Sentencia SL9315-2016/42575 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42575

Acta 23

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis

«EXTRACTOS: VII. Consideraciones

Como se señaló en los antecedentes, el Tribunal para confirmar la sentencia absolutoria de primera grado, en rigor, sostuvo que si bien las pruebas allegadas al proceso dan fe que de forma cierta e inequívoca, el demandante prestó sus servicios personales a la ESE Hospital Municipal de Algeciras, y “que como lo dejaron ver las documentales aportadas (fls. 170 a 194), la vinculación se hizo hasta su retiro de dicho ente, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado, pero no se establecieron sus hitos temporales y así las cosas, no se encuentra mérito para la prosperidad del recurso, y tampoco se entran a estudiar otros aspectos relativos al vínculo del actor con las cooperativas, como la intermediación laboral y demás dado que ello se haría superfluo” (destacado fuera del texto).

El descontento del recurrente con la sentencia impugnada estriba en que la colegiatura se equivocó, porque con las pruebas denunciadas, en su sentir si se acredita con claridad los extremos temporales de la relación laboral que se ejecutó con las accionadas, y se confirma la existencia del vínculo subordinado para con el demandante, y por tanto, ante la existencia de un contrato de trabajo realidad con las empleadoras demandadas en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, quienes deben responder solidariamente por el pago de las acreencias laborales reclamadas a través de esta contienda judicial, sin que sea dable enmarcar al actor como empleado público o trabajador oficial.

1. Consideraciones previas.

Teniendo en consideración que el actor pretende con su demanda que el juez laboral declare la existencia de un contrato de trabajo, ello le permite a la jurisdicción ordinaria avocar el conocimiento para determinar si aquel tuvo la calidad de trabajador oficial, y a partir de allí, declarar los derechos impetrados en el escrito inaugural del proceso que se hallen debidamente acreditados. Ahora de no probarse la calidad de trabajador oficial, el juez debe absolver al respecto.

Conforme a lo anterior, el estudio de los temas sometidos al escrutinio de la Sala, debe seguir el siguiente orden: 1. Analizar la naturaleza jurídica de entidad llamada a juicio; 2. Determinar que el demandante era trabajador oficial; y 3. Estudiar los derechos solicitados por el actor bajo la calidad antes señalada.

Resulta pertinente destacar, que si luego de examinar el primer aspecto, en el segundo el juzgador observa que no está probada la calidad de trabajador oficial del promotor del proceso, tal situación conduce inevitablemente a que no se pueda declarar la existencia de un contrato de trabajo, ni a despachar favorablemente las súplicas incoadas por parte de la justicia ordinaria laboral, y por ende lo que cabe es proferir una decisión absolutoria, eso sí, sin adentrarse a analizar los derechos pedidos por el accionante.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, marzo 18/2003, radicado 20173, reiterada en la decisión CSJ SL10610-2014, julio 9/2014, radicado 43847, explicó que “para que el juez laboral asuma la competencia en un juicio contra una entidad de derecho público, al actor le basta afirmar la existencia del contrato de trabajo porque, de controvertirse esa afirmación, al juez le corresponde en la sentencia de fondo declarar si existió o no, y sólo en caso positivo puede reconocer los derechos que emanen de ese contrato”.

Pues bien, hechas las anteriores precisiones, procede la Sala, de acuerdo con lo planteado en los cargos a verificar cada uno de los pasos trazados en precedencia.

2. Sobre la naturaleza de la Empresa Social del Estado - Hospital Municipal de Algeciras.

El artículo 194 de la Ley 100 de 1993, estatuye que “la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”.

Por su parte el artículo 2º del Decreto 1750 de 2003 establece: “Créanse las siguientes Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de la Protección Social”.

Palmario es entonces que estos entes constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, creadas por la Nación, entidades descentralizadas cuyo objeto es la prestación de servicios de salud.

3. El régimen legal de las empresas sociales del Estado.

A luz de consagrado en el artículo 83 de la Ley 489 de 1998, las empresas sociales del Estado, se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y a dicha ley, así como a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen.

4. El régimen laboral de los servidores de las empresas sociales del Estado.

El literal i) del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, dice que las personas vinculadas a las empresas sociales del Estado tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1990.

Por su parte este último precepto consagra como regla general, que los empleos son de libre nombramiento y remoción o de carrera y, por vía de excepción, establece que “son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones”.

5. La naturaleza del vínculo jurídico del actor.

No es materia de controversia que el actor se desempeñó en el cargo de médico general.

Siendo lo anterior así, como efectivamente lo es, el cargo de médico general no encaja dentro de la excepción consagrada en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, es decir, dadas las funciones desarrollas el actor no fue trabajador oficial.

6. En relación con los ataques en casación.

Establecido lo anterior, esto es, que el actor en definitiva no tuvo la calidad de trabajador oficial, realmente resultan inanes los ataques contenidos en la demanda de casación, no solo en el cargo que nos ocupa la atención, sino en las restantes cinco (5) acusaciones planteadas, que giran en torno al valor probatorio de los documentos, que afirma la censura, demuestran una relación subordinada y la existencia de la obligación de las demandadas en forma solidaria, para que respondan por las acreencias laborales reclamadas por todo el tiempo servido, y que en esencia comparten los mismos argumentos expresados en el primer cargo, entre ellos que el juez de apelación se equivocó en no tener por acreditados los extremos temporales.

En efecto, si la Corte encontrara que efectivamente el Tribunal se equivocó al pasar por alto las pruebas que obran en el expediente, y que apuntan fehacientemente a probar los extremos temporales de la supuesta relación laboral del demandante, como lo pretenden los seis cargos propuestos, en sede de instancia prontamente tendría la Sala que confirmar la decisión del juez de primer grado de absolver a las demandadas de todas las súplicas incoadas por el actor, ya que, como se asentó, éste no tiene la calidad de trabajador oficial.

Tampoco se podría pronunciar la corporación, en torno a la solidaridad implorada en contra de la Cooperativa de Trabajo Asociado para el Desarrollo Comunitario —Codecon— y de la Cooperativa de Trabajo Asociado Progresa, por la potísima razón de que no hay una condena en contra del supuesto empleador, esto es, de la Empresa Social del Estado —Hospital Municipal de Algeciras—, que se dice fue la entidad beneficiaria de los servicios prestados por el accionante como médico general.

En resumen, este primer cargo como los cinco restantes, no pueden salir triunfantes, y por consiguiente, se rechazan.

Sin costas, por cuanto no hubo oposición.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil —Familia— Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 2 de junio de 2009, en el proceso que instauró Jorge Rueda Torres en contra de la Empresa Social del Estado —Hospital Municipal de Algeciras— y a las Cooperativas de Trabajo Asociado Progresar y para el Desarrollo Comunitario —Codecon—.

Sin costas».