Sentencia SL9197-2017/51272 de junio 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL9197-2017

Radicación: 51272

Acta: 22

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

Bogotá D.C., veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Carlos Morales Gaitán, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de noviembre de 2010, en el proceso que instauró el recurrente contra la Iglesia Pentecostal Dios es Amor en Colombia.

Se acepta el impedimento manifestado por el magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán, por lo siguiente declárese separado del conocimiento.

l. Antecedentes

El actor demandó la declaratoria de un contrato de trabajo verbal, a término indefinido, culminado por causas imputables al empleador, desde el 6 de agosto de 1991 hasta el 7 de julio de 2007, y el consecuente pago de las cesantías y sus intereses, primas de servicio, vacaciones compensadas en dinero, salarios, dotaciones, aportes a la seguridad social, indemnización por no consignación del auxilio de cesantías, causadas a 31 de diciembre de 2007, la sanción moratoria, la indemnización por terminación unilateral e injusta, la pensión de jubilación plena, los intereses moratorios, la devolución de salarios retenidos ilegalmente, aportes parafiscales, auxilio de transporte, lo ultra y extra petita y las costas procesales.

Como soporte de sus pretensiones, indicó que fue contratado de manera verbal, para ejercer como dirigente de iglesia en diferentes lugares del país, y se desempeñó como diácono y presbítero en distintas ciudades, entre otras, Villavicencio, Ibagué, Bucaramanga, Zipaquirá, Cartagena, Sincelejo, Montería, Cali, Medellín y Bogotá; que le asignaron, en esta última, la sede Bosa-Brasil y en varias ocasiones le variaron la iglesia, hasta que le notificaron que no continuaría de pastor; la labor la ejecutó entre el 6 de agosto de 1991 y el 7 de julio de 2007; el último salario mensual percibido fue de $ 1.700.000; el horario era de domingo a domingo de 6 a.m. a 10 a p.m., sin que en todo el periodo le cancelaran las prestaciones y demás acreencias laborales a las que tenía derecho (fls. 3 a 12 y 20 a 26).

La iglesia demandada, al contestar, se opuso a la prosperidad de todo lo pedido; rechazó las exigencias, al carecer de veracidad la existencia del contrato de trabajo y en tal sentido negó la totalidad de los hechos. Esgrimió que el diaconado y presbiterado no son cargos, sino misiones que ejercen de manera voluntaria algunos miembros de la iglesia, cuando han alcanzado el grado de preparación necesaria y tienen la vocación para hacerlo, y que así se consagra en los correspondientes estatutos; que no existió subordinación y las ayudas obedecían exclusivamente a quienes las requirieran según lo contemplado en tal documento; que incluso existía limitación en cuanto al número de días y de horas en las que se ejercía como ministro o pastor espiritual.

Como excepciones planteó las de inexistencia del contrato laboral, falta de legitimación en la causa por pasiva y de causa para demandar, prescripción y falta de requisitos para la prosperidad de la acción (fls. 45 a 53).

El juzgado veintitrés laboral del circuito de Bogotá tuvo por no contestada la demanda (fl. 54).

II. Sentencia de primera instancia

El juzgado veintitrés laboral del circuito de Bogotá, en audiencia de 3 de junio de 2010, absolvió a la demandada de lo pretendido, con costas a cargo de la parte actora (fl. 66).

III. Sentencia de segunda instancia

Al resolver la apelación del demandante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 18 de noviembre de 2010, confirmó el fallo absolutorio, sin gravar con costas.

Definió el problema jurídico en determinar si entre las partes existió una relación de carácter laboral y destacó que el “medio de vinculación entre las comunidades religiosas y sus servidores espirituales no es un tema pacífico del que pueda emanar un único criterio aplicable, al contrario, la complejidad con que se desarrollan este tipo de relaciones exige un juicioso estudio de los elementos y circunstancias que rigen cada caso, con el fin de determinar cuál fue el verdadero sentido y fin con que el miembro religioso prestó sus servicios”.

Se remitió a la decisión de esta Sala de Casación Laboral, CSJ SL 4, nov. 2004, rad. 20852, y continuó con que, en todo caso, lo que debía guiar la definición era determinar si la acción ejercida tenía fines económicos o exclusivamente altruistas.

