Sentencia SL918-2014 de enero 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL918-2014

Radicación 49254

Acta 2

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil catorce.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la Fundación Universitaria San Martín contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso que contra la recurrente promovió Carolina Ruiz Ramírez.

I. Antecedentes

En lo que al recurso interesa es suficiente decir que ante el Juzgado Quince Laboral del Circuito de esta ciudad, la demandante persiguió, entre otras pretensiones, que la hoy recurrente fuera condenada a págale la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en razón de las acreencias laborales insolutas a la terminación de su vínculo laboral.

Fundó la particular pretensión en que le prestó sus servicios personales entre el 1º de junio de 2000 y el 30 de septiembre de 2004 mediante la velada forma de contratos de prestación de servicios, hasta cuando esta la despidió sin justa causa, sin que le hubiera cubierto los débitos laborales a los que tuvo derecho durante toda la relación por ser su condición de trabajadora subordinada, y sin que le pagara las respectivas indemnizaciones, entre ellas la moratoria deprecada.

II. Contestación a la demanda

Al contestar la fundación demandada, aunque aceptó haber contado con los servicios afirmados en la demanda, desconoció la naturaleza contractual laboral de la misma y afirmó haber quedado a paz y salvo con la contratista. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, carencia de respaldo normativo, cobro de lo no debido, pago, buena fe, compensación, novación y la llamada “genérica”.

III. Sentencia de primera instancia

Fue proferida el 30 de septiembre de 2009 por el Juzgado Noveno (de Descongestión) Laboral del Circuito de esta ciudad, y con ella, aun cuando profirió otras condenas, absolvió a la demandada del pago de varios conceptos, entre ellos de la reclamada indemnización moratoria.

IV. Sentencia del tribunal

La alzada se surtió por apelación de ambas partes y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el Tribunal de Bogotá adicionó la de su inferior, en cuanto condenó a la demandada a pagar a la actora la indemnización por no consignación de la cesantía a un fondo especializado, aportes a seguridad social y “la suma de $ 56.700 diarios, a partir del 1º de octubre de 2004 y hasta el momento en que se efectúe el pago de los salarios y prestaciones sociales por concepto de sanción moratoria del artículo 65 del CST”.

A ese respecto, una vez dio por probado que entre las partes se produjo una relación contractual laboral entre el 1º de junio de 2000 y el 30 de septiembre de 2004, que la empleadora terminó sin justa causa, y dio por superada la discusión sobre las condenas impuestas por el juzgado a quo, resaltó que la condena al pago de la reclamada indemnización moratoria exige una análisis de la conducta patronal de la demandada a la terminación del vínculo, la cual no encontró exculpada para el caso, pues a diferencia del juez de primer grado, advirtió que la prueba documental apuntaba a demostrar que “la demandada desplegó un comportamiento que solo es entendible en un verdadero empleador”, lo que daba lugar a que tuviera que pagar lo debido a la terminación del contrato, pero como no lo hizo, advirtió que “se procederá entonces a modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, para condenar a la demandada a pagar a la actora la sanción prevista en el artículo 65 del CST”, la que calculó en la suma ya indicada, “conforme a lo establecido en el artículo 65 del CST modificado por la Ley 789 de 2002, vigente al momento de la relación laboral”, y que no encontró afectada por el fenómeno de la prescripción, dado que “la demanda fue interpuesta el 7 de septiembre de 2005, admitida y notificada a la demandada en el término del artículo 90 del CPC, modificado por la Ley 794 de 2003”.

V. El recurso de casación

En la demanda con la que lo sustenta, que fue replicada, la fundación recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal, en cuanto adicionó la del juzgado para condenarla al pago de la indemnización moratoria en la forma allí descrita, para que, “en su lugar, ordene que la condena (...) sea tasada a 24 meses y a partir del mes 25 se condene a los intereses moratorios a la tasa máxima de los créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, sobre los conceptos de salarios y prestaciones sociales, tal como lo ordena el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 que introdujo una modificación al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con la interpretación que le ha dado esa H. Corte en fallos anteriores”.

