Sentencia SL9295-2014 de julio 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 66588

SL9295-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Acta 25

Bogotá, D. C., dieciséis de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Procede la Sala a estudiar los motivos de inconformidad propuestos por la parte recurrente de acuerdo con lo previsto en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y en cumplimiento además de lo establecido en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1210 de 2008.

El problema jurídico planteado en la demanda por la sociedad Agrobananos S.A.S., fue el atinente a la calificación de la ilegalidad del cese de actividades, promovido y materializado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia - Sintragrancol, desde el 10 y por lo menos hasta el 20 de mayo del 2014, con fundamento en las causales contempladas en los literales c), d), e) y f) del artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 450 del CST.

El sindicato demandado no respondió la demanda, pero al recurrir en apelación la sentencia de primera instancia, se centró en indicar que el tribunal no tuvo en cuenta que ellos le presentaron a la empresa un pliego de peticiones, que ésta no reconocía al sindicato, y además que se negó a negociar el mismo.

Luego, el problema jurídico a resolver en esta instancia se centra en determinar si la parte accionada le presentó o no un pliego de peticiones a la parte accionante, y si esta se negó o no a negociar el citado petitorio, para a partir de ello poder deducir si en el presente caso se cumplió o no el procedimiento previo del arreglo directo, si el cese fue declarado por la asamblea general de trabajadores, y si se efectuó antes de los dos días o después de diez días hábiles a la declaratoria de la huelga, solicitud que se entiende formulada en forma tácita por la parte recurrente.

Dado el alcance del recurso de apelación, y por consiguiente de los límites que tiene esta Corte como tribunal de apelaciones, para dirimir el conflicto jurídico planteado, no hay discusión entre las partes que el Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia, Sintragrancol, organizó y dirigió un cese de actividades en la sociedad Agrobananos S.A.S., y particularmente en la finca denominada San Pedro, de propiedad de la accionante, por lo menos durante los días 14 y 20 de mayo de 2014, lo que impidió en forma total el desarrollo de las laborales en la misma, y que el citado paro laboral no fue desarrollado en forma pacífica, comoquiera que los huelguista tiraron piedras con hondas a la fuerza pública, y a las instalaciones de la empresa, dañando algunos cables-vías y agujas para la movilización del banano hacia la empacadora, así como que a unos cables le quitaron las charnelas, circunstancias que hicieron imposible la continuidad y la reanudación del trabajo; además de que también tenían palos y machetes que atemorizaban a los trabajadores que pretendían continuar con su labor, y uno de los trabajadores fue herido en el costado con una piedra.

Así mismo no se discute el hecho de que el cese de actividades no fue por incumplimiento de la actora de sus obligaciones laborales y de seguridad social, como tampoco en solidaridad con la huelga promovida por trabajadores de otra empresa o establecimiento inmersos en un conflicto colectivo de trabajo con su empleador, ambas conforme a la Sentencia CSJ SL868/2013, ni para expresar posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que inciden en forma directa en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación o profesión en los términos de la Sentencia CC C-858/2008.

Una de las atribuciones exclusiva de las asambleas general de los sindicatos o de los trabajadores, conforme al artículo 16 de la Ley 11 de 1984, que modificó el artículo 376 del CST, es el de la adopción de pliegos de peticiones que deberá presentarse al empleador a más tardar dos meses después, para dar inicio al conflicto colectivo de trabajo, y con ello abrir la etapa de conversaciones denominada de arreglo directo con duración determinada, de acuerdo con el artículo 432 del CST; y si finalizado dicho período no hay acuerdo total o este fuese parcial acerca del pliego de peticiones, los trabajadores puede optar por la declaración de huelga o por someter sus diferencias a un tribunal de arbitramento, opciones que deberán ser decididas mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores según el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 444 del CST, y de optarse por la huelga, esta solo podría iniciarse transcurrido dos días hábiles de su declaración y no más de diez días hábiles después, siguiendo el artículo 62 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 445 del CST; y es de tal manera imperativo este procedimiento, relatado en forma sucinta, que la huelga no puede efectuarse, sin que se haya superado estos requisitos según reza el artículo 431 del CST, tanto que se cataloga como ilegal el cese de actividades cuando no se haya cumplido en forma previa con la etapa de arreglo directo, o no se haya declarado por la asamblea general de trabajadores de la empresa o afiliados a la organización sindical, o se inicie antes de los dos días o después de los 10 días hábiles de la declaratoria de la huelga, por lo previsto en el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 450 del CSJ.