Aseguró que “en el caso de autos, si bien existen unas certificaciones que alega el recurrente demuestran la existencia de una relación laboral, lo cierto es que el restante material probatorio permite inferir que los servicios que prestó el sr. Carlos Morales para la iglesia demandada no se encuentran dentro de los parámetros propios de un contrato de trabajo pues se fundamentan en un sentido vocacional y altruista y no remunerativo”.

Continuó con que “si bien del contenido de las certificaciones aludidas (fls. 14 y 15) se extrae que el actor recibía una ayuda salarial tal expresión a la luz de otra probanza como son los estatutos de la pasiva (cláusula 29 - revés de folio 43) demuestran que las sumas que pudo haber recibido el actor por parte de la iglesia —como él mismo asegura— no tuvieron la connotación salarial en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que respondían a una ayuda económica cuya concesión dependía, en primer lugar, de la solicitud que hiciera el mismo actor a través del denominado recibo de sustento pastoral (fl. 39) y, en segundo lugar, de la voluntad y de la situación económica de la iglesia demandada ... estos presupuestos se refuerzan con el hecho de que en el plenario no existen pruebas que demuestren que esos pagos efectivamente se realizaron a favor del actor —pese a que así lo sostenga— y menos aún con la intención de retribuir directamente sus servicios”.

Rechazó que las certificaciones fueran inequívocas para demostrar la relación de trabajo y el salario, en tanto lo que en su criterio se presentó fue un equivocado uso de las acepciones “laboral” y “ayuda salarial”, pues de lo probado se colige que las actividades que desarrolló el actor fueron una extensión de su vocación espiritual, es decir, con el ánimo de difundir las creencias religiosas que profesaba y no con el objetivo de que su misión predicadora se vislumbrara como una prestación de servicio de tipo laboral que debía forzosamente retribuirse.

Por último, descartó “que el demandante hubiera prestado otro tipo de servicios o funciones a los aquí mencionados como religiosos, pues pese a que así lo sostiene su apoderado en la sustentación de la alzada, no obra prueba que lo demuestre, carga probatoria que cabe decir le correspondía al mismo actor suplir conforme lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil”.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado y se acceda a las súplicas de la demanda, con provisión de costas como corresponda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado.

VI. Cargo único

Denuncia “por la vía indirecta [...] la sentencia objeto del presente recurso extraordinario de violar la ley sustancial por indebida aplicación de los artículos 5º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23 (subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990) 24 (subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1990) 32 (modificado por el artículo 1º del Decreto 2351 de 1965) 37, 38 (modificado por el artículo 1º del Decreto 617 de 1954), 47, 54, 59 numeral 1, 64 y 65 (modificado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 que a su vez fue modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002), artículos 127, 132, 145, 158, 161, 186, 249, 306 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 99 de la Ley 50 de 1990, artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social) artículo 1º de la Ley 52 de 1975, los artículos 174, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil”.

Endilgó al tribunal la comisión de los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que entre el demandante y la demandada existió una relación laboral.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante empezó a laborar para la demandada el 6 de agosto de 1991.

3. No dar por demostrado estándolo, que al 6 de febrero de 2006 el demandante llevaba 15 años de servicios para la demandada.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante fue dirigente de la demandada en diferentes iglesias dentro del territorio nacional.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante al servicio de la demanda desempeñó cargos de diácono y presbítero.

6. No dar por demostrado estándolo que el demandante estuvo al servicio de la demandada por más de 15 años.

7. No dar por demostrado estándolo que el último salario devengado por el demandante fue de $ 1.700.000 mensual.

8. No dar por demostrado estándolo que al devengar el salario designado por la demandada el demandante tenía un interés económico en la prestación de sus servicios a la demandada.

9. No dar por demostrado estándolo que el salario devengado por el actor tenía la intención de retribuir sus servicios prestados a la demandada.

10. No dar por demostrado estándolo que la remuneración devengada por el demandante tenía connotación salarial.

11. No dar por demostrado estándolo que la relación laboral del demandante con la demandada fue por el lapso del 6 de agosto de 1991 al 6 de febrero de 2006.

12. No dar por demostrado estándolo que el 25 de octubre de 2004 y 6 de febrero de 2006 la demandada expidió al demandante certificaciones laborales donde consta el tiempo de servicios y los salarios devengados por sus servicios.