Con ese propósito le formula un cargo que se resolverá enseguida, con lo replicado.

VI. Único cargo

Acusa la sentencia de interpretar erróneamente el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en relación con los artículos 16, 23, 24, 64, 249, 306 y 307 del Código Sustantivo del Trabajo; 177 del Código de Procedimiento Civil; 53 y 230 de la Constitución Política y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Parte la recurrente de no discutir los supuestos fácticos de la decisión atacada, especialmente el término del contrato de trabajo entre el 1º de junio de 2000 y el 30 de septiembre de 2004 y el no pago de acreencias laborales.

El cuestionamiento lo circunscribe al entendimiento y alcance del artículo 65 del Código Sustantivo del trabajo, en la forma como fue modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, pues, en síntesis, y conforme dice lo ha sostenido la jurisprudencia, por los primeros 24 meses posteriores a la terminación del vínculo se debe un día de salario por cada día de retraso, pero a partir de allí apenas los intereses moratorios de cada cuenta la norma. Copia al efecto apartes de la sentencia de la CSJ SL, 6 de mayo de 2012, Rad. 36.577.

VII. La réplica

La opositora aduce que la forma en que el Tribunal aplicó la norma es la que se compadece con su genuina inteligencia, habida cuenta de que el pago de un día de salario por cada día de retardo se mantiene cuando la demanda se presenta dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del vínculo ante el no pago de las acreencias laborales del trabajador, como ocurrió en su caso. Ese entendimiento, alega, se desprende de la misma sentencia de constitucionalidad C-781 de 2003.

VIII. Consideraciones de la Corte

No hay lugar en el recurso a discusión alguna sobre el vínculo laboral que ató a las partes, que este terminó sin justa causa y que la empleadora no pagó las acreencias laborales que para la última data se debían a la trabajadora. Igualmente, que no hubo excusa válida para que esta se sustrajera al pago del pasivo laboral como para que fuera exonerada de la condena al de la indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Es decir, en síntesis, la discusión que se plantea se reduce al entendimiento que corresponde al artículo 29 de la Ley 789 de 2002, pues para el Tribunal y la demandante, la condena por el no pago de lo debido a la terminación del contrato de trabajo es el de un día de salario por cada día de retardo desde la respectiva terminación del vínculo; en tanto que, para la recurrente, el día de salario por cada de retardo como sanción por la no solución de los créditos laborales a esa data se produce hasta el mes 24, dado que a partir del mes 25 lo que se generan son intereses moratorios sobre lo debido.

Puestas así las cosas, se impone concluir que de acuerdo con el criterio vigente de la Corte asiste razón a la censura, puesto que, en sentencia del 6 de mayo de 2010, radicación 36.577, reiterada entre otros pronunciamientos en sentencia de 3 de mayo de 2011, radicación 38.177, y recordada en sentencia de 25 de junio de 2012, radicado 46.385, proferidas todas ellas en procesos similares adelantados contra la misma demandada y recurrente en casación, adoctrinó la Sala:

(...) En este caso es un hecho no discutido que la relación laboral de la demandante terminó el 31 de diciembre de 2003, de tal suerte que, como lo afirma la censura, para ese momento ya se encontraba rigiendo el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que introdujo una modificación al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Según aquella norma, luego de que fuera parcialmente declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-781 del 30 de septiembre de 2003, que retiró del ordenamiento jurídico las expresiones “o si presentara la demanda no ha habido pronunciamiento judicial”, la indemnización por falta de pago, en lo que aquí interesa, quedó regulada de la siguiente manera:

“Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique”.

La anterior disposición, según el parágrafo 2º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, solamente se aplica respecto de los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente, situación que se presentaba respecto de la actora, de modo que aquel precepto le era aplicable.