Sobre este tipo de huelga, la Sentencia CSJ SL868-2013, rememorando la Sentencia CSJ SL, 10 abr. 2013, Rad. 59420, precisó:

“1) La huelga declarada en desarrollo de un conflicto colectivo de naturaleza económica. Para este caso, la huelga está definida en el CST artículo 429 como la “suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos y previos los trámites” previstos en la ley. Es la huelga declarada, como consecuencia de que (dentro de un proceso de negociación colectiva) se finaliza la etapa de arreglo directo sin haberse logrado un acuerdo total sobre el conflicto o diferendo colectivo. En tal evento el sindicato o los trabajadores pueden optar por el cese de actividades, tal como lo previene el CST artículo 444, subrogado por la L. 50/1990 artículo 61. El cese de actividades declarado en tales circunstancias puede válidamente realizarse cuando se observen, de manera adecuada y estricta, los delineamientos señalados por el legislador para su iniciación y realización. Esto significa que no es absoluta esa facultad que tienen los trabajadores y las organizaciones sindicales que los representan, de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo a fin de lograr el reconocimiento de aspiraciones económicas y sociales, que garantice la justicia de las relaciones obrero patronales.

Y acerca de la legalidad o no de dichos ceses de actividades laborales, en igual forma lo precisó la misma sentencia citada arriba, así:

Los ceses de actividades legítimos

Se reputan legítimos los ceses de actividades que observen la legalidad y se realicen en forma pacífica.

Con respecto a lo primero, el artículo 8-1 del Convenio 87 de la OIT(1) establece que “[A]l ejercer los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad” (subraya la Sala).

En Colombia, las formas legales de huelga son las descritas anteriormente y su legitimidad estará sujeta tanto al cumplimiento de los requisitos formales señalados, como a que el cese no busque como objetivos los señalados y prohibidos por el artículo 450 CST, modificado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990.

Pero además, y como consecuencia de esa observancia de la legalidad, las cesaciones de actividades en el trabajo deben ser pacíficas. Es decir, el ejercicio pacífico de la huelga es indispensable para la legalidad de la misma. La exigencia de ese carácter fluye de la naturaleza propia de cualquier manifestación de disconformidad que se presente en los sistemas democráticos. Esta característica de la huelga es tan importante que el CST la prescribe reiteradamente en varias de sus disposiciones (arts. 429, 446, 448-1 y 450-f). Adicionalmente, el comité de libertad sindical de la OIT ha sostenido repetidamente que el ejercicio legítimo de la libertad sindical no tolera extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga, como por ejemplo las acciones delictivas(2).

En consecuencia, al instaurarse la respectiva acción judicial conforme a la atribución otorgada a la justicia laboral para conocer de tales controversias (L. 1210/2008), debe examinarse tanto la legalidad de la suspensión de actividades, como el desarrollo del cese y el comportamiento de los trabajadores y del movimiento sindical que participan, frente a los límites que el legislador impone para adelantar cesaciones en el trabajo. Y si de esa constatación surge que se incurrió en algunos de los motivos indicados como vedados, será procedente la declaración judicial de la ilegalidad del paro.