13. No dar por demostrado, estándolo, que los mencionados certificados expedidos por la demandada al demandante gozan de plena validez, pues en ningún momento fueron tachados ni redargüidos de falsos dentro del proceso.

14. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no contestó oportunamente la demanda.

15. No dar por demostrado, estándolo, que el juzgado de conocimiento dentro del plenario no decretó pruebas a favor de la parte demandada, por lo que los estatutos de la demandada no podían ser tenidos en cuenta en la sentencia.

16. Dar por demostrado sin estarlo que el servicio prestado por el demandante no estaba guiado por un móvil económico.

17. Dar por demostrado, sin estarlo, que los servicios prestados por el demandante no se encontraban dentro de los parámetros propios de un contrato de trabajo.

18. Dar por demostrado sin estarlo que los servicios prestados por el demandante tenían un sentido vocacional y altruista y no remunerado.

19. Dar por demostrado, sin estarlo, que los certificados expedidos por la demandada al demandante se extrae que las sumas recibidas por este eran una ayuda salarial o económica.

20. Dar por demostrado, sin estarlo, que la remuneración recibida por el demandante no tuvo connotación salarial.

21. Dar por demostrado, sin estarlo, que los estatutos de la demandada fueron decretados como prueba dentro del proceso a favor de la parte demandada.

22. Dar por demostrado, sin estarlo, que la remuneración recibida por el demandante correspondía a una ayuda económica, cuya concesión dependía de la solicitud que hiciera el actor a través del denominado recibo de sustento pastoral y de la voluntad y situación económica de la iglesia demandada.

23. Dar por demostrado, sin estarlo, que los pagos de las ayudas económicas no tenían la intención de retribuir directamente los servicios del actor.

24. Dar por demostrado sin estarlo que lo dicho en las certificaciones laborales expedidas al actor, existió un mal empleo de las palabras laborar y ayuda salarial.

25. Dar por demostrado, sin estarlo, que los servicios prestados por el demandante eran una intención de su vocación espiritual con el ánimo de difundir creencias religiosas que profesaba.

Como pruebas dejadas de apreciar señaló la demanda (fls. 20 a 23), el certificado de tiempo de servicios expedido el 25 de octubre de 2004 (fl. 14), y el de 6 de febrero de 2006 (fl. 15), Auto de 23 de noviembre de 2009 en el que el juzgado dio por no contestada la demanda (fl. 54) y el de folio 60 en el que no decretó, ni incorporó los estatutos allegados extemporáneamente por la demandada con la contestación.

Arguye que la negativa del tribunal se soportó en que la relación, que vinculó al actor con la iglesia, no fue de carácter laboral sino vocacional, atada a sus creencias y convicciones, y que por ello no podía declarar los derechos pretendidos; que no obstante, con ello desconoció las certificaciones que denuncia en la acusación y en las que claramente se expresa su tiempo de servicio y su salario de $ 1.700.000, en los cargos de diácono y presbítero, en tiempo superior a 15 años; que ello no podía equipararse a una simple ayuda económica.

Asegura que “el verdadero análisis de las certificaciones aportadas demuestran que efectivamente existió un contrato de trabajo que vinculara a las partes, pues los anteriores documentos en ningún momento fueron redargüidos, ni tachados de falsos por la parte demandada dentro de las oportunidades que da la ley para tal efecto, es decir que las mencionadas certificaciones gozan de plena validez y son plena prueba en contra de la demandada, además porque fueron expedidas por los representantes legales de la iglesia en su momento, por lo que el tribunal debió concluir que no se desvirtúa la presunción de existencia de un contrato laboral al darle una connotación espiritual, cuando realmente es un contrato de trabajo que vinculaba a las partes dentro de este proceso”.

Resalta que los documentos que denuncia no admiten ningún tipo de confusión, ni es dable, como lo hizo el juez plural, hacerles decir algo distinto a lo que claramente contienen, y que dan cuenta de una inequívoca relación de trabajo, y que, por ello, lo que debió aplicarse fue el principio de primacía de la realidad sobre las formas.

Que se pasó por alto que la demandada, en momento alguno, demostró el carácter vocacional de la relación, que por el contrario estaba más que acreditada una vinculación de otro tipo, en la que recibía salario mensual y que, por ello, se concretaron los errores que enuncia.

