, se dijo:

“(...) Aunque no se encuentra precisada con exactitud la vigencia del contrato de trabajo, esta podría ser establecida en forma aproximada acudiendo a reiterada jurisprudencia sentada desde los tiempos del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, según la cual cuando no se puedan dar por probadas las fechas precisas de inicio y terminación de la relación laboral, pero se tenga seguridad de acuerdo con los medios probatorios allegados sobre la prestación del servicio en un periodo de tiempo que a pesar de no concordar exactamente con la realidad da certeza de que en ese lapso ella se dio, habrá de tomarse como referente para el cálculo de los derechos laborales del trabajador.

En sentencia de 27 de enero de 1954, precisó el Tribunal Supremo:

<Si bien es cierto que la jurisprudencia de este tribunal ha sido constante en el sentido de que cuando quien debe demostrar el tiempo de servicio, y el salario devengado, no lo hace, no hay posibilidad legal para condenar al pago de prestaciones, salarios o indemnizaciones, es también evidente que cuando de las pruebas traídas a juicio se puede establecer sin lugar a dudas un término racionalmente aproximado durante el cual el trabajador haya servido, y existan por otra parte datos que permitan establecer la cuantía del salario devengado, es deber del juzgador desentrañar de esos elementos los hechos que permitan dar al trabajador la protección que las leyes sociales le garantizan>.

En el sub examine se conocen el año y el mes, pero no el día en que empezó y terminó la relación; de acuerdo con el criterio anterior, habría de entenderse como probado el extremo inicial del vínculo laboral a partir del último día de noviembre del año 2000, y como extremo final, el señalado por el actor en la demanda, es decir, el 23 de diciembre de ese año, por estar dentro del espacio temporal que quedó probado. Así, se habría establecido que el contrato tuvo vigencia entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2000” (resalta la Sala).

En tales condiciones, si se trata de la fecha de ingreso, teniendo únicamente como información el año, se podría dar por probado como data de iniciación de laborales el último día del último mes del año, pues se tendría la convicción que por lo menos ese día lo trabajó. Empero frente al extremo final, siguiendo las mismas directrices, sería el primer día del primer mes, pues por lo menos un día de esa anualidad pudo haberlo laborado.

Cuando el trabajador demandante no precisa o no logra probar con exactitud la totalidad del tiempo servido a su empleador, no implica que deba perder el derecho a percibir los salarios o prestaciones sociales correspondientes al lapso de la actividad que logró demostrar judicialmente y, por tanto, la totalidad del tiempo servido es el que resulte probado en la litis.

Volviendo al caso sub judice, en el que solo se conoce que el demandante laboró hasta el año 2002, no es posible tomar como fecha de retiro el 1º de enero de esa anualidad, ya que existe confesión de la sociedad demandada al dar respuesta al libelo demandatorio en el sentido de que al 10 de septiembre de 2002, fecha en que se presentó la contestación a la demanda introductoria, aún continuaba vinculado, sin que hubiera sido posible esclarecer la fecha real posterior de terminación del contrato de trabajo, con las pruebas que, para mejor proveer, se solicitaron para dictar la sentencia de instancia.

Cabe recalcar, que tampoco la confesión ficta que recayó sobre los demandados por no asistir a absolver el interrogatorio de parte decretado (fls. 78 a 80, cdno. del juzgado), puede servir de prueba de que la relación laboral del demandante se mantuvo más allá del año 2002, habida cuenta que, como se dejó sentado al resolverse el recurso de casación, dicha confesión no quedó estructurada en debida forma, al haber omitido el juez de conocimiento determinar sobre qué hechos susceptibles de ese medio de convicción recaían sus consecuencias.

Así las cosas, el Tribunal se equivocó al establecer como fecha de retiro del actor el día 19 de marzo de 2002, sin considerar que la relación laboral continuó ejecutándose.

Sin embargo, como no se logró establecer con certeza una fecha cierta posterior de desvinculación, ni siquiera aproximándola bajo los parámetros o directrices jurisprudenciales, esto lleva indefectiblemente a concluir que los salarios, prestaciones sociales y demás derechos demandados, solo se puedan liquidar por el lapso que judicialmente se probó, esto es, del 1º de febrero de 1999 hasta el 10 de septiembre de 2002, data última en que se tiene conocimiento que el promotor del proceso aún estaba trabajando y con la cual ha de fulminarse las condenas.