Por otro lado, establece el artículo 27 del Decreto-Ley 2351 de 1965, que subrogó el artículo 433 del CST, la obligación de los empleadores de recibir a los delegados del sindicato, y de iniciar conversaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes, como máximo, a la presentación del pliego de peticiones, tanto que si presentado este, el empleador se niega o elude iniciar conversaciones de arreglo directo, podrá ser sancionado por las autoridades de trabajo, con multas entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, a solicitud del sindicato o colectivo de trabajadores interesados.

En el caso concreto, dice el sindicato recurrente que presentaron al accionante un pliego de peticiones, y sin embargo esta no ha querido adelantar conversaciones al respecto, y con ello reconocer su existencia, motivos que no se tuvieron en cuenta al emitir el fallo de primera instancia.

Del acervo probatorio recaudado no se observa prueba alguna que demuestre fehacientemente que el sindicato accionado presentó a su empleador, la parte accionante, un pliego de peticiones, como tampoco que este lo haya recibido. Así mismo tampoco existe prueba de que el empleador se haya negado a iniciar conversaciones sobre el pliego de peticiones, y mucho menos que el sindicato haya formulado la respectiva queja ante las autoridades de trabajo. Las afirmaciones del representante de los trabajadores en cese de actividades, consignadas en las actas de constatación de ceses de actividades correspondiente a los días 14 y 20 de mayo de 2014, suscrita por la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Ciénaga, Magdalena, de que presentaron un pliego de peticiones a la empleadora “y no se han sentado con nosotros a negociar, se han puesto dos cita a la empresa y la empresa no se ha presentado”, y que “nosotros teníamos un pliego de peticiones y no nos han resuelto nada de este proceso”, no van más allá de ser simples versiones del participante, sin ningún elemento probatorio que respalde su decir. Además, en los testimonios recepcionados, el testigo Polo Toledo si bien se refiere a que el sindicato presentó a la empresa un pliego de peticiones, y que estaban en negociaciones, era lo que escuchaba del presidente y del asesor de Sintragrancol cuando estos se reunían con los demás trabajadores en la finca de los hechos, sin suministra ningún detalle adicional al respecto, por lo que su dicho sobre el punto es etéreo, poco claro, y además de oídas, es decir sobre el particular nada le consta en forma; y acerca del testimonio del Sr. De Agua, expresamente indicó que no sabía nada sobre el tema del pliego de peticiones.

Entonces, si bien el recurrente tiene razón en que el juez colegiado de primera instancia no se refirió en su sentencia a la supuesta presentación del pliego de peticiones como tampoco a la negativa de la empresa para iniciar conversaciones, lo cierto es que no hay prueba sobre dicha presentación del pliego, y el recibo de este por parte de la empresa accionante, como tampoco de la negativa de la empleadora de iniciar conversaciones sobre el mismo, y aun si existiera pruebas al respecto, las mismas no serían suficientes para revocar la sentencia de primera instancia, como quiera que además el sindicato accionado no cumplió con el resto del procedimiento para efectuar el cese de actividades, tales como la adopción de la misma por votación secreta, personal e indelegable de las personas que integran la asamblea general de afiliados del sindicato, y la oportunidad de su realización, así como que dejó incólume el otro soporte de la sentencia atacada, de que la misma no se desarrolló en forma pacífica.

Así las cosas, se acompañará la decisión de primera instancia.

Al no salir avante el recurso propuesto por la parte demandada, las costas estarán a su cargo y a favor de la parte demandante. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de $616.000.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 12 de junio 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso especial de calificación de la suspensión o paro colectivo promovido por Agrobananos S.A.S. en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia - Sintragrancol.

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente y a favor de la parte demandante, para lo cual se señalan como agencias en derecho la suma de $616.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen”.

(1) Ratificado por Colombia el 16 de noviembre de 1976 y promulgado el 20 de junio de 1997 (Diario Oficial 39.069).

(2) OIT. La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del comité de libertad sindical del consejo de administración. 5ª edición (rev), Ginebra, 2006, párr. 667.