VII. Réplica

Acota que el censor no demuestra los equívocos que le atribuye al tribunal y sostiene que, en momento alguno, se trasgredió el ordenamiento jurídico, pues quedó claro que las certificaciones fueron suscritas por quienes no eran competentes y no podían comprometer a la iglesia.

VIII. Consideraciones

En principio, cabe señalar que algunos de los errores que señala en el cargo no son fácticos, sino eminentemente jurídicos, como los relacionados con la validez de las certificaciones, la incidencia de la no contestación de la demanda, la práctica de pruebas y la manera en la que se adosaron los estatutos de la iglesia al expediente, los cuales al no ser debatidos por la vía adecuada hacen que las conclusiones del tribunal permanezcan incólumes.

Ahora bien, el argumento central que esgrime el censor para confrontar la determinación de segundo grado consiste en que, contrario a lo acreditado en el expediente, el juez plural descartó la existencia de una verdadera relación laboral y, de contera, le negó las prestaciones pedidas, con quebrantamiento de la ley; para el efecto, soporta su tesis en lo reclamado en la demanda y en los hechos allí descritos (fls. 20 a 23), sin embargo, esa pieza procesal no es apta, en principio, para derivar los efectos que pretende, máxime cuando lo que aspira a demostrar son los supuestos que debía acreditar en el proceso, de ahí que no se pueda argüir que el tribunal la apreció con equivocación.

Las restantes probanzas, que refiere como valoradas con error, corresponden a las certificaciones que califica de inequívocas de la existencia de una verdadera relación de trabajo y en las que consta lo que sigue:

Carlos Morales Gaitán con cédula de ciudadanía 79.051.107 de Bogotá ingresó a la Iglesia Pentecostal Dios es Amor el 6 de agosto de 1991 y en el año 1992 empezó a laborar como dirigente de iglesias en diferentes lugares de Colombia, desempeñando cargos de diácono y ahora presbítero de la iglesia.diácono

Actualmente cumple 13 años pastoreando, devengando una ayuda salarial de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos m/cte). También hago constar que en el tiempo de su trabajo en este ministerio se distinguió por su testimonio, responsabilidad, honestidad, como también por su lealtad al ministerio.

Ese documento de folio 14, con fecha de 25 de octubre de 2004, está suscrito por Regner Orsay Beltrán Sánchez, como dirigente nacional y tiene, además, el sello de la Iglesia Pentecostal.

Así mismo a folio 15 aparece, con fecha de 6 de febrero, la certificación en la que se indica que el actor “ingresó a la Iglesia Pentecostal Dios es Amor el 6 de agosto de 1991 y en el año 1992 empezó a laborar como dirigente de la iglesia en diferentes lugares de Colombia, desempeñando cargos de diácono y ahora presbítero de la iglesia. Actualmente cumple 15 años pastoreando devengando una ayuda salarial de $ 1.700.000 (un millón setecientos mil pesos m/cte). También hago constar que en este ministerio se distingue por su testimonio, responsabilidad, honestidad, también con lealtad al ministerio”, esta vez suscrita por el responsable nacional en Colombia que correspondía a Francisco Xavier de Souza.

En ellas gravita el cuestionamiento de la parte recurrente, para la cual es indiscutible que lo que existió fue un contrato laboral, que no podía ser desvirtuado con conjeturas del carácter vocacional de su labor.

Para el juzgador, no obstante, tales certificaciones, al margen de las referencias a los conceptos de salario y de trabajo, lo que demostraban era la imposibilidad de predicar una relación de tipo contractual, con la coetánea condena de acreencias, ante un oficio que no puede considerarse regulado por el derecho laboral, como el de pastor.

Estima la Sala que, analizadas las pruebas denunciadas, no pudo existir trasgresión al ordenamiento jurídico en lo que a la calificación de la relación hizo el tribunal, a partir de su contenido, pues es claro que derivó del tipo de tarea pastoral confiada, las características propias de un fenómeno jurídico que se concreta en las que se han denominado organizaciones de tendencia, por virtud del cual algunos oficios o profesiones no pueden tener la identidad para regularse por el derecho laboral, y escapan a su contenido, atendiendo las finalidades que social y culturalmente se le han asignado.