De tal modo que, el contrato de trabajo que ligó al demandante con la demandada Escuela Vial de Conducción Ltda. se inició el 1º de febrero de 1999, el cual para el 10 de septiembre de 2002 —fecha de la contestación de la demanda— aún continuaba vigente, y será hasta esa data que se liquidarán las prestaciones sociales y demás acreencias laborales objeto de condena, más no como procedió la alzada con corte al 19 de marzo de 2002 —fecha de presentación de la demanda inicial—.

Así las cosas, como la sentencia de segunda instancia, se casó parcialmente, valga decir, únicamente en lo que respecta a la fecha hasta la cual debía calcularse los derechos sociales o acreencias laborales a sufragar a favor del promotor del proceso, se mantendrán los mismos ítems que acogió la alzada aun cuando se condenará por una suma superior, e igualmente se conservará incólume la condena impuesta por dotación en la forma allí dispuesta y la absolución de los demás conceptos.

En consecuencia, la Corte actuando como tribunal de instancia, revocará el fallo absolutorio del a quo, para en su lugar imponer condena por auxilio de cesantía e intereses a la misma, prima de servicios, vacaciones compensadas en dinero, y sanción moratoria por la no consignación de la cesantía en un fondo, tomando para efectos de su liquidación como extremo final el 10 de septiembre de 2002 y una asignación salarial equivalente al salario mínimo legal vigente para la época por no haberse demostrado una suma mayor.

Dichas condenas con los valores a pagar, es posible condensarlas en el siguiente cuadro:

 

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Fecha de ingreso01-feb.-99Fecha de liquidación10-sep.-02Total a pagar
CesantíasAñovalor  
1999$ 197.355,00
2000$ 260.100,00
2001$ 286.000,00
  01-ene.-0210-sep.-02$ 214.583,33
Total$ 743.455,00  $ 214.583,33$ 958.038,33
Intereses sobre cesantíasAñoValor  
1999$ 19.735,50
2000$ 31.212,00
2001$ 34.320,00
  01-ene.-0210-sep.-02$ 17.881,94
Total$ 85.267,50 Total$ 17.881,94$ 103.149,44
Primas de serviciosAñoValor  
1999$ 197.355,00
2000$ 260.100,00
2001$ 286.000,00
  01-ene.-0210-sep.-02$ 214.583,33
Total$ 743.455,00 Total$ 214.583,33$ 958.038,33
VacacionesAñoValor02-feb.-0010-sep.-02$ 408.137,50 
1999-2000$ 260.100,00 Total$ 408.137,50$ 668.237,50
Indemniz. por no consignar cesantíasAñoValor  
15-feb.-01$ 2.841.912,00
15-feb.-02$ 3.121.200,00
19. mar.-02$ 314.600,0020-mar.-0210-sep.-02$ 1.792.200,00
Total$ 6.277.712,00 Total$ 1.792.200,00$ 8.069.912,00

 

Finalmente, en lo concerniente a las costas, las de la primera instancia quedarán a cargo de la parte vencida, o sea la sociedad demandada y el demandado persona natural Óscar Jaime Jacobs Torres, sin que se causen en la alzada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se REVOCA el fallo absolutorio de primer grado, para en su lugar DECLARAR que el contrato de trabajo que ligó al demandante JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ QUINTERO con la demandada ESCUELA VIAL DE CONDUCCIÓN LTDA., se inició el 1º de febrero de 1999 y se mantuvo vigente por lo menos hasta el 10 de septiembre de 2002, fecha de la contestación a la demanda inaugural, y, como consecuencia de lo anterior, se CONDENA a la citada sociedad accionada y su socio ÓSCAR JAIME JACOBS TORRES, a pagar a favor del actor los siguientes conceptos y sumas de dinero:

a) NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 958.038,33) M/CTE., por cesantía.

b) CIENTO TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 103.149,44) M/CTE., por intereses a la cesantía.

c) NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (958.038,33) M/CTE., por prima de servicios.

d) SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 668.237,50) M/CTE., por vacaciones.

e) OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($ 8.069.912,oo) M/CTE., por indemnización por la no consignación en un fondo de cesantía.

Se MANTIENE la condena impuesta por dotación —zapatos y vestido de labor— en la forma dispuesta por el tribunal, así como la absolución de las demás pretensiones formuladas en contra de los accionados antes mencionados y la absolución total respecto del demandado JAMES ARTURO JURADO FLÓREZ.

2. Las costas de la primera instancia a cargo de los demandados vencidos en el proceso, y no se causan en la alzada.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».