Sentencia SL9280-2014 de julio 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 50757

Acta 25

Magistrado ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que se case la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, se confirme la decisión emitida en la primera instancia. En subsidio, pide que se case la sentencia impugnada “(...) en cuanto no decretó la compartibilidad de la pensión de sobrevivientes que reconoció a favor de la actora, con la que el Instituto de Seguros Sociales le otorgó a dicha demandante. En sede de instancia, se revoque el fallo del juzgado dictado el 13 de abril de 2009 en cuanto absolvió de la pretensión principal de la actora, para en su lugar, condenar a la compartibilidad de dicha pensión de sobrevivientes con la pensión que el Instituto de Seguros Sociales le otorgó a la demandante Musre de Vega”.

Con dicha finalidad, formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicados y que pasan a ser analizados por la Corte.

VI. Primer cargo

Acusa la sentencia recurrida por ser “(...) violatoria por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, 11 de la Ley 100 de 1993, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 artículo 1º de 1985; 1º de la Ley 5ª de 1969; 8º del Decreto 433 de 1971; 15 de la Ley 10 de 1972; 1º de la Ley 33 de 1973; 1º de la Ley 12 de 1975; 1º y 2º de la Ley 113 de 1985, 11 y 13 de la Ley 71 de 1988; 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990; 11, 33, 48 y 289 de la Ley 100 de 1993, y 1º de la Ley 44 de 1980”.

En desarrollo del cargo, el censor precisa que, dado el sendero por el cual encamina la acusación, no discute el carácter voluntario de la pensión de jubilación reconocida por la empresa al señor Rafael Vega Vivas y que también el Instituto de Seguros Sociales le otorgó una pensión de vejez, a través de la Resolución 2319 de 1990, posteriormente sustituida a la demandante.

Dicho ello, sostiene que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 las pensiones de origen voluntario, que no contaban con algún plazo o condición, eran compatibles con la pensión de vejez que eventualmente otorgaba el Instituto de Seguros Sociales, siempre que fueran reconocidas con anterioridad a la expedición del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el decreto 2879 del mismo año. No obstante, añade, en vigencia de la Ley 100 de 1993, la sustitución de pensiones de jubilación se rige por otros supuestos, en la medida en que uno de los objetivos fundamentales del sistema integral de seguridad social fue el de unificar los regímenes pensionales, de manera tal que no puede concebirse una duplicidad de prestaciones, pues “(...) pretender la compatibilidad absoluta indefinida de las pensiones que se conceden por el mismo riesgo, tal visión de la Ley 100 de 1993 iría al traste”.

En tal sentido, aduce que con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 era posible que los beneficiarios de un pensionado fallecido accedieran a dos o tres sustituciones, pero que, en vigencia de dicha norma, “(...) la sustitución dio un giro de 180 grados (...)”, opuesto a lo decidido por el juzgador de segundo grado, pues “(...) concedió dos pensiones de sobrevivientes a la demandante, dándoles la categoría de autónomas e indefinidas, sin tener en cuenta que solo falleció un pensionado, y que la decisión pugna con la normatividad singularizada en la proposición jurídica como infringida”. Insiste, por ello, en que ocurrido el deceso en vigencia de la Ley 100 de 1993, como en el presente asunto, “(...) es legal que la pensión de sobrevivientes voluntaria que venía disfrutando la demandada (sic) sea compartida con la pensión que le había otorgado el Instituto de Seguros Sociales y que también disfrutaba el causante pensionado (...)” y que así debió haberlo dispuesto el tribunal.

VII. La réplica

Advierte que la demandada nunca inscribió al señor Rafael Vega Vivas en el Instituto de Seguros Sociales, ni pagó cotización alguna, por lo que no podía exigir la compartibilidad de la pensión voluntaria que le concedió, ni podía predicarse alguna aplicación indebida de las normas incluidas dentro de la proposición jurídica.

VIII. Consideraciones

En realidad, el tribunal no se refirió de manera precisa a la posibilidad de que la pensión voluntaria de jubilación que le fue otorgada al señor Rafael Vega Vivas y que se ordenó sustituir a la demandante, fuera compartida con la pensión de vejez que reconoció oportunamente el Instituto de Seguros Sociales.