En efecto, las organizaciones de tendencia, como son denominadas por la doctrina extranjera en la disciplina del derecho del trabajo y en la de la seguridad social, tienen como fin esencial, o determinante, la difusión de su ideología, pensamientos o creencias, y se concretan, de forma determinante, entre otros en partidos políticos, organizaciones humanitarias reconocidas y en ordenaciones religiosas, como las iglesias, en las que no puede hablarse jurídicamente de contrato de trabajo, pues la actividad realizada es en beneficio de un propósito común, como el de una congregación, están arraigadas en el impulso de la gratuidad o sujetas a un sentido espiritual, todo ello extraño a las relaciones jurídicamente reguladas, pero en todo caso no son ajenas al ámbito de protección de los derechos fundamentales, como se expondrá.

Así que, ningún equívoco al apreciar esas pruebas pudo derivarse del juzgador de segundo grado, en cuanto entendió que el trabajo tiene un contenido más amplio que el que abarca el derecho laboral, pues en él están inmersas actividades humanas que no son subordinadas o que no tienen un ánimo de contraprestación, antípoda del que emerge de la contratación, y en el que se ha entendido que el ser humano puede expresar su propia naturaleza y ver realizados sus propósitos de vida. De allí que no se pueda hacer una lectura rígida y limitada, sin la comprensión del fenómeno extra jurídico que se advierte, en principio, en actividades que, por su propio sentido, se ubican extra muro del pluricitado contrato de trabajo.

De forma que, en punto de las ordenaciones religiosas, no puede hablarse estrictamente con el tamiz de la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, de una relación laboral entre el clérigo y su superior jerárquico, cuando se está manifestando una actividad misional, pues el primero no es empleado del segundo, sino que actúa en función de su creencia o ideología, nexo que se convertirá en jurídico solo cuando aquel desarrolle una actividad que no esté anclada exclusivamente en su religiosidad o que se encuentre fuera de las disposiciones a las que se adhirió cuando se incorporó a la comunidad, es decir, fuera de las de asistencia religiosa o de culto y otras inherentes a sus compromisos, evento en el que la doctrina laboral los reconoce, pero como “empleadores ideológicos”, cuya naturaleza permite el reclamo de derechos, con otro tipo de ponderación de garantías, porque están en juego tanto los derechos fundamentales, como las libertades, aspecto último que, en todo caso, no se encontró identificada en este asunto, corno con claridad lo expuso el juzgador, en tanto lo que dedujo fue que Carlos Morales Gaitán ejerció únicamente como ministro de culto de la iglesia demandada y allí prestó su “testimonio con responsabilidad, honestidad, como también con lealtad”.

Esa línea es la que ha mantenido esta Sala de la Corte, entre otras en Decisión SCL 5638 27, mayo 1993 en la que estimó:

La Corte tiene sabido y considerado que en veces la prestación personal de servicios obedece a relaciones de carácter espiritual que escapan por completo al ánimo especulativo pues tocan más bien con la vocación religiosa y las creencias y convicciones del individuo y sus tendencias de servicio a la humanidad. Es el caso del señor Pablo Cuevas que, como bien lo expresó él mismo al hacer dejación de su labor pastoral, le dedicó treinta años a “la obra del Señor” (ver fl. 52 c. ppal.).

Si el ad quem hubiera considerado con más detenimiento la relación sub lite y lo que es propiamente la labor de un “pastor” de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tal y como lo prevén los estatutos de esta última, así como lo expresado por el demandante para retirarse, hubiera concluido que realmente no existió contrato de trabajo.

Si la vinculación del actor con la iglesia fue con el ánimo de estudiar el evangelio y predicarlo, entregándose a “la obra del Señor”, debemos concluir que entre las partes no hubo la intención de sostener un vínculo de carácter laboral sino la de cumplir con una misión de tipo religioso y ello es suficiente para desvirtuar la presunción que consagra el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo porque se estableció el hecho contrario al presumido o sea que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual laboral.

Así, las organizaciones de tendencia representan una excepción en el derecho del trabajo cuando (i) tengan como fin esencial la difusión de su creencia e ideología; (ii) posean arraigo cultural y reconocimiento social; (iii) la subordinación se predique hacia la creencia o ideología y no respecto de determinado sujeto; (iv) se exprese a través del concepto de trabajo libre; (v) exista un impulso de gratuidad, de altruismo, soportado en la espiritualidad o en el convencimiento del propósito del trabajo voluntario; todo ello es lo que impide dotar de naturaleza contractual laboral a este tipo de relaciones; en los demás eventos, aunque reconociendo sus particularidades, sí deberán responder laboralmente.

