Sentencia SL9063-2014/46464 de julio 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 46464

SL9063-2014

Magistrado ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 21

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES

No le asiste razón a la oposición en cuanto al defecto técnico que le endilga al cargo, ya que esta Sala de la Corte ha adoctrinado, con reiteración, que la acusación de asuntos concernientes a la aducción, aportación, decreto y validez de pruebas únicamente es susceptible de impugnación por la vía directa, debiéndose acusar la violación de medio de las normas procesales pertinentes, pues antes que incurrirse por parte del sentenciador en un equivocado entendimiento de los hechos, lo que en realidad se presenta es la infracción de las normas procesales que rigen la producción, aducción y validez de los medios de convicción legalmente admisibles (Ver sentencias CSJ SL, 1 jun. 2006, Rad. 27452 y CSJ SL, 7 Feb 2001, Rad. 15438, entre otras).

Superado lo anterior debe decirse que la censura le reprocha al Tribunal haber apoyado su decisión en la historia laboral del demandante, la cual no había sido decretada como prueba y fue allegada al proceso de manera extemporánea.

En estas condiciones, corresponde a la Sala determinar si, tal como lo plantea el censor, el ad quem infringió las disposiciones que estaba obligado a observar sobre aportación, aducción y validez de la prueba que se acaba de reseñar, que es a lo que se circunscribe el ataque.

Para dar respuesta al cargo debe ponerse de presente que en el escrito de demanda el actor únicamente solicitó y aportó como pruebas: i) Fotocopia de la Resolución 10200 de 2004 expedida por el ISS, ii) Copia de la solicitud de reliquidación de la pensión, presentada ante la demandada y iii) 10 autoliquidaciones mensuales de aportes, correspondientes al demandante, efectuados por Coltejer S.A. al ISS (fls. 3 a 4). Es decir, el actor no pidió su historia laboral o reporte de semanas cotizadas. Por su parte, al contestar la demanda, el ISS únicamente solicitó como prueba el interrogatorio de parte al demandante (fl. 24).

En la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez de conocimiento decretó como pruebas: «la documentación aportada y anunciadas (sic) en la demanda» y el interrogatorio de parte al demandante (fls. 30 a 30 reverso).

Surtidas las etapas procesales, el juzgado de primera instancia, en audiencia celebrada el 8 de marzo de 2007, dispuso cerrar el debate y señalar las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del 27 de febrero de 2008 para que tuviera lugar la audiencia pública de juzgamiento (fl. 35). Posteriormente y mediante escrito radicado ante el juzgado el 22 de enero de 2008, el vocero judicial del demandante allegó la historia laboral «donde aparecen las cotizaciones para el ISS hasta el mes 07 del 2003».

Sin pronunciarse sobre el referido documento, ni correrle traslado del mismo a la parte demandada para que lo contradijera, el juzgado procedió a dictar sentencia. Al apelar la anterior decisión, el ISS adujo, entre otras razones, que: «…el mismo demandante un mes antes de emitirse el fallo aportó copia de la historia laboral y liquidación con el promedio de los últimos diez años, liquidación que legalmente no le es oponible legalmente al demandado » (fl. 59).

Pues bien, estima la Sala que le asiste razón a la censura en cuanto a que no era posible asignarle ningún valor probatorio al documento visible a folios 37 a 44 del expediente, que corresponde a la historia laboral o reporte de semanas cotizadas del demandante, ya que esa documental nunca fue solicitada como prueba, ni decretada como tal y, además, fue allegada extemporáneamente cuando el debate probatorio se había cerrado. Tenerla en cuenta, como lo hizo el Tribunal, viola el derecho de defensa de la parte demandada.

Si bien es cierto que el juez colegiado no hizo alusión expresa al referido reporte de semanas cotizadas por el demandante al ISS, es claro que sí lo tuvo en cuenta para adoptar su decisión pues no de otra manera habría podido llegar a la conclusión de que el promotor del litigio había cotizado hasta agosto de 2005 y haber obtenido un ingreso base de liquidación de la pensión del demandante. En efecto, el de folios 37 a 44 del expediente es el único reporte de semanas cotizadas por el actor que obra en el expediente, por lo que solo con base en tal documento el Tribunal pudo proceder a determinar la cuantía de la pensión.

Importa mencionar que no es de recibo para la Corte la razón que tuvo el ad quem para darle valor probatorio a la multicitada historia laboral del actor en cuanto estimó que «si bien la apoderada recurrente considera que la historia laboral que fue aportada al proceso, no reúne las características de un documento, bien pudo en su debida oportunidad procesal haberla tachado de falsa o controvertir la información contenida en ella por medio del recurso interpuesto», pues la entidad demandada no tuvo oportunidad para contradecir dicho documento ya que nunca se le corrió traslado del mismo por lo que ni siquiera tenía conocimiento sobre su aducción. Además, no debe perderse de vista que la referida documental fue allegada por fuera de audiencia pública cuando ya había finalizado el debate probatorio y solo quedaba pendiente que se realizara la audiencia pública de juzgamiento.