Sin embargo, tras esa omisión, dicha corporación no pudo haber incurrido en alguna infracción de las normas incluidas dentro de la proposición jurídica, pues, como pasa a explicarse, no resultaba dable ordenar la compartibilidad de las dos pretensiones que se reclama en el cargo.

En efecto, lo primero que cabe decir es que, dada la vía por la cual se encamina la acusación, la Corte parte de los siguientes supuestos fácticos indiscutidos: i) que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció al señor Rafael Vega Vivas una pensión de vejez, a partir del 3 de mayo de 1984, a través de la Resolución 2319 del 7 de mayo de 1990 (fl. 66); ii) que, posteriormente, la demandada le otorgó una pensión vitalicia de jubilación, a partir del 1º de enero de 1999, “(...) por manera voluntaria (...)”, “(...) habida cuenta de los invaluables servicios prestados (...)” y teniendo en cuenta que nunca lo inscribió en el Instituto de Seguros Sociales (fls. 10 y 11).

De acuerdo con lo anterior, es un hecho debidamente aceptado que, como lo reclama la réplica, la demandada nunca inscribió al señor Rafael Vega Vivas en el Instituto de Seguros Sociales y, por tal razón, no podía aspirar válidamente a la subrogación de los riesgos de vejez en dicha institución, a través de la compartibilidad pensional. Esta Sala de la Corte ha sostenido al respecto que una condición esencial para que opere la subrogación parcial del riesgo de vejez, a través de la compartibilidad de pensiones extralegales, al tenor de lo previsto en el artículo 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, es que el trabajador sea inscrito en el Instituto de Seguros Sociales y se paguen los respectivos aportes pues, de lo contrario, la obligación se mantiene plenamente en cabeza del empleador.

En ese sentido es diáfano el aparte final de la mencionada norma, al disponer que “(...) la obligación de seguir cotizando al seguro de invalidez, vejez y muerte, de que trata este artículo, solo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales (...)” En igual sentido, en la Sentencia CSJ SL, 17 feb. 2009, rad. 31339, la Sala explicó que “(...) para que la subrogación de la cobertura del riesgo de vejez operase era necesaria la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales, tal como lo explicó esta Sala en la sentencia del 24 de octubre de 1990, Rad. 3930, que en lo pertinente dice:”

“Pero, como es apenas obvio y dada la complejidad de la transición de un sistema a otro, la asunción y sustitución de los riesgos no operó, ni podía operar, en abstracto y de manera genérica sino que debe producirse en forma particular y concreta. Por ello si, por ejemplo, el patrono nunca afilió al trabajador al Seguro Social, o no lo hizo oportunamente, o los servicios se prestaron de algún lugar del país a donde no hubiera sido extendida la seguridad social institucional, o por cualquiera otra razón la entidad de previsión social se ve impedida para asumir el riesgo, la prestación social correspondiente seguirá estando a cargo del patrono por no poder decirse que en ese caso particular se haya producido la subrogación por el Instituto de la obligación legal a cargo del patrono”.

Por otra parte, en gracia de discusión, debe tenerse en cuenta que la pensión de jubilación reconocida al señor Rafael Vega Vivas tenía una naturaleza estrictamente voluntaria y le fue concedida muchos años después de que el Instituto de Seguros Sociales le había otorgado la pensión de vejez, razón adicional para negar la compartibilidad, pues esta Sala de la Corte ha sostenido que una condición lógica para que opere dicha figura, es que el reconocimiento de la pensión de vejez sea posterior en el tiempo al otorgamiento de la de jubilación. (CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 43704 CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 41158).

Asimismo, ninguna de las normas incluidas dentro de la proposición jurídica contiene alguna regla aplicable a la presente situación, que indique que la pensión voluntaria era incompatible con la pensión de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales y, en la medida en que dichas prestaciones eran compatibles, la sustitución que se haga de ellas también resulta compatible una respecto de la otra, pues el parámetro que debe regir el análisis de la compartibilidad es la fecha y términos del reconocimiento de la pensión de jubilación y no los de su sustitución. (CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 32951, CSJ SL 2 may. 2012, rad. 38406 y CSJ SL, 8 may. 2013, rad. 45403).