Ahora bien, ese norte que sirvió al juez plural para negar la declaración del contrato de trabajo no podía, en todo caso, negarle efectos a los derechos de la seguridad social de quienes integran las organizaciones de tendencia, como las ordenaciones religiosas, pues conforme con las certificaciones que apreció el tribunal y tras haber determinado que Carlos Morales Gaitán fue diácono y presbítero en la iglesia Dios es Amor, aunque no estaba sujeto a una relación laboral, si le implicaba determinar si existía, ante el particular ligamen en el ámbito de la disciplina puesta a su conocimiento, y en los términos del artículo 2º del CPCSS, advertir si cabía alguno de los derechos pensionales reclamados.

Lo anterior es posible en la medida en que el derecho del trabajo y el de la seguridad social, si bien tienen una estrecha relación, derivada fundamentalmente de vinculaciones subordinadas, difieren en que el primero regula y resuelve diferencias que se enmarcan en un nexo subordinado, mientras que el segundo, no se limita a este, sino que cobija todo tipo de relaciones, en los que, fundamentalmente, se expresa la condición de ciudadano.

Es decir que, para que aplique el derecho laboral, se debe estar ante una relación de carácter subordinado, sujeta a la disyuntiva empleado-empleador, y para que opere el derecho a la seguridad social, se requiere reivindicar la condición de ciudadanía.

Esta explicación tiene repercusiones valiosas en las organizaciones de tendencia, que como se ha destacado, son una excepción al ámbito laboral, pues aunque admite que fuera de ellas quede la regulación del Código Sustantivo del Trabajo, no las exime de la obligación que tienen de asumir la protección a la seguridad social de quienes las integran, pues la autonomía que se les otorga, en este caso específico a las confesiones, derivada de la libertad religiosa inserta en la Constitución Política, no es de carácter absoluto, pues se reconoce un límite propio, que emana del contenido de los derechos fundamentales y del principio de laicidad del Estado, tal como se expresó, entre otras, en decisión de la Corte Constitucional CC 350/1994:

En síntesis, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas.

De manera que el ordenamiento jurídico reconoce y admite, dentro del concepto de pluralidad democrática, la posibilidad de que la sociedad se organice de distintas maneras, que pueden expresarse, entre otros, con el culto a una determinada religión, solo que el ejercicio de tales libertades no puede privar a los individuos que optan por aquellas, de derechos, como el de la seguridad social, que se enmarcan en el concepto del Estado laico o aconfesional, pues se verían afectados si se impidiera producir efectos jurídicos a esas garantías que están en el núcleo de protección, aludiendo a razones de sentimientos religiosos o ideológicos, que son los que reivindican las organizaciones de tendencia.

Esos argumentos, además, se acompañan con el hecho del interés creciente de las propias organizaciones de tendencia religiosas de garantizar la protección social en sus comunidades, con antecedentes, como el del sistema beneficial del clero, en el que, a través de concesiones de tierras, que hacían los obispos a los sacerdotes, estos gestionaban su mantenimiento con bienes eclesiásticos, por razón de su oficio. Con este modelo coexistían las pensiones eclesiásticas a quienes se encontraban enfermos o llegaban a la ancianidad y por ello no podían obtener los frutos del referido sistema beneficial, también a los que reclamaban desigualdad de frutos, respecto de los que estuviesen en similares condiciones en el ejercicio de su labor pastoral, fundado, en los textos que le daban origen (Concilio de Caicedonia, Concilio de Trento, Constitución Pío V) en los que se apelaba a sentimientos de humanidad, ante quienes no podían obtener otro medio de subsistencia.

Ese método de protección se mantuvo, para esas ordenaciones religiosas, hasta el conocido Decreto Presbyterorum Ordinis del Vaticano II en el que tal sistema se abandonó, tal como se expresó en su cláusula 20 “Es preciso atribuir la máxima importancia a la función que desempeñan los sagrados ministros. Por lo cual hay que dejar el sistema que llaman beneficial, o a lo menos hay que reformarlo, de suerte que la parte beneficial, o el derecho a las rentas anejas por dote al oficio, se considere como secundaria y se atribuya, en derecho, el primer lugar al propio oficio eclesiástico, que, por cierto, ha de entenderse en lo sucesivo cualquier cargo conferido establemente para ejercer un fin espiritual”.