Debe recordarse que la prueba, para ser considerada legalmente como tal, debe haber agotado las siguientes etapas fundamentales: Petición, decreto y práctica. En el presente caso es claro que la historia laboral del demandante que apreció el Tribunal no puede ser considerada como una prueba válida en la medida en que no fue solicitada por ninguna de las partes, no fue decretada por el juez y no se le dio a la demandada la oportunidad para controvertirla.

Ahora bien, siempre que se cumplan cabalmente los principios de publicidad y posibilidad de contradicción es posible entrar a valorar la prueba por parte del juez. En el presente caso no se dio cumplimiento a los referidos principios pues, como ya se vio, la historia laboral del demandante fue aportada al proceso sin conocimiento de la demandada y nunca se le dio la oportunidad de contradecirla.

Además de lo anterior, tampoco se dio aplicación a los principios de oralidad y publicidad, cuya finalidad es impedir que haya pruebas ocultas y que se cumpla con la debida publicidad y contradicción de la prueba.

Todo lo expuesto lleva a la Sala a concluir que al darle valor probatorio a la historia laboral del actor, el Tribunal infringió el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que prevé que «El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo», así como el 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso por remisión analógica, según el cual «Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso». Ello por cuanto fundó su decisión en una prueba irregular y extemporáneamente allegada al plenario.

Importa señalar que la jurisprudencia de esta Sala de Casación ha explicado en qué casos puede el Tribunal valorar pruebas allegadas al proceso en primera instancia luego de clausurado el debate probatorio, de lo que es ejemplo la sentencia CSJ SL, 10 mayo 1991, Rad. 4256, en la que adoctrinó:

Los artículos 83 y 84 del Código Procesal del Trabajo regulan las posibilidades, naturalmente excepcionales, de que en el trámite de apelación de sentencias se ordenen, practiquen y consideren pruebas que no pudo tener en cuenta el fallador de primer instancia. De acuerdo con dichas disposiciones: 

a) Las partes no pueden solicitar nuevas pruebas en segunda instancia; 

b) Pueden las partes, sin embargo pedir que el Tribunal ordene la práctica de aquellas pruebas que decretadas en primera instancia, no se hubieren practicado sin culpa del interesado; 

c) El Tribunal está facultado para practicar de oficio o para ordenar la práctica de aquella pruebas que considere necesarias para decidir el recurso; 

d) El Tribunal debe considerar las pruebas incorporadas o allegadas al proceso en primera instancia, luego de clausurado el debate probatorio, siempre que en esa misma instancia hayan sido pedidas oportunamente. 

Todas las anteriores hipótesis dejan naturalmente indemnes los principios de publicidad y contradicción de la prueba ya que ninguna de ellas el Tribunal puede considerar medios probatorios sorpresivos o desconocidos para los litigantes. En efecto, en los casos en los cuales el ad quem ordena la práctica de pruebas que, aunque pedidas en tiempo se dejaron de practicar sin culpa del interesado, o de aquellas que de oficio consideran necesarias para decidir, esa disposición y aun la práctica misma de las pruebas se debe cumplir en audiencia pública dentro de la cual las partes podrán conocerlas y controvertirlas. Y en el caso de las pruebas allegadas inoportunamente en la primera instancia, la ley da por supuesto que hayan sido oportunamente pedidas y, por consiguiente, que la orden de su práctica se haya cumplido en audiencia y que se hayan recibido con las debidas garantías de la publicidad y de la posibilidad de contradicción.

De acuerdo con el anterior criterio jurisprudencial, que en esta oportunidad se reitera, estima la Sala que solo es posible que el Tribunal aprecie las pruebas allegadas en primera instancia después de cerrado el debate probatorio, cuando han solicitadas por las partes en la debida oportunidad procesal. Dicha oportunidad, por regla general, no es otra que al presentar la demanda para el demandante, o al contestarla para el demandado.

En estas condiciones, debe concluirse que no podía el Tribunal asignarle ningún valor probatorio al reporte de semanas cotizadas de folios 37 a 44.

Finalmente, importa anotar que en el presente caso no resultaba aplicable lo dispuesto por el inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual «En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio», toda vez que las cotizaciones que el demandante pretendía probar con el reporte de semanas cotizadas allegado irregular y extemporáneamente al proceso, habían sido realizadas antes de haberse presentado la demanda. Significa lo anterior que con el aludido documento no se estaba demostrando un hecho «ocurrido después de haberse propuesto la demanda», como lo exige la norma pretranscrita.

Al haber demostrado el censor la violación medio de las normas procesales enlistadas en la proposición jurídica del ataque, resulta procedente la casación total de la sentencia impugnada en los términos solicitados en el alcance de la impugnación.

Dado el resultado de este cargo, se hace innecesario estudiar el primero.

Para la decisión de instancia y mejor proveer, se dispondrá solicitar al ISS, que remita con destino al proceso la historia laboral o reporte de semanas cotizadas del demandante.

No se causaron costas en el recurso extraordinario dada su prosperidad.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 2 de marzo de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que Julio César Ortiz Gutiérrez promovió contra el Instituto de Seguros Sociales.

Para la decisión de instancia y mejor proveer, se dispone solicitar al ISS, que remita con destino al proceso la historia laboral o reporte de semanas cotizadas del demandante.

Por secretaría líbrese el oficio correspondiente.

No se causaron costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».