Finalmente, en torno a las reflexiones que contiene el cargo, a pesar de que esta Sala de la Corte ha indicado “(...) que, en principio, dentro de la estructura y principios del sistema integral de seguridad social no resulta posible que una persona perciba más de una pensión, por cuanto existe una tendencia a lograr unidad y universalidad en el aseguramiento de los riesgos, lo cierto es que tal regla ha sido aplicada en situaciones en las que la incompatibilidad está prevista expresamente en la ley o en aquellas en las cuales resulta razonable definirlo, porque, por ejemplo, las dos prestaciones se fundamentan en un mismo tiempo de servicio (...)” No así, respecto de prestaciones que tienen reglamentaciones, causas y fuentes de financiación diferentes (CSJ SL 452-2013).

Como consecuencia, el cargo es infundado.

IX. Segundo cargo

Acusa la sentencia recurrida por haber incurrido en una “(...) infracción directa de los artículos 1494, 1495, 1496, 1497, 1502, 1508, 1524, 1527, 1536, 1602, 1618 y 1621 del Código Civil, lo que condujo al tribunal a aplicar indebidamente los artículos 11, 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 5 del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985 artículo 1º; 1º de la Ley 5ª de 1969; 8º del Decreto 433 de 1971, 15 de la Ley 10 de 1972; 1º de la Ley 33 de 1973; 1º de la Ley 12 de 1975; 1º y 2º de la Ley 113 de 1985, 11 y 13 de la Ley 71 de 1988; 18 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, 1º de la Ley 44 de 1980, y 13, 16 y 22 del Código Sustantivo del Trabajo”.

En desarrollo del cargo, arguye que la pensión de jubilación voluntaria concedida al señor Rafael Vega Vivas contaba con una “(...) condición resolutoria implícita (...)”, de manera que, dado el carácter intuitu personae de su reconocimiento, quedó extinguida con la muerte del pensionado. Agrega, en ese sentido, que las pensiones voluntarias se deben ceñir a la voluntad de las partes, pues no resulta legalmente admisible que “(...) personas extrañas al asunto, cambien y/o modifiquen las condiciones en que se otorgó la prestación al beneficiario causante, salvo que surja algún hecho que lleve a su invalidación”.

Explica también que un acuerdo extralegal, como el que contiene la pensión de jubilación voluntaria reconocida por la empresa, coincide con la figura de los “contratos intuitu personae”, que nacen a la vida jurídica en función de la especial condición de las personas que los suscriben, de tal manera que al extinguirse alguna de ellas, el contrato desaparece y se terminan todos sus efectos jurídicos. Por lo mismo, afirma que la pensión solo pudo mantener su vigencia hasta el momento del fallecimiento del pensionado y no podía extenderse a sus beneficiarios.

Expone, de igual forma:

“Es que las pensiones de origen voluntario como la concedida al causante Vega Vivas, estaba sujeta a una condición resolutoria implícita, que era el deceso del pensionado, pues se le concedió la prestación no por haber laborado 20 años, pues según el hecho fáctico admitido, no llegó a laborar al servicio de la parte demandada 20 años, y tal otorgamiento era solo al extrabajador, lo que a las voces del artículo 1536 del Código Civil, representa la extinción del derecho por el acaecimiento de esa propia, implacable e inexorable característica de los seres vivos.

Por ello, si quien otorgó la pensión al extrabajador y este no acordaron expresamente su querer de transmisión de dicha pensión, no es válida ahora la decisión del tribunal de darle vida indefinida a ese derecho con destino a otra u otras personas, pues el derecho se reconoció mientras estuviera con vida el pensionado, de ahí su característica de vitalicia, se insiste, la pensión iría hasta el final de la vida de Vega Vivas, no más allá”.