Además y también nutriendo el desarrollo del concepto de seguridad social que hoy tenemos, dichas congregaciones religiosas, organizaron un sistema de asistencia social, bien a través de los fondos diocesanos, como los de las mutualidades eclesiásticas, similar al que se conoce en la disciplina general, solo que adaptado a las particularidades de su colectivo, atravesado por los conceptos de la vida religiosa, sometidos a las autoridades eclesiales, en las que, en algunos eventos se establecía a una persona jurídica distinta del clero para administrar los recursos y, en otros, se gestionaba a través de una asociación religiosa, cuyo objeto, en todo caso, era la protección de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, en la que se aportaba para garantizar un sustento digno, que les permitiera una remuneración y en los que aparece, como ejemplo, la Mutual del clero de 1619, lo anterior para significar que ha sido determinante para las organizaciones religiosas resolver sobre contingencias como las de vejez y, además, han sido determinantes para el desarrollo del concepto que sobre seguridad social hoy existe, ya secularizada.

Sin embargo, es ante la expansión de los sistemas públicos o mixtos de seguridad social, planteados a través de principios, como el de la universalidad, que se ha entendido que aquella cobija a todas y todos los ciudadanos, al margen del trabajo que estos realicen, pues es el Estado el que asume, como un servicio público esencial, en el caso colombiano en el que desde la Constitución Política, específicamente artículo 48, lo reconoce como derecho irrenunciable, y en el que la legislación estima que este debe procurarse “para todas las personas, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida” (artículo 2º de la Ley 100 de 1993), esto es, a partir de la promoción efectiva de la previsión.

En ese sentido, el derecho a la seguridad social no niega a las asociaciones religiosas, su posibilidad de autorregularse, solo que impone, ante la naturaleza de ese tipo de oficios de la confesión de carácter pastoral, asumir la manera en la que se gestionarán las contingencias que derivan de su labor misional, humanista y altruista, en el que se compagine su ideario religioso con el concepto y realización de los derechos humanos fundamentales.

En nuestro país el Acuerdo 041 de 1987, que se incorporó a través del Decreto 2419 del mismo año, extendió la cobertura de los seguros sociales obligatorios a los sacerdotes diocesanos y a los miembros de las comunidades religiosas de la Iglesia Católica, tal normativa se soportó en la facultad que determinó el artículo 7º del Decreto Legislativo 1650 de 1977, de regular la vinculación a la seguridad social a quienes no tuvieran el carácter forzoso.

El referido Acuerdo 041 dispuso que la afiliación de los religiosos era excepcional, tenía carácter facultativo y debía ser realizado a través de las comunidades religiosas o a través de la persona jurídica de derecho eclesiástico al cual se encontrara vinculado el sacerdote o el religioso respectivo, las cuales fungirían como sus empleadoras.

Esa medida que estuvo restringida únicamente a un sector religioso, se vio ampliada tras la expedición de la Constitución Política de 1991, que en su artículo 19 garantizó la igualdad de las distintas confesiones e iglesias, precepto que fue soporte de la ley estatutaria de libertad religiosa (L.133/94), en la que, en lo pertinente para esta controversia se dispuso, en su artículo 3º que “El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales” (énfasis fuera de texto) y en la que, en el artículo siguiente, contempló que el ejercicio de dicha libertad tenía como límite la protección del derecho de los ciudadanos al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, a la salvaguarda de la seguridad, de la salud, componentes ambos de la seguridad social, otorgándoles, en todo caso, plena autonomía para organizarse, establecer su orden interno, reservando a la iglesia la acreditación de los ministros de culto, los cuales, a juicio de la Sala, deben estar cobijados por el derecho a la seguridad social.

Leído en contexto con la Ley 100 de 1993, que estableció un sistema general de seguridad social en el país, con el objeto de garantizar a todos los ciudadanos el amparo contra las contingencias de la vejez, invalidez y la muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otro tipo de prestaciones de asistencia, con la aspiración de ampliar progresivamente su cobertura, por consolidar de esa manera el mandato constitucional y acompasarlo con las exigencias de la normativa internacional, su campo de aplicación fue el de “todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando adicional mente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos” (art. 11), de allí que cuando la afiliación se hizo forzosa a quienes prestan un servicio o labor, dependientes e independientes, la demandada no podía mantenerse al margen de protección.