No obstante las notorias deficiencias en la redacción de la norma, esta Sala de la Corte entiende que la intención del legislador fue la de establecer un límite temporal a la indemnización moratoria originalmente concebida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de tal suerte que, como regla general, durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la extinción del vínculo jurídico el empleador incumplido deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, siempre y cuando el trabajador haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria dentro de esos veinticuatro (24) meses, como aconteció en este caso.

Después de esos veinticuatro (24) meses, en caso de que la situación de mora persista, ya no deberá el empleador una suma equivalente al último salario diario, sino intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, hasta cuando el pago de lo adeudado se verifique efectivamente; intereses que se calcularán sobre las sumas debidas por concepto de salarios y prestaciones en dinero. 

Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera. 

De tal suerte que la presentación oportuna (entiéndase dentro de los veinticuatro meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo) de la reclamación judicial da al trabajador el derecho a acceder a la indemnización moratoria de un día de salario por cada día de mora hasta por veinticuatro (24) meses, calculados desde la ruptura del nudo de trabajo; y, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25), contado desde esa misma ocasión, hace radicar en su cabeza el derecho a los intereses moratorios, en los términos precisados por el legislador.

Pero la reclamación inoportuna (fuera del término ya señalado) comporta para el trabajador la pérdida del derecho a la indemnización moratoria. Solo le asiste el derecho a los intereses moratorios, contabilizados desde la fecha de la extinción de vínculo jurídico.

A pesar de lo anterior, el Tribunal confirmó el fallo del juzgado de primer grado que condenó a la universidad demandada por concepto de la indemnización moratoria a “la suma diaria de $ 40.000 a partir del 31 de enero de 2003 y hasta cuando se verifique el pago”, lo que indica que no tuvo en cuenta que, como se afirma en el cargo, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que debe considerarse ese fallador infringió directamente, al pago de esa suma diaria solo podía condenarse por los veinticuatro (24) meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo, pues, a partir de ese momento se deben los intereses moratorios, sobre las sumas adeudadas por salarios y prestaciones sociales en dinero, liquidados a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

Así las cosas, desconoció el Tribunal el mandato contenido en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y por esa razón el cargo es próspero, como consecuencia de lo cual se casará la sentencia impugnada en los términos pedidos en el alcance de la impugnación.

Luego, atendida la directriz jurisprudencial transcrita, erró el Tribunal al no tener en cuenta lo regulado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que ordena el pago de la aludida indemnización moratoria a razón de un día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales adeudadas, solo hasta por veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de culminación del contrato de trabajo, pues a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) lo que se generan son intereses moratorios.

Por lo dicho, habrá de casarse parcialmente la sentencia impugnada en los términos pedidos en el alcance de la impugnación.

En sede de instancia, como la demanda inicial fue presentada el 7 de diciembre de 2005, según lo dio por probado el juez de la alzada, es decir, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de terminación del vínculo laboral, que lo fue el 30 de septiembre de 2005, se impondrá la condena conforme a lo razonado. El salario diario es el al adoptado por los jueces de instancia, dado que no fue objeto de reparo en el presente litigio.

Así las cosas, conforme a lo pedido en el alcance de la impugnación, se adicionará la sentencia de primer grado, en cuanto se condenará a la demandada a pagar a la actora la suma de $ 53.700 diarios a partir del 1º de octubre de 2004 hasta el 1º de octubre de 2006; y a partir de esta fecha, los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas por salarios y prestaciones sociales ordenadas en el proceso, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

No hay lugar a costas en sede de casación, ni en la alzada. Las de primera instancia como allí se ordenaron.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 30 de junio de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso promovido por Carolina Ruiz Ramírez contra la Fundación Universitaria San Martín, en cuanto a la condena impuesta por indemnización moratoria.

En sede de instancia, ADICIONA la sentencia de primer grado, en cuanto a la pretensión de indemnización moratoria y, en consecuencia, CONDENA a la demandada a pagar a la actora la suma de $ 53.700,00 diarios a partir del 1º de octubre de 2004 hasta el 1º de octubre de 2006; y desde esta fecha, los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas por salarios, ordenadas en este proceso, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

Costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.