X. La réplica

Alega que el cargo parece más un alegato de instancia, pues se basa en cuestiones fácticas con las que en teoría debería estar de acuerdo, dada la vía por la cual se encamina el ataque, y que en todo caso, “(...) tiene adoctrinado la Corte en su jurisprudencia que las (sic) pensión voluntaria del empleador tiene las mismas características de la pensión de jubilación, entonces, no existe ninguna interpretación de las normas violadas en el cargo”.

XI. Consideraciones

En torno a la temática que aborda el cargo, esta Sala de la Corte ha sostenido reiteradamente que las pensiones voluntarias de jubilación son susceptibles de transmisión por causa de muerte, en las mismas condiciones que se predica respecto de las pensiones legales. De igual forma, ha precisado que la excepción a esa regla general de transmisibilidad es que las propias partes pacten una condición expresa, en la que se consigne la temporalidad o extinción de la prestación, de manera que, contrario a lo aducido por la censura, ante la falta de acuerdo sobre dichos tópicos, no es dable inferir una “(...) condición resolutoria implícita (...)”.

En la Sentencia CSJ SL, 26 en. 2005, rad. 23718, la Corte dio respuesta a unos argumentos idénticos a los que plantea el censor, en los siguientes términos:

“Aun cuando ciertamente el recurrente por momentos se extravía dejando entrever que la razón de su disentimiento con el fallo acusado estriba en que en el presente caso la pensión otorgada por la empresa solamente regiría mientras su beneficiario estuviera con vida sin que fuera posible su transmisión a los causahabientes; inferencia que se extrae de la circunstancia de que haya invocado varias disposiciones del Código Civil atinentes a la interpretación de los contratos como queriendo significar que en el acto en que las partes convinieron la pensión quedó clara su intención de que la misma existiría mientras se mantuvieran las condiciones atrás anotadas, la verdad es que analizando con amplitud la argumentación esgrimida y viéndola en su conjunto es posible vislumbrar que en últimas se alcanza a bosquejar un planteamiento de estirpe jurídica, que permite el estudio del cargo sin necesidad de ir a las pruebas del proceso, consistente en que dado el carácter intuitu personae de las pensiones voluntarias estas solamente rigen mientras su beneficiario exista física y biológicamente, sin que respecto de las mismas sea dable predicar, como sí ocurre con otra clase de pensiones, por ejemplo las legales o convencionales, su transmisión a terceros, salvo que las partes la hayan pactado explícitamente.

En vista de ese razonamiento el cargo se examinará entonces dando por supuesto que el impugnante en el fondo no rebate el hecho concerniente a que la pensión otorgada a Gómez Pinzón se concibió como una obligación pura y simple, no sujeta a restricciones o condiciones, vitalicia y sin posibilidades de subrogación futura, por cuanto ninguna de estas limitaciones aparece expresamente consignada en el acto de otorgamiento de la prestación.

El debate por lo tanto se circunscribe a establecer si en casos como el que se examina debe entenderse que la pensión voluntaria queda afectada por una condición resolutoria implícita en virtud de la cual dada la naturaleza intuitu personae del reconocimiento la muerte del beneficiario directo trae como consecuencia inexorable la extinción del derecho, sin que interese desde luego que dicha condición no aparezca expresamente contemplada en el acto respectivo.