Aunque con los matices dogmáticos propios de la disciplina laboral y de la seguridad social, que se explicaron con antelación en punto a las organizaciones de tendencia, específicamente de las comunidades y congregaciones religiosas, los decretos que se expidieron sobre la materia equipararon a los ministros de culto, como el caso de Carlos Morales Gaitán, según las pruebas denunciadas que le otorgan tal calidad, a trabajadores independientes, de manera que lo que debió producirse fue un estudio en punto a los eventuales derechos a la seguridad social pretendidos.

En efecto, fue el Decreto 3615 de 2005 el que reglamentó la afiliación de los miembros de comunidades y congregaciones religiosas como trabajadores independientes. En dicha norma, en general, se definieron los requisitos y procedimientos para la afiliación de los trabajadores independientes a través de agremiaciones y asociaciones. Dicho precepto empezó a regir el 12 de octubre de 2005.

Aunque es cierto que el Decreto 3615 de 2005 ha sido modificado por los decretos 2313 de 2006, 2172 de 2009 y 692 de 2010, ello en nada cambia el hecho de la afiliación de los miembros de las comunidades y congregaciones religiosas como trabajadores independientes, los que en virtud del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, (modificado por la Ley 797 de 2003), se entienden como afiliados obligatorios al sistema general de pensiones, sin que ello pueda significar la existencia de una relación de carácter laboral.

Valga la pena señalar que las comunidades y congregaciones religiosas, no se les exige acreditar un número mínimo de afiliados, ni el establecimiento del servicio de afiliación colectiva al sistema de seguridad social integral dentro de sus estatutos.

Así que, existiendo regulación sobre la materia y atendiendo la característica del derecho a la seguridad social, no podía simplemente considerársele que, aunque prestase una labor carismática exclusiva a la comunidad, no remunerada en términos del derecho del trabajo, podía excluírsele de la garantía de la seguridad social, menos, se insiste, existiendo una disposición que hacia forzosa su vinculación al sistema general de pensiones.

En ese sentido, y siendo indiscutible que sobre tales agremiaciones religiosas recaía el deber de solidaridad derivado además de los principios de la seguridad social, del cual no es posible declinar, al tener el carácter de fundamental, es que no es posible deslindarlas de su obligación de asumir el pago de las cotizaciones, de allí que surgía patente que debía la demandada proteger al actor, aspecto que no podía soslayarse, con una lectura rígida, menos entendiendo el contexto particular de la relación debatida, en la que era imperativo diferenciar los contenidos de la disciplina social.

En ese orden, el quebrantamiento de la decisión del tribunal se produce de manera parcial, en la medida en que, estando acreditadas la calidad de religioso del actor, conforme a los folios denunciados, debió derivar las consecuencias en materia de seguridad social, tal como se explicó y, en ese sentido, se casará parcialmente la decisión confutada en cuanto absolvió de las obligaciones pensionales a la demandada, por el periodo en que se omitió el deber de afiliación a la seguridad social comprendido entre el 12 de octubre de 2005 y el 7 de julio de 2007.

Para decidir en instancia, y con el fin de determinar el vehículo financiero que debe soportar la condena, se hace necesario previamente dictar auto para mejor proveer, en el sentido de oficiar al Ministerio de Salud y de Protección Social, para que con base en la información que reposa en el registro único de afiliados, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación, certifique el régimen del sistema general de pensiones y fondo al cual se encuentra vinculado el demandante.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Carlos Morales Gaitán contra la Iglesia Pentecostal “Dios es Amor” en Colombia en cuanto absolvió de las obligaciones pensionales a la demandada por el periodo en que se omitió el deber de afiliación a la seguridad social comprendido entre el 12 de octubre de 2005 y el 7 de julio de 2007.

Para decidir en instancia, y con el fin de determinar el vehículo financiero que deber soportar la condena, se hace necesario previamente dictar auto para mejor proveer, en el sentido de oficiar al Ministerio de Salud y de Protección Social, para que con base en la información que reposa en el registro único de afiliados, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación, certifique el régimen del sistema general de pensiones y fondo al cual se encuentra vinculado el demandante.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.