Para empezar, hay que concordar con el recurrente en que las pensiones legales o convencionales difieren de las propiamente voluntarias en tanto para la configuración de las primeras es menester la existencia de unas normas previas y generales que las consagren, las cuales deben establecer los requisitos que es necesario cumplir para el nacimiento particular y subjetivo del derecho, al paso que en las segundas no se requiere de ese elemento normativo anterior porque, por decirlo de alguna manera, las mismas son fruto del capricho, o mejor de la decisión unilateral del empleador de conceder una ventaja más allá de aquello a lo que está obligado legal o convencionalmente, quedando en consecuencia sujeta la génesis del derecho únicamente a la mera voluntad del otorgante. De ahí que en lo concerniente a este tipo de pensiones se haya admitido y se admita que quien las concede las someta a alguna condición resolutoria, por ejemplo el cumplimiento de determinada edad o la asunción por la seguridad social de una pensión de vejez, para que en presencia de ellas se produzca su extinción o modificación. Pero precisamente por su carácter voluntario y en algunos casos unilateral, por no estar ceñida a ninguna regulación normativa previa, las condiciones en que se confiere deben quedar precisadas con toda exactitud y detalle en el acto que le da nacimiento, sin que sea posible suponer que en ellas va inserta una condición suspensiva implícita pues ello implica desconocer el principio de derecho, consagrado incluso positivamente, que estatuye que cualquier persona, en uso de la autonomía de su voluntad, puede obligarse a hacer un reconocimiento a favor de un tercero, siempre que no resulte comprometido el orden jurídico o haya vicios en el consentimiento, o falta de capacidad; libertad que adquiere mayor relevancia en el ámbito del derecho del trabajo donde a partir del mínimo consagrado legalmente es posible obtener por la vía de la negociación colectiva o del simple albedrío del empleador condiciones de trabajo más beneficiosas, sin que haya en ello ningún signo de ilicitud. Regla que sin lugar a duda era la vigente para la época en que se hizo el reconocimiento pensional cuya transmisión origina este proceso, cuando el Estado no había fijado ninguna directriz en materia de pensiones voluntarias, lo cual solamente se dio con la expedición del Acuerdo 29 de 1985 del ISS.

De manera que tratándose de pensiones voluntarias de jubilación, el alcance, cobertura y duración de las mismas, sobre todo las nacidas antes de 1985, debe ser fijado con toda precisión en el acto en que ellas son reconocidas, sin que sea posible deducir exigencias o limitaciones no contempladas en dicho acto, pues el ordenamiento jurídico solo vino a ocuparse de esa cuestión en el citado año, y eso para disponer por vía general la compartibilidad de dicha prestación con la de vejez que llegara a otorgar el ISS. Por lo mismo, si en tal acto de reconocimiento no es impuesta ninguna limitación, no se contraviene ninguna norma jurídica si se concluye, como hizo el tribunal, que su carácter es vitalicio, ni tampoco si se establece que la prestación se transmite a los causahabientes del jubilado fallecido en las mismas condiciones en que se sustituye la pensión legal o convencional.

En torno al tema conviene puntualizar que las pensiones de jubilación de cualquier orden tienen como finalidad el pago de una suma periódica pagada por el ex empleador o por un ente de seguridad social o de previsión social, según el caso, luego de terminada la relación de trabajo y que pretende solventar las necesidades del trabajador y de su núcleo familiar a partir del momento en que se supone queda imposibilitado para seguir laborando en razón de la edad y deja de percibir un salario; así mismo la figura de la sustitución pensional busca que el fallecimiento del jubilado no deje desprotegido a su entorno familiar más cercano, como quiera que la transmisión del derecho está concebida a favor de personas que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad como son el cónyuge sobreviviente, usualmente de avanzada edad, y los hijos menores o incapacitados para trabajar. Esas son razones de peso adicionales para concluir que el principio general en materia de pensiones, incluso las voluntarias, es su carácter vitalicio, con la única excepción de aquellas concedidas temporalmente, hipótesis en que esa circunstancia debe aparecer nítida y explícitamente consignada en el acto respectivo.

Cabe también anotar que la esencia de las susodichas pensiones es que ellas se otorgan en ausencia de los requisitos legales o convencionales para acceder a una pensión cualquiera, ya que si estos últimos se configuran, la pensión será legal o convencional y se gobernará por las disposiciones inherentes a esta prestación, aunque se denomine formalmente como voluntaria.

Sobre la transmisión de las pensiones voluntarias en los eventos en que fallece su titular, esta corporación se ha pronunciado con anterioridad, por ejemplo en fallo del 9 de marzo de 1978 donde dijo:

‘Conviene examinar ahora, si las pensiones de origen distinto al mandato de la ley, como las convencionales o las simplemente voluntarias, también son transmisibles y deben incrementarse en la misma forma que las legales.

Es sabido que las leyes del trabajo contienen el mínimo de derechos y garantías que merecen los asalariados (CST, art. 13), los cuales pueden ampliarse o superarse a virtud de convenciones colectivas, acuerdos individuales entre empleado y empleador, conciliaciones ante autoridad laboral y aun por voluntad unilateral del patrono expresada en el reglamento de trabajo o en acto de simple liberalidad.

Así pues, en tratándose de pensiones de retiro o de jubilación, el patrono puede dispensar el requisito de tiempo mínimo de servicios o el de edad exigido por la ley y aún ambos requisitos para pensionar en forma vitalicia a quien labora en su favor, ya por acuerdo particular de voluntades de uno y otro o ya mediante convenio refrendado por juez o inspector del trabajo, con las características de conciliación y la fuerza de cosa juzgada prevista para ella por los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral.

Pero de todos modos el derecho a pensión vitalicia de retiro reconocida por el patrono al trabajador tiene la misma naturaleza de la pensión por jubilación que impone la ley a cargo del empleador cuando el asalariado cumple las condiciones de edad y tiempo de servicios exigidos por ella para poder disfrutarla, y debe en consecuencia regirse por las mismas normas de la pensión legal en cuanto atañe a las repercusiones y alcances de ese derecho con posterioridad al fallecimiento de su titular, aun en la hipótesis de que el empresario al conceder voluntariamente la pensión, diga obrar ‘a título de mera liberalidad’, porque de todos modos nació para el antiguo servidor una prerrogativa vitalicia de recibir pensión y el estatus de pensionado tiene para los servidores particulares las consecuencias post mortum (sic) que determinan las leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, que ampliaron, como quedo visto, lo estatuido en normas anteriores’.

Criterio reafirmado en el fallo del 11 de febrero de 2002 (Exp. 16720) en el que se explicó:

‘De allí que no sea jurídicamente válido afirmar que las pensiones reconocidas voluntariamente por el empleador no pueden ser consideradas como sujetas al régimen de sustitución pensional por subrogación objetiva del riesgo, contemplado en el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, por el mero hecho de que su beneficiario fallezca antes de empezar a disfrutarla, pues en dicho caso, como también se ha sostenido, ‘no corresponde a la finalidad de la ley esperar a que la viuda y los huérfanos se hayan diezmado por el hambre y la necesidad para empezar a cubrir deshumanizadamente una prestación social a los sobrevivientes que puedan quedar con derecho de acrecer entre sí’; más aún cuando ella tiene su origen en la prestación de los servicios del trabajador y no en un mero acto de generosidad del empleador, como en el presente caso ocurre’.

Tales pautas no cambian con la expedición de la Ley 100 de 1993 y aunque se involucre ese cuerpo legal como norma aplicable atendiendo el hecho de que el pensionado falleció el 27 de marzo de 2001, la solución sería la misma que se dejó señalada” (negrillas fuera de texto).

Asimismo, en reciente decisión la Corte recalcó que, por virtud de los “(...) principios de complementariedad y subsidiaridad, la legislación suple el vacío del acuerdo entre las partes, en relación al tema de la sustitución pensional, sin que ellas puedan alegar para no reconocerlas su no estipulación, la simple ausencia de voluntad o acuerdo, dada la preeminencia de la ley y su carácter suplementario, tratándose especialmente del tema pensional, constitucional y legalmente protegido. Además, la circunstancia de no haber en el texto convencional estipulación a favor de la sustitución pensional, no necesaria e indefectiblemente podía interpretarse como la exclusión ipso facto de la posibilidad de reconocimiento de la misma con la muerte del causante —según asumió el tribunal—, pues tampoco definieron lo contrario” (CSJ SL 8294-2014).

En este caso, en la Resolución 282 de 1998 no se excluyó explícitamente la posibilidad de que la pensión voluntaria de jubilación fuera sustituida a los beneficiarios del pensionado, por lo que el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno al disponer su reconocimiento a la demandante.

Así las cosas, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de seis millones trescientos mil pesos M/CTE ($6.300.000).

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2010 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por la señora Lidia Musre de Vega contra el Fondo de Empleados Médicos de Colombia - Promédico.

Costas en el recurso extraordinario de casación a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de seis millones trescientos mil pesos M/CTE. ($6.